Luis Barragán
Investigación
y recopilación de Rodolfo Montes de Oca, con prólogo de Alberto Barrera Tyszka,
circula desde finales del presente año una referencia importante: “Sospechosos
habituales. Diez aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento
por los derechos humanos en Venezuela (1936-1999)”, bajo el sello de PROVEA. Ambicioso, aunque justificado propósito, arranca del inmediato posgomecismo, ventila la década insurreccional de los
sesenta, el llamado proceso de pacificación
y los presos políticos, la vinculación
de la Iglesia Católica con los derechos humanos, el sistema interamericano en
la materia, los activistas asesinados, la represión militar y policial de los
ochenta, la defensa del feminismo y de la sexo-diversidad, la importancia de la no violencia activa,
cuestionado el poder en el epílogo para dejar
constancia de una copiosa bibliohemerografía.
Acertada iniciativa, nos impone de
los más sonados casos que trascendieron y estremecieron a la opinión pública
nacional e internacional, pero igualmente de la construcción de una defensa de
los derechos humanos de varias décadas que se esforzó por su más cabal
reconocimiento, incluyendo la sostenida y riesgosa denuncia de sus violaciones.
Da pista en torno a la institucionalidad e institucionalización de una defensa
resistida, adversada y neutralizada en todo lo posible por el Estado.
Convengamos, resulta difícil
alcanzar una perspectiva absolutamente
imparcial sobre el problema, pero nos permitimos observar, sin dudar de las
buenas intenciones del autor, por una parte, la necesidad de un balance más
equilibrado de las etapas relacionadas con el siglo XX. A modo de
ilustración, entre otros casos, hay una implícita legitimación de sendas
sublevaciones militares y actos insurreccionales, como los de Puerto Cabello,
Carúpano, o Barcelona, que fueron de una evidente temeridad e irresponsabilidad; la lamentable tortura y muerte de Alberto
Lovera, harto conocido y esclarecido gracias a la prensa y al mismo
parlamento; los eventos terroristas,
como el asesinato sistemático de los modestos policías municipales en las
esquinas de importantes ciudades, e
incendio y sabotaje de grandes casas comerciales; la existencia de presos políticos a los que
también se les podía visitar, añadida la prensa, encontrándose en condiciones
mínimas adecuadas, cursando el juicio respectivo; el empleo de la jurisdicción
militar, dando pie a una importante reflexión académica presta a su difusión;
el ciertamente inconstitucional extrañamiento del territorio nacional de
aquellas personas que, además, liberados, no podían inmediatamente quedarse en el país porque sus
vidas peligraban a manos de los propios grupos guerrilleros; la ulterior
reincorporación de insurrectos y sublevados a la vida institucional, añadidos
cargos de elección pública. Por
entonces, muy poco antes de las elecciones de diciembre de 1963, Caracas fue
inundada de tachuelas en medio de una balacera generalizada, o, a principios de
1970, al poco tiempo fue puesto en libertad el director de un medio, como
Reventón, revista que siguió editándose, acusado de un delito militar; o, más
adelante, la periodista Xiomara Barreto, declaraba a la prensa en tránsito al
tribunal, o fue elevadísimo el costo político de la aprehensión de la
periodista María Eugenia Díaz, ambas sometidas a la jurisdicción militar.
Por otra parte, el siglo XXI es de
una incomparable y asombrosa gravedad en
materia de derechos humanos, negando el régimen el tan legítimo y humano derecho al pataleo,
y,
aunque hay referencias en la obra, amerita de una pormenorización y
sistematización como se ha hecho con la anterior centuria. La sola
consideración de los informes de la Misión internacional independiente de
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela,
adscrita al Consejo de Derechos Humanos, de 2020 y 2022, revela la profundidad
del mal, y un sencillo contraste respecto a los muertos, malheridos, detenidos
y sometidos a libertad condicional por apenas protestar al régimen que es el
único, cínico y exageradamente armado, luce demasiado obvio, por no citar el
fenómeno del masivo y riesgoso desplazamiento de los venezolanos en el mundo
entero, y la (auto) censura, como el bloqueo informativo.
En el caso venezolano, sensibilizada
crecientemente la opinión pública y los medios académicos, la comisión
parlamentaria para la reforma constitucional de principios de los noventa,
después frustrada, tramitó la propuesta
crecientemente aceptada del Ombudsman o Defensor del Pueblo, por ejemplo. Poco
a poco, fue configurándose una respuesta del Estado en el ámbito que, a la
postre, resultó desgraciada y deliberadamente malograda con una caricatura de
la Defensoría y de la Fiscalía, cuyo actual titular muy antes clamaba a los
cielos por los derechos humanos y su condición de poeta, y muy ahora ha
olvidado enteramente la prédica.
Más de once años atrás, el Estado, en
vías de fusionarse o fusionado por completo con el partido oficialista, se hizo
de una ley de reivindicación y reparación de la memoria histórica en torno a
los crímenes políticos entre 1958 y 1999, sin la deseada extensión a la
presente centuria, como tuvimos ocasión de manifestarlo en la Asamblea Nacional
respondiéndole también a las agresivas galerías (https://www.youtube.com/watch?v=7lZJep-zz-Q). Ya contabilizábamos numerosos y nefastos acontecimientos,
como los de 2002 y, acentuándose cada vez más las represalias contra la
oposición y toda mínima disidencia: el enseñamiento, la alevosía y el
desparpajo condujeron a los estallidos protestatarios de 2014 y 2017, conocidas
universalmente sus dolorosas consecuencias.
Transitando la Navidad de pesebre,
sentimiento y convicción cristiana que suma a los no creyentes de enorme coraje
ético, deseamos fervientemente que cesen las violaciones de los derechos
humanos para la edificación de una sociedad fundada en la vivencia real de la
libertad, la justicia, la solidaridad y el bien común. Los Reyes Magos, cuales reporteros atentos y
avisados, inician el camino hacia Belén: ¡Vayamos con ellos!
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