Gehard Cartay Ramírez
El presidente Rómulo
Gallegos fue derrocado el 24 de noviembre de 1948, hace ya 77 años, sin que se
disparara un sólo tiro y sin que se quebrara un vidrio, casi.
Aunque parezca una
exageración, esta afirmación se desprende de los testimonios de algunos actores
del suceso, entre ellos, Domingo Alberto Rangel, entonces dirigente de Acción
Democrática: “No hubiera sido más difícil una parada militar”, escribió en su
libro "La Revolución de las fantasías", Caracas, 1988, p. 9).
De igual manera, el
derrocamiento del ilustre escritor no sorprendió absolutamente a nadie. Se
sabía que el golpe militar sobrevendría en cualquier momento, luego de varios
meses de intensas negociaciones entre la dirigencia adeca y los jerarcas
castrenses, sin que se pudiera llegar a acuerdo alguno. Sencillamente, el 24 de
noviembre “se había trancado el serrucho”.
Lo irónico de todo este
proceso es que aquel golpe de Estado sepultó, sin resistencia alguna, a un
gobierno elegido popularmente apenas once meses antes con un impresionante 74.3
por ciento de los sufragios. Sin embargo, cuando derrocan a Gallegos, nadie
salió a la calle a defender su gobierno. Aquella gestión no tuvo dolientes de
ningún tipo y la cobardía de quienes debieron serlos, facilitó el desarrollo de
los acontecimientos.
Un golpe de Estado
institucional
¿Qué había pasado realmente?
¿Cómo se pudo llegar a este desenlace si los militares ya habían planteado
reiteradas veces sus puntos de vista, tal vez tratando de evitar el golpe?
Porque una cosa resulta
cierta a estas alturas del tiempo: los militares negociaron hasta donde les fue
posible para impedir la asonada, al igual que ante el derrocamiento anterior
del presidente Isaías Medina Angarita. Puede pensarse, desde luego, que dado el
carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas les estaba vedado cualquier
intento de discusión con el poder civil. Sin embargo, el hecho de formar -hasta
ese momento- una alianza política con AD, nacida el 18 de octubre de 1945,
legitimaba, por así decirlo, cualquier discusión abierta y franca con sus
socios civiles.
Todas las fuentes
documentales consultadas comprueban que desde tiempo atrás, incluso antes de
ganar Gallegos las elecciones del 14 de diciembre de 1947, ya se había iniciado
una permanente discusión entre el liderazgo adeco y los altos oficiales
militares, incluyendo la inconveniencia de la candidatura presidencial del
novelista, planteada abiertamente por el ministro Carlos Delgado Chalbaud al
propio Rómulo Betancourt, Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno.
En su libro De Carabobo a
Puntofijo, (Editorial Libros Marcados, Caracas, 2013, p. 102) el ex presidente
Rafael Caldera escribió:
“Rómulo Betancourt me contó
que una vez Delgado Chalbaud le había manifestado el deseo de hablar con él
(esto, antes de las elecciones presidenciales). Concertada la entrevista, le
expresó que la candidatura de Gallegos era un error, porque Gallegos, eminente
intelectual y ciudadano de excelencia, no tenía las condiciones políticas para
manejar el Estado, y su Presidencia podía terminar en un golpe, del cual ‘todos
vamos a ser responsables´. Le propuso Delgado derogar el decreto que prohibía a
los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno ser candidatos a la
Presidencia de la República en las próximas elecciones. Le dijo: ‘Haga un viaje
al Exterior y deje encargado a Mario Vargas, a quien le tiene más confianza que
a mí. Nosotros derogaremos el decreto y Usted se puede lanzar como candidato a
la Presidencia de la República’. Betancourt le respondió: ‘Tu tienes razón en
cuanto que Gallegos no es en realidad un político; pero esa decisión es
irrevocable’”.
En realidad, y probablemente
antes del golpe de 1945, los jóvenes oficiales estaban dispuestos a actuar como
movimiento político y a influir, por tanto, sobre los acontecimientos. En un
primer momento permitieron que Betancourt y la cúpula de AD tomaran la
iniciativa, entregándoles, de entrada, la presidencia y la mayoría de la Junta
Revolucionaria de Gobierno. Pero a medida que avanzaba el tiempo su estrategia
era necesariamente la de ocupar cada vez mayores espacios. La equivocación de
sus socios civiles fue pretender que los mantendrían dentro de los cuarteles
mientras afuera estos desarrollaban una gestión de gobierno con claras
tendencias hegemónicas y caracterizada, a su vez, por el sectarismo y la
exclusión de los demás sectores.
No hay que olvidar, sin
embargo, que las Fuerzas Armadas se sentían ya con derecho a intervenir como
institución, aún cuando en su seno se movían dos tendencias, una
institucionalista, intelectualmente superior, liderada por Delgado Chalbaud, y
otra exclusivamente militarista, encabezada por Pérez Jiménez, quien estaba
fuertemente influenciado por las experiencias de los generales Odría de Perú, y
Perón de Argentina. Esta priorizaba la conformación de una especie de logia
militar que se preparaba pacientemente desde años atrás para tomar el gobierno,
mientras que aquélla creía necesario aún el mantenimiento del pacto con los
civiles representados por AD. Pero ambas estaban de acuerdo en presionar al
Presidente Gallegos, aunque tal vez con propósitos diferentes.
Delgado Chalbaud resistió
durante algún tiempo las pretensiones del ala militarista. Confiaba en que
Gallegos finalmente flexibilizaría sus rígidas posiciones frente a los
planteamientos de las Fuerzas Armadas y facilitaría la continuación del pacto
que dió lugar al golpe de Estado de 1945. Nada de esto fue posible y la
estrategia del entonces Ministro de la Defensa se estrelló contra la
intransigencia del Presidente de la República en la defensa de sus atribuciones
constitucionales.
En cierto modo estos hechos
contribuyeron a unificar a las dos corrientes existentes entre los jóvenes
oficiales, al frente de las cuales se coloca Delgado Chalbaud -con el apoyo de
Pérez Jiménez-, sin descartar todavía un último intento de negociaciones con
Gallegos. Fue cuando se le presentó al presidente el famoso ultimátum de cuatro
puntos (salida del país de Rómulo Betancourt; prohibición del regreso del
comandante Mario R. Vargas; remoción del comandante de la Guarnición de Maracay
y desvinculación con AD), rechazado firmemente por este. Inmediatamente se
produce el golpe del 24 de noviembre de 1948.
Una última acotación sobre
la cuestión militar de estos años: hay quienes sostienen que el golpe contra
Gallegos fue un golpe institucional, es decir, producido por el aparato militar
unificado frente a la crisis política de 1948. Este concepto también explica
porque no fue la típica asonada de un comando ni tampoco la obra exclusiva de
un caudillo militar, en este caso -según lo han sostenido algunos-, el teniente
coronel Pérez Jiménez.
Esta tesis es válida y
explica la actuación del ministro de la Defensa frente a los hechos. Por eso
mismo, su condición de oficial de mayor jerarquía y, desde luego, su influencia
sobre la institución castrense lo llevan a encabezar el golpe militar, no
obstante sus citados esfuerzos por impedir la solución de fuerza que al final
se impuso, bajo su dirección como Ministro del ramo.
El fugaz gobierno de
Gallegos
Apenas nueve meses duró la
presidencia de Rómulo Gallegos, tiempo insuficiente para haber realizado
siquiera una obra de gobierno de modestas proporciones. Todo lo contrario: la
administración pública entró en un proceso de inmovilización y paralización
preocupantes.
La verdad es que aquella
gestión heredaba graves problemas: un ambiente político convulsionado, entre
otras razones por el violento sectarismo del partido de gobierno frente a sus
adversarios, los cuales, a su vez, respondieron también con una agresiva línea
de acción opositora; protestas estudiantiles en la UCV que ocasionaron su
clausura por varios meses y la destitución de las autoridades; una recurrente estrategia
golpista por parte de sectores vinculados al lopecismo y el medinismo; y, por
si fuera poco, una conspiración soterrada por parte del alto mando militar de
las mismas Fuerzas Armadas.
Agréguense las consecuencias
de algunas medidas de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por
Betancourt, las cuales lesionaron diversos intereses políticos y económicos;
los famosos juicios de responsabilidad civil y administrativa contra altos
funcionarios de gobiernos anteriores, entre quienes figuraban los ex
presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita; y los
enfrentamientos con la Iglesia Católica por algunas decisiones contra sus
colegios e instituciones educativas en función del llamado Estado Docente
propugnado por el ministro Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Si bien era cierto que
Gallegos había ganado de manera abrumadora, AD había vista reducida en 200.000
sufragios su votación anterior cuando se eligió la Asamblea Constituyente de
1946. Sin embargo, aquel partido no registraba con espíritu autocrítico su
pronunciado desgaste electoral en tan corto tiempo, ni tampoco parecía
dispuesto a enmendar sus errores. Además, por aquellos días se hablaba de una
supuesta frialdad en las relaciones entre Gallegos y Betancourt.
En medio de una crisis
política y militar acuciante, el presidente Gallegos inicia una visita de tres
semanas a Estados Unidos, invitado por el presidente Harry S. Truman. Deja como
encargado de la Presidencia al Ministro de la Defensa, el comandante Carlos
Delgado Chalbaud, una prueba de fuego, sin duda. A su regreso, el 15 de julio,
destaca este hecho ante los pesimistas y lo colma de elogios, así como a la
institución armada, durante una concentración organizada para darle la
bienvenida.
En los meses siguientes
continúa la violencia política y la actuación represiva de cuerpos de seguridad
y de algunas policías regionales contra sectores opositores, especialmente el
partido Copei. El 18 de octubre siguiente, durante un mitin de AD celebrado en
Caracas, Betancourt celebra un nuevo aniversario de la Revolución de Octubre y
elogia la leal actitud de Delgado Chalbaud y Mario Vargas al frente de las
Fuerzas Armadas y en apoyo a aquélla.
A menos de un mes de aquella
concentración, el 24 de noviembre de 1948, los militares encabezados por
Delgado Chalbaud, derrocaron al presidente Gallegos.
¿Héroes o villanos?
Rómulo Betancourt, en su
obra capital Venezuela, política y petróleo (Editorial Senderos, Bogotá, 1969,
páginas 548 y siguientes), señaló tres causas del golpe contra Gallegos: 1) El
andinismo aún presente en el ejército, a su juicio estimulado por el ex
presidente tachirense López Contreras en cartas a Delgado Chalbaud, hijo de
andino y caraqueña; 2) El resuelto apoyo de las dictaduras americanas a la
conspiración de “la reacción venezolana”; y 3) La cadena de intentonas
golpistas contra el gobierno entre 1946 y 1948.
Ese análisis, sin embargo,
res correcto, pero incompleto al no mencionar también otras causas que
produjeron el golpe contra el presidente Gallegos. Habría que señalar, como ya
lo hemos anotado antes, la intolerancia, el sectarismo y el afán excluyente
demostrado por AD, tanto durante la gestión de Betancourt como en la del propio
Gallegos. Ambos lo reconocerán posteriormente, luego de la caída de la
dictadura pérezjimenista.
En verdad, hubo un manejo
muy torpe que trajo luego como consecuencia el aislamiento de AD frente al
país, particularmente con respecto a los demás partidos, en especial con Copei,
y concretamente -craso error- con las Fuerzas Armadas. Ambos habían sido
inicialmente aliados al producirse el golpe del 18 de octubre, pero luego
fueron alejados por el sectarismo puesto en práctica por AD y su gobierno.
Independientemente de los
indiscutibles logros políticos y administrativos de la llamada Revolución de
Octubre, la mayoría de los historiadores han señalado como uno de sus errores
fundamentales la tentación hegemónica que animó a sus conductores. Esa tal vez
sea la principal causa de su fracaso.
24/11/2025:
https://lagranaldea.com/2025/11/24/el-golpe-de-estado-contra-el-presidente-romulo-gallegos/
Ramón Escovar León
«La falla de Gallegos
radicó, en nuestro parecer, en lo que se denomina el timing en política, que
quiere decir saber escoger los momentos adecuados para tomar ciertas medidas»,
afirma Luis Daniel Perrone en su lúcida ponencia presentada en las XV Jornadas
Aníbal Dominici, realizadas en octubre pasado.
Y a partir de esa premisa
sostiene Perrone que la caída del novelista-presidente no fue un relámpago en
cielo sereno, sino el desenlace de un orden constitucional ya agrietado por la
fricción constante entre Acción Democrática y el Alto Mando Militar. Gallegos,
atrapado entre las dos fuerzas que habían hecho posible la experiencia del 18
de octubre de 1945 —el sector militar y su propio partido—, reaccionó con un
rigor moral irreprochable, pero con una eficacia política menguada frente a
unas presiones que exigían cálculo, flexibilidad y oportunidad.
El fulminante derrocamiento
del 24 de noviembre reveló que la alianza “cívico-militar” del 18 de octubre de
1945 no había sido el pacto fundacional que la historiografía pretendió ver,
sino un matrimonio de conveniencia en el que cada parte perseguía su propio
acceso al poder.
El clima de la Guerra fría,
el cuestionado “sectarismo” del trienio adeco y el deterioro de la relación
entre Gallegos y Betancourt ampliaron el campo minado sobre el que el
presidente intentaba gobernar. A ello se sumaron las intrigas que le susurraban
que era una “marioneta” de Betancourt, y las exigencias cada vez más
desafiantes del estamento militar, que llegó a reclamar la salida de AD del
gobierno y la expulsión del propio Betancourt. Gallegos rechazó tales
imposiciones, pero su negativa, combinada con una inocente confianza en Carlos
Delgado Chalbaud, allanó el camino al golpe comandado por Marcos Pérez Jiménez
y Luis Felipe Llovera Páez.
La escena política tampoco
jugaba a su favor. A su alrededor se alineó una oposición tan amplia como
heterogénea —Iglesia Católica, Copei, URD, lopecistas, medinistas, empresarios
y profesionales— que veía en los líderes de la Revolución de Octubre una amenaza
a sus intereses y que no movió un dedo para detener el alzamiento. De esa
inercia surgió el gobierno militar de 1948, que se proclamó legítimo amparado
en el Comunicado n.º 6 de las Fuerzas Armadas y en las alocuciones de Delgado
Chalbaud, que atribuían la intervención al desorden civil y pretendían
transformar la ruptura en acto restaurador.
El peso adquirido entonces
por las Fuerzas Armadas quedó en evidencia una década después. Tras la caída de
Pérez Jiménez en 1958, se mantuvo vigente la Constitución de 1953 —y no la de
1947— hasta la promulgación del texto de 1961. Como explica Jesús María Casal
en Apuntaciones para una historia Constitucional de Venezuela, los militares
rehusaron revivir la carta magna del 47 porque la asociaban con una etapa de
conflictividad política que repudiaban; y hacerlo equivaldría a admitir la
ilegitimidad de todas sus actuaciones desde 1952.
Fue a la luz de esas
lecciones que la dirigencia civil comprendió, al fin, que la relación con los
militares debía asentarse en otra lógica: el militar respeta al poder civil
cuando percibe liderazgo moral, solvencia intelectual, unidad política y
respaldo internacional. A esto se suma el conocimiento preciso de los asuntos
castrenses, como lo demostró sin vacilar Rómulo Betancourt a partir de 1958.
En definitiva, este
recorrido demuestra que una democracia de gran calado perdura únicamente cuando
el sector militar y el civil convergen en un mismo compromiso institucional
compartido. Así ocurrió a partir de 1958, cuando el respeto recíproco y la
amplitud de acuerdos —como el Pacto de Puntofijo—blindaron el proceso político
y dieron estabilidad al país.
Los venezolanos estamos convocados —hoy más que nunca— a asumir las lecciones de nuestros aciertos y a no repetir nuestros errores.
24/11/2025:
https://www.elnacional.com/2025/11/aprender-del-24-de-noviembre-de-1948/
Fotografías: lbarragan.blogspot.com
