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domingo, 9 de junio de 2024

Noticiero retrospectivo

-    “Vocablos indígenas: En Colombia se debate si debe escribirse ´guajira¨ o ´goajira´” . Autoridades citadas”. La Esfera, Caracas, 02/09/1927.
-       Lino Iribarren Celis. “Atisbos de la hora: Hacia la Batalla del Lago de Maracaibo”. El Universal, Caracas, 24/08/72.

-       Eduardo Fernández. “Perspectiva: El desafío económico”. El Nacional, Caracas, 08/02/80.

-    Eduardo Lira Espejo. “Música: Reynaldo Hahn”.  El Nacional, 01/02/74.

-        I.R. “El ministro de la Defensa: Ni el gobierno ni las FAN encubren negociaciones irregulares” (Vicealmirante Eduardo Brito Martínez). El Nacional, 13/05/86.

Fotografía: Edificio “Ramia”, Caracas, mediados de los ´50 del ´XX.  Diseñado por el arquitecto de origen alemán Federico Guillermo Beckhoff, ángulo noroeste de la avenida Urdaneta, a nivel de la esquina de Carmelitas. Inaugurado en 1954, fue sede del ministerio de Comunicaciones. “con el tiempo ha sido objeto de numerosas intervenciones que han desvirtuado completamente su diseño original”, refiere con razón el aportante al grupo Caracas en Retrospectiva II, José D. Rico Carrillo. Vid.

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miércoles, 29 de mayo de 2024

Otro es el resentimiento

DEL RESENTIMIENTO (IN)FUNDADO

Guido Sosola

Aquella consigna de ser rico es malo, la ha olvidado la población.  Son dos poderosas las razones: la aparición de la boliburguesía y toda la casta del enchufadismo, ambos generados por el régimen socialista; y la existencia de gente que ha prosperado a punta de trabajo propio y sin fregarle la existencia a nadie.

En un caso, el propio gobierno ha reconocido lo ocurrido en PDVSA. Si bien es cierto que más de dos décadas atrás hubo corrupción y, desde que López Contreras premió con sendos bonos las exportaciones distintas a la del petróleo, alcanzó nuevos horizontes, no menos lo es que resulta pavorosa la demostración de este siglo, e insoportable la vanidad y el derroche de los nuevos-ricos, acá y en el resto del mundo.

En otro caso, los venezolanos aplaudimos a quienes han hecho sus reales fregándose a diario, demostrando talento, vocación, empeño. Siendo lealmente competitivos, nuestras grandes estrellas del béisbol profesional son admiradas, reconocidas y respetadas, sobre todo, cuando llevan una vida ordenada, sobria y honesta: se saben ejemplo de juventud, como nuestros grandes basquetbolistas y futbolistas, al igual que los grandes narradores y comentaristas deportivos.

Algo parecido ocurrió en el mundo del hipismo del cul no soy aficionado, por cierto. Narradores y comentaristas, desde tiempos remotos, hicieron mucho real por la enorme credibilidad que los caracterizaba, gozando de la confianza de las grandes agencias publicitarias en el caso de no disponer de la propia que captara la confianza, atención y el compromiso de las grandes empresas de bienes y servicios.

No precisamos bien, por ejemplo, desde cuándo la narración y el comentario de las carreras de caballos, tuvieron tan arrollador éxito, pero lo suponemos desde los orígenes de la radio en nuestro país y la invención del llamado 5 y 6 en los años cincuenta del veinte. Para 1942, José Mendoza (“Miralejos”), era un referente hípico y comercial tan legendario como después lo fueron Mr. Chip, Blas Federico Jiménez, Antonio del Nogal (igualmente conocido por la animación televisiva de la lucha libre o “Catch As Catch Can”, en los sesenta), o Virgilio Decán, el famoso Aly Khan (nombre tomado de un príncipe que visitó el país un par de veces, fallecido en un accidente de tránsito).

Del Nogal o Decán, por citar un par de casos, fueron abogados de profesión, pero descollaron en la industria radial y televisiva.  Anunciarse con ellos, seguramente fue un lujo como también hacerlo con varios presentadores o animadores de televisión, como Víctor Saume, Renny Ottolina, Gilberto Correa, Guillermo González, Amador Bendayán, etc.

El asunto es que la gente conocía sus trayectorias, supieron de sus ascensos, y aplaudían que la prosperidad personal fuese fruto inequívoco del trabajo honrado. Pero esto no pasaba con los políticos, empresarios, gremialistas y otros de esa estirpe legendaria: la del rentismo, fuente del resentimiento que manipularon los socialista de la hora.

Reproducción: El Tiempo, Caracas, 1942. 

30/05/2024:

https://www.lapatilla.com/2024/05/30/guido-sosola-del-infundado-resentimiento/

domingo, 9 de abril de 2023

Regulación de las escaleras mecánicas

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: UNA PROPUESTA DE CONTRATO COLECTIVO

Luis Barragán

De repente, incluso, quien no sabía de la nomenclatura técnica, ha de darse formal y completamente por enterado de la existencia de un proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, resignada a su inmediata y unánime votación la llamada Asamblea Nacional de 2020, en espera de la definitiva sanción, sin dar ocasión al más modesto y libre intercambio  de ideas. Aprobada por unanimidad, sabe que los genuinos beneficiarios y privilegiados del poder escenifican una peligrosa reyerta que es la del reacomodo de los intereses al calor del Estado depredador, algo más que fallido, algo más que forajido.

Asegurándose tributario de un instrumento modelo de Naciones Unidas (Oficina Contra la Droga y el Delito),  concretado en Argentina mediante una ley que la aplica mediante la acción civil previa existencia de una sentencia penal definitivamente firme, acá, el proyecto en cuestión está orientado a convertir al Estado en titular y vendedor de los bienes  de las personas naturales o jurídicas vinculadas con actividades ilícitas. Sin embargo, surgen los detalles, pues, en el proyecto en cuestión,  el Estado puede logarlo aún antes de decidida la causa penal principal o de fondo,  con el pretexto de financiar actividades de interés público, a favor del Pueblo (en mayúscula para redundar con la fórmula populista).

Será el Ejecutivo el que administrará y dispondrá, venderá, donará o cederá el derecho, dizque para financiar el gasto público en abierta contradicción con una correcta ley de presupuesto que ha de preverlo con todas las formalidades del caso (para la invocada protección social, derechos humanos, servicios públicos e infraestructura, atención a las víctimas del delito);  además, premiando a los informantes y cazadores en las artes de identificación, localización y recuperación de esos bienes, aunque no fueren precisamente artistas. Todo habrá de depender de la interpretación subjetiva que haga el Ministerio Público para iniciar un procedimiento especial, breve y simplificado en un Tribunal de Control,  respecto a los bienes de los que dispondrá el ente dependiente de Miraflores que, de promulgarse la ley orgánica, por si fuera poco, la reglamentará a su leal saber y entender, como suele ocurrir.

Luce demasiado obvio que, al tratarse de los corruptos del régimen, aún antes de juzgarlos y sentenciarlos definitivamente como tales, siendo tan abundantes, lo que importa es aprovechar y recolocar sus bienes y derechos de usufructo en el marcado lo más pronto posible, incluyendo aquellos sospechosos provenientes del tráfico ilícito de drogas y de capitales, por ejemplo. Caso éste que, en estricta lógica equivale a un lavado de recursos que los mismos delincuentes no podrían hacer a gran escala, como se apuesta haga el Estado en los términos en los que está redactada la propuesta legal. No es posible hacerse falsas ilusiones: en última instancia,  ella servirá para zanjar las diferencias entre los variados grupos de poder en constante rivalidad y tensión, pareciendo más una suerte de contrato o convenio colectivo entre esos grupos para dirimir sus intereses que puede también darle alcance a sectores falsos y genuinos de la oposición, susceptibles de extorsión por razones decidida y enteramente políticas; vale decir, intrínsecamente concebida la oposición por el socialismo del siglo XXI como una actividad típica de la delincuencia organizada y terrorista, procederán en consecuencia.



Parece natural que un proyecto de tan calculadas generalizaciones, incurra en deslices inconstitucionales, aunque es portador de disposiciones que expresa, directa y descaradamente violentan la Constitución. ¿Cómo disponer de los bienes de quien no ha sido condenado mediante una sentencia definitivamente firme, por ejemplo? ¿Tan sólo probando la materialidad de los hechos, sin hacerlo con su culpabilidad? Los ordinales 10 y 11 del artículo 8, otro ejemplo, implican los bienes de origen lícito equivalente a los ilícitos no recuperados, ¿acaso no afecta a sucesores e inocentes, gravitando los intereses de terceras personas que actúan de buena fe? ¿Será susceptible de un recurso de
habeas data aquello que concierna a la reserva bancaria,  cambiaria, bursátil y tributaria? ¿No configurará un burdo mecanismo para recuperar bienes y activos en manos de testaferros en franca rebeldía, atendiendo las exigencias de las autoridades públicas o de la banca en el extranjero?

Siendo en principio un proyecto que concierne sólo a los prohombres del poder, impuestas las reglas y condiciones de los más fuertes,  no es difícil imaginar su empleo  para aquellos opositores que desee aterrorizar y, aún más, con una reglamentación que aumentará el nivel de discrecionalidad de los funcionarios actuantes en la llamada extinción de dominio. De modo que poco se puede esperar en lo que concierne a la solución de los problemas de corrupción, narcotráfico, lavado de capitales, etc.

Instrumentos sobrevenidos en el contexto de la denominada y estridente trama de la corrupción de PDVSA, poco ayudan a un combate real y frontal contra la corrupción, cuyo éxito sólo es posible con la superación del régimen.  Nadie niega el valor de aquellas normas recomendadas por los organismos internacionales especializados en la materia, pero es necesario considerar que, por imperfectas que fuesen, existen otras de larga vigencia en Venezuela ampliamente burladas.

No constituye casualidad alguna que la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público haya sido derribada desde que principió el presente régimen, sustituida por otra de una clara y deliberada ineficacia que ha levantado los grandes monumentos de la corrupción tan inherentes al Estado depredador que, sostenemos, ha hecho un aporte fundamental en el modo de hacer el socialismo en un país que fue indiscutible potencia petrolera. No olvidamos la persistente y frustrada iniciativa opositora de actualizar la Ley de Anticorrupción, desde el período iniciado en 2010 en la Asamblea Nacional: hoy, en la Comisión Permanente de Contraloría de la legítima Asamblea Nacional, presidida por el diputado Macario González, existen denuncias e informes muy consistentes y convincentes en torno al saqueo del erario público y otros procedimientos administrativos irregulares que la censura y bloqueo informativo impiden que trasciendan. Incluso, recientemente, corroboramos en la sede de la Universidad Central de Venezuela los  hechos denunciados oportunamente en la mencionada comisión asamblearia: violación aparte de la autonomía, muy publicitado el plan “Universidad Bella” que un “protectorado” oficial adelanta, todavía hay baños dañados de céntricas escuelas, como la de psicología, o modificaciones estructurales, como en la de trabajo social, que añadimos a la desinformación técnica de las remodelaciones, las empresas y las extraordinarias inversiones que no supieron de un público proceso de licitación, y por montos largamente superiores al pírrico presupuesto universitario.

El “esnobismo” de la ley que autoriza al Estado a incautar y mercadear los bienes que ha decidido como ilícitos, constituye un fenómeno que únicamente se explica a  la luz de los más  fuertes que velan por el desarrollo lo más reglado posible del Estado depredador inexorablemente llamado a una radical descomposición y término. Realizado su propósito,  a la postre no tiene caso que aparezca un indiciado, reo o condenado, en última instancia, regulando las subidas y las bajadas de los agentes y grupos depredadores: esto es, un convenio colectivo que reconoce otra ley, la de gravitación universal para que los ascensos y las caídas sean la más confortables posibles, en lugar de estos estrépitos que también les asusta.

Ilustración: Guy Billout.

Video y fotografías: LB.

09/04/2023:

https://www.lapatilla.com/2023/04/09/ley-de-extincion-de-dominio-una-propuesta-de-contrato-colectivo-por-luis-barragan/

viernes, 7 de abril de 2023

Corruptógenos

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y FACHADA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Fernando Fernández 

I. Introducción: la supuesta lucha contra la corrupción

En los últimos días se habla mucho de la lucha contra la corrupción en Venezuela, a raíz de un caso de fraude masivo de US$ 3.000 millones contra Pdvsa que se ha judicializado. Es necesario enfrentarla: de acuerdo con eso. Nadie puede oponerse a que se haga todo lo necesario para combatirla y desarraigarla de las instituciones del Estado y, así, emprender el sendero del imperio del Estado de Derecho, de la justicia y fin de la impunidad.

Se informa que se ha detenido a empresarios y funcionarios por esta causa. Sin embargo, para que sea creíble, eso debe acometerse según métodos judiciales democráticos y probadamente eficaces, de forma transparente y con los más altos estándares internacionales que permita el retorno del despojo ocasionado, en beneficio de las víctimas de la corrupción. Lo que se ha transmitido en la propaganda oficial está reñido con esos estándares.

Pero lo que se adelanta en Venezuela es una fachada, una burla. Puro blablablá. El problema de la corrupción pica y se extiende. Es un asunto estructural y de fondo que hunde sus profundas raíces en un marco jurídico que es corruptógeno. En realidad, abunda la opinión acerca de que se trata de una pugna por el poder y el dinero robado (Hernández, 2023) al país. En este artículo se analiza el mito de esta supuesta cruzada. Una farsa, pues, que no permitirá recuperar los activos robados al país ni erradicar la impunidad, como se verá más abajo.

II. Estado de Derecho y prohibición de la confiscación de bienes 

La extinción de dominio, tal como está concebida en el proyecto de Ley introducido el 31/03/2023, es imposible de aprobar mientras la Constitución no sea reformada de fondo, en lo atinente a la prohibición absoluta de confiscación de bienes sin una sentencia firme en un proceso penal. La Sala Contencioso Administrativo del TSJ aplica el principio de NO confiscatoriedad en su jurisprudencia, la cual debe ser una referencia en materia de proporcionalidad.

Dice así la CRBV: “Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Se trata entonces de un delito inconstitucional. (Negritas del autor).

De su parte, la novísima reforma de la Ley contra la Corrupción de 2022 contiene un denso capítulo de los artículos 53 a 58 sobre el delito de enriquecimiento ilícito perfectamente aplicable a la situación planteada en el caso de marras. Con las leyes existentes pueden hacer confiscaciones de bienes provenientes de delitos. Es una pena accesoria de la principal. ¿Por qué no lo hacen como puede y debe ser?

Lo irónico es que dicho proyecto se apoya en una recomendación de la OEA, un organismo abominado por el gobierno venezolano debido a un supuesto control de Estados Unidos y del cual ya no somos parte, según sus discutibles decisiones.

III. Estado de Derecho y sistema acusatorio

Luchar seria y eficientemente contra la corrupción es una exigencia de toda la nación, pero no puede hacerse sin cumplir con las reglas básicas del Estado de Derecho, es decir, respetando la separación de los poderes estatales y, especialmente, respetando el ámbito de competencias del Ministerio Público en lo relativo a sus atribuciones dentro del sistema acusatorio, el cual le da el monopolio de la dirección de la investigación, acusar con base en ello ante el Tribunal de Control y el de solicitar medidas de detención y otras sobre bienes, etc. El principio de estricta jurisdiccionalidad penal elaborado por el filósofo Luigi Ferrajoli (10ª edición, 2018) ha sido violado de forma palmaria en esta investigación. De no cumplir con las normas constitucionales y convencionales se victimiza a los delincuentes y se da pie para que intenten acciones de nulidad y logren sentencias internacionales condenatorias contra el Estado.

Es necesario acotar que, en el caso de marras, luego de la detención anunciada oficialmente, fue cuando se designaron los fiscales que realizarían la investigación. Quiere decir que el Ministerio Público fue ignorado y que la decisión de detener a esas personas se hizo sin que hubiese fiscales que la pidieran. Ello viola el principio acusatorio nulla detentione sine acusatione, es decir, la garantía básica de procedimiento, según lo cual los tribunales penales no pueden actuar sin la expresa e indispensable solicitud fiscal. Este atropello al COPP evidencia una irregularidad que debería conducir a la nulidad de estas detenciones por su patente inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Es una vuelta al sistema inquisitivo en el que los policías y los jueces de instrucción eran los reyes de las detenciones sin investigación.

Tampoco puede realizarse la acusación sin una investigación profunda, objetiva e imparcial bajo la dirección inequívoca del Ministerio Público, bajo el principio de nulla acusatione sine investigatione. Violar el principio acusatorio de la forma en que se hizo y alterar el de estricta jurisdiccionalidad penal puede dar lugar a acciones que anulen las actuaciones irregulares dada la evidente inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

IV. La corrupción en la era democrática vs los casos actuales

La corrupción administrativa es un mal universal. Sin embargo, hay esfuerzos globales por combatirla (ONU, 2003), también los hay en el continente americano (OEA, 1996. Firmada en Caracas). Empero, en Venezuela la miasma de la putrefacción administrativa es endémica y particular debido a la impunidad lacerante que le da cobijo. El índice mundial de percepción de la corrupción para 1998 ubicaba a Venezuela en el puesto 77 en el mundo, entre Ecuador y Rusia. En 2023 dicha evaluación sitúa a Venezuela en el puesto 177, entre Yemen y Sudán del Sur. Dinamarca resultó ser el país menos corrupto del mundo, está en el primer puesto. Las claves de su éxito las describió detalladamente el sociólogo Rafael Quiñones (2023).

Desde 1958 hasta 1999, durante la era democrática de Venezuela, se tramitaron judicialmente diversos casos de corrupción, a saber: la malversación genérica de la partida secreta del Estado por parte de Carlos Andrés Pérez por un cheque de US$ 13 millones  que fue anulado y nunca fue pagado, por cierto; el peculado de uso de unos 65 carros rústicos por parte de José Ángel Ciliberto en beneficio de la campaña electoral del partido Acción Democrática; la apropiación de fondos del Banco de los Trabajadores por parte de Eleazar Pinto; el chinito de Recadi por apropiación indebida, entre otros menores detallados en el Diccionario de la corrupción.  Se mencionan otros caso más que no fueron judicializados (Rodríguez, 2023). No obstante, no se trata de una competencia acerca de quienes son peores, dado lo pernicioso de esos casos. Pero, ellos quedaron como hechos minúsculos frente al desmadre de lo ocurrido desde 1999 en adelante. La diferencia está en que el trámite judicial en el extranjero puede asegurar que se llegue al fondo. Aquí y ahora sobra la impunidad.

Durante el llamado socialismo del siglo XXI (1999-2023), los montos de lo robado son astronómicos y son innumerables los casos judicializados en el exterior. Los juicios nuevos van en aumento: hasta ahora se sabe de US$ 68.311.087.395,59 en 219 casos en tribunales de 28 países (Corruptómetro, 2023). Lo que se ha descubierto en perjuicio de Pdvsa es, apenas, la punta del iceberg. Las universidades estudian estos casos de soborno transnacional por ser de interés académico (Stanford, 2020). A ello hay que añadir la estadística creciente en perjuicio de otras empresas e instituciones estatales defraudadas por sus administradores, contratistas y testaferros de un conglomerado de bandas que han medrado gracias a la impunidad y complicidad. Pero, se han amparado en la inmunidad legal en lo penal, administrativo y civil de las empresas del Estado. De paso, el delito de peculado de uso está presente en todas las actividades de calle del PSUV, mediante la utilización de los autobuses de PDVSA y muchos recursos de otros organismos públicos también. Hay mucha tela que cortar y demasiado por ver.

V. Legislación versus la corrupción

Con fecha 2 de mayo apareció publicada la reforma de la Ley contra la Corrupción (“Ley COCO”) en la Gaceta Oficial del 31 de mayo N° 6.699 Extraordinario.  En este artículo se analiza si es  que dicha normativa aporta algún avance para hacer posible la recuperación de los cuantiosísimos recursos saqueados al patrimonio nacional, mediante los esquemas cleptocráticos de la Gran Corrupción de los últimos años, o sí más bien se trata de una fachada de supuestos cambios para que todo siga igual, como diría Lampedusa (Il gatopardo, 1957).

La historia de la legislación anticorrupción data del Código Penal reformado en 1982 para crear la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, para transitar a la Ley contra la Corrupción de 2003, la cual incorporó a la Convención Interamericana contra la Corrupción. La que decía esto: “Disposiciones finales. Primera. En todo cuanto sea procedente se aplicará lo previsto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.211 del 22 de mayo de 1997”. La cual fue letra muerta, una norma sin aplicación alguna durante 20 años. De haberse usado habría permitido, en teoría, recuperar activos en el continente americano mediante fórmulas probadamente eficientes (Ver caso Odebrecht, por ejemplo) de cooperación penal judicial, extradición expedita, traslado de prisioneros, incautación de activos, etc. Desde 2022, con la Ley COCO, esa esperanza se ha truncado.

Hay que recordar que la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (“LOCDOFT”) incluye los delitos de corrupción como propios de la delincuencia organizada. También, establece el principio de responsabilidad penal, civil y administrativa de las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas. Este dispositivo excepcional es lo que ha permitido a altos funcionarios de las empresas estatales, sus testaferros, allegados, parientes y contratistas defraudar impunemente al Estado y sus empresas, aprovechando el velo corporativo establecido en ella. El modelo dualista y anómico del Estado venezolano (Fernández, 2018) se ubica en la base de la Gran Corrupción (Ugaz,2018).       

VI. El Estado como botín

Así las cosas, como parte de lo que puede llamarse “un plan maestro”, en Venezuela se instaló un vigoroso sistema de botín o spoils system (Fernández, 2017), caracterizado por ser una forma muy eficiente y destructiva de robar al Estado desde las instituciones y empresas sin consecuencias legales en lo penal, civil y administrativo, es decir, de forma impune. La cleptocracia o “nueva clase” surgida de este expolio no se inmuta ante esta reforma legal. La anomia persiste gracias a la inmunidad legal del Estado y sus empresas, lo cual es gravísimo, dada la característica de ser un “Estado empresario” que posee 905 grandes empresas (Transparencia Venezuela, 2021).

Los más afectados en el mundo por la Gran Corrupción son los más pobres y necesitados, quienes se ven privados de los servicios más básicos como el agua potable, el transporte, la electricidad, etc., debido a la carencia de los recursos que fueron expoliados (ONU, 2018). En el caso venezolano, el deterioro de las condiciones de vida, la desigualdad y empobrecimiento (ENCOVI, 2022) es un ejemplo palmario y lacerante.

VII. Conexión de la corrupción contra los derechos humanos

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (“DESCA”) son impactados de forma directa y brutal, por causa del latrocinio de los dineros públicos. Ello se ve plasmado en la mal llamada emergencia humanitaria compleja o EHC (HUM Venezuela, 2022) que vive Venezuela desde hace varios años, eufemismo técnico que permite enmascarar la cruda realidad del despojo patrimonial de los venezolanos y la menesterosidad o pobreza extrema con desaparición de la clase media (DW, 2022). En otras palabras, la desigualdad social en términos superlativos que ocasiona el éxodo forzado de más de 7 millones de venezolanos (Plataforma R4V, 2023).

Pero, hay algo menos visible: el vínculo de la cleptocracia con los derechos civiles y políticos en tiempos estados de alarma, los cuales también son arrasados de forma directa (Transparencia Venezuela, 2022), en la medida en la que, conservar y centralizar el poder, así como mantener el control absoluto del Estado y sus empresas, se convierte en el mecanismo que permite seguir robando y robar cada vez más al Fisco.

Así las cosas, el móvil que puede estar en la base de las violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es el lucro ilícito derivado de mantenerse en el poder. Un atisbo de esta situación lo reveló la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de esta forma: “Párrafo 116. Un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Varias de las fuentes con las que habló la Misión, todos miembros actuales o anteriores del Gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad.” (Subrayado del autor).

Por eso, los crímenes atroces que se perpetran en Venezuela de forma creciente e impune son una forma de controlar la protesta de la población y perpetuarse en el poder; y, con ello, seguir saqueando el patrimonio público y social. Es un círculo vicioso que bien identificó San Agustín hace siglos cuando sentenció en su libro La Ciudad de Dios: “… Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones si no pequeños reinos?” Siglos más tarde, Lord Acton entendió el problema así: “… Todo poder tiende a corromper y todo poder absoluto corrompe absolutamente…”

La Ley COCO obedece al llamado fetichismo del llamado Derecho Penal máximo o del “enemigo”; es decir, al recrudecimiento de las penas y eliminación de derechos de los sospechosos, pero que no garantizan que haya un combate eficiente, profundo y sustentable contra este flagelo. También, establece más controles administrativos que nada aportan a la lucha contra la corrupción, pero que obstaculizan la función pública en perjuicio de los ciudadanos. Se trata de un Derecho Penal draconiano, bueno para la propaganda oficial, pero poco eficaz en el combate al delito corrupto.

VIII. Novedades de la Ley contra la Corrupción

Dentro de los aspectos novedosos de la Ley COCO se agrega lo siguiente;

El Estado realizará un proceso educativo contra la corrupción. Es de esperar que el mismo servirá para el aprendizaje de los niños y jóvenes futuros en materia de prevención de la corrupción (Art. 8).

Simplifica el proceso de entrega y recepción de la Declaración Jurada de Bienes, al obligar que su elaboración pueda ser digital y sea recibido el Certificado Electrónico y sus soportes por la Contraloría General de la República (Art. 24, 27, 31, 32). Este asunto procura acelerar el procedimiento de entrega de la declaración al obviar la elaboración física de la misma al hacer uso de la tecnología digital.

Los altos funcionarios del Estado deberán actualizar anualmente su Declaración Jurada de patrimonio según la reglamentación que dictará la Contraloría General de la República (Art. 30). Esta norma permitirá, en teoría, hacer un monitoreo de la correspondencia entre los ingresos salariales y la forma de vida del funcionariado.

Establece que, “con independencia a las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias que puedan tener lugar, serán sancionadas o sancionados, con multa equivalente de cien (100) a mil (1.000) unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, vigente para el momento del pago”. (Art. 38). Este es un cambio radical que elimina el cálculo de las multas en Unidades Tributarias. Así las cosas, las multas podrán ser calculadas en euros, que ha sido tradicionalmente la divisa más costosa, según el Banco Central de Venezuela.

Se ordena la codificación de los delitos en una próxima reforma del Código Penal (Art. 87. Disposición Transitoria Única). La codificación penal es una expectativa de vieja data, algo muy necesario e impostergable.

IX. Deficiencias de la nueva Ley contra la Corrupción

Los graves defectos de la ley COCO son los siguientes:

No tiene ni menciona siquiera algunas normas básicas o estándares que sean precisos y eficientes contra el lavado de activos provenientes de la corrupción; tal como ha sido recomendado innumerables veces por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, 2012-Actualizacion en 2020).

No tiene normas que permitan la recuperación de activos robados por la Gran Corrupción, lo cual hace inútil cualquier esfuerzo que se haga para reponer el daño causado por los ingentes capitales y activos saqueados al país. Carece de mecanismos y estándares de cooperación internacional para la recuperación de activos y búsqueda de corruptos. El programa STAR sugerido por el Banco Mundial y la ONU debería ser una base de orientación.

Se elimina la norma que aceptaba como ley interna a la Convención Americana contra la Corrupción, que estuvo prevista en el artículo final de dicha normativa, la cual decía así: “Disposiciones Finales. Primera. En todo cuanto sea procedente se aplicará lo previsto en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.211 del 22 de mayo de 1997. Las autoridades venezolanas competentes adoptarán especialmente, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo lo previsto por dicha convención en las materias de extradición, medidas sobre bienes y secreto bancario, reguladas por sus artículos XIII, XV y XVI.” Esta omisión es un nuevo obstáculo a la lucha contra la corrupción, porque elimina de un zarpazo los dispositivos interamericanos en materia de extradición, cooperación internacional recuperación de activos y secreto bancario. En otras palabras, el retroceso es inmenso y el aislamiento de Venezuela de los mecanismos interamericanos crea un espacio de impunidad propicio para tales delitos transnacionales.

También eliminó la Segunda Disposición Final que decía: “La comisión de los delitos contemplados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se tendrá como de lesa patria”. Esta afirmación, aun cuando eran palabras huecas, tenían la intención de colocar a la patria como el bien jurídico protegido.

Igualmente, eliminó la Disposición Final Tercera que establecía lo siguiente: “Los funcionarios no podrán abrir cuentas innominadas en el exterior”. A la luz de los descubrimientos hechos por los Fiscales e investigadores penales de terceros países, se ha visto que esta normativa era incumplida sistemáticamente por los altos funcionarios que se enriquecieron impunemente.

Agrega las comunas y el concepto del Poder Popular, con lo cual le da un sentido político acentuado inconstitucional y antidemocrático (Art. 13). Las comunas venezolanas son mecanismos inconstitucionales y centralistas de control social y político, como ha sido demostrado fehacientemente (Acceso a la Justicia, 2021).

No incorpora el concepto de Persona Expuesta Políticamente (“PEP”), nomenclatura técnica indicada en los estándares internacionales. Esta omisión es muy grave porque son las PEP las causantes y beneficiarias de la Gran Corrupción identificada en Venezuela.

X. Conclusiones

A pesar de los graves defectos de esta normativa, la recuperación de activos de la corrupción puede ser lograda mediante la cooperación penal internacional o intentar acciones legales en el extranjero, aun sin reformar la Ley COCO; para lo cual se requiere voluntad política y un gran esfuerzo legal para usar las herramientas y mecanismos de la Convención de la ONU contra la Corrupción. No obstante, conviene reformarla para hacerla más eficaz, como fue propuesto a la Asamblea Nacional (Fernández, 2018).

En fin, nada nuevo hay en esta legislación COCO. Los cambios son cosméticos y superficiales. Ningún avance sustantivo, solo un marcado retroceso. Nada bueno hay que esperar de su aplicación. Sin embargo, además de hacer visible este asunto, es necesario continuar en la lucha global y nacional contra la corrupción, ello es fundamental para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La recuperación económica del país y la erradicación de la pobreza también lo exige.

En fin, esta Ley COCO es una fachada con modificaciones insignificantes que no permitirán erradicar el flagelo de la corrupción en todas sus manifestaciones, sea grande o pequeña. Lo más grave es que, bajo esta parodia, no se podrán recuperar los activos robados. En una transición hacia la democracia se deba hacer una reforma estructural y de fondo de la legislación para eliminar los factores corrumpentes e impedir a los futuros gobernantes repetir la parranda de la Gran Corrupción.

También, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, a pesar de su rapidez en el trámite procesal, será un arma de doble filo que no protege suficientemente la pureza del procedimiento y da las bases para que los posibles delincuentes sean victimizados por la evidente inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Sin una reforma constitucional del artículo 116, tarde o temprano, prosperarán las impugnaciones y acciones de nulidad de lo actuado.

Para hacer creíble la lucha versus la corrupción en Venezuela es necesario limpiar la casa de las leyes corruptógenas. Eso requiere medidas serias y profundas enmarcadas en el Estado de Derecho. De no ser así, seguirá campeando la impunidad de estos nefastos delitos.

Fuentes consultadas

Acceso a la Justicia: Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal. Disponible en: https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/

Banco Mundial: La corrupción le cuesta al mundo 2,6 billones de dólares al año. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292 ).

Banco Mundial y UNODC: Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados. Disponible en: https://star.worldbank.org/sites/default/files/2021-01/star_brochure_spanish_1.pdf

Fernández, Fernando M.: El Estado como botín. Crónicas del despojo del patrimonio público y privado en Venezuela. Disponible en: https://www.urru.org/papers/DDHH/DDHH_2017_varios/2017_Estado_como_botin_FernandoFernandez.pdf )

….. : Corrupción: Recomendaciones para las reformas institucionales y legales. Disponible en: Informe-Técnico-sobre-la-Ley-contra-la-corrupción-.pdf (pazactiva.org.ve) .

GAFI FTAFT: ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. Disponible en: https://www.cfatf-gafic.org/home-test/documentos-en-espanol/recursos-del-gafic/14971-recomendaciones-del-gafi-2012-actualizadas-a-octubre-de-2020-1/file

Misión Independiente de Determinación de los hechos en Venezuela: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Pag. 30. Disponible en: Microsoft Word – A_HRC_45_CRP.11_Revised version_FOR REPRODUCTION_Spanish (ohchr.org) .

Transparencia Venezuela: ASCIENDEN A 905 LAS EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO IDENTIFICADAS POR TRANSPARENCIA VENEZUELA. Disponible en: https://transparencia.org.ve/ascienden-a-905-las-empresas-propiedad-del-estado-identificadas-por-transparencia-venezuela/ .

Ugaz, José C.: LA GRAN CORRUPCION EN VENEZUELA Y SU IMPACTO EN LA REGION LATINOAMERICANA. Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/11/La-gran-corrupci%C3%B3n-en-venezuela-y-su-impacto-en-la-regi%C3%B3n-latinoamericana.pdf .

Universidad Católica Andrés Bello: Encuesta de Condiciones de Vida 2021 (“ENCOVI”). Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/09/1441292 ). También, las causas de la pavorosa emigración de más de 6.133.473 individuos (cifra del 5 de mayo de 2022, según la Plataforma R4V. Disponible en: https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes.

04/04/2023:

https://www.elnacional.com/opinion/extincion-de-dominio-y-fachada-contra-la-corrupcion/ 

martes, 28 de marzo de 2023

Breve cartografía de lo obvio

TURBIEDAD

Luis Barragán

A nadie asombra, ni conmueve, la razzia que experimenta un ramal o sector del oficialismo con la ahora llamada trama de la corrupción en PDVSA, por cierto, planteada en clave de telenovela de triunfante capítulo final. La corrupción es ya de vieja data, explicando la naturaleza del régimen, cuyo logro inicial estuvo en el derribamiento de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público para reemplazarla por una normativa de deliberada y comprobada ineficacia. Aquel poderoso ministro y su gente, caen quizá ni tan irremediablemente de asumir como todo un gremio a las personas internacionalmente sancionadas, donde lo principal sigue la suerte de lo accesorio.

Una constante tensión y lucha interna, caracteriza a las tiranías aún de suave aliento que, ahora, subliman aquellos terribles procesos de Moscú que ordenó y celebró Stalin al mismo tiempo que lo idolatraban en distintas latitudes.  Mientras más años pasan, más turbias, densas y sucias se hacen las aguas que navegan, siendo millones los charcos que van creando al ritmo de una infinita variedad de intereses que pugnan por la continuidad del poder establecido. No hay, ni puede haber,  claridad y transparencia en las dictaduras.

La otrora exitosa transnacional venezolana, ya no tiene más cuestas que rodar con el saqueo padecido, como jamás se atrevieron los tecnócratas petroleros bajo el asedio y la bulliciosa  derrota propinada por los tecnócratas militares que a la postre fracasaron rotundamente. La redada gubernamental luce como un gesto de  reafirmación miraflorina frente al denominado chavismo originario, según la nomenclatura en uso, capaz de estremecer las bases sociales del proyecto que fue común, pero – también – el conflicto nada tribal puede traducirse, anunciándolo, por ejemplo,  en un foetazo revanchista contra  la oposición y algunas de sus individualidades, instrumentalizados los órganos judiciales de acuerdo al canon.  Presumimos que el ministro defenestrado también cultivó relaciones con personeros de la otra acera, propensos a la ira y castigo de los poderosos, acaso, por favores recibidos, aunque el leñazo político más contundente a lo mejor conduzca a una figura reconocida y decisiva para perfeccionar la cruzada dizque anticorruptiva.

Turbiedad, o, mejor, turbo-turbiedad, porque la corrupción ha superado exponencialmente los más remotos arquetipos: no es que Pérez Jiménez  malversara unos reales y, cumplida la condena, ya en Madrid, los trabajara disciplinadamente, sin provocar escándalos hasta el fin de su existencia. Es que, hoy,  los escandalosamente enriquecidos de la  noche a la mañana,  no se explican en el mundo sin las extravagancias del despilfarro, la ostentación despiadada de sus fortunas, y las aficiones más excéntricas que quizá rindan culto a los sueños disparatados surgidos entre los pliegues traumáticos de la infancia. La austeridad constituye una afrenta para los prohombres del régimen que, en última instancia, juzgan el poder como un derecho adquirido a perpetuidad.

Torva turbiedad, el retroceso ha sido monumental en el presente siglo,  aunque la condena moral es severa en un contexto inmerecido de miseria y hambre. Nadie ha de acostumbrarse a hechos tan inverosímiles, pero reales, constantes y sonantes, en los que, precisamente, en nombre de la moral y de las buenas costumbres, el delito es el único sendero hacia el ascenso social, y, por ello, la tragedia del aula básica y superior en Venezuela. Una biografía de los indiciados y reos, al igual que otra de sus verdugos, perfila muy bien la naturaleza del turbio socialismo del siglo XXI, cuya fecha de vencimiento ya pasó.

Fotografía: LB (Ccs).

28/2023:

https://www.elnacional.com/opinion/turbiedad/

viernes, 24 de marzo de 2023

... Les milliards évaporés du pétrole

 La versión de Le Monde de hoy #24marzo, es elocuente en torno a PDVSA que produjo 3,2 millones b/d de crudo y, hoy, apenas 700 mil. Ingresos de divisas por el orden de 25 mil millones en 2022. Y, para septiembre del ´22, El Aissami acusó a Ramírez de haber malversado unos 4.800 millones de dólares. Del asunto se sabe, pues, en medio mundo.

jueves, 23 de marzo de 2023

Sublimados procesos de Moscú

"PURGUETTA", MEZCLA DE PURGA CON VENDETTA

Milagros Socorro 

Hay sociedades donde se producen, o lo han hecho en el pasado, purgas de carácter político e ideológico; y hay otras donde la represión cobra la forma de vendetta, esto es, venganzas entre grupos al margen de la ley. En Venezuela tiene lugar una combinación de ambas, que llamaremos purguetta.

Las purgas, sucesivas y terroríficas, son propias de regímenes comunistas, como la Unión Soviética (e incluso la Rusia emergida tras la caída del Muro de Berlín, en 1989), China, Cuba y las dictaduras satélites de esta, como Venezuela y Nicaragua. Antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1936 y 1938, Stalin desató una sanguinaria cacería cuyo objetivo, según la propaganda, era limpiar la URSS de “enemigos del pueblo”, supuestamente involucrados en conspiraciones con el bloque capitalista. Con esta bandera persiguieron, detuvieron, apresaron, torturaron, asesinaron y deportaron cientos de miles de supuestos disidentes, sacados a rastras del mismo partido comunista, el ejército, la prensa y las editoriales, universidades y laboratorios, talleres de artistas, grupos étnicos, fábricas y tierras de labor: obreros y campesinos. Esta época es aludida como Gran Purga o Gran Terror de Stalin (esta última, una precisión no del todo justa; y no porque Stalin no se hubiera afincado en las purgas con alegría sincera para afianzarse en el poder, sino porque no fue solo él, sino la organización soviética en pleno, así como buena parte de la población, que se adhirió al entramado de espionaje y delación urdido para controlar un país dividido y acosado).

Dada la densa opacidad soviética, no se ha podido establecer un cómputo nítido de los muertos y encarcelados en la Gran Purga (que, ojo, no fue la única sino la peor, la de mayor cosecha), por lo que los cálculos oscilan entre 700 mil y dos millones de víctimas. Por cierto, no confundir con el Holodomor, iniciativa surgida también en los años 30 de Rusia y Ucrania, donde Stalin impuso una hambruna, por diseño, que mató por lo menos cinco millones de personas.

La Gran Purga, -en cuyo marco, según el historiador James Harris, el régimen soviético ejecutó 750.000 personas y condenó a más de un millón a trabajos forzados en gulags infernales-, está considerada la campaña de represión más sangrienta de la historia. Como suele ocurrir, en alguna contorsión de la ruleta del poder, los verdugos corrían la misma suerte de sus víctimas. Fue el caso, por ejemplo, de Génrij Yagoda, jefe de la Policía secreta de la URSS entre 1934 hasta 1936, periodo en el que ofreció a Stalin “cuotas de detenciones” en el interior del territorio, de manera que se emprendían cacerías en cada distrito hasta completar el número pautado, lo que se cumplía con base en rumores, calumnias o meras impresiones. El siguiente paso sería una fiesta de tortura y crueldad en cuyo curso los acusados confesarían lo que quisieran sus captores. En marzo de 1938, en el tercero de los juicios iniciados en 1936, fueron juzgadas 21 personas, entre quienes se encontraba Yagoda. Sería declarado culpable y ejecutado, el 15 de marzo de 1938 en el campo de fusilamiento de Communarka. Esto no constituye ninguna paradoja. Al contrario. Es destino de muchos ejecutores terminar con el cuello en la ruta de la guillotina.

La vendetta, por su parte, no se disfraza de línea partidista ni de interés del Estado, es directamente un castigo por venganza. La palabra viene del italiano, que lo recibió del latín vindicta (reclamar, vengar); y el verbo del que deriva, vindicare, incorpora la partícula vis (fuerza, vigor, violencia) e indicis (señalador, indicador, delator, denunciante). En suma, venga con violencia, a partir del testimonio de un sapo. ¿Ley?, la del más fuerte. ¿Institucionalidad?, cero.

Las vendettas son ejercidas por clanes, noción muy antigua que en la actualidad se asocia a las bandas de narcotráfico y otras asociaciones delictivas, como el contrabando y la trata de personas. En todos los casos, tanto las sociedades familiares que traban rencillas por honor y deudas de sangre, como las pandillas criminales, las vendettas florecen en medios donde el Estado es inexistente o incapaz para evitar y perseguir estas acciones.

En Venezuela, el “Estado”, reducido a jirones, es integrante de las diversas facciones mafiosas. Estas camarillas se compactan por ciertas afinidades partidistas, pero, sobre todo, por intereses económicos, así como por zonas territoriales del crimen. La superposición del remoto origen ideológico con la avidez pecuniaria, y la disposición a defender los negocios y los inmensos capitales mal habidos con castigos crudelísimos, configura la purguetta chavista.

El concepto de purguetta no se desliga de chavista por el hecho de que su creador fue el propio Hugo Chávez. Desde su llegada al poder, el golpista del ‘92, elegido Presidente de la República en 1998, estableció un esquema crematístico de hegemonía y permanencia. El patrón consiste en seleccionar individuos corruptibles para cargos de relevancia; dejarlos que se enriquezcan (“ponerlos donde haiga” y auspiciar el latrocinio); hacerse el desentendido, fingir que no se ve lo que hacen y hacen…; y, mientras tanto, les van construyendo el expediente. En el momento en que el nuevo trillardario deje de ser leal como un perro o apriete con los colmillos el botín, negándose a soltar una tajada, le sacan el expediente y lo someten a una ejecución moral. Al ponerlo en el paredón, el “recién descubierto” corrupto, pierde su condición de “revolucionario” para devenir en “traidor”, “enemigo del pueblo”, “mal hijo de Chávez”.

Esta progresión narrativa está pautada desde el primer día: cada escalón en la ruta del ascenso a la riqueza los acerca más a su desenlace trágico. Desde el instante en que acepta un cargo alto, la ficha chavista tiene que corromperse. Desde luego, no puede ser limpio. Si alguien pretende ser honesto y actuar conforme a los intereses del país, lo sacan de inmediato, por eso no hay ejemplos de gente honesta en puestos de influencia desde 1999 en Venezuela. En esto, como en tantos otros aspectos, el chavismo es mafia, una vez que se ingresa no se puede salir… vivo.

Tarde o temprano, todos van a pasar por ese filo. Y, dado que las fuentes de dinero han ido cambiando, al ritmo de las sanciones y del mercado mundial, cada cierto tiempo irrumpe un nuevo grupo que se hace con los capitales y con el poder. La naciente gavilla acaba con la anterior, mediante la purguetta, cocktail de purga y vendetta, que Maduro ha reproducido y que perpetra a la luz del país. A Stalin le funcionó. En estos días se cumplen 70 años de su muerte, acaecida en su cuarto, en marzo de 1953 y dejó una fortuna que, a los precios de hoy, se valoraría en unos 200 mil millones de dólares. Claro que la historia lo ha puesto en su lugar (de capo genocida).

Ilustración: Pinilla, El Nacional, 22/03/2023.

23/03/2023:

https://americanuestra.com/milagros-socorro-purguetta-mezcla-de-purga-con-vendetta/

sábado, 17 de diciembre de 2022

La tragedia petrolera

LA ENTREVISTA A RAFAEL RAMÍREZ EN EL NACIONAL
Gustavo Coronel 

En la edición del 14 de diciembre pasado de El Nacional se incluye una muy extensa entrevista hecha por la periodista Karina Villarreal al Sr. Rafael Ramírez Carreño, quien fuera, simultáneamente, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa durante unos diez años, bajo la autocrática presidencia de Hugo Chávez Frías. Creo pertinente comentarla, pues considero al Sr. Ramírez Carreño uno de los cuatro funcionarios principalmente responsables de la gran tragedia económica, política y social de Venezuela durante este siglo XXI, junto con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López.
Lo primero que es de notar es que Ramírez Carreño trata de erigirse en un gran patriota venezolano, al criticar la licencia dada a Chevron por Estados Unidos, aceptada por el régimen de Nicolás Maduro, para producir petróleo en Venezuela. Esto es de una gran hipocresía puesto que este personaje, en nombre de un concepto equivocado de soberanía, generó la conversión de contratos de servicio dados a empresas extranjeras en la faja del Orinoco en empresas mixtas, en las cuales los socios extranjeros tenían la propiedad de hasta 40% de los activos y de la producción, por lo cual debía pagárseles dividendos que nunca se pagaron, generándose grandes deudas que hoy asfixian a la nación. La manera arbitraria como Ramírez y Chávez llevaron a cabo el cambio de política en la faja del Orinoco produjo demandas por parte de ExxonMobil y  ConocoPhilips, causando pérdidas a la nación de más de 12.000 millones de dólares.
Al criticar lo que ahora sucede con Chevron, Ramírez habla de cómo las empresas mixtas deben estar bajo el control gerencial y financiero de Pdvsa, con base en la Ley de Hidrocarburos que ellos promulgaron. La realidad es que en esas empresas mixtas, el empeño de Pdvsa de tener el control financiero y gerencial sin hacer los aportes de capital que debía hacer y sin tener gerencia idónea para controlar la actividad es lo que llevó a la faja del Orinoco al desastre, ahora rematado por la ignorancia de los funcionarios designados por Maduro.
Dice Ramírez en la entrevista que “el petróleo por ser tan importante para la economía nacional es un asunto de interés público y nadie puede firmar contratos escondidos”. Sin embargo, durante su larga y ruinosa estadía en Pdvsa y el ministerio del sector se llevaron a cabo numerosas transacciones ilícitas en este sector sin que la nación lo supiese. Se dieron contratos a dedo a Wilmer Ruperti y otros contratistas, a los bolichicos por equipos de segunda mano, a Petrosaudí por dos gabarras inservibles, a Petromarine por la gabarra Aban Pearl, a empresas fantasmas de perforación en tierra, se contrataron seguros a través de su primo Diego Salazar Carreño; la empresa trató de contratar una venta fraudulenta de petróleo venezolano a la compañía Free Market Petroleum, de un político estadounidense; se contrataron préstamos ruinosos y fraudulentos con empresas de corruptos banqueros venezolanos, se le regalaron a Cuba unos 30.000 millones de dólares en petróleo subsidiado, se importaron 2.000 contenedores con alimentos podridos a través de PDVAL, se manejó sin transparencia el dinero del Fondo Chino, fue acusado por el Wall Street Journal de tratar de extorsionar a empresas españolas, saquearon el fondo de los trabajadores de la empresa, en fin, toda una serie de fraudes y crímenes gerenciales contra la empresa petrolera de la nación. El detalle sobre estos desmanes puede verse en el libro Quién destruyó a Pdvsa, editado por el suscrito y Sergio Sáez.
En realidad, toda la discusión sobre la licencia de Chevron es solo una excusa que utiliza Ramírez para “sonar presidenciable”, pues aspira a ser presidente de Venezuela, como si los venezolanos no supiesen quién ha sido este personaje. Mucho de lo que dice sobre la licencia de Chevron es inútil puesto que quien paga dividendos, regalía, etc., en Venezuela no puede ser Chevron como empresa, sino que debe ser la empresa mixta en la cual Pdvsa tiene la mayoría de las acciones.
Dice Ramírez que lo grave de la licencia es que podría estimular reclamos de otras empresas como Crystallex, “que sienten que el gobierno les debe”. Se equivoca Ramírez. No es que sienten que el gobierno les debe, es que les deben mucho dinero, ya que ganaron los juicios y arbitrajes en tribunales internacionales.
Ramírez culpa a Maduro por haber endeudado a Pdvsa, lo cual es un descaro de su parte, puesto que durante su presidencia se endeudó Pdvsa en miles de millones de dólares de Japón, de Chevron, de China, de Rusia. Lo más criminal es que Pdvsa fue endeudada para entregarles a Cuba y a sus aliados ideológicos dinero en efectivo y petróleo altamente subsidiado, así como para financiar la candidatura del agonizante Hugo Chávez (como lo admitió Jorge Giordani).
En la entrevista Ramírez critica la crisis de los combustibles puesto que el sistema de refinación, dice, solo opera a 10% de su capacidad. Pero no dice que fue durante su presencia en la empresa que estalló la refinería de Amuay por falta de mantenimiento, que se comenzó a importar gasolina en volúmenes crecientes, que se olvidó el mantenimiento de los mejoradores en la faja, lo cual ha llevado a la necesidad de importar diésel del otro extremo del mundo, Irán, para mezclarlo con el crudo pesado de la faja. ¡Qué desfachatez tiene este personaje!
Mientras Ramírez acusa a Maduro de entregar a los iraníes la refinería de El Palito, olvida que, durante su presidencia, en 2009, contrató a la podrida empresa Odebrecht y a una empresa china para modernizar la refinería de Puerto La Cruz, empresa cuyo presidente estaba en la cárcel por corrupto. En Puerto La Cruz nada se hizo.
Con Ramírez la empresa comenzó a producir yuca y pollos, a hacer adoboncitos, a contratar viviendas que se caían a los días de ser entregadas y a contratar tanqueros en varios países del mundo, ninguno de los cuales navega hoy. En el informe de Pdvsa para 2010 se habla de 2.500 hectáreas dedicadas a sembrar yuca y una producción de 922 toneladas de pollo, ver: https://www.elcato.org/venezuela-el-curioso-informe-anual-de-pdvsa-para-2010. Ese año Pdvsa invirtió 9.000 millones de dólares en sus operaciones petroleras mientras que la competidora ExxonMobil invertía 30.000 millones de dólares. Ello nos da una idea del grado de desinversión de la empresa manejada por Ramírez. Claro, el dinero iba a Chávez. Se estaba ordeñando a Pdvsa y ello llevó a su colapso algunos años después.
Cuando se le pregunta a Ramírez qué haría si tuviese de nuevo en sus manos la industria petrolera, dice que “tomaría el control de la producción… porque el petróleo es un problema político, no técnico”. Añade que basaría el aumento de la producción “en la faja del Orinoco”. No ha aprendido nada si piensa que el petróleo no es un problema técnico, no es un problema de gerencia, no es un problema de capitales de gran volumen, sino puramente político. ¡Qué ignorancia! No ha aprendido nada si piensa que el incremento de nuestra producción debe basarse en la faja del Orinoco, petróleo altamente contaminante que tiene la desventaja de requerir grandes inversiones para su comercialización.
Ramírez nos advierte en contra de El Aissami, con lo cual concuerdo y nos recuerda que ese personaje está sancionado y buscado, pero olvida mencionar que él también está siendo investigado y que ya varios de los miembros de su entorno están presos o buscados activamente por la justicia internacional por lavadores de las grandes sumas de dinero sustraídas de sus fechorías en Pdvsa.
La entrevista sirve a Ramírez de vehículo para adelantar su posible candidatura presidencial. Se necesita mucha desvergüenza para pretender ser presidente de un país que ha contribuido a arruinar. Ramírez destruyó a Pdvsa, la convirtió en una quincalla, generó políticas ruinosas, sus decisiones llevaron a demandas que obligan a la nación a pagar miles de millones de dólares. Ramírez es candidato para ser enjuiciado, no para ser presidente. Busca el poder para vengarse de Maduro, como si la suerte de la nación venezolana dependiese de una riña entre dos reptiles del mismo pantano.
16/12/2022:

Rafael Ramírez 
NINGÚN GOBIERNO SERIO HABRÍA ACEPTADO LOS TÉRMINOS PARA QUE CHEVRON OPERE EN VENEZUELA

En entrevista con El Nacional, el exministro de Petróleo expuso las razones por las cuales la Licencia General 41 transgrede la ley. También se refirió a las elecciones de 2024, a lo que haría para recuperar Pdvsa y al conflicto que surgió con la hija de Hugo Chávez
Karina Villarreal @DeisyKarina8 
El 26 de noviembre, el mismo día en que se reanudaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 41, que autoriza las operaciones de Chevron en Venezuela. Sin embargo, la licencia establece una serie de términos dirigidos a evitar que el gobierno de Nicolás Maduro salga beneficiado de las operaciones de la petrolera estadounidense, por lo que se prohíbe expresamente cualquier tipo de pagos al Ejecutivo venezolano. En ese sentido, El Nacional entrevistó a Rafael Ramírez, exministro de Petróleo entre 2004 y 2013, uno de los personeros más cercanos a Hugo Chávez.
Ramírez repudió que el gobierno de Maduro, por medio del ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, aceptara las condiciones de la Licencia General 41. Considera que por un lado se transgrede la Constitución, y por el otro la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
«Yo pensé que el gobierno iba a decir que no. Cualquier gobierno serio no lo hubiera permitido. El de Chávez no lo hubiera permitido, ningún otro gobierno venezolano lo hubiese permitido. Cuando el gobierno de Maduro acepta esa licencia para Chevron producir petróleo en Venezuela, se está desconociendo la Constitución y las leyes», indicó.
El exministro enumeró las condiciones expuestas en la Licencia General 41 que configuran transgresiones a las leyes venezolanas.
EE UU autorizó a Chevron a reanudar operaciones de extracción en Venezuela
1. Un problema de soberanía
En primer lugar, Ramírez explicó que el hecho de que un país extranjero establezca la manera en que una compañía petrolera va a operar en Venezuela conforma una irregularidad.
«La licencia a Chevron es otorgada por un país extranjero para que opere en nuestro país. En Venezuela la producción de petróleo, siendo un tema vinculado a la soberanía, se  define por nuestras leyes. Y por ser tan importante para la nación, el documento central del tema petrolero es la misma Constitución. El artículo 302 reserva las actividades petroleras al Estado venezolano. Además establece que el petróleo es propiedad de los venezolanos y del Estado», expuso.
«Nosotros no vamos a Estados Unidos o a China ni a ningún lado y le decimos cómo vamos a sacar su petróleo ni ninguno de sus minerales», agregó.
La Licencia General 41 emitida por el Departamento del Tesoro prohíbe que Chevron pague impuestos al gobierno de Nicolás Maduro
2. Desconoce la figura de las empresas mixtas establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos
«La licencia 41 dice que Chevron y las asociaciones de Chevron pueden producir y exportar petróleo por su cuenta. Eso es ilegal. Ninguna empresa puede ni producir ni exportar petróleo venezolano por su cuenta porque la Constitución reserva la actividad petrolera al Estado venezolano«, indicó el exministro.
Añadió que dada esa disposición constitucional, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece la figura de las empresas mixtas que, como dijo, «es la única forma en que un privado puede participar en la producción de petróleo en Venezuela».
«Y en las empresas mixtas la característica fundamental es que Pdvsa tiene el control y tiene la mayoría», destacó.
Enfatizó que debido a esas normativas Chevron participa en dos empresas mixtas. Se trata de Petropiar, en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde Pdvsa tiene 70% de la propiedad; y Petroboscán, en el occidente, donde Pdvsa tiene 60% de la propiedad.
«Es decir, Chevron no puede producir por su cuenta en Venezuela. Nadie puede llegar en una empresa cualquiera, comenzar a producir petróleo y llevárselo al patio de su casa. No, eso no es así. Tiene que estar autorizado y conformado en una empresa mixta», recalcó Ramírez.
«Lo bonito de las empresas  mixtas, como están establecidas en nuestra ley, es que los contratos son públicos. El petróleo por ser tan importante para la economía nacional es un asunto de interés  público. Nadie puede firmar contratos escondidos. El Aissami no puede encerrarse con el gerente de la Chevron a firmar unos contratos sin que el país se entere», dijo.
El exministro aseguró que durante su gestión frente a la cartera petrolera se conformaron 31 empresas mixtas. Y destacó que todas ellas se constituyeron tras la respectiva discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.
«Es decir, esa es una cuestión que se discute de cara a los venezolanos y los contratos son públicos. Entonces Chevron no puede venir aquí y llevarse el petróleo como Pedro por su casa y llevárselo a donde quiera. No, tiene que ser una empresa mixta donde Pdvsa tiene  el control», insistió.
3. Sin regalías
Por otra parte, el exministro consideró como «muy grave» el que la Licencia General 41 prohíbe el pago de cualquier impuesto. En ese sentido, Ramírez se refirió especialmente a las regalías.
«Es decir que Chevron se va a llevar el petróleo y no va a pagar regalías. Eso es muy grave. Las regalías se deben a que, insisto, nosotros, los venezolanos, somos los dueños del  petróleo. Así que cualquier barril que salga del país tiene que pagar una tasa, que  en nuestro caso es de 33,3%. No se puede producir petróleo sin pagar esa tasa. No se puede. Es ilegal», dijo tajantemente.
«Por eso no tiene sentido cuando dicen ‘no, es que Pdvsa le está pagando una deuda a Chevron’, no. Pdvsa puede tener las deudas que quiera con Chevron, pero del petróleo producido 33% es del Estado venezolano. ¿Para qué? Bueno para pagar salarios mínimos, para pagar educación,  para el funcionamiento del Estado», manifestó.
Ramírez indicó que en 10 años de su gestión se recibieron 450.000 millones de dólares en regalías.
«Es decir que eso es de lo que ha vivido el país siempre. Sin regalías, sin ingresos petroleros, el país está como está ahora: quebrado», expresó.
4. Sin ISLR
Y dado que se prohíben todos los impuestos, además del asunto de las regalías, Chevron tampoco pagará el impuesto sobre la renta (ISLR), que, como explicó Ramírez, es de 50% para las actividades petroleras.
«Es la tasa más alta que hay en el país porque se trata de petróleo. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿a cuenta de qué nosotros, los venezolanos, no vamos a participar de las ganancias del mejor negocio del mundo? Chevron en el último trimestre del año ha ganado más de 9.000 millones de dólares ¿Por qué van a ganar con nuestro petróleo sin pagar impuestos a los venezolanos? Es un tema de soberanía», cuestionó.
Recordó que la primera vez que se establecieron impuestos a la actividad petrolera fue en 1943 con la Ley de Hidrocarburos de Isaías Medina Angarita.
«Y estamos cobrando regalías desde Juan Vicente Gómez, que se las cobró a las trasnacionales. Es decir, esto de ahora nunca había pasado en Venezuela«, recalcó.
5. Sin dividendos para Pdvsa
«Para concluir, la licencia dice que no le puede dar dividendos a Pdvsa. Es decir, Pdvsa tiene la mayoría accionaria en Petropiar y en Petroboscán pero no puede recibir nada. Es decir, ellos (Chevron) operan en nuestro territorio, con nuestras instalaciones, con nuestro petróleo, pero no podemos recibir nada por esa operación. Es absolutamente ilegal», señaló.
Reiteró que pensaba que el gobierno de Maduro se negaría a aceptar esos términos.
«Pero no. La sorpresa es que El Aissami, que ha fracasado con sus objetivos como ministro de Petróleo, aceptó los términos y firmaron unos documentos secretos que nadie sabe qué significan ni qué quieren decir. Pero aquí el único que ha hablado claro es el Departamento del Tesoro, y dijo clarito que no van a pagar impuestos ni las regalías y que Chevron se lleva el petróleo de Venezuela. Y eso es un gran crimen contra el país», señaló Ramírez.
6. Un precedente
Al preguntarle si teme que ese tipo de acciones puedan sentar un precedente que incentive a otras compañías a ejercer acciones similares, Ramírez contestó que en efecto considera que esa es la intención detrás de la Licencia General 41.
“En términos de volumen no son más de 260.000 barriles diarios (lo que va a producir Chevron en Venezuela). Eso no es nada. Estados Unidos está por llegar a 13 millones de barriles de petróleo al día. No necesita eso que va a producir Chevron en Venezuela», dijo.
«Pero lo que sí necesita es que este gobierno, que está desesperado, siente un precedente que es horrible porque entonces todas las transnacionales van a venir a tocar la puerta y decir: ‘mira, Pdvsa, Venezuela, págame con tu petróleo’. Ahí estaría Crystallex y todas las empresas que sienten que el gobierno les debe y se llevarían todo el petróleo del país».
Aseguró que eso sería ilegal porque la Constitución establece que las reservas de petróleo son imprescriptibles e inalienables.
«O sea, nadie puede pagar deudas con unas reservas que son de todos los venezolanos. Nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencia de unos malos tratos que hizo Maduro que endeudó a Pdvsa», dijo el exministro de Petróleo.
El Nacional también conversó con Ramírez acerca de la situación de Pdvsa, especialmente en el entorno de una marcada escasez de gasolina.
El exministro dijo que tiene reportes de grave escasez de combustible en todo el país, y afirmó que eso se debe a que el sistema de refinación está operando solamente a 10% de la capacidad.
«Nosotros tenemos una capacidad instalada de refinación, con el Complejo de Refinación Paraguaná, las refinerías de San Lorenzo, Puerto la Cruz y El Palito, de 1,2 millones de barriles diarios», indicó.
Y señaló que en 2013, su último año de gestión, se refinaban 1,1 millones de barriles diarios (bd). De esa cifra, 600.000 barriles de productos refinados se dirigían al mercado interno y el resto se exportó.
«Es decir que Venezuela era un país que satisfacía la demanda interna y todavía exportaba, sobre todo a Estados Unidos y el Caribe. Pero luego de nueve años de dirección de Pdvsa por parte de Maduro, ahora las refinerías están de a toque. Yo estimo que están a 10% de su capacidad. Se refina un máximo de 150.000 bd. Por eso es que cuando falla alguna de las unidades de Amuay, que es un gran productor de combustible, de inmediato se siente la escasez en todo el país», explicó Ramírez.
Y destacó que eso sucede pese a los envíos de gasolina de Irán a Venezuela.
«Todo pese a los innumerables  anuncios que ha hecho el gobierno de que ahora sí van a recuperar el sistema de refinación. Eso es una incapacidad. Eso no tiene nada que ver con las sanciones ni nada de eso», dijo.
Consideró que esa incapacidad queda evidenciada al contrastar con la reactivación de la industria tras el paro petrolero de 2002.
«Cuando el sabotaje petrolero en 2002, nuestras refinerías fueron  paralizadas y nosotros logramos restablecer las operaciones en apenas tres meses con tecnología propia. Este gobierno ha sido incapaz de manejar las refinerías», indicó.
«Ahora, de manera ilegal, han entregado la refinería de El Palito a los iraníes. Sacaron a todos los trabajadores de allí y metieron a puros técnicos y empresas iraníes. Pero eso no funciona porque nuestras refinerías son de tecnología estadounidense. Esta gente no pega una», agregó.
Ramírez consideró que cuando escasea la gasolina, el gobierno de Maduro sacrifica a los ciudadanos que pagan en bolívares a montos subsidiados, y no tanto a los que pagan a precios internacionales.
«Estos picos, estos sube y baja de escasez indican que el sistema no está estabilizado para nada, no solamente en la gasolina, sino en el gas y la producción de petróleo. El último reporte de la OPEP indica que Venezuela produce solamente 695.000 barriles de petróleo al día. Si a eso le quitamos 100.000 barriles de petróleo iraní, lo que hay es una producción de unos 590.000 bd, que eso es el nivel mínimo», expuso.
«Cuando yo llegué a Pdvsa veníamos del sabotaje petrolero. Producto del sabotaje en enero de 2003, la producción cayó a 23.000 bd de petróleo; no había refinación, todas las refinerías estaban paralizadas y no encontrábamos petróleo porque nuestros buques fueron bloqueados en el exterior», dijo Ramírez.
«Yo asumí Pdvsa en 2004. Desde allí hasta 2013, mi último año allí, nosotros produjimos 3 millones de bd, todos los días de todos esos años. Eso fueron más de 1.000 millones de barriles de petróleo cada año. Y eso se sentía en el país por los ingresos. Logramos ingresar cada año por las exportaciones petroleras 120.000 millones de dólares», aseguró.
Indicó además que en toda esa época el sistema de refinación estuvo funcionando el máximo.
«Dejamos una empresa muy sólida, una empresa de 285.000 millones de dólares de valores activos. Y el último año, el 2012, ingresamos al país 130.000 millones de dólares. Todos estos estados financieros se auditaron y se presentaron hasta que este gobierno paralizó publicaciones de Pdvsa en 2016», precisó.
«Cuando en Venezuela no hay petróleo de inmediato se siente»
Ramírez reiteró que siendo Venezuela un país de tradición petrolera, el estado de esta industria impacta de manera inmediata en la calidad de vida de los ciudadanos.
«Una cosa que yo siempre digo es que cuando en Venezuela hay petróleo todo está tranquilo; cuando no hay petróleo, se siente, la gente siente en la calle que no hay dinero, que no hay combustible, que no hay gas, porque desde los años 40 es nuestra principal fuente de ingresos», indicó.
«La mayor demanda de petróleo en la historia de la humanidad»
Señaló que el petróleo seguirá siendo por mucho tiempo el principal recurso energético del mundo, pese a las intenciones globales de generar un transición ecológica.
«Hay mucha gente que dice que el petróleo es malo. No, el petróleo no es malo, lo que es malo es el cambio climático pero el petróleo no lo es. En el mundo en este momento la demanda de petróleo está en 100 millones de bd. Es el nivel de petróleo más alto de la historia de la humanidad, así es que el petróleo va a seguir siendo usado por muchos años más. A pesar de la transición ecológica va a seguir siendo el petróleo el recurso más importante», dijo.
Afirmó que a los países petroleros que han tenido la habilidad de mantener su industria petrolera, como los árabes y los argelinos, les va muy bien actualmente.
«Venezuela, en este momento en que ha habido unos precios extraordinarios del petróleo, no ha podido ingresar esos recursos al país. Al contrario, estamos muy mal económicamente», lamentó.
Lo que haría Ramírez para recuperar la industria  petrolera venezolana
Preguntado sobre el hipotético caso de que volviera a estar a cargo de la industria petrolera venezolana, Ramírez contestó que lo primero que haría sería retomar el control de la producción y de a quién se le vende.
«En este momento nadie en el país sabe cuánto se vende ni a quién. Aquí un señor con una libretica es el que tiene una lista de a quién se le vende petróleo y a quién no. Eso no debe ser así. Lo primero que tiene qu e hacer un país es saber a quién le vende petróleo y a qué precio«, dijo.
El exministro de Petróleo durante el gobierno de Hugo Chávez estima que las refinerías trabajan solo a 10% de la capacidad instalada
«Si ahora nosotros producimos 500.000 bd, destinamos 100.000 al mercado interno, supongamos que exportamos 400.000 bd. Eso no está nada mal para los precios actuales. La muestra es que Ecopetrol más o menos produce esa cantidad de petróleo y ha recibido este año más de 30.000 millones de dólares en ingresos. Han sido ingresos extraordinarios. Así que no es una mala cantidad para empezar a trabajar. Entonces, lo primero que haría es ver a quién se le está vendiendo nuestro petróleo y retomar el control de los precios, es decir que se venda sin descuentos.  Actualmente se vende a 40% de descuento», explicó.
Afirmó que también haría que se lleve la cuenta de cuánto obtiene el país por impuestos y regalías.
Desmilitarizar Pdvsa
«Lo otro es que haría es poner en Pdvsa a gente que conozca del sector. Hay que desmilitarizar Pdvsa. Desde que pusieron a Manuel Quevedo (ministro del Petróleo entre 2017 y 2020) todo eso está lleno de militares. Funciona como una alcabala. Lo que le hacen a la gente en las alcabalas es lo mismo que están haciendo con el petróleo. Entonces, no: los militares a sus cuarteles, que nosotros tenemos bastantes ingenieros, bastante administradores capaces de dirigir la empresa. Hay que poner gente que sepa de petróleo en la junta directiva», expresó.
Recuperar la producción
Ramírez añadió que otra acción que emprendería de forma inmediata es elaborar un plan para recuperar la producción, basándose fundamentalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco y el norte del estado Monagas.
«Tenemos la ventaja de que el petróleo esté allí, no se ha ido a ningún lado, no se ha agotado. Hay zonas del país como la Faja Petrolífera del Orinoco y el norte de Monagas que son fáciles de producir porque son zonas nuevas y que están en tierra. En el lago de Maracaibo también se puede producir, pero es un poco más complejo porque se necesitan embarcaciones y asuntos técnicos», dijo.
«El problema de la producción de petróleo en Venezuela no es un tema técnico, es un problema político. El problema de Pdvsa es que está en manos de un gobierno al que no le duele, que la ha convertido en su negocio particular, y los venezolanos son los que están sufriendo las consecuencias de esta mala dirección», señaló.
Ramírez: «El Aissami es un fracasado»
Rafael Ramírez se refirió a Tareck el Aissami, de quien dijo: «Hay que destituirlo de inmediato».
«El Aissami es un fracasado. Es que yo nunca pensé que iba a tener éxito. Lo conozco, él es un criminalista que no tiene ningún tipo de experiencia de trabajo sino que siempre ha estado en los ministerios. Lo pusieron al frente de Pdvsa no sé con qué propósito. Pero obviamente está fracasado porque desde que está prometiendo que iba a producir 2 millones de bd, más bien la producción ha retrocedido», critic
Destacó que sobre el actual ministro de Petróleo pesan sanciones internacionales y es buscado por la justicia estadounidense, que ofreció recompensas por él.
«No se puede reunir con nadie, está sancionado, tiene orden de captura, su cabeza tiene precio. Se necesita tener una dirección petrolera que tenga credibilidad y que tenga autoridad, en el sentido de que sepa de lo que está hablando. Yo me pongo a ver, por ejemplo, los mensajes de El Aissami en las reuniones de la OPEP y eso da risa. Nadie entiende lo que él está diciendo, puras frases comunes», expresó Ramírez.
OPEP
Respecto a la OPEP, Ramírez indicó que «Venezuela no importa nada en la organización. La invitan porque es miembro fundador».
Recordó que en 2008 Venezuela era el cuarto país productor de la OPEP, por lo que su opinión era considerada como importante.
«Ahora no le importa a nadie. Venezuela ha perdido su posicionamiento geoestratégico. Ahora somos un paria que no produce nada y que a nadie le importa y que no puede tomar ventaja de una situación petrolera extraordinaria. Todo este año los precios han estado por los 100 dólares el barril, y Venezuela está al margen de eso porque esta gente (Maduro) destruyó la empresa», dijo.
Elecciones presidenciales
Para el proceso electoral que corresponde efectuar en 2024 para elegir presidente, y ante las advertencias de que se podría adelantar según declaraciones de Diosdado Cabello y Maduro, Ramírez opinó que «ellos son unos fanfarrones».
Afirmó que los dos máximos dirigentes del PSUV se aprovechan del control que poseen del país para amenazar.
«Yo creo que en cualquier circunstancia en unas elecciones el gobierno será derrotado pero de calle. Le vamos a dar una goleada porque este es un gobierno que lo ha hecho muy mal. Ha sido el peor gobierno en la historia de Venezuela, peor que cualquiera, y ellos lo saben. Por eso es que van a hacer todo lo posible o para no hacer elecciones o hacer unas chucutas», dijo.
Ramírez como candidato presidencial
Se refirió a su intención de presentarse como candidato presidencial, tras lo cual detuvieron a su hermano Fidel Darío Ramírez en septiembre acusándolo de corrupción utilizando un banco de Andorra.
«No puede ser que yo exprese mi intención de candidatearme y entonces me acusen de todo, y que se lleven preso a mi hermano Fidel que no tiene nada que ver con política. Se lo llevaron preso en forma de represalia», dijo Ramírez al respecto.
Sin embargo, considera que se debe procurar que se efectúen las elecciones porque, cree, debido al descontento, de cualquier manera Maduro saldrá derrotado.
«No puede ser que cualquier líder de la oposición que diga que quiere ser presidente lo inhabiliten. Entonces, ¿qué elecciones son esas?  Ahora, yo estoy convencido de que si todos los venezolanos ponemos una opción unitaria para derrotar a Maduro, él no gana ni siquiera una junta de condominio. A Maduro nadie lo quiere, tienen que buscarse otro candidato a ver si tienen chance porque el gobierno tiene mucho rechazo. Es que acabaron con el país, destruyeron la industria petrolera, destruyeron la economía, acabaron con el bolívar, acabaron con la unidad de nuestro pueblo, siete millones de muchachos se fueron del país, los viejitos y los familiares que se quedaron viven de las remesas. Entonces, por Dios, ¿van a seguir gobernando?», expresó.
Afirmó que hay que exigir que se cumpla la Constitución. Y criticó la actitud de la delegación opositora que participa en la negociación en México.
«Yo no entiendo por qué esos grupos opositores que van a México están todos calladitos, no tienen iniciativa. Hay que exigir a Maduro que cumpla la Constitución, que haya elecciones.  No importa incluso que ellos tengan el control del CNE, tiene que haber un equilibrio, por supuesto, pero no hay que esperar condiciones perfectas porque van a ser tantos los votos en contra de Maduro que no lo van a poder ocultar», indicó.
Insistió en la necesidad de que se establezca un gobierno que incluya a todos los sectores.
«Hay que dejar atrás la peleadera de grupos. Lo importante es que el pueblo se movilice y sobre todo que los jóvenes se expresen. Ya Maduro tiene nueve  años en el poder. Hay jóvenes que tienen ahora alrededor de 20 años que van a votar; los de 18 años que por primera vez van a votar tenían 9 años cuando llegó Maduro. ¡Oye, ya, necesitan un cambio!», expresó.
Sobre si mantiene su intención de ser candidato pese a que el gobierno de Maduro solicita su extradición desde Italia, respondió: «Que yo pueda ser candidato o no va a depender de las condiciones reales. Pero yo voy a seguir siendo chavista. Y eso es lo que a ellos les da miedo porque ellos dicen ser chavistas y realmente son antichavistas. Siguen manipulando la figura de Chávez, pero si él estuviera vivo ya les hubiera dado un golpe de Estado, los hubiera metido presos porque han destruido el país. Yo que trabajé 12 años con Chávez he visto con dolor cómo todo lo que se hizo en favor de la gente, de las misiones sociales, del petróleo, de la economía, todo eso se vino abajo».
Respuesta de Rafael Ramírez a María Gabriela Chávez
En la entrevista se conversó sobre la polémica que surgió a finales de noviembre cuando María Gabriela Chávez criticó que se utilizara la imagen de su padre en forma de una caricatura de superhéroe. Tras lo cual Ramírez expresó su apoyo a la hija de Chávez y a lo que ella respondió acusando al exministro de delincuente.
María Gabriela Chávez a Rafael Ramírez: «No quiero el apoyo de un delincuente»
«Ese fue un mensaje horrible de parte de ella. Uno no sabe ni siquiera si ella lo escribió. Fue una cosa vulgar y baja», indicó Ramírez.
Y reiteró su rechazo por el uso de la imagen del presidente fallecido de forma caricaturesca.
«En todo caso, Chávez no es un muñequito de esos que está haciendo (Rafael) Lacava o Maduro o El Aissami, Chávez es un sentimiento que está en el seno del pueblo, le guste a alguna gente o no», dijo.
«El chavismo no es una franquicia, no le pertenece a nadie por mucho que lleve el apellido; el chavismo es una idea política. Yo estuve 12 años trabajando con el presidente Chávez, fui el ministro que más tiempo duró al lado del presidente. Y conozco mejor que nadie el legado de Chávez y por eso lo defiendo. Y por eso se me han venido encima todos los demonios. Pero no me importa, yo creo que un hombre debe ser leal  y honesto con sus ideas, sobre todo si esas ideas contribuyen al pueblo. Por eso yo no voy a levantar nunca mi voz ni mi mano contra la familia de Chávez, sus hijas. Lamento mucho lo que ha sucedido, pero yo respeto mucho a Chávez y no voy a caer en un show con María Gabriela ni con nadie», concluyó.
14/12/2022:

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