Luis Barragán, Apuntaje: Poder Judicial

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martes, 1 de septiembre de 2026

La reconstrucción del Estado

DISOLUCIÓN JUDICIAL: AUDITORÍA DE UN PROCESO

En nada debe extrañar que el proceso de disolución social en Venezuela, advertido en los tempranos años ochenta del siglo anterior, auspiciando el ascenso al poder del llamado chavismo, haya consumado sus consecuencias en el específico ámbito judicial para consolidarlo e, inevitable, agotarlo en la presente centuria. El poder político que se hizo despótico y luego disolvente, no merece una explicación a través de sus episodios, anécdotas y vicisitudes aisladas, sino mediante el cumplimiento de un itinerario cínico, complejo, paciente, y - ¿cabe alguna duda? – exitoso tan urgido de una perspectiva de análisis, documentación y profundidad, sobre la pérdida de la independencia judicial en Venezuela y la quiebra misma de la más elemental noción de justicia, universalizado mediante categorías muy rigurosas que superen el trillado discurso de los días que corren.

Hablamos de una herramienta de interpretación que permita adentrarse eficazmente en el problema, explorando y comprobando todas sus manifestaciones, añadido un lenguaje que sustituya los eufemismos que pueblan a la opinión pública, abundando la vocería improvisada. Es tiempo que todas las organizaciones políticas y sociales del país asuman una discusión evidentemente impostergable y de interés común a las puertas de una probable solución que solo la transición puede perfeccionar.

Por ello, experto, pertinente y denso para abordar responsablemente tan perverso fenómeno es el reciente libro de Luis Manuel Marcano Salazar: “El paradigma de disolución judicial: cómo la pérdida de la independencia judicial socava la estabilidad democrática”, publicado bajo el prestigioso sello chileno El Jurista Ediciones Jurídicas, con prólogo de Luis Almagro y presentación académica de Jörg Alfred Stippel. Fiel testimonio de un exilio académicamente productivo, en medio del dolor de las distancias, el autor hace perfectamente inteligible la materia, no se limita a señalar que hubo la captura, partidización o subordinación del órgano del Poder Público, sino que propone toda una secuencia - debilitamiento, deterioro, fractura – aportando un novedoso paradigma de análisis. Valga acotar, no poca cosa, paradigma que resuelve un punto ciego al introducir la dimensión judicial en la explicación que dan Steven Levitsky y Lucan A. Way del denominado autoritarismo competitivo.

La destrucción de una capacidad tan indispensable como es la relacionada con la justicia de cara a la reconstrucción del Estado en Venezuela, amerita de una inaplazable experiencia democratizadora como la vemos con una extraordinaria claridad en la acuciosa, novedosa y aguda auditoría hecha por Marcano Salazar. El poder político debe volver a sus justas, proporcionadas y genuinas magnitudes, porque – exacerbado y voraz – no puede, sin autodestruirse, arbitrar caprichosamente los conflictos, interpretar la norma, autolimitar su propio poder, ofrecer seguridad jurídica, garantizar derechos, castigar imparcialmente a los criminales, y – una clave insoslayable – suscitar confianza; todo esto, sin incurrir en un suicidio institucional que a la vuelta de la esquina se hace definitivamente político con el colapso.

Incluso, aparentando una amplitud democrática que la fórmula oferta, la elección popular de los jueces como ha acontecido en Bolivia y, ahora, en México, constituye un descarado ardid populista que hace de la disolución judicial una apuesta segura. Forma parte de un repertorio plebiscitario que, entre nosotros, le ha dado solo alcance a la justicia de paz, un nivel más modesto porque ya se ha consagrado el control absoluto en la administración de justicia con consecuencias cada vez más necesarias de atajar, pues facilita el tránsito fatal del autoritarismo competitivo al pleno, aunque personalmente creemos que desemboca paulatina pero seguramente en la desintegración real del Estado.

Impensable que la destrucción de la judicialidad compagine con – así sea - una mínima realización de la democracia, como bien lo ejemplifica Luis Manuel: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en beneficio del ocupante de Miraflores, osó invadir las competencias de la Asamblea Nacional, sustituyéndola funcionalmente, y la fractura pasó de lo incidental a lo estructural. La Sala Electoral declaró en desacato en 2016 a la corporación legislativa electa el año anterior, y la Sala Constitucional secuestró las competencias que son privativas del parlamento en 2017.

Ensayando con el paradigma en cuestión, el poder despótico utiliza la justicia, pero no puede destruirla inmediatamente porque necesita conservar una capacidad mínima de funcionamiento; luego restringe progresivamente el universo de quienes reciben protección y confianza, hasta convertir la justicia en un mecanismo de supervivencia de los propios grupos de poder. Según nuestro modesto ejercicio, el beneficio se redujo a la nómina funcionarial y contractual del Estado y después al sector gubernamental dominante: por ejemplo, ha pasado de absolver a todo evento a sus partidarios, utilizando posteriormente el estrado penal para dirimir igualmente las diferencias entre grupos, corrientes o tendencias que tienden a compactarse en dos o tres bloques de supervivencia en los elencos de poder.

Apuntamos a una inevitable dinámica de descomposición asociada a la violencia que también tercia para frenarla, pero - verbi gratia, PDVSA y su trama de corrupción – todo conduce a la fractura estructural del sistema que pasa del autoritarismo competitivo al pleno. No obstante, conquistado un régimen de obediencia anticipada, ¿deriva en un autoritarismo consolidado o en la desintegración estatal como respuesta inexorable?

La obra, por cierto, muy bien escrita, es portadora de un llamado de prevención para el resto del continente. Entonces, no basta hoy con la excarcelación de todos los prisioneros políticos en nuestro país, la revisión de casos como el de la juez Afiuni o la designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal de la República bajo el trámite de la consabida mesa de negociación: encontramos en el paradigma de Marcano Salazar una extraordinaria guía para la reconstrucción judicial del Estado.

Composición gráfica: IA/lb, portada del libro y pesista cual dama de la justicia:

https://apuntaje.blogspot.com/2026/08/equilibrio-para-tomar-impulso.html

01/09/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/09/disolucion-judicial-auditoria-de-un-proceso/

https://www.eastwebside.com/luis-barragan-disolucion-judicial-auditoria-de-un-proceso.html

lunes, 16 de septiembre de 2024

Prueba de fuego

ABC, Madrid, 16/09/2024.

sábado, 24 de agosto de 2024

Del inútil alegato surrealista

LAWFARE... O LEY DEL EMBUDO

Hermann Alvino

1- Tal vez el factor más influyente en el paulatino desapego del ciudadano hacia las instituciones democráticas sea su desconfianza en el poder judicial de su país. Esa bajísima valoración se suma a la del poder ejecutivo y legislativo, dejando algo de benevolencia –dependiendo de cada país- hacia las fuerzas armadas y una que otra institución religiosa, aunque sobre esto último también habría que elaborar…

2- Porque un ciudadano sabe que en una democracia siempre llegará el día de la rendición de cuentas para sus gobernantes y legisladores, y así premiarlos con la reelección –cuando ello lo contempla la Ley- o castigarlos por su mala gestión eligiendo a otros, con la esperanza de que lo hagan mejor que sus predecesores; pero lo que no está al alcance ciudadano es la elección de los jueces, porque ello en casi todas las constituciones es una atribución directa y combinada entre el ejecutivo y el parlamento.

3- Claramente, cuando la desconfianza hacia “los políticos” supera cierto umbral y el ciudadano se percata que “esos políticos” son los mismos que escogen los integrantes del poder judicial, entonces éstos de antemano serán objeto de desconfianza, y cuando con el tiempo se hace evidente que muchas decisiones judiciales importantes para la comunidad se ralentizan o se basan en interpretaciones torticeras de la Ley, entonces el daño a la credibilidad en el sistema democrático se incrementa enormemente.

4- Y peor se ponen las cosas cuando el ciudadano y los cuerpos intermedios de la sociedad acuden a la máxima instancia tribunalicia para solicitar se valore alguna sentencia, o Ley, que puedan contener violaciones constitucionales -para eventualmente revertirlas-, y descubran que allí también hay una interpretación interesada sobre el texto magno, dejándonos así a todos indefensos ante el poder.

5- En EEUU -un ejemplo necesario, ya que a ese país se le considera el paradigma de la democracia…-, los integrantes de su Corte Suprema de Justicia responden básicamente a dos sustratos a la hora de valorar los casos que ellos mismos aceptan estudiar. El primero es que esos miembros son propuestos por el presidente del país y que esa propuesta será sometida al parlamento para aceptar o no la nominación, algo que puede parecer sensato además de ser institucionalmente impecable. El problema surge cuando un presidente como Trump -cuya agenda no se orienta hacia el bien común sino hacia sus intereses- es quien hace la propuesta en el entendido que sus intereses son disponer de impunidad para todos sus actos de gobierno, incluyendo los que contienen clarísimas prevaricaciones, más sus intereses electorales, que en su caso se encarnaron en los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad norteamericana, donde está a la vista que allí hay racistas, cuando no esclavistas in pectore.

El resultado de esa perversa combinación fue proponer magistrados académicamente muy competentes pero muy sesgados hacia esa visión de vida ultraconservadora, que va desde las prácticas económicas hasta los derechos de las personas y familia… sin contar suz relaciones con el gran capital que les financia vacaciones de lujo, o la esposa de uno de ellos que llamó a los inspectores electorales de cada estado para que no reconocieran la victoria de Biden en el 2020.

6- El daño de esa actitud presidencial trumpiana es que sus nominados no representan a plenitud la sociedad de su país, algo que podría ser inertizado por el rechazo parlamentario, pero que se concreta justamente cuando en ese parlamento existe una mayoría ultra conservadora, y por tanto dispuesta a avalar la propuesta presidencial. Ello es terrible para cualquier sociedad, porque la última instancia defensora de la constitución se compondrá por miembros cuya elección dependerá de las circunstancias políticas que prevalezcan en el país durante algunos años, y por tanto, cuando éstas cambien, junto a las correlaciones de fuerzas parlamentarias, esos magistrados electos de por vida estarán fuera de contexto, o sea de la realidad.

7- El segundo problema, que es inevitable y de allí la necesidad de la sabiduría presidencial y la parlamentaria para concretar una Corte Suprema equilibrada, es que cada magistrado tiene una manera diferente de interpretar la constitución, como los constitucionalistas “originarios” y los “revisionistas”, esto es, quienes legislan tomando al pie de la letra un texto magno redactado hace siglos –o décadas, dependiendo de cada país-, y otros cuya lectura constitucional se realiza a la luz de la época actual. En este sentido, temas como la libertad de expresión, el porte de armas o el aborto, estarán sujetos a interpretaciones que serán muy distintas en función de esa lectura literal o incorporando del progreso social y tecnológico, y por eso es fundamental un equilibrio adecuado entre ambas visiones, para responder a las características mismas de la sociedad donde esa institución opera. Y cuando a ello se le une el marco religioso entonces todo se complica todavía más, incluso en estados aconfesionales.

Naturalmente que este análisis no solo vale para los insensatos ultraconservadores que en determinado momento disponen de ese poder presidencial y legislativo, sino también para los “progresistas” soviéticos trasnochados, o que pastorean nubes, cuyo daño es similar en la gobernanza es similar.

8- Pero al no existir ese equilibrio, por el oportunismo presidencial y parlamentario, los jueces y magistrados impuestos sectariamente actuarán en función de determinados intereses, prevaricando, aunque no les pase nada porque ellos son, justamente, quienes deciden qué es legal y qué no lo es…

Otro ejemplo de libro lo tenemos en el ciclo de poder del italiano Berlusconi, quien se lanzó a la política solo para tener protección frente a sus crímenes administrativos y su financiamiento a mafiosos, además de sus deudas corporativas. En ese caso no solamente hubo un parlamento cómplice para nombrar miembros del poder judicial, sino para directamente cambiar las leyes a favor de su líder atando de manos a los jueces honestos.

9- Por otro lado, un buen ejemplo sobre este tema -dentro de países con democracias consolidadas- se tiene en España con el retraso de años al que su Tribunal Constitucional sometió al tratamiento de un estatuto de convivencia institucional con Cataluña propiciado durante el mandato de Rodríguez Zapatero, pero también se tiene una colección de decisiones injustas por capricho de algunos jueces que han mermado la confianza ciudadana -recordando, por supuesto que a veces no son caprichos sino decisiones basadas en leyes injustas, o por lo menos mal redactadas, cuando no obsoletas, como ocurre ahora en Italia, donde los jueces no podrán juzgar a los alcaldes por abuso de poder porque los neofascistas que dominan el parlamento italiano cambiaron la ley para favorecer a su clientela tracalera, y también, más recientemente, tenemos la persecución de un juez español empeñado en inventarle un delito a la esposa del presidente de gobierno, siendo éste un caso de probable prevaricación judicial.

10- Estos episodios son lo que se ha dado por llamar Lawfare, esto es la utilización de la Ley para perseguir a quien resulta incómodo a ciertas instancias de poder, sea político o económico, teniendo en esos jueces indignos el instrumento para concretar esa persecución, cuando no represión; pero eso es con relación a democracias que se consideran estables y donde en general existe un estado de derecho suficientemente sólido como para que casi todos –nótese el “casi”- sientan que se les ha dispensado justicia, aunque a veces de manera tardía e imperfecta… porque en países con democracias que son un coladero de arbitrariedades a cargo de sus gobernantes y legisladores, y obviamente en las autocracias y dictaduras, es natural que los jueces y magistrados que impuestos por esas democracias y regímenes también cometan muchas injusticias. Yendo al pasado democrático venezolano, los más veteranos sabrán de qué se les habla cuando les recuerden aquellas “tribus” con togas. Más recientemente, tenemos el caso de El Salvador, cuyo actual presidente no podía aspirar de nuevo a ese cargo, o el caso boliviano con Evo Morales, junto a las loqueras del peronismo y su derivado kirschnerista, o algunos episodios ecuatorianos que es mejor olvidar, junto a los mexicanos, teniendo como mejor representante de la no-justicia al sistema de poder de Nicaragua y el de Venezuela.

11- Todos estos casos tienen en común el intento casi siempre exitoso del poder autocrático de modificar la constitución para perpetuarse en el poder, o imponer miembros dentro del poder judicial a todos los niveles para juzgar y condenar a la gente incómoda, o sea, lawfare llevado al extremo, que en criollo se denomina “ley del embudo”. O ambas cosas, una “ley” que es muy peligrosa para quien caiga en las redes de ese sistema diabólico, porque estará sujeto a indefensión jurídica y a que le inventen no solo los delitos por los que se le apresa sino que también un “pasado” para reforzar ese perfil criminal, como terrorista, emanador de odio, narcotraficante, etc.

En este ámbito claramente están la Fiscalía y la Contraloría del régimen venezolano, para interpretar convenientemente la Ley y para luego contar con jueces y un Tribunal Supremo que avararán (SIC) sus abusos de poder. La lista de presos y asesinados es tristemente larga, y sobre esto, naturalmente, también se podría hablar de China, Rusia, Corea del Norte, etc…

12- Pero ya fuera de la represión pura y dura chavista, el escándalo judicial más notorio de ese régimen lo protagonizó el indigno Escarrá con su torticera invención del “sobrevenido” para darle “legalidad” al mandato de Maduro recién fallecido Chávez, para adulterar los lapsos presidenciales; un escándalo que ahora ha pasado a un segundo plano con la decisión del TSJ chavista avalando el fraude electoral concebido por el CNE –organismo, por supuesto igualmente chavista-, un “lawfare” que por supuesto servirá de base para la ulterior persecución a la dirigencia opositora que se empeñe en cobrar su victoria, para que cuando la pillen le apliquen más “lawfare” interpretando la Constitución y la ley electoral a favor del régimen. El ganador de las presidenciales, Edmundo González, ya está en la mira del régimen, y salvo algún evento especial, o la presión de sus aliados sobre la inconveniencia de esta persecución hacia González, si no se va del país, podría pasarlo físicamente bastante mal.

13- Por otra parte, quienes tienen el poder para aplicar el “lawfare” están en la posición más cómoda respecto a los esbirros de cada régimen, porque ellos(as) no se ensucian las manos, y en el fondo son unos(as) cobardes que saben perfectamente que en todo momento son prisioneros de un régimen que ellos(as) mismos(as) han contribuido a crear y consolidar, y por tanto sus privilegios terminan en el mismo momento en que dejarían de prevaricar a favor de sus amos. Esperemos pues verlos pronto indefensos(as) para aplicarles el “Like a rolling stone” de Bob Dylan. Porque todo llega. Ya les tocará, y es entonces cuando habrá que aplicarles la justicia que ellos le negaron a sus víctimas, con juicios justos imputándoles sus prevaricaciones, al tiempo sw ororgarles (SIC) todos los derechos del caso para defenderse mediante argumentos que seguramente serán muy surrealistas, por decir lo menos.

24/08/2024:

https://vivalapolitica.wordpress.com/2024/08/24/lawfare-o-ley-del-embudo/

Fotografía: LB (CCS, 14/10/2023).

Bob Dylan: https://www.youtube.com/watch?v=IwOfCgkyEj0

domingo, 26 de marzo de 2023

Autoritarismo

UN LLAMADO DE ALERTA

Luis Barragán

Quizá porque padecemos el régimen venezolano, las amenazas y peligros que sufre la democracia liberal en otras partes del globo terráqueo nos parece poca cosa. Más que negligencia, la verdad es que no llegan con facilidad y transparencia las noticias de otras latitudes, facilitando el espeso ambiente de (auto) censura y bloqueo de los portales informativos.

Varios textos de un medio español (La Lectura, nr. 59 del 24/03/23), muestra la cada vez más profunda preocupación por los casos de España, Polonia, Hungría e Israel, relacionados con la pérdida o inminente pérdida de independencia del Poder Judicial. Sal Emergui, comenta que Israel no tiene Constitución y cuenta con un parlamento unicameral, restándole posibilidad al equilibrador juego de pesos y contrapesos de aprobarse la reforma judicial propulsada por el Likud y sus aliados.

El premier Benjamin Netanyahu ha intentado suavizar la propuesta de su ministro de Justicia, Yariv Levin, orientada a limitar al parlamento para nombrar a los integrantes del prestigioso Tribunal Supremo y, a la vez, permitir que la votación de una minoría simple desconozca y sea suficiente para que la Knéset anule cualquier fallo judicial. Ésta cláusula ha levantado la protesta masiva de amplios sectores israelíes, preocupando a la opinión pública internacional y, por cierto, extrañando los viejos reportajes de José Levy con los que nos familiarizamos en la televisión.

Impresiona que ocurra en Israel que, en medio de los consabidos, duros e inacabables conflictos, mantiene un régimen de libertades y democracia. Por muy grave que fuere la situación venezolana, como la es, debemos atender las aquellas facetas autoritarias que adquieren, desautorizándolas, las democracias que suponemos aliadas de una oposición que acá defiende la causa de la libertad.

Cada vez más, se extiende la literatura especializada sobre las crisis democráticas del presente siglo (Applebaum, Levitsky/Way, Naím, etc.), sin que tenga el dirigente político promedio y tan ciudadano común, como el que más, ocasión suficiente para estudiar a fondo el asunto, aunque sabemos de quienes se esfuerzan por comprender cabalmente el fenómeno. Sin embargo, nuestro llamado de atención es hacia la opinión pública opositora venezolana, aquella que depende de radio-bemba y de los medios digitales: más allá de las fronteras, hay una difícil lucha por mantener los valores occidentales de la que también somos tributarios.

Fotografía: https://elpais.com/internacional/2023-02-20/la-polemica-reforma-judicial-en-israel-llega-al-parlamento-entre-protestas.html.

Referencias: https://quepasamedia.com/noticias/decenas-de-miles-de-personas-se-manifiestan-contra-reforma-judicial-en-israel; y https://cnnespanol.cnn.com/video/israel-protestas-netanyahu-descontento-social-jose-levy-pkg-panorama-cnn/. Newpaper,, y The Week, ambos del 25/03/2023.

26/03/2023:

https://guayoyoenletras.net/2023/03/26/un-llamado-de-alerta/