Hermann Alvino
1- Tal vez el factor más influyente en el paulatino desapego del ciudadano hacia las instituciones democráticas sea su desconfianza en el poder judicial de su país. Esa bajísima valoración se suma a la del poder ejecutivo y legislativo, dejando algo de benevolencia –dependiendo de cada país- hacia las fuerzas armadas y una que otra institución religiosa, aunque sobre esto último también habría que elaborar…
2- Porque un ciudadano sabe que en una democracia siempre llegará el día de la rendición de cuentas para sus gobernantes y legisladores, y así premiarlos con la reelección –cuando ello lo contempla la Ley- o castigarlos por su mala gestión eligiendo a otros, con la esperanza de que lo hagan mejor que sus predecesores; pero lo que no está al alcance ciudadano es la elección de los jueces, porque ello en casi todas las constituciones es una atribución directa y combinada entre el ejecutivo y el parlamento.
3- Claramente, cuando la desconfianza hacia “los políticos” supera cierto umbral y el ciudadano se percata que “esos políticos” son los mismos que escogen los integrantes del poder judicial, entonces éstos de antemano serán objeto de desconfianza, y cuando con el tiempo se hace evidente que muchas decisiones judiciales importantes para la comunidad se ralentizan o se basan en interpretaciones torticeras de la Ley, entonces el daño a la credibilidad en el sistema democrático se incrementa enormemente.
4- Y peor se ponen las cosas cuando el ciudadano y los cuerpos intermedios de la sociedad acuden a la máxima instancia tribunalicia para solicitar se valore alguna sentencia, o Ley, que puedan contener violaciones constitucionales -para eventualmente revertirlas-, y descubran que allí también hay una interpretación interesada sobre el texto magno, dejándonos así a todos indefensos ante el poder.
5- En EEUU -un ejemplo necesario, ya que a ese país se le considera el paradigma de la democracia…-, los integrantes de su Corte Suprema de Justicia responden básicamente a dos sustratos a la hora de valorar los casos que ellos mismos aceptan estudiar. El primero es que esos miembros son propuestos por el presidente del país y que esa propuesta será sometida al parlamento para aceptar o no la nominación, algo que puede parecer sensato además de ser institucionalmente impecable. El problema surge cuando un presidente como Trump -cuya agenda no se orienta hacia el bien común sino hacia sus intereses- es quien hace la propuesta en el entendido que sus intereses son disponer de impunidad para todos sus actos de gobierno, incluyendo los que contienen clarísimas prevaricaciones, más sus intereses electorales, que en su caso se encarnaron en los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad norteamericana, donde está a la vista que allí hay racistas, cuando no esclavistas in pectore.
El resultado de esa perversa combinación fue proponer magistrados académicamente muy competentes pero muy sesgados hacia esa visión de vida ultraconservadora, que va desde las prácticas económicas hasta los derechos de las personas y familia… sin contar suz relaciones con el gran capital que les financia vacaciones de lujo, o la esposa de uno de ellos que llamó a los inspectores electorales de cada estado para que no reconocieran la victoria de Biden en el 2020.
6- El daño de esa actitud presidencial trumpiana es que sus nominados no representan a plenitud la sociedad de su país, algo que podría ser inertizado por el rechazo parlamentario, pero que se concreta justamente cuando en ese parlamento existe una mayoría ultra conservadora, y por tanto dispuesta a avalar la propuesta presidencial. Ello es terrible para cualquier sociedad, porque la última instancia defensora de la constitución se compondrá por miembros cuya elección dependerá de las circunstancias políticas que prevalezcan en el país durante algunos años, y por tanto, cuando éstas cambien, junto a las correlaciones de fuerzas parlamentarias, esos magistrados electos de por vida estarán fuera de contexto, o sea de la realidad.
7- El segundo problema, que es inevitable y de allí la necesidad de la sabiduría presidencial y la parlamentaria para concretar una Corte Suprema equilibrada, es que cada magistrado tiene una manera diferente de interpretar la constitución, como los constitucionalistas “originarios” y los “revisionistas”, esto es, quienes legislan tomando al pie de la letra un texto magno redactado hace siglos –o décadas, dependiendo de cada país-, y otros cuya lectura constitucional se realiza a la luz de la época actual. En este sentido, temas como la libertad de expresión, el porte de armas o el aborto, estarán sujetos a interpretaciones que serán muy distintas en función de esa lectura literal o incorporando del progreso social y tecnológico, y por eso es fundamental un equilibrio adecuado entre ambas visiones, para responder a las características mismas de la sociedad donde esa institución opera. Y cuando a ello se le une el marco religioso entonces todo se complica todavía más, incluso en estados aconfesionales.
Naturalmente que este análisis no solo vale para los insensatos ultraconservadores que en determinado momento disponen de ese poder presidencial y legislativo, sino también para los “progresistas” soviéticos trasnochados, o que pastorean nubes, cuyo daño es similar en la gobernanza es similar.
8- Pero al no existir ese equilibrio, por el oportunismo presidencial y parlamentario, los jueces y magistrados impuestos sectariamente actuarán en función de determinados intereses, prevaricando, aunque no les pase nada porque ellos son, justamente, quienes deciden qué es legal y qué no lo es…
Otro ejemplo de libro lo tenemos en el ciclo de poder del italiano Berlusconi, quien se lanzó a la política solo para tener protección frente a sus crímenes administrativos y su financiamiento a mafiosos, además de sus deudas corporativas. En ese caso no solamente hubo un parlamento cómplice para nombrar miembros del poder judicial, sino para directamente cambiar las leyes a favor de su líder atando de manos a los jueces honestos.
9- Por otro lado, un buen ejemplo sobre este tema -dentro de países con democracias consolidadas- se tiene en España con el retraso de años al que su Tribunal Constitucional sometió al tratamiento de un estatuto de convivencia institucional con Cataluña propiciado durante el mandato de Rodríguez Zapatero, pero también se tiene una colección de decisiones injustas por capricho de algunos jueces que han mermado la confianza ciudadana -recordando, por supuesto que a veces no son caprichos sino decisiones basadas en leyes injustas, o por lo menos mal redactadas, cuando no obsoletas, como ocurre ahora en Italia, donde los jueces no podrán juzgar a los alcaldes por abuso de poder porque los neofascistas que dominan el parlamento italiano cambiaron la ley para favorecer a su clientela tracalera, y también, más recientemente, tenemos la persecución de un juez español empeñado en inventarle un delito a la esposa del presidente de gobierno, siendo éste un caso de probable prevaricación judicial.
10- Estos episodios son lo que se ha dado por llamar Lawfare, esto es la utilización de la Ley para perseguir a quien resulta incómodo a ciertas instancias de poder, sea político o económico, teniendo en esos jueces indignos el instrumento para concretar esa persecución, cuando no represión; pero eso es con relación a democracias que se consideran estables y donde en general existe un estado de derecho suficientemente sólido como para que casi todos –nótese el “casi”- sientan que se les ha dispensado justicia, aunque a veces de manera tardía e imperfecta… porque en países con democracias que son un coladero de arbitrariedades a cargo de sus gobernantes y legisladores, y obviamente en las autocracias y dictaduras, es natural que los jueces y magistrados que impuestos por esas democracias y regímenes también cometan muchas injusticias. Yendo al pasado democrático venezolano, los más veteranos sabrán de qué se les habla cuando les recuerden aquellas “tribus” con togas. Más recientemente, tenemos el caso de El Salvador, cuyo actual presidente no podía aspirar de nuevo a ese cargo, o el caso boliviano con Evo Morales, junto a las loqueras del peronismo y su derivado kirschnerista, o algunos episodios ecuatorianos que es mejor olvidar, junto a los mexicanos, teniendo como mejor representante de la no-justicia al sistema de poder de Nicaragua y el de Venezuela.
11- Todos estos casos tienen en común el intento casi siempre exitoso del poder autocrático de modificar la constitución para perpetuarse en el poder, o imponer miembros dentro del poder judicial a todos los niveles para juzgar y condenar a la gente incómoda, o sea, lawfare llevado al extremo, que en criollo se denomina “ley del embudo”. O ambas cosas, una “ley” que es muy peligrosa para quien caiga en las redes de ese sistema diabólico, porque estará sujeto a indefensión jurídica y a que le inventen no solo los delitos por los que se le apresa sino que también un “pasado” para reforzar ese perfil criminal, como terrorista, emanador de odio, narcotraficante, etc.
En este ámbito claramente están la Fiscalía y la Contraloría del régimen venezolano, para interpretar convenientemente la Ley y para luego contar con jueces y un Tribunal Supremo que avararán (SIC) sus abusos de poder. La lista de presos y asesinados es tristemente larga, y sobre esto, naturalmente, también se podría hablar de China, Rusia, Corea del Norte, etc…
12- Pero ya fuera de la represión pura y dura chavista, el escándalo judicial más notorio de ese régimen lo protagonizó el indigno Escarrá con su torticera invención del “sobrevenido” para darle “legalidad” al mandato de Maduro recién fallecido Chávez, para adulterar los lapsos presidenciales; un escándalo que ahora ha pasado a un segundo plano con la decisión del TSJ chavista avalando el fraude electoral concebido por el CNE –organismo, por supuesto igualmente chavista-, un “lawfare” que por supuesto servirá de base para la ulterior persecución a la dirigencia opositora que se empeñe en cobrar su victoria, para que cuando la pillen le apliquen más “lawfare” interpretando la Constitución y la ley electoral a favor del régimen. El ganador de las presidenciales, Edmundo González, ya está en la mira del régimen, y salvo algún evento especial, o la presión de sus aliados sobre la inconveniencia de esta persecución hacia González, si no se va del país, podría pasarlo físicamente bastante mal.
13- Por otra parte, quienes tienen el poder para aplicar el “lawfare” están en la posición más cómoda respecto a los esbirros de cada régimen, porque ellos(as) no se ensucian las manos, y en el fondo son unos(as) cobardes que saben perfectamente que en todo momento son prisioneros de un régimen que ellos(as) mismos(as) han contribuido a crear y consolidar, y por tanto sus privilegios terminan en el mismo momento en que dejarían de prevaricar a favor de sus amos. Esperemos pues verlos pronto indefensos(as) para aplicarles el “Like a rolling stone” de Bob Dylan. Porque todo llega. Ya les tocará, y es entonces cuando habrá que aplicarles la justicia que ellos le negaron a sus víctimas, con juicios justos imputándoles sus prevaricaciones, al tiempo sw ororgarles (SIC) todos los derechos del caso para defenderse mediante argumentos que seguramente serán muy surrealistas, por decir lo menos.
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