José Antonio García-Albi Gil de Biedma / El Debate
Quousque tanden abutere, Catilina, patienta nostra? «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?». De estas palabras se sirvió Cicerón para comenzar a desmontar desde el Senado la conspiración con la que el sedicioso Catilina aspiraba a obtener el poder absoluto en la República Romana.
Desde entonces, los conspiradores y dictadores a lo largo de la historia han aprendido que no hay nada mejor que escudarse en las leyes y en los foros parlamentarios para conseguir sus objetivos; alcanzar un poder permanente y el control de la mayoría de una sociedad por parte de una minoría afín. Por ello, es muy importante que el legislador y la ciudadanía asuman que aquel tiene que ir por detrás de la sociedad y legislar sobre asuntos demandados claramente por una mayoría y siempre de acuerdo con el derecho natural y sus principio generales. Sinceramente, en España no se observa que la ciudadanía hoy esté clamando por la ley «trans», por la de los animales o por la del destrozo de la historia.
Con eso en la mente me enfrenté a la Ley de Memoria Democrática del 19 de octubre pasado. Con la lectura del preámbulo ya se me hacían los dedos huéspedes, hasta llegar al terrible escalofrío que produce leer: «Constituciones como la de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad». ¡Toma! Entre la primera y la última, disimuladamente, dos cargas de profundidad.
Malo es que obvien la Constitución de 1837, vigente durante la minoría de edad de Isabel II y que ignoren la de 1845, con la que se desarrolló todo su reinado. Pero que pongan como un hito la del 69 que proviene de una asonada militar y que dio lugar a un escueto periodo, con un monarca de alquiler y luego a una república bufa que tuvo sólo un año de «exitosa» vida, es algo que sorprende.
Y de ese hito, pasan a la de 1931, hija de unas elecciones municipales de las que se valieron para un ilegal cambio de régimen. O sea, que lo valorable es aquello que no procede de un orden constitucional, sino de la quiebra del mismo.
Pero lo realmente grave es que a la omisión de las dos Constituciones mencionadas se una su intencionado olvido de la Constitución de 1876; la de la Restauración. Una Carta Magna que nada tenía que envidiar a las vigentes en las democracias y monarquías de su época. La norma que subsanó las consecuencias de la sublevación militar del 68 y que estuvo rigiendo la vida política española durante 55 años. Un período en el que nuestra Nación dejó de parecer «algo así como España entre dos guerras civiles». Y eso a pesar de los intentos desestabilizadores, como la semana trágica de Barcelona, la intentona de rebelión de socialistas y nacionalistas en 1917 o los atentados diversos.
La Constitución de 1876 no sólo supuso la vuelta a la legalidad, fue el inicio de un periodo de estabilidad con buenos gobernantes que se movían por criterios de «escuela y despensa». Albergó a los españoles frente al desastre del 98 y los integró en la regeneración y en una etapa fructífera en todos los ámbitos; científicos, culturales, artísticos y económicos. Una nación neutral en la guerra del 14 que fue asentando los cimientos de su estructura económica y social, hasta que la intransigencia de las izquierdas republicanas decidió marginar violentamente de la vida pública a quienes no pensasen como ellos.
Los valores políticos recogidos en esa constitución, que socialistas y nacionalistas quieren borrar, se mantuvieron vivos viajando en el tiempo frente a la violenta segunda república y frente al franquismo. Primero los monárquicos (algunos represaliados por la república) y luego con Don Juan, en oposición al franquismo, fueron portadores de dicha memoria y dichos valores democráticos hasta que D. Juan Carlos impulsó la Transición. Nuestra actual carta magna, democrática, integradora, moderna y monárquica, es la evolución de la de 1876. No de la del 31.
Pero si ya es una aberración que nuestro ordenamiento jurídico encierre esa loa a procesos no constitucionales, como el golpe militar de 1868 y la callejera usurpación del poder de 1931, uno se pasma cuando se pone como ejemplo aquello que se dice combatir.
Sigo citando textualmente el preámbulo de la ley: «La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida». O sea, que como lo hizo Franco nosotros también. ¡No van a ser ellos menos que el generalísimo!
Tengo para mí que a los autores de esta ley, Franco les importa el mismo comino que cuando estaba vivo y ellos, socialistas y nacionalistas, vivían aburguesados al calorcito del régimen haciendo antifranquismo de salón. Lo que pretenden, al igual que los fracasos del 1869 y 1931, es terminar con la institución que más obstaculiza y dificulta su proyecto de repartirse España; la Monarquía Parlamentaria.
Ese proyecto no deseado por los españoles es el verdadero Caballo de Troya que supone esta y otras leyes no demandadas pero sí impuestas a los ciudadanos. Un caballo que porta escondidos en su negro interior una hoz, un martillo, una bicrucífera y una estrellada. Un ardid, no para pelear contra dictador alguno, tan sólo para usurpar el poder que le corresponde a la nación.
(*) Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario.
Ilustración: E. Alonso (https://www.pinterest.es/pin/484488872386398887/).
18/11/2022:
