—¿No una diosa?
—No quiso mojarse.
—Lo políticamente correcto está por todas partes,
joder. Bueno, ¿y qué
dios es?
—Urrea no estaba seguro.
—Jesús —repuso Acrement.
—Pero apostaría a que no es ese”
John Connolly
(“Hijos de Eva”, Tusquets Editores, Barcelona, 2026: 371)
Ilustración: Claudio Tozzi.
María Antonieta Pons en la redacción de El Nacional,
Caracas, en 1944. Pieza procesada a través de ChatGPT.
Vid. #NoticieroRetrospectivo:
Douglas C. Ramírez Vera
1. Introducción: La
paradoja de la “transitología” en contextos no convencionales
El debate contemporáneo
sobre los procesos de democratización suele recurrir al marco conceptual
expuesto en reflexiones como «Transiciones pactadas, arquitectos grises»
(https://tinyurl.com/22nembmd). Esta perspectiva sostiene que las salidas
institucionales a regímenes autoritarios no son fruto de gestas épicas ni de
insurrecciones espontáneas, sino del pragmatismo de élites políticas,
económicas y castrenses que negocian costos, garantías y cuotas de poder.
Casos paradigmáticos como la
Mesa Redonda en Polonia (entre Solidaridad y el Partido Comunista), el proceso
CODESA en Sudáfrica (Mandela y De Klerk), el plebiscito de 1988 en Chile, o las
aperturas graduales en Brasil y Portugal fundamentan esta tesis: la
movilización popular gatilla la crisis, pero son los «arquitectos grises»
quienes redactan el pacto de gobernabilidad.
Sin embargo, la
extrapolación lineal de este modelo al caso venezolano tropieza con severas
distorsiones analíticas. La transitología clásica presupone la existencia de un
"desgaste acumulado" que impacta de forma transversal tanto a la
sociedad civil como al bloque hegemonizado en el poder. Un análisis riguroso de
la dinámica venezolana exige examinar las condiciones de entrada de este
esquema, demostrando que la profunda asimetría en la distribución de los costos
de la crisis altera de manera determinante la viabilidad de una negociación
pactada.
2. Anatomía comparada:
Chile 1982 vs. Venezuela contemporánea
El caso chileno se cita
recurrentemente como el estándar de la transición negociada bajo tutela
militar. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet terminó aceptando una hoja
de ruta electoral que incluía mecanismos de protección institucional para el
estamento militar (senadores designados, autonomía presupuestaria y blindaje legal).
No obstante, el verdadero catalizador de dicha apertura fue la crisis económica
de 1982. El colapso del modelo neoliberal de los Chicago Boys, el desempleo
masivo y la quiebra del sistema financiero no solo castigaron a la ciudadanía,
sino que fracturaron la cohesión de la élite empresarial que sostenía al
régimen y erosionaron la estabilidad de los ingresos reales en los mandos
militares intermedios.
En Venezuela, por el
contrario, la hiperinflación, la severa contracción del PIB y la destrucción sistemática
del salario real no han producido un efecto análogo sobre la cúpula gobernante.
La diferencia estructural radica en los mecanismos de externalización del costo
desplegados por el régimen:
A la militarización interna
de la renta se le suma una dimensión geopolítica insoslayable: la presencia e
influencia de actores militares de escala internacional en el entorno
estratégico nacional (desde operaciones de seguridad del Comando Sur en áreas
costeras como La Guaira hasta alianzas de inteligencia exógenas). Mientras que
en Chile la presión geopolítica estadounidense buscaba canalizar la salida
mediante el plebiscito, en el caso venezolano el factor militar externo opera
como una variable que altera los cálculos de disuasión, el control de
infraestructuras críticas y los costos de oportunidad del núcleo duro del régimen.
3. Matriz comparativa de
la dinámica de transición
A continuación, se sintetizan las divergencias
estructurales entre el modelo clásico de transición pactada y la realidad del
conflicto venezolano:
4. Coincidencias teóricas
y el rol inevitable del estamento castrense
A pesar de las marcadas
diferencias en la distribución de costos, existe una coincidencia analítica
insoslayable entre la teoría de las transiciones pactadas y la realidad
venezolana: la inevitabilidad del factor militar en la ecuación de
gobernabilidad. Tanto en el esquema clásico como en la eventual resolución del
conflicto venezolano, cualquier ventana de oportunidad requerirá el diseño de
incentivos institucionales y garantías de seguridad para el estamento
castrense.
Pretender una restauración
democrática que desconozca la capacidad de veto de las Fuerzas Armadas resulta
inviable. La redacción de marcos de amnistía, la definición de áreas de
preservación institucional y la reestructuración gradual del sistema de
justicia constituyen requisitos técnicos indispensables. La coincidencia radica
en la forma de la negociación; la divergencia, en el momento en que dicha
negociación se vuelve realmente atractiva para quienes ostentan la fuerza.
5. Conclusión: El umbral
real del cambio institucional
El examen honesto del modelo
de transición pactada demuestra que el "sentido de oportunidad" de la
clase política no debe medirse por la profundidad del sufrimiento social, sino
por el nivel de afectación de los actores con capacidad de veto. El régimen
venezolano no resiste las crisis; las redistribuye. Mientras el diseño
institucional permita proteger al núcleo duro militar y político mediante la
asignación de rentas exógenas, el umbral donde negociar resulta preferible a
resistir continuará desplazándose.
El marco analítico de las
transiciones pactadas mantiene su valor heurístico, pero su aplicación al caso
venezolano exige abandonar las lecturas voluntaristas. La posibilidad de un
acuerdo negociado no surgirá del colapso del bienestar ciudadano, sino del
momento preciso en que las variables económicas internacionales, el agotamiento
de los mecanismos de evasión rentística o las tensiones internas fracturen la
capacidad de la cúpula para seguir externalizando el costo de la crisis.
Ilustración: Burt Lewis.
05/08/2026:
Reconocido por la
persistente defensa de la reclamación
venezolana sobre el Esequibo como diputado a la Asamblea Nacional, electo en
2010 y reelecto en 2015, Luis Barragán sugiere descartar el tratamiento del diferendo territorial en una
eventual mesa de negociación entre el gobierno y la oposición bajo la tutela de
la administración del presidente Donald Trump.
“La demanda interpuesta por
Guyana (Arbitral Award of 3 October 1899 – Guyana v. Venezuela) sigue su curso
en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y ha requerido toda
nuestra atención y continúa requiriéndola. Sin embargo, el proceso ya se
encuentra en la fase de deliberación. Pendiente una sentencia que no tardará
demasiado en dictarse, resulta evidente que el asunto escapa a la consideración
de un eventual entendimiento entre el gobierno y la oposición. Y no solo porque
se trata de un ámbito estrictamente judicial, sino porque lo actuado por la
representación venezolana ya está consumado y no hay vuelta atrás en términos
procesales. Cualquier referencia al tema en una mesa de negociación no incidirá
en una decisión que será definitiva y jurídicamente vinculante para las
partes”, afirmó.
Barragán sostuvo además que
tampoco tendría sentido incorporar el diferendo a un eventual proceso de
transición política que aún no ha comenzado y que estaría acompañado por la administración
estadounidense.
“Paradójicamente —señala—,
Estados Unidos ha respaldado a Guyana frente a nuestra legítima e histórica
reclamación, pero el caso no puede ser materia de ese tutelaje porque se
encuentra en sede judicial. Una vez que se dicte la sentencia, Washington y
otros países amigos de ambas partes podrán contribuir a su ejecución, si la
Corte declara la nulidad por vicios del Laudo Arbitral de 1899”.
Finalmente, Barragán,
miembro del comité político nacional de Encuentro Ciudadano, consideró que “no
es procedente tratar un asunto tan específico una vez abiertas las
negociaciones sobre la transición. Lo que sí corresponde es fortalecer la
capacidad del Estado para defender la integridad territorial, reivindicando las
instituciones competentes, especialmente una Cancillería que requiere una
urgente reprofesionalización, así como el desarrollo de una política exterior y
de fronteras sustentada en el consenso nacional”.
06/08/2026:
🌎 | EL ESEQUIBO NO DEBE FORMAR PARTE DE
UNA NEGOCIACIÓN POLÍTICA, AFIRMA LUIS BARRAGÁN.
El dirigente político Luis
Barragán sostuvo que la controversia territorial sobre el Esequibo no debería
ser incorporada a una eventual mesa de negociación entre el gobierno y la
oposición venezolana, al considerar que el caso ya se encuentra en la fase de
deliberación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Barragán argumentó que el
proceso judicial iniciado por Guyana sigue su curso en La Haya y que cualquier
discusión sobre este tema dentro de un eventual proceso de transición política
no tendría efectos sobre la decisión que adopte el tribunal internacional.
El también miembro del
comité político nacional de Encuentro Ciudadano afirmó que, una vez se conozca
el fallo, corresponderá fortalecer las instituciones del Estado encargadas de
la política exterior y de la defensa de la integridad territorial, con una
estrategia basada en el consenso nacional.
📍Lugar: Venezuela
📅 Fecha: 6 de agosto de 2026
#Visión24Televisión
#Noticias #Venezuela #Esequibo #Política
https://www.instagram.com/p/DbtErUBm9Na/
EL PAÍS, Madrid, 03/08/2026.
https://x.com/cayetanaAT/status/2084227704165958081
Todo parece caber y, al
mismo tiempo, sobrar y faltar en una transición que dice haber comenzado al
compás de varios episodios que requieren un tiempo razonable para que las
partes lleguen a ser definitivamente representativas. Después del reciente y
doble terremoto que irradió su dolor a todo el país, quedó demasiado claro que
no bastarán los acuerdos políticos, la legitimación de los negociadores o el
relevo parcial o total de los elencos del poder, siendo indispensable la
recuperación de la noción misma del Estado y de sus capacidades.
La fortaleza del Estado
depende de las capacidades institucionales que logra desarrollar para ejercer
cabalmente sus funciones, aunque - aleccionados por todo el recorrido que hemos
hecho en la presente centuria - reparamos en otra dimensión que ha sido menos
visible: su capacidad civilizatoria. Y ésta no se refiere a la propaganda ni al
adoctrinamiento forzado, el tozudo empeño de imponer la ideología oficial, o el
enfermizo propósito de actualizar el pasado a través del aparato estatal.
En efecto, se trata de la aptitud
de las instituciones para formar ciudadanos, transmitir normas compartidas de
convivencia, sostener una inevitable y perfectible tradición republicana, generar
confianza en el orden jurídico y en la realización de un destino
venezolanísimamente compartido. Hablamos de un Estado cuya pedagogía nos hace
pertinentemente históricos y diferenciados, capaz de resistir al poder
despótico que ha desconocido los esenciales principios y valores
constitucionales, presentes desde hace más de 200 años debidamente
reinterpretados.
La capacidad civilizatoria
se ejerce precisamente mediante esos recursos materiales y simbólicos. Un
Estado capaz no sólo administra, recauda impuestos o garantiza la seguridad,
sino que también difunde una memoria a compartir, preserva el sentido del
servicio público y convierte la ley en una referencia cotidiana antes que en
una amenaza eventual.
La crisis venezolana
consiste en que el deterioro del Estado no ha sido únicamente administrativo,
económico o coercitivo, sino que también ha afectado su capacidad para producir
confianza pública. Numerosas instituciones fueron vaciadas de sentido, la
Constitución perdió autoridad práctica, la opacidad de las estadísticas
oficiales hizo de la incertidumbre un maligno recurso político, la escuela
perdió el protagonismo como formadora de ciudadanía y la promoción justa del
crecimiento personal y social.
Al mermar las capacidades
materiales del Estado, el poder despótico intenta compensar la pérdida con una
creciente exhibición e inflación de los recursos simbólicos que pronto pierden
valor, consistencia y validez. Ninguna condecoración, despliegue protocolar u
oropel de ocasión logra reemplazar la genuina y absolutamente reconocible
eficacia institucional, como nos aleccionó la tragedia del estado Vargas.
Las transiciones no se
definen por sus enunciados, sino por sus resultados. La capacidad del Estado no se reduce a imponer
la obediencia legítima, sino que consiste en inspirar confianza, pues, sin
ella, no hay República y solo queda el poder al desnudo.
Fotografía: Inicial, tomada de la red, vista del Palacio de Miraflores a principios del siglo XX, procesada a través de ChatGPT.
04/08/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/la-confianza-hace-estado/
“—Dijo que era un dios, o que llevaba a un dios en su interior. —¿No una diosa? —No quiso mojarse. —Lo políticamente correcto está p...
