NOTITADE. Valencia, 04/10/2026.
jueves, 8 de octubre de 2026
miércoles, 7 de octubre de 2026
Ley de la felonía
“Existe la convicción
generalizada en torno a la radical inconstitucionalidad de la Ley del Odio en
Venezuela, pero también de su aún más arbitrario empleo como herramienta
sistemática de persecución y represión que debe ser inmediatamente derogada;
pero – no obstante – advirtamos que ahora la pretendida reforma legislativa
puede convertirse en un instrumento de distracción respecto al objetivo
principal: la transición democrática”, señaló Luis Barragán, dirigente nacional
de Encuentro Ciudadano.
En una entrevista realizada
para “Termómetro Social” de la Radio Fe y Alegría 1390 AM conducido por Freddy
Marcano, el exparlamentario y columnista de prensa, reiteró las objeciones
jurídicas que en su momento se le hicieron a una ley calificada de constitucional
por la espuria asamblea constituyente de 2017, cuando la materia siempre tuvo
solución en ordenamiento jurídico ordinario.
“Hoy – agregó – lo
conducente es derogar esa ley que el oficialismo la ha planteado como un
recurso de distracción y quién sabe si de extorsión haciendo depender de esa
reforma la excarcelación y el condicionamiento de los numerosos presos
políticos que faltan por liberar para darle autenticidad y credibilidad al
proceso de transición que todavía no es”.
Reiteró el otrora diputado
electo en 2010 y 2015 que esa Ley del Odio afecta la vida cotidiana de toda la
ciudadanía: “Métase o no en el problema político actual, el ciudadano de a pie
ha sido y es víctima del instrumento aplicado dizque para resolver un vulgar
problema vecinal o de tránsito terrestre, sometiéndolo a una posible extorsión
de la autoridad pública”.
“Velemos por la derogatoria
real, efectiva e inmediata de la Ley del Odio, pero siempre desde la
perspectiva de una transición democrática cada vez más urgente”, puntualizó.
07/10/2026:
https://lapatilla.com/2026/10/07/luis-barragan-alerta-sobre-la-discusion-de-la-ley-del-odio
Cfr.
https://lbarragan.blogspot.com/2017/11/de-la-dictadura-fasciculada_12.html // A partir de 00:06:20: https://www.youtube.com/watch?v=6tS7EIGpV2w&t=18s
martes, 6 de octubre de 2026
Recobrar al soldado profesional
.jpg)
Los modelos probados de transición pacífica y
democrática no están limitados a un relevo de elencos en la más alta dirección
del Estado, siendo lo más importante y decisivo la recuperación de las
instituciones y capacidades que lo hagan posible después de desnaturalizadas
por el poder despótico. Por ello, la corporación castrense ha de inscribirse en
el proceso de cambio planteado y no al revés. Cuenta con particularidades como
una capacidad coercitiva institucionalizada, interacción y jerarquía propias,
en un ineludible cuadro de vinculación y lógica subordinación constitucional al
poder civil: puede aportar a la crucial y urgida reconstrucción del Estado,
aunque también contribuir a obstaculizarla o deformarla.
John Magdaleno ha advertido sobre la necesidad de no
subestimar el papel de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en una transición y, nos
permitimos añadir, por desprestigiada que se encuentre, como lo revela el
contraste entre los estudios de opinión del presente siglo y los del anterior. Muy
fragmentaria la información disponible en torno a la vida interna de la
entidad, en nuestro caso, hemos seguido a Sebastiana Barráez, quien advierte determinadas variaciones en los mandos
militares que reflejan, en alguna medida, el actual momento histórico.
Convengamos: la sola invocación de la Constitución no
es suficiente para interpretar y resolver la cuestión castrense en relación con
la transición, existiendo múltiples aspectos que atender en el campo legal,
reglamentario, procedimental, educativo, presupuestario y meritocrático, así
como las prácticas cotidianas arraigadas en las últimas décadas que no deben
soslayarse. La entidad armada fue atada en la presente centuria a una
concepción y expansión política, administrativa y económica ilimitada del Estado
que confundió las responsabilidades civiles y militares, apelando a las
bayonetas para sostenerse: el Estado Cuartel echó las bases del sucesivo e
improvisado Estado Comunal, comprometido definitivamente en una variedad de
funciones que excedieron el estricto ámbito militar hasta desnaturalizarlo,
militarizando a la sociedad.
El soldado sencillamente dejó de serlo, proyectado
como un simple funcionario público, agente de seguridad interna, operador
político, comisario ideológico, gerente empresarial, gestor público, realizador
local de la doctrina de guerra prolongada. La solución de imposible continuidad
entre el Estado Cuartel y el Estado Comunal condujo posteriormente a la derrota
militar de una forma de poder como la alcanzada y agudizada por el madurato:
acaso, ¿la hipertrofia político-militar fundada en la terca y arbitraria
configuración del enemigo interno no hizo posible que una potencia extranjera
consiguiera extraer de Caracas al entonces comandante en jefe de la FAN y,
además, en tiempo récord? Sin embargo, esa derrota, igualmente moral, no
resolvió el problema venezolano: Miraflores capituló ante Washington y no ante
el país.
Luce obvia la necesidad de recuperar al soldado
profesional que viene de serlo anómico y comunal, afectando las capacidades
operacionales y confundiendo la misión misma de la entidad de adscripción y
vida. Vale decir, un soldado profesional, institucional y especializado,
subordinado a un transparente y sobrio poder civil, capaz en lo doctrinario,
tecnológico, personal y corporativo de velar por las armas de la República que
se le confían y ante la eventualidad de un legítimo escenario bélico en defensa
de la nación a la que sirve: la nuestra.
Múltiples las iniciativas pendientes, como la
constitucionalización de las leyes militares con atención a un severo universo
normativo, de control y rendición de cuentas, procedimientos y prácticas
administrativas que no pueden depender de una coyuntura política por más que se
la extienda artificialmente. O los ascensos, que hacen a la institución,
permitiendo seleccionar y configurar los mandos, construir jerarquías,
determinar la carrera, proyectar el porvenir de la corporación armada; valga
acotar, oportunamente introdujimos un proyecto de Ley de Ascensos Militares en
la Asamblea Nacional por 2020.
El control civil de la institución castrense no ha de
significar control partidista alguno, como ha ocurrido irrefutablemente en esta
centuria a pesar de las disposiciones constitucionales, conscientes de las
dificultades que toda transición reporta sobre las fuerzas armadas, que bien
las ilustran los procesos acaecidos al sur del continente décadas atrás. El
soldado profesional no debe desperdiciar y arriesgar su vocación y talento en
tareas distintas a la defensa de la soberanía nacional, integridad territorial,
protección de la infraestructura estratégica, respondiendo a toda amenaza y
peligro externo, permitiendo la confiable administración del monopolio estatal
de la fuerza sin incurrir en un monopolio ilegítimo del debate y la persuasión.
Inferimos de los aportes de Harold Trinkunas que la
subordinación de la FAN no aparecerá espontáneamente con la apertura y
democratización, pues la transición, reivindicada como proceso, exige
capacidades civiles para la gobernanza de la defensa y arreglos institucionales
que confieran estabilidad a las reglas acordadas. La dinámica transicional
obliga a señalar e implementar correcciones, incentivos, logros y
reconocimientos concretos que permitan que haya cabalmente Estado.
Con la transición pacífica y democrática gana la FAN
profesional, institucional y especializada. Y, lo mejor, recobra todo su
sentido republicano.
Ilustración:
https://apuntaje.blogspot.com/2026/09/ejercicios-graficos-para-un-par-de.html
06/10/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/fuerza-armada-en-la-transicion/
Cfr.
https://lbarragan.blogspot.com/search?q=Fuerza+Armada
https://lbarragan.blogspot.com/search?q=Fuerzas+Armadas
.jpg)
lunes, 5 de octubre de 2026
La apuesta por lo irreal
Luis Barragán
“—Buscamos
muchas cosas.
—Se
quedó callado un momento—.
El
aspecto de nuestro trabajo que
tiene
que ver con las anomalías
es
una investigación continua
sobre
si vivimos en una simulación”
Emily
St. John Mandel (*)
Planteado en Venezuela un
proceso de transición, sentimos que el gobierno trata de delimitarlo en todo
cuanto le sea encubiertamente posible, al mismo tiempo que celebra la presencia
del inesperado —aunque comprensivo— tutelaje convertido en una nueva fraternidad
binacional, de acuerdo con el discurso neoyorkino de la encargaduría
presidencial. Dirán que el proceso solo concierne a las muy altas esferas del
Estado, para buscar después neutralizar sus consecuencias y evitar que se
convierta, además, en un sentimiento generalizado y, sobre todo, tolerado por
quienes buscan sobrevivirle a Donald Trump en cualquier trance.
Fuere de transición o de
reacomodo, según la apuesta oficial, el sector universitario constituye ahora
un ejemplo del ritmo que adquieren los acontecimientos y de las expectativas
naturales de cambio que produjo un hecho tan excepcional como el del 3-E. La
última sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) reveló muy bien las
intenciones del rodrigato: normalizar, con la mayor sagacidad y prontitud
posibles, una situación cuya deliberada persistencia en las anomalías
únicamente conduce a la simulación como objetivo estratégico.
Ya, por muchísimos años, el
régimen ha impedido que se realicen las elecciones rectorales, poniendo el
mismo empeño en las de los gremios e intentando la deslegitimación, por
asfixia, del liderazgo que, en última instancia, representa también a la
sociedad civil; apenas hizo la excepción con la Universidad Central de
Venezuela (UCV), mientras pretenden ahora abortar las de la Universidad de Los
Andes (ULA), como cínicamente lo ha hecho con la Universidad Simón Bolívar
(USB). Tienen un miedo pavoroso a que se alborote el avispero y, como si
faltara un par de detalles, ignoran las sobradas razones que hacen igualmente
excepcional la etapa que vivimos, mientras fingen una gobernabilidad y una
gobernanza (identifiquémoslas como G&G) que no existen, al asegurar un
ingreso promedio de $500 para el profesorado y proponer, a deshoras, un
proyecto de ley de universidades tras la sostenida violación de la letra
constitucional, por conducto de la mismísima ministra de Educación Superior (significativamente,
integrante de la consabida mesa de negociaciones), lo que ha causado
indignación.
La fórmula es sencilla: hay
G&G cuando existe capacidad política para conducir, nacional y
sectorialmente, la transición y, al mismo tiempo, funcionan adecuadamente las
instituciones mediante la coordinación de los más diversos actores. Por
consiguiente, cuando ello no ocurre, no hay G&G y la transición corre el
riesgo de convertirse en parodia y reacomodo, hipótesis que puede trabajarse a
cabalidad con autores como Juan Linz y Alfred Stepan para someter a examen lo
último ocurrido con la ULA y la USB para arribar a una conclusión obvia.
Examen que consiste en
responder preguntas como estas: ¿Las universidades pueden elegir libremente a
sus autoridades? ¿Se respeta su autonomía normativa y administrativa, así como
la inviolabilidad del recinto universitario? ¿El Estado devuelve progresivamente
las capacidades financieras que les corresponden? ¿El Poder Judicial deja de
intervenir para impedir sus procesos internos? ¿Las instituciones recuperan la capacidad
de autogobierno?
Así las cosas, evitando
inútilmente la expansión del sentimiento a favor de la transición, las
escaramuzas más recientes que tuvieron por escenario la esperada sesión del CNU
ayudan a medir muy bien cómo marcha el cambio y la confianza que genera un
gobierno que festeja a Trump en cualquier ocasión. Entonces, ¿se trata de trabar
y frustrar a toda costa la elevación de las capacidades que permitan la
reconstrucción del Estado en Venezuela? ¿Convertir a Caracas en el escenario de
todas las formalidades de una transición reduce
la sociedad? ¿No constituyen la ULA y la USB una suerte de laboratorio que
ayuda a explicar el proceso político global que realmente vive el país?
Noticioso o no, todo lo que
acaece en Venezuela y entre los venezolanos incide naturalmente en el curso
político de las cosas y de todas las cosas. Luego, la transición que está
pendiente no es cuestión privativa de los actores circunstanciales del proceso.
(*) “El mar de la
tranquilidad”, Ático de los Libros, Barcelona, 2022: 118.
Ilustración: Stephan Schmitz.
05/10/2026:
https://opinionynoticias.com/opinionpolitica/45021-de-un-laboratorio-para-la-transicion-ula-y-usb
domingo, 4 de octubre de 2026
Caza de citas
“—Buscamos muchas cosas. —Se quedó callado un momento—. El aspecto de nuestro trabajo que tiene que ver con las anomalías es una investigación continua sobre si vivimos en una simulación”
Emily St. John Mandel
(“El mar de la tranquilidad”, Ático de los Libros, Barcelona, 2022: 118)
Reproducción:
Noticiero retrospectivo
- Telmo Almada. Música para ascensores”. Economía Hoy, Caracas, 03/06/1993.
- Raúl Sosa y los protocolos de Puerto España y Pacto
Andino. El Nacional, Caracas, 02/03/72.
- Petrus. “Orlando Araujo habla sobre su ingreso al
PCV”. Tribuna Popular, Caracas, 06/07/84.
- Adolfo
Herrera y el naufragio de URD. Qué Pasa en Venezuela, Caracas, N°4 del 22/02/64.
- Joaquín Marta Sosa. “Los filántropos”. Punto,
Caracas, N° 87 del 04/05/73.
Reproducción: Edito José Ramírez. Élite, Caracas, N° 2059 del . Elite 2059 del 06/03/1965.
Etiqueta marrón
Luis Barragán
La crisis se expresa en los más variados ámbitos y tiende, así, a confundir a la propia opinión pública, mientras la estrategia comunicacional del oficialismo procura frenar o neutralizar cualquier animadversión, disidencia u oposición aparentando una transición que todavía no reconoce explícitamente, ganando tiempo para un reacomodo que, en definitiva, encubre el más vulgar continuismo. El caso de la Universidad Simón Bolívar resulta francamente patético al ejemplificar los lineamientos de la encargaduría presidencial, pero también al revelar el forcejeo interno del chavismo, al que igualmente le falta conducción política.
Recordemos que la casa de
estudios fue intervenida hace cinco años por el Gobierno nacional, bajo un
mandato constitucional y legal muy claro para realizar los comicios rectorales
en un plazo perentorio de 180 días, pero aquellas autoridades escogidas a dedo
terminaron demostrando una manifiesta incompetencia. Los interventores tienen,
en efecto, poco más de cinco años de un eterno interinato, en abierto conflicto
con los gremios, incluyendo la confiscación de la Casa del Profesor, mientras
estiran la provisionalidad a más no poder en nombre, santo y seña del chavismo.
Es inevitable señalar, por
otra parte, la negligencia y destrucción de la universidad, largamente
denunciadas por los medios disponibles y planteadas oficialmente, hasta el
punto de recomendarse el reemplazo inmediato del elenco responsable del
desastre. Fue tan evidente la gravedad de la situación que la otrora novísima
ministra de Educación Superior invitó públicamente al gremio profesoral a
conversar, y este, incorporando al estudiantado y a los egresados, aceptó la
invitación para un diálogo que efectivamente aconteció en la sede ministerial.
Toda la gravedad del caso
fue expuesta en aquella oportunidad y se anunció una pronta solución a los
problemas materiales inmediatos de la sede académica, así como a la situación
de unas autoridades abiertamente cuestionadas que, por cierto, jamás han
respondido a los señalamientos formulados y simple y olímpicamente desconocen a
los dirigentes legítimamente electos por cada gremio. Se pidió paciencia, y lo
conducente era, y todavía es, sustituir la terna interventora para designar
otra con el propósito de regularizar la vida institucional de la Simón Bolívar,
golpeada durante más de una década.
Todo estaba encaminado al
cumplimiento de la solución más sensata y realista, cónsona, además, con el
espíritu de una transición democrática en los términos en que socialmente se ha
entendido, pues, como ocurre en el escenario nacional, todavía no están dadas
las condiciones para unas elecciones rectorales, aunque algunas voces hayan
llegado a sugerir que estas podrían favorecer a los propios interventores. Hubo
comprensión y consenso para resolver el caso de la mejor manera, pues ¿cómo
dialogar con unos interventores cuyo mandato, limitado a 180 días, ha sido
prolongado durante cinco años y que, literalmente, le han cerrado la puerta a
la dirigencia gremial?
¿Por qué confiarles la
organización de unos comicios, lo que equivaldría a llamar y apersonar a
Nicolás Maduro para que vele por las próximas elecciones presidenciales? La
pregunta inevitable es qué reflejo exacto emana de este enredijo político
interno del Gobierno, cuando incluso una solución elemental —sustituir a
quienes han fracasado por otros que permitan recuperar progresivamente la
institucionalidad— parece convertirse en materia de una dura disputa.
En voz baja circuló la terna
que sustituiría a los interventores, compuesta ciertamente por chavistas, pero
integrada por personas reconocidas por una limpia trayectoria académica y
profesional que inspiraba confianza y demostraba una voluntad de entendimiento.
Entonces, cuando todo parecía comprometido para la debida sustitución, el
Consejo Nacional de Universidades terminó colocando dos medallas, que en última
instancia corresponden a la mesa de negociación que tiene a la citada ministra
como integrante: la continuidad de los interventores que tuvieron cinco largos
años para dialogar y arrogantemente no lo hicieron, impidiendo las elecciones
ni ahora ni más adelante y llegando incluso a suspender los comicios en la
Universidad de Los Andes bajo cualquier pretexto.
Es excesivamente evidente
que no hay siquiera la intención de un reacomodo en la Universidad Simón
Bolívar, sino la continuidad de una destrucción manifiesta que impide recuperar
la institucionalidad, clave de todo cambio sustancial, al tiempo que se
desconoce la trayectoria de potenciales sucesores en el rectorado tan chavistas
como los actuales interventores. El reflejo, indudablemente, es el de una
resistencia nacional del madurismo al menor cambio posible, por milimétrico que
sea, en una dura batalla cuyo horizonte parece ser obstaculizar la gestión de
la encargada presidencial, aunque jamás honrarán con su propio pellejo el
compromiso de defender la soberanía territorial.
Guillermo O’Donnell, el
transitólogo por excelencia en América Latina, identificó como zonas marrones
aquellas en las que la autoridad del Estado resulta demasiado precaria, las
leyes no se cumplen y predominan los intereses de hecho, sin protección
efectiva para la ciudadanía. Esta es la etiqueta que debemos colocar a las
puertas de la Universidad Simón Bolívar: una zona marrón al lado de la
roja-rojita, donde la provisionalidad se hizo permanente, la excepción pretende
hacerse regla y la recuperación de la institucionalidad continúa siendo,
paradójicamente, el principal obstáculo para cualquier transición.
Ilustración: Malay Banerjee.
04/10/2026:
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