Luis Almagro y el libro de Marcano Salazar

https://x.com/Almagro_OEA2015/status/2095182860990759010

https://x.com/luisbarraganj/status/2095977796984099203

La reconstrucción del Estado

DISOLUCIÓN JUDICIAL: AUDITORÍA DE UN PROCESO

Luis Barragán

En nada debe extrañar que el proceso de disolución social en Venezuela, advertido en los tempranos años ochenta del siglo anterior, auspiciando el ascenso al poder del llamado chavismo, haya consumado sus consecuencias en el específico ámbito judicial para consolidarlo e, inevitable, agotarlo en la presente centuria. El poder político que se hizo despótico y luego disolvente, no merece una explicación a través de sus episodios, anécdotas y vicisitudes aisladas, sino mediante el cumplimiento de un itinerario cínico, complejo, paciente, y - ¿cabe alguna duda? – exitoso tan urgido de una perspectiva de análisis, documentación y profundidad, sobre la pérdida de la independencia judicial en Venezuela y la quiebra misma de la más elemental noción de justicia, universalizado mediante categorías muy rigurosas que superen el trillado discurso de los días que corren.

Hablamos de una herramienta de interpretación que permita adentrarse eficazmente en el problema, explorando y comprobando todas sus manifestaciones, añadido un lenguaje que sustituya los eufemismos que pueblan a la opinión pública, abundando la vocería improvisada. Es tiempo que todas las organizaciones políticas y sociales del país asuman una discusión evidentemente impostergable y de interés común a las puertas de una probable solución que solo la transición puede perfeccionar.

Por ello, experto, pertinente y denso para abordar responsablemente tan perverso fenómeno es el reciente libro de Luis Manuel Marcano Salazar: “El paradigma de disolución judicial: cómo la pérdida de la independencia judicial socava la estabilidad democrática”, publicado bajo el prestigioso sello chileno El Jurista Ediciones Jurídicas, con prólogo de Luis Almagro y presentación académica de Jörg Alfred Stippel.  Fiel testimonio de un exilio académicamente productivo, en medio del dolor de las distancias, el autor hace perfectamente inteligible la materia, no se limita a señalar que hubo la captura, partidización o subordinación del órgano del Poder Público, sino que propone toda una secuencia - debilitamiento, deterioro, fractura – aportando un novedoso paradigma de análisis. Valga acotar, no poca cosa, paradigma que resuelve un punto ciego al introducir la dimensión judicial en la explicación que dan Steven Levitsky y Lucan A. Way del denominado autoritarismo competitivo.

La destrucción de una capacidad tan indispensable como es la relacionada con la justicia de cara a la reconstrucción del Estado en Venezuela, amerita de una inaplazable experiencia democratizadora como la vemos con una extraordinaria claridad en la acuciosa, novedosa y aguda auditoría hecha por Marcano Salazar. El poder político debe volver a sus justas, proporcionadas y genuinas magnitudes, porque – exacerbado y voraz – no puede, sin autodestruirse, arbitrar caprichosamente los conflictos, interpretar la norma, autolimitar su propio poder, ofrecer seguridad jurídica, garantizar derechos, castigar imparcialmente a los criminales, y – una clave insoslayable – suscitar confianza; todo esto, sin incurrir en un suicidio institucional que a la vuelta de la esquina se hace definitivamente político con el colapso.

Incluso, aparentando una amplitud democrática que la fórmula oferta, la elección popular de los jueces como ha acontecido en Bolivia y, ahora, en México, constituye un descarado ardid populista que hace de la disolución judicial una apuesta segura. Forma parte de un repertorio plebiscitario que, entre nosotros, le ha dado solo alcance a la justicia de paz, un nivel más modesto porque ya se ha consagrado el control absoluto en la administración de justicia con consecuencias cada vez más necesarias de atajar, pues facilita el tránsito fatal del autoritarismo competitivo al pleno, aunque personalmente creemos que desemboca paulatina pero seguramente en la desintegración real del Estado.

Impensable que la destrucción de la judicialidad compagine con – así sea - una mínima realización de la democracia, como bien lo ejemplifica Luis Manuel: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en beneficio del ocupante de Miraflores, osó invadir las competencias de la Asamblea Nacional, sustituyéndola funcionalmente, y la fractura pasó de lo incidental a lo estructural. La Sala Electoral declaró en desacato en 2016 a la corporación legislativa electa el año anterior, y la Sala Constitucional secuestró las competencias que son privativas del parlamento en 2017.

Ensayando con el paradigma en cuestión, el poder despótico utiliza la justicia, pero no puede destruirla inmediatamente porque necesita conservar una capacidad mínima de funcionamiento; luego restringe progresivamente el universo de quienes reciben protección y confianza, hasta convertir la justicia en un mecanismo de supervivencia de los propios grupos de poder. Según nuestro modesto ejercicio, el beneficio se redujo a la nómina funcionarial y contractual del Estado y después al sector gubernamental dominante: por ejemplo, ha pasado de absolver a todo evento a sus partidarios,  utilizando posteriormente el estrado penal para dirimir igualmente las diferencias entre grupos, corrientes o tendencias que tienden a compactarse en dos o tres bloques de supervivencia en los elencos de poder.

Apuntamos a una inevitable dinámica de descomposición asociada a la violencia que también tercia para frenarla, pero - verbi gratia, PDVSA y su trama de corrupción – todo conduce a la fractura estructural del sistema que pasa del autoritarismo competitivo al pleno. No obstante, conquistado un régimen de obediencia anticipada, ¿deriva en un autoritarismo consolidado o en la desintegración estatal como respuesta inexorable?

La obra, por cierto, muy bien escrita, es portadora de un llamado de prevención para el resto del continente. Entonces, no basta hoy con la excarcelación de todos los prisioneros políticos en nuestro país, la revisión de casos como el de la juez Afiuni o la designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal de la República bajo el trámite de la consabida mesa de negociación: encontramos en el paradigma de Marcano Salazar una extraordinaria guía para la reconstrucción judicial del Estado.  

Composición gráfica: IA/lb, portada del libro y pesista cual dama de la justicia: 

https://apuntaje.blogspot.com/2026/08/equilibrio-para-tomar-impulso.html

01/09/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/09/disolucion-judicial-auditoria-de-un-proceso/

https://www.eastwebside.com/luis-barragan-disolucion-judicial-auditoria-de-un-proceso.html

Regreso al planeta

DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL MARCO DE UNA ESTATALIDAD PERDIDA

Luis Barragán

Demasiado evidente resulta ya la discapacidad creciente del Estado venezolano en el contexto internacional, consecuencia de la pretendida autosuficiencia de un poder político devenido despótico y de la devastación de sus capacidades infraestructurales,  destacando las especializadas en política exterior. La pérdida progresiva de esa capacidad estatal ha comprometido a lo largo del presente siglo, la independencia republicana, fenómeno iniciado con el ascenso de Hugo Chávez y perfeccionado por sus sucesores – subrayemos – desde muy antes del consabido 3-E.

Siguiendo a Michael Mann, conviene distinguir entre el poder despótico del Estado, referido a la autonomía de quienes lo dirigen para adoptar decisiones, y su poder infraestructural, relativo a la capacidad de hacerlas efectivas de manera organizada y sostenida en la sociedad. El chavismo llevó a extremos la hipertrofia del primero mientras devastaba el segundo hasta convertir la voluntad política circunstancial en sustituto de las capacidades institucionales que requerían de especialización, continuidad y profesionalización.

En materia exterior, la política del Estado terminó haciéndose inseparable de la personalidad presidencial y de sus intereses políticos al mismo tiempo que se confundía adrede con las relaciones internacionales y se apelaba a fórmulas como la llamada “diplomacia de los pueblos”. De allí provinieron iniciativas insostenibles de integración continental, alianzas con actores extrahemisféricos y hasta compromisos contraproducentes en materia territorial, mientras la República perdía la posibilidad de sostener una política exterior propia, profesional y permanente.

Tamaño esfuerzo, ocupado el Ejecutivo en diligenciarlo todo, golpeó severamente las capacidades políticas y técnicas de la cancillería, partidizándola hasta desprofesionalizarla y desestabilizar la propia carrera diplomática. Bastaba así el activismo político del canciller para suplir lo que antes correspondía a una institucionalidad especializada, como puede ilustrarlo, con particular nitidez, la prolongada gestión de Nicolás Maduro al frente de la cartera.

No deja de resultar paradójico que algunos de quienes durante larguísimo tiempo ocuparon posiciones privilegiadas de poder clamen ahora a los cielos con estridencia contra la influencia extranjera, señalando casi exclusivamente hacia el norte. Más paradójico todavía es que semejante denuncia provenga de quienes, después de debilitar deliberadamente las capacidades republicanas, terminaron entregando importantes espacios de decisión precisamente a intereses externos que hoy dicen repudiar. Sin embargo, la cuestión no está en sustituir una dependencia por otra.

Así las cosas, resulta imposible que escurran sus responsabilidades quienes nos hicieron decididamente dependientes, colonizables y, en definitiva vulnerables: criticaron décadas muy atrás como vende-patrias a los que lograron nacionalizar la industria petrolera e hicieron de PDVSA una de las transnacionales más importantes del mundo, dejando como resultado de casi tres décadas e socialismo la desnacionalización práctica de una industria quebrada y endeudada. Importa reconocer, sobre todo, que un Estado sin capacidades propias queda expuesto a las presiones externas, cualquiera sea su procedencia, y pierde margen para defender con eficacia sus intereses nacionales, como la lección más dramática no nos arroja en la cara el interinato presidencial.

Nada ocioso sería, por ello, que legos y entendidos, en la opinión pública, los círculos gremiales y, esencialmente, los académicos, así como las direcciones partidistas, impulsen un debate abierto sobre la política internacional venezolana dentro de un proceso que conduzca finalmente a la transición. Recuperar la credibilidad republicana exige reequilibrar las complejas relaciones exteriores y fortalecer los mecanismos permanentes del Estado mediante un capital humano de calificada trayectoria y solvencia moral.

Deberá rescatarse la experiencia institucional que alguna vez permitió disponer de una cancillería confiable, junto con mecanismos como el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores (CARE) y otras iniciativas susceptibles de actualización, sin caer por ello en nostalgias institucionales ni en la simple restauración del pasado. Por lo pronto, lucen prioritarias la despartidización de la política exterior, la recuperación de una diplomacia profesionalizada y la atención sostenida a la inmensa diáspora venezolana.

Una futura transición no puede limitarse a realinear a Venezuela con los principios y valores occidentales, por legítima que sea su recuperación, sino que debe reconstruir la capacidad del Estado para idear, diseñar e implementar una política exterior propia. Se trata, en definitiva, de recobrar la independencia republicana mediante instituciones capaces de sostener nuestros legítimos intereses, ejercer la soberanía y honrar responsablemente los compromisos internacionales contraídos.

Ilustración: IA/lb 

31/08/2026:

https://opinionynoticias.com/opinionpolitica/44879-de-la-politica-exterior-en-el-marco-de-una-estatalidad-perdida

Se deja constancia

26/08/2026:

https://www.youtube.com/watch?v=y7Qowwvmqw8&list=RDy7Qowwvmqw8&start_radio=1 

Caza de citas

“Dejando caer la cabeza, el censor nuevo exhaló un suspiro.

—No tendría que haber estado pensando.

—Exacto. Un censor de libros no debe jamás adentrarse en las aguas de la interpretación.

—Sí.

—Y usted… usted está nadando en ella”

Bothayna Al-Essa

(“La biblioteca del censor de libros”, Fiordo Editorial, Buenos Aires, 2025: 63)

Reproducción:  Aad Goudappel.

Noticiero retrospectivo

- Laura Weffer Cifuentes entrevista a Darcy Ribero con fotografías de Luis Vallenilla. El Globo, Caracas, 02/06/1993.

- Edith Guzmán entrevista a Morella Múñoz. El Nacional, Caacas,03/06/84.

- Junio Pérez Blasini y Luis Piñerúa Ordaz. Economía Hoy, Caracas, 04/08/89.

- Gerver Torres. “Privatizaiones indesebles: una alerta para la izquierda”. El Nacional, edición aniversaria, 03/08/92.

- David Morales Bello. “La hipoteca del progreso social”. 2001, Caracas, 16/03/79.

Reproducción: Jesús Soto según Ras. El Nacional, 16/10/69.

Comala

ESPECTROS DE UNA REALIDAD POLÍTICA QUE YA CAMBIÓ

Luis Barragán

Los hechos políticos nos remiten a acontecimientos, conductas, decisiones o relaciones concretas de poder que se imponen como realidades inmediatamente perceptibles y difícilmente modificables. Ejercen una irresistible influencia a veces intimidante o perturbadora en la población y en el ámbito personal, tras su formidable impacto en la dirección, organización y distribución del poder.

Exactamente fue lo que ocurrió el 3-E para sorpresa de todos, por cierto, aflorando una corriente de optimismo en las redes digitales que compensan la falta de medios alternativos para medir el bienestar o malestar del país. Con todo lo trampeadas que también están, en una sociedad reprimida y (auto)censurada, se notó en principio una genuina corriente de opinión que impregnó de optimismo las redes con todo y lo trampeadas que también están a propósito de la consabida extracción de Nicolás Maduro.

Extracción que nos condujo a un proceso político antes inimaginable y con un poderoso imaginario social que rápido se infla y rápido se desinfla para escarnio o celebración de un liderazgo político realmente atomizado en las dos aceras, forzado a dejarse representar por actores transitorios como más o menos ha ocurrido en la última década y media. El papel que ha jugado la Constitución de la República ha sido prácticamente nulo frente al arrollador hecho político que obliga al gobierno a invocar el texto como un relato mínimo y posible para intentar preservar la lealtad de sus cuadros, incluida una mesa de negociación que, a ratos, presentan como si fuese una concesión graciosa al “oposicionismo”.

Poco importa que coincida la excarcelación de prisioneros políticos, quedando otros pendientes, con las sesiones formales e informales de la consabida mesa, pues algunos voceros oficiales niegan que la excarcelación haya sido objeto de discusión formal o informal a favor del relato en cuestión. E, igualmente, se hacen y nos hacemos los pendejos porque no se llenaron los extremos de los artículos 233 y 234 constitucionales, quedando la queja por ahí la queja doctrinaria de los más avisados y la improvisada de los leguleyos de ocasión en torno a las faltas absoluta y temporal del presidente de la República.

Nos hemos deslizado hacia un país fantasmal: de nuevo Comala, en lugar de Macondo, en país en el que la Constitución es invocada retóricamente para sostener algo más que un relato que es el de la apariencia de continuidad institucional. El hecho político se impone a la norma constitucional porque las instituciones han perdido capacidad efectiva para procesarlo. Luego, la Constitución permanece como lenguaje de legitimación, pero ya no funciona con igual eficacia como instrumento de ordenación de la realidad política y de esa fractura surge la Venezuela fantasmada al sobrevivir ciertas formas, discursos y rituales del Estado mientras disminuye su correspondencia con el poder efectivo.

Esa discursividad puede advertirse en escenas casi espectrales: la pequeña tropa de la Guardia Nacional que trota de madrugada por las calles adyacentes, coreando a viva voz la hazaña del 4-F; o, de manera todavía más gráfica, en la valla colocada a la entrada de la Comandancia General en El Paraíso, Caracas, que reclama la devolución de Maduro y de su esposa. Vecinos y transeúntes coexisten con esa versión de la realidad de un poder que se supone del Estado, por cierto, en los términos del artículo 328 de la Constitución.

Un ritual del pasado, remembranza de los soldados que ni siquiera habían nacido en 1992, o la negación simbólica del presente con una valla que está ahí, en el paisaje cotidiano, mientras la realidad atenaza cruelmente a peatones y conductores de todos los estratos sociales del lejano oeste capitalino. Sobre todo al apuntar a la inflación despiadada y a esa sensación pesimista que luce natural, siendo imposible simularla.

Gráficas: LB (CCS, 31/08/2026).

30/08/2026:

https://lapatilla.com/2026/08/30/luis-barragan-espectros-de-una-realidad-politica-que-ya-cambio/