TRANSICIÓN, PRESUPUESTO Y UNIVERSIDAD
Luis Barragán
A mi hermano Roger
Izquierdo J.,
experto en presupuesto
público,
in memoriam
La transición, entendida
como proceso, ha de orientarse democráticamente a la recuperación y elevación
de las capacidades institucionales del Estado: la discusión del proyecto de Ley
de Presupuesto para 2027 ofrece una oportunidad propicia para avanzar en esa
dirección. Ejercicio antaño frecuente de deliberación nacional, debe significar
la ampliación y canalización legislativa de la consulta con todos los sectores
del país, sin discriminación alguna, para actualizar el diagnóstico de nuestros
problemas, establecer las prioridades impostergables y formalizar un compromiso
consensuado sobre la distribución responsable de los recursos disponibles.
Olvidada durante años la
especialidad presupuestaria, sus principios constitucionales y legales reclaman
hoy más que nunca el debido respeto, tanto por parte del órgano legislativo
encargado de recibir, debatir y sancionar la ley, como del Ejecutivo y de las
instancias de control y fiscalización; aceptemos que la vigencia formal de
tales principios no ha significado el acatamiento de la normativa que los
contempla, suficientemente demostrado por el ejercicio fiscal arbitrario y
prácticamente clandestino de todos estos años. Por consiguiente, la
rectificación gubernamental exige transparencia, información pública,
responsabilidad y rendición de cuentas, condiciones indispensables para
recuperar la gobernabilidad y la gobernanza que una maniobra de reacomodo, por
esmerada que fuese, jamás podrá garantizar.
El presupuesto público
venezolano ha sido materia de decisión exclusiva y discrecional de las
fracciones políticas dominantes del oficialismo, en detrimento incluso de las
restantes representaciones parlamentarias, privadas de información sobre las
estadísticas más sensibles del país. La estratagema presupuestaria se evidencia
en la subestimación de los ingresos anuales, el manejo monopólico de la renta
petrolera, arbitrariamente destinada a fondos gubernamentales sin control
efectivo, y la creciente presión tributaria, mientras persiste una prestación
ineficiente de los servicios públicos: se trata de una distorsión fiscal que
compromete la responsabilidad del Estado y agrava la crisis social.
Aceptemos, la transición
responde a una crisis muy aguda de gobernabilidad y gobernanza que, como
demuestra la experiencia, puede agravarse con el uso de la fuerza, por ello,
resulta recomendable hacer de la discusión presupuestaria una experiencia concreta
de negociación política e institucional, capaz de ampliar las posibilidades
democráticas. Esto no supone convertir la mesa de entendimiento, diálogo o
negociación en una coalición de gobierno, sino alcanzar acuerdos parciales que
permitan atender la insólita emergencia social y económica que nos embarga, sin
sacrificar las diferencias políticas.
Las organizaciones
político-partidistas tienen la responsabilidad de formular alternativas,
proponer políticas públicas, representar intereses y disputar democráticamente
el poder, mientras que la sociedad civil organizada, por su parte, aporta
conocimientos, experiencias y demandas sectoriales indispensables. La
concurrencia de ambas en una deliberación presupuestaria de carácter pluralista
permitiría identificar urgencias, concertar soluciones y establecer compromisos
verificables para el presente y el futuro; además, no se trata de sustituir las
competencias de los órganos del Poder Público, sino de recuperar la discusión,
calidad y responsabilidad institucional
en el ejercicio de esas competencias.
El complejo problema
universitario requiere de una instancia institucional adecuada para ventilarse
sobria, responsable y convincentemente, encarando sus múltiples dimensiones
como materia de las deliberaciones que puede suscitar el proyecto
presupuestario. Antes que distraer la atención con una reforma de la Ley de
Universidades de la que no se conoce siquiera un papel de trabajo oficial,
corresponde al ministerio del ramo formular sus planteamientos y someterlos a
consideración de las comunidades académicas. Empero, es el proceso
presupuestario, cuyo plazo de sanción es perentorio, el que ofrece una
oportunidad inmediata para que la comisión de diálogo, entendimiento o
negociación evacúe una amplia consulta y procure acuerdos susceptibles de
instrumentación legislativa, indicando prioridades, compromisos de asignación
de recursos y mecanismos de seguimiento y fiscalización.
Se trataría de una
experiencia de concertación que contribuiría a la recuperación inicial de la
gobernabilidad y la gobernanza, particularmente en lo concerniente al aula civil
y superior en Venezuela, porque el consenso que necesitamos no puede limitarse
a una distribución circunstancial de recursos: debe comprender el diagnóstico,
el método, las soluciones y el seguimiento de un asunto tan complejo.
Presupuestar responsablemente nuestras casas de estudio exige abandonar la
campaña de distracción en torno a una reforma universitaria que, sin
formulación oficial conocida, parece servir de cobertura a la pretensión de
imponer una universidad comunal, desnaturalizada y vinculada a un modelo
rentista históricamente agotado.
Especialistas han señalado
los Pactos de la Moncloa, suscritos en la España de 1977, como referencia de
acuerdos que incorporaron compromisos económicos, fiscales, salariales y de
gasto público, articulando a sectores empresariales y laborales; e, igualmente,
cabe examinar las experiencias latinoamericanas de concertación vinculadas a la
discusión presupuestaria, como la chilena de 1996. No se trata de trasladar
mecánicamente fórmulas ajenas, sino de reconocer que la negociación política
puede adquirir contenido material mediante compromisos económicos verificables.
Indispensable acotación, en nuestro caso, no reduzcamos el drama universitario
a las deficiencias salariales o infraestructurales, ya que la polémica debe
comprender las condiciones de estudio y trabajo, la docencia, la investigación,
los servicios y la autonomía institucional: las comunidades universitarias,
agremiadas o no, han de participar en la definición de las demandas y
prioridades que permitan recuperar la excelencia académica y la responsabilidad
ética y sociopolítica de la universidad.
Alcanzamos a asistir y a participar en el debate celebrado el pasado día 5 en la antigua Sala E de la Universidad Central de Venezuela, con la notable ausencia de la ministra de Educación Universitaria, y, en el lugar, pudimos constatar el rechazo a una reforma legal atípica, sin que exista un proyecto oficial conocido ni conste la deseable y responsable ponderación y respaldo del Consejo de Ministros. Resulta más razonable para el oficialismo atender la iniciativa presupuestaria efectivamente consignada y procurar mayores recursos para las universidades, en lugar de prolongar una discusión sobre una reforma fantasma, cuyo contenido y propósito siguen sin esclarecerse.
La discusión presupuestaria no resolverá por sí sola la crisis universitaria ni sustituirá las transformaciones legislativas e institucionales pendientes, aunque puede inaugurar una práctica democrática distinta: reconocer los problemas, acordar prioridades, comprometer recursos y someter – fundamentalísimo - los resultados al escrutinio público. La universidad podría ser un punto de partida para extender semejante ejercicio a otros sectores y políticas públicas, haciendo de la negociación presupuestaria una experiencia anticipada de transición y reconstrucción de las capacidades del Estado.
No subestimemos a una ciudadanía
que, al reclamar una mejoría inmediata de sus condiciones y calidad de vida,
también puede comprender y asumir la importancia de una controversia nada banal
sobre los recursos capaces de sostener, a mediano y largo plazo, cuanto pueda
alcanzarse. Recuperar la universidad como espacio de movilidad social, bajo
otro modelo de desarrollo, contribuiría igualmente a ordenar las expectativas y
prioridades presupuestarias del país.
Ilustración: lb / IA.
Video: Segmento tomado por José Luis García (Viva la UCV), en el debate sobre la reforma de la Ley de Universidades (Sala E/UCV, 05/11/2026).
17/11/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/transicion-presupuesto-y-universidad/
https://www.eastwebside.com/nota-editorial-universidades.html
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