José Rafael Herrera
La pretensión de implantar
una nueva Ley de Universidades en Venezuela aparece en uno de los momentos más
críticos de su historia contemporánea, justo cuando las instituciones
republicanas se han vuelto prácticamente inexistentes, cuando la vida pública ha
sido sometida a su mayor degradación y cuando la propia idea de nación parece
haber perdido por completo su capacidad para orientar un destino común. A la
sombra de semejante paisaje, no deja de ser significativo que un poder
satrapizado pretenda redefinir la naturaleza y función de la universidad,
especialmente cuando se trata de la institución que —para bien o para mal— ha
sido nada menos que la artífice política, moral e intelectual del país, por lo
menos desde 1810.
Que haya sido de la
universidad que surgiera la Idea de la Nación venezolana, es decir, que de su
seno surgiera la realidad objetiva del país en su totalidad, comprendido como
el despliegue del Espíritu de su pueblo, no solo es un hecho absolutamente
original sino, tal vez, inédito. Es la actio mentis, el saber autoconsciente y
sistemáticamente comprendido, puesto al servicio de la construcción de la
sociedad. Porque la cuestión no consiste únicamente en determinar quién
gobierna sus instituciones o cómo se organizan sus estudios. Lo que está en
juego acá es algo más profundo: se trata del lugar que ha ocupado
históricamente el pensamiento en la constitución de la realidad efectiva, no
del “estado 51”, sino de esta Tierra de Gracia.
La Universidad Central de
Venezuela no fue solamente una institución destinada a preparar profesionales,
técnicos o “especialistas”. A lo largo de su historia, constituyó uno de los
espacios desde los cuales se elaboraron las ideas que hicieron posible
imaginar, discutir, disputar, interpretar y hacer efectiva la existencia de
Venezuela como comunidad política y social. Claro que su historia no está
exenta de contradicciones, silencios o insuficiencias; pero precisamente por
eso debe ser comprendida históricamente. La universidad no se encuentra fuera
de la sociedad que ella produjo: participa, porque forma parte integrante de
sus conflictos, expresa sus límites y, sin duda, puede contribuir a superarlos.
Por lo demás, su responsabilidad republicana consiste, entre otras, en hacer
inteligibles las contradicciones de su tiempo.
Reducirla a una corporación
dedicada a suministrar técnicos al mercado de trabajo supone, por tanto,
alterar su sentido y significado. Sin duda, la formación profesional es
indispensable, pero no agota la misión universitaria. Un tecnológico es una
cosa, una universidad es otra cosa. La sociedad necesita médicos, ingenieros,
abogados, economistas, etc. Pero, además, necesita que quienes ejerzan esas
profesiones comprendan, con conocimiento de causa, las condiciones históricas
dentro de las cuales actúan, los fines a los que sirven y las consecuencias de
sus decisiones. El conocimiento especializado no sustituye el juicio acerca de
la sociedad. Y cuando se separa de él, puede convertirse fácilmente en un
instrumento eficaz para dar cumplimiento a fines inconfesables, cuya
naturaleza, no pocas veces, se ha prohibido examinar.
La universidad tiene una
responsabilidad que no se confunde con la imposición de una determinada
doctrina ideológico-política. Le corresponde contribuir a la formación del Ethos
republicano: ese conjunto de disposiciones, convicciones y capacidades mediante
las cuales una sociedad reconoce los asuntos comunes como propios y comprende
que la vida pública no puede reducirse a la obediencia, al interés privado o a
la administración de necesidades inmediatas. No se trata de adoctrinar
ciudadanos, sino, todo lo contrario, de formar personas críticas y autónomas,
capaces de juzgar, discutir y asumir responsabilidades. Una República que
renuncia a esa formación termina entregando sus decisiones a quienes pretenden
ejercer el poder sin tener que dar razón de él.
En este punto, por cierto,
resulta decisiva la comprensión de la función de la autonomía universitaria. No
se trata, como se ha pretendido hacer ver, de un privilegio gremial ni una
simple prerrogativa administrativa. Es la condición sine qua non que permite a
la universidad determinar qué problemas merecen ser investigados, someter a
examen las verdades establecidas y cuestionar las decisiones del poder,
incluidas aquellas que afectan a la sociedad y, por consiguiente, a la propia
institución. Una universidad que no puede interrogar a la autoridad deja de ser
plenamente una universidad: se convierte en una dependencia pasiva, encargada
de ejecutar fines que otros han decidido. La heteronomía comienza cuando la
institución pierde la capacidad de resolver las preguntas que ella misma ha
formulado.
Es por eso que conviene
distinguir entre un profesor universitario y quien ha quedado reducido a la
función “docente”, o sea, la de transmitir contenidos. La docencia es sin duda
una tarea fundamental, pero la vida universitaria exige la integración de
investigación, docencia y extensión. El profesor investiga porque el
conocimiento no es un depósito de preceptos o de fórmulas concluidas; gracias a
lo que investiga enseña, porque el pensamiento debe exponerse, confrontarse y
ponerse a prueba; y por esa razón se vincula con la sociedad, porque el saber
no puede permanecer indiferente ante la realidad política, social e histórica
que le da sentido. El conocimiento que no se extiende más allá de las aulas es
un conocimiento impotente. Pero, además, separadas entre sí estas funciones se
empobrecen. La docencia sin investigación corre el riesgo de repetir respuestas
envejecidas; la investigación sin extensión se encierra en sí misma; y ambas,
desvinculadas de los problemas colectivos, terminan convertidas en ejercicios
propicios para la esterilidad. Un profesor universitario no es un teacher: es un professor.
La experiencia de las
universidades creadas o impulsadas por el régimen chavista merece ser examinada
desde esta perspectiva. No se trata de descalificar en bloque a sus profesores
ni a sus egresados, sino de evaluar las condiciones institucionales de su
funcionamiento, la calidad de la formación impartida, la libertad académica, la
producción de conocimiento y la posibilidad efectiva de la crítica. Una
política universitaria no se mide por el número de instituciones inauguradas ni
por la cantidad de títulos expedidos, sino por su capacidad para formar
profesionales competentes y ciudadanos moral e intelectualmente autónomos.
Cuando la expansión de la matrícula no va acompañada de condiciones adecuadas
para investigar, enseñar y evaluar con rigor, las cifras pueden ocultar una
grave insuficiencia formativa.
La paradoja se vuelve aún
más evidente ante el desarrollo de la inteligencia artificial. En un mundo
donde numerosas tareas rutinarias de procesamiento de información podrán ser
automatizadas, una universidad que se limite a transmitir contenidos y
adiestrar ejecutantes estaría renunciando, precisamente, a aquello que más se
necesita. La formación superior no puede consistir en preparar individuos para
repetir operaciones que las máquinas realizan cada vez con mayor eficacia. Su
tarea es formar capacidades de y para el juicio: la comprensión de problemas,
el establecimiento de relaciones, la evaluación de consecuencias y la
deliberación sobre los fines que deben orientar el uso del conocimiento. La
inteligencia artificial no vuelve innecesaria a la universidad. Por el
contrario, hace más urgente la necesidad de que no abdique ante la
responsabilidad de seguir pensando, de generar ideas y valores.
Pero esa responsabilidad
solo puede cumplirse donde existe libertad para pensar. No hay autonomía sin
posibilidad de crítica, ni crítica sin la disposición a examinar, incluso,
aquello que una autoridad presenta como indiscutible. Por eso las universidades
le resultan tan incómodas a los promotores de la barbarie de la reflexión. El
poder que teme ser examinado procura sustituir el juicio por la obediencia y la
formación por el adiestramiento. De ahí que la disputa por la universidad no
sea un asunto sectorial. Concierne en las condiciones en las que una sociedad
se puede reconocer como comunidad política y reconstruir sus estructuras
institucionales.
Una República no se sostiene
únicamente mediante leyes, elecciones o estructuras administrativas. Requiere,
además, de ciudadanos capaces de comprender el mundo común, instituciones que
no se sometan a los intereses del poder y espacios donde las ideas puedan
confrontarse libremente, sin recibir de antemano una sentencia. La universidad
no garantiza por sí sola estas condiciones, pero su debilitamiento hace mucho
más difícil poder alcanzarlas.
La pregunta decisiva,
entonces, no es si Venezuela necesita reformar su Ley de Universidades, con el
premeditado objetivo de mutilar la posibilidad de formar ciudadanos, gente
pensante. Toda institución histórica debe examinar sus insuficiencias y
transformar sus prácticas. La pregunta es si esa transformación pretende
ampliar las capacidades para que la universidad pueda pensar el país o para
reducirla a instrumento subordinado, es decir, enajenarla de sus propios fines.
En una sociedad urgida de reconstrucción, trastocarla en una corporación de
intereses para la formación técnica de individuos significaría desmantelar uno
de los espacios desde los cuales esa reconstrucción podría concebirse. Nunca se
debería olvidar que los griegos definían a quienes solo se interesaban por sus
propios intereses como idiotas. Además de premeditado y alevoso, resulta ser
muy triste el intento de convertir la institución que históricamente ha
construido y reconstruido el país en una fábrica de idiotas.
Si Atenea nació de la cabeza
de Zeus, Venezuela nació de la cabeza de Atenea. Tal vez sea por eso que el
país posee ese fascinante aroma de mujer. Y quizá sea esa la razón que permite
explicar por qué su gentilicio se siente tan orgulloso de sí, por qué es tan
espléndido, a veces tan atrevido y, no pocas veces, un tanto pretensioso. La
verdad sea dicha: sus motivos no son pocos. De ahí que cuando las Repúblicas
pierden su capacidad de pensarse, de revisarse, la universidad tenga la
obligación de ser el lugar desde donde esa capacidad se sostenga con sentido
enfático. Si, por el contrario, se la obliga a renunciar a la crítica y a
obedecer los planes que el poder le impone, la reforma puede terminar siendo un
motivo para la transgresión de lo que se pretende organizar. La cuestión de
fondo no consiste en saber qué tipo de universidad requiere Venezuela, sino si
Venezuela podrá conservar las condiciones éticas y conceptuales necesarias para
volver a ser una República.
Ilustración: lbIA.
31/10/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/una-universidad-contra-la-republica/
