Luis Barragán
A nadie debe asombrar la profunda y largamente
sostenida irresponsabilidad gubernamental de todo el presente siglo respecto a
la universidad, sobre todo en lo concerniente a la autonomía convertida en una
bandera histórica tan traicionada como la del precio barato de la gasolina. Y
no es casual la pretensión de una reforma de la ley de universidades encaminada
a neutralizar u obstruir la transición democrática, por cierto, eludida como
proceso, en el marco de una ya consabida “técnica” legislativa: aparentemente
ausente el debido proyecto creyendo estúpidos a los destinatarios, sorpresivamente
aparecerá y se impondrá en nombre de una constituyente tan universitaria como
ha sido y aún lo es la laboral, con la
misma gente que ha prestado y presta su nombre para la vulgar maniobra.
Gobernar no es anunciar que se va a hacer lo que
simplemente no se hizo en casi tres décadas, como si no fuese suficientemente
clara e inequívoca la normativa constitucional y legal vigente, por lo que la
reforma constituye un pretexto para eludir la transición política como proceso,
intentando torpedearla. El deliberadamente crónico déficit financiero del aula
superior y, además, civil en Venezuela; la desalarización y la precariedad de
los ingresos reales del profesor universitario, que lo empujan a abandonar las
aulas, incluso, porque no puede costear el transporte; la deserción
estudiantil, la precariedad de la planta física, la vandalización de las casas
de estudio y la pérdida sistemática de oportunidades académicas pudieron
afrontarse con el ordenamiento jurídico vigente: vale decir, gobernando y, como
no se hizo, los problemas alcanzan ahora tal gravedad que peligra la noción
misma de universidad en Venezuela
A modo de ilustración, el debate inmediato que hoy
está planteado para el sector universitario va en dos direcciones: por una
parte, según lo establecido por la Constitución y las leyes en la materia,
introducido el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio
fiscal de 2027, en fecha reciente, es necesario sincerarlo y revelarlo en toda
su amplitud pública como no se ha hecho en los últimos años, propiciando la
discusión, lo que fuerza a hacer y compartir un diagnóstico honesto de la
realidad del sector, concebir y acertar con el financiamiento de una consensuada
política pública, específica y concreta, en lugar de improvisar con la citada
reforma legal como si se tratara de alcanzar una fórmula alquímica. Por la
otra, la persistencia y agudización de los problemas comprometen
inexorablemente la gobernabilidad y la gobernanza (G&G) universitarias, en
sintonía con la crisis del país. De ahí que la transición democrática se
plantee como la posibilidad de un proceso pacífico e histórico de cambio
político.
Valga el ejemplo, el mismo día que sesionó y decidió
el Consejo Nacional de Universidades la discusión de la reforma en cuestión, debió adoptar una decisión que esperó la
comunidad de la Universidad Simón Bolívar, cuyas autoridades interventoras
ostentan un pésimo desempeño de cinco años consecutivos aun cuando debieron
convocar a elecciones rectorales en 180 días contados a partir de su
nombramiento; las autoridades interventoras no fueron reemplazadas ni siquiera
por otros profesores de la órbita oficialista, lo que habría permitido - al
menos - presentar la decisión como una
señal de humilde rectificación y una muestra de destreza política que solemos
extrañar. Acotemos la circunstancia, la ministro de Educación Universitaria
simultáneamente pertenece a la élite gobernante que se sienta en la mesa de
diálogo o negociación que la presumimos orientada a resolver el generalizado,
presente y futuro problema de G&G.
El esfuerzo por controlar políticamente todas nuestras
casas de estudios, a la postre se tradujo en una mayor incapacidad política
para procesar los conflictos, tomar decisiones, ejecutar políticas, alcanzar la
legitimidad y la estabilidad tan indispensables. La represión y la violencia de
Estado no han sido la solución correcta, careciendo de pautas para la
distribución de responsabilidades, la participación de las comunidades
universitarias, la transparencia, la rendición de cuentas, y teniendo por
regla, procedimiento y relación las decisiones arbitrarias, sumada su negligencia
manifiesta, que le hizo perder capacidad infraestructural.
Aceptemos, nos encontramos en un período excepcional
de la vida republicana que no debe perder de vista el aula venezolana gracias al
no-proyecto para una sí-ley de universidades. Convengamos, la G&G durante
la transición y, luego, con su consolidación, es la que contribuirá a salvar la
universidad venezolana, evitándole las más ociosas tempestades.
Ilustraciones: IA/lb.
27/10/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/universidad-gobernabilidad-y-gobernanza-transicional/
