Por sentido del bien común

 

ABC. Madrid, 24/06/2026.

Posmodernidad y fe

ABC. Madrid, 22/06/2026.

Un largo trecho

DE CARABOBO A FUERTE TIUNA

Jesús Rondón Nucete

 El 24 de junio se conmemoraba la victoria obtenida en Carabobo (1821) por las tropas de Colombia-La-Grande, conducidas por El Libertador-Presidente, sobre las del Imperio Español del Capitán General Miguel de la Torre. Selló la independencia del gran Estado suramericano y permitió su reconocimiento internacional. En 1949 se fijó como día del Ejército de Venezuela, aunque este realmente no fuera –¡y no es!– sucesor de quienes en aquel campo consolidaron la emancipación política. Lo demostró su conducta insólita el 3 de enero pasado en Fuerte Tiuna. En verdad, sus soldados –“chavistas y antimperialistas”– no tienen motivo para celebrar este día.

Más de 90% de los venezolanos aplaudieron la acción de fuerzas norteamericanas que, en una operación ejecutada con precisión de reloj (que supuso la muerte de agentes cubanos y venezolanos de seguridad), se apoderaron del “usurpador” del mando (y de su esposa, con funciones importantes) y los trasladaron a territorio de Estados Unidos para que fueran juzgados por graves delitos (algunos definidos por el Derecho Internacional) en un Tribunal de Nueva York. Una acción de ese tipo no es siempre contraria al derecho, como comúnmente se cree. Está prevista –bien que excepcionalmente– ante determinadas circunstancias. Más recientemente, encuentra sustento en la tesis del deber de proteger que corresponde a todos los estados ante los crímenes cometidos contra una población civil, así como en aquella otra de la jurisdicción internacional, ya admitida no solo en la doctrina sino en la legislación de al menos once estados (Argentina, entre ellos).

La mayoría de los venezolanos también ha manifestado su oposición al ejercicio del poder por oficiales de Estados Unidos. Nada lo justifica. A la intervención militar ha seguido el establecimiento de un protectorado de facto, sin fundamento jurídico. Se desconoce la soberanía del país: no solo se imponen desde Washington decisiones que corresponden a las autoridades locales, sino que dentro del territorio nacional se cumplen actos que les son propios (incluso de tipo militar). Pareciera que (aunque no formalmente) se ha agregado a la Constitución (1999) una enmienda (similar a la de Platt en la constitución cubana de 1901), según la cual “Estados Unidos puede ejercitar el derecho de intervenir” para “estabilizar la situación, recuperar la producción económica y restablecer la democracia”. Los venezolanos, por su parte, se sienten capacitados para asumir la administración de su país y recuperar su régimen de democracia y libertades. Lo hicieron en ocasiones anteriores.

En esta columna se ha recordado que los venezolanos han sabido superar graves crisis, sin recurrir a “protectores” que cumplieran esas tareas. También pudieron, en el siglo anterior, llevar adelante dos procesos de transición de regímenes dictatoriales hacia sistemas democráticos (en 1936 y 1958) que sirvieron de referencia para experiencias similares en otros lugares. Precisamente, con el último se inició uno de los períodos de mayores éxitos en su historia: era por entonces la democracia más estable y dinámica de América Latina. Eso dio enorme prestigio al país, no solo en la región sino en otras, incluso lejanas. Conviene decir también que en todos sus años de independencia solo ha sido invadida por tropas extranjeras en dos oportunidades: breve y escandalosamente durante el bloqueo de los puertos (1902-1903) por Inglaterra, Alemania e Italia y, sigilosamente, por efectivos cubanos en apoyo de guerrillas comunistas (1966-1967) y al gobierno chavista-madurista (desde 2003).

Sin embargo, el sistema democrático venezolano no supo enfrentar algunas viejas tendencias internas que a la larga causarían su ruina. Dotó al país de una infraestructura muy completa, extendió los servicios de salud y educación abiertos a todos (lo que permitió mejorar las condiciones de vida), afianzó la igualdad social y recibió millones de inmigrantes que se integraron plenamente. Promovió el desarrollo económico: el PIB llegó a ser el 4.º de la región. La pobreza disminuyó (aunque en los años finales volvió a aumentar). Pero, la voluntad republicana de los inicios se debilitó con la riqueza fácil (derivada del petróleo). El espíritu de partido sustituyó a la idea del servicio, el populismo se impuso como instrumento de control social, el intervencionismo estatal invadió las áreas propias de la iniciativa privada y dio mayor poder a los órganos públicos. En tales condiciones, floreció la corrupción que animó el militarismo nunca calmado.

Después de la dictadura militar de M. Pérez Jiménez las Fuerzas Armadas se transformaron. Antes había comenzado su modernización, visible en la formación de sus oficiales, la adquisición de nuevos equipos, la construcción de instalaciones adecuadas. Pero, a partir de 1958 dejaron de ser soporte de un caudillo. Se institucionalizaron. Fueron el brazo armado de la República (no de partido o persona). Y se comprometieron con la voluntad democrática del pueblo. Su doctrina de acción se modificó y su preparación mejoró. Fueron equipadas para atender la seguridad interna y externa, sin pretender entrar en el juego de las potencias. Derrotaron la insurrección promovida desde Cuba. Tuvieron el reconocimiento de la comunidad internacional: participaron en varias misiones de paz, bajo la bandera de las Naciones Unidas. En India y Paquistán (1966), Namibia (1989), Centro-América (1990), Iraq y Kuwait, Sahara Occidental y El Salvador (1991) y Croacia y Bosnia Herzegovina (1992).

Desde comienzos de los años 80 algunos advirtieron señales de una crisis política mayor (sistémica), pero el asunto no se discutió en los ambientes en los que correspondía. Los dirigentes (especialmente de partidos) estaban más interesados en las pequeñeces inmediatas y pensaban que las reformas (que pedían los adelantados) podían limitarse (a elecciones regionales) o esperar. Sin embargo, el tema si interesó mucho en los cuarteles y en los grupos económicos. También en la Iglesia. Por su parte, al finalizar la lucha armada, algunos de sus promotores concluyeron que para lograr sus objetivos debían contar con apoyo entre los oficiales: decidieron incorporar militantes “revolucionarios” en unidades militares para difundir ideas y captar partidarios. Las Fuerzas Armadas fueron, así, penetradas lentamente. Al comienzo fueron pocos los comprometidos (solo 4 en 1982), luego su número aumentó. En verdad, la mayoría mantuvo su formación y talante democráticos. En 1992 derrotaron a los infiltrados.

Durante décadas los cuerpos militares –a los que se agregaron la aviación (1920) y la guardia nacional (1937)– se presentaron como herederos de aquellos que lograron en los campos de batalla la independencia decretada por los congresos de varios pueblos americanos. Se decían “forjador(es) de libertades”. No era exacto desde el punto de vista histórico. El Ejército Libertador –como se le llamó en la epopeya– integrado desde 1813 por venezolanos y neogranadinos, a los que posteriormente se sumaron quiteños, peruanos y argentinos (y oficiales de origen europeo), se disolvió al final del proceso emancipador. Después, especialmente desde el asalto de J.T. Monagas (1848), cada caudillo hacía de las tropas o “montoneras” (normalmente de su mismo origen regional) con las que había conquistado o se sostenía en la capital, el instrumento armado del poder nacional. Los presidentes de Estado hacían lo propio en el interior. No había, pues, ejército único y permanente.

Fue así hasta que Juan Vicente Gómez creo un verdadero ejército nacional a partir de 1910 (apertura de la Escuela Militar en La Planicie), con asesoría del chileno Samuel McGill (nombrado Instructor General), experimentado y aventurero, de formación prusiana. Comprendió el Benemérito, veterano de guerras, la necesidad de preparar a los oficiales y equipar a las tropas para asegurar la tranquilidad de la Patria. Comenzó entonces un proceso de mejoramiento, crecimiento y modernización, en el que un paso importante ocurrió (1958) cuando las fuerzas armadas se convirtieron en institución al servicio del Estado (y no de persona o parcialidad), sujeta a la Ley. Ese proceso se interrumpió cuando Hugo Chávez, “caudillo” de una revolución atrasada, utilizó aquella institución para sustentar su poder, le confió tareas impropias y toleró su corrupción. El resultado fue el desprestigio y su incapacidad para responder a las exigencias de los tiempos. ¡Como en Guyana o Fuerte Tiuna!

El futuro de las fuerzas militares en Venezuela es un tema tabú. Su conexión con el régimen chavista les hizo perder la confianza de los ciudadanos: 74,77% siente ahora (febrero.2026) “vergüenza y disgusto” hacia ellos. De otro lado, las condiciones impuestas por las nuevas circunstancias exigen cambios, como en muchos países. Las guerras recientes (en Ucrania o Irán), muestran la necesidad de adaptarse. Sobreviven los más inteligentes, no los más fuertes. En nuestro caso, debe prohibirse su participación en las luchas partidistas, así podrán dedicarse a las tareas que les encomienda la Constitución, que no son pocas.

Fotografía: Venezuela se prepara con antelación para una invasión estadounidense:

https://www.elespanol.com/espana/20190222/ejercito-venezolano-prepara-hace-ano-invasion-eeuu/377963452_0.html

Cfr. Texto de Paola Badaracco sobre el autor:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/humanista-y-catedratico/

24/06/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/de-carabobo-a-fuerte-tiuna/

Memorandum

LA FUERZA ARMADA AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA

Ramón Escovar León

“Calma y cordura” es la expresión acuñada por el general Eleazar López Contreras que evoca la serenidad y la prudencia en momentos cruciales de nuestra historia política. El general de Tres Soles enseñó que la principal contribución de la Fuerza Armada a la vida nacional consiste en favorecer una transición ordenada hacia la institucionalidad.

Conviene recordarlo hoy, a propósito de las palabras pronunciadas por el Ministro de la Defensa durante la condecoración de más de 240 oficiales con tres décadas de servicio, al sostener que los militares son “los custodios de la doctrina y del legado del comandante fallecido Hugo Chávez”. Esta afirmación trasciende el protocolo militar y obliga a abrir una reflexión serena sobre la naturaleza republicana de la institución armada.

Conviene promover un debate amplio y respetuoso sobre la misión de la Fuerza Armada en una república. ¿Debe custodiar la doctrina y el legado de un líder político o los valores constitucionales que pertenecen a toda la nación? ¿Debe identificarse con una corriente ideológica determinada o situarse por encima de las diferencias partidistas para preservar su carácter institucional?

Toda nación necesita que su Fuerza Armada sea fuerte, profesional y respetada. Pero el respeto no se impone mediante la adhesión a una doctrina política determinada, se conquista cuando la institución militar es percibida por todos los ciudadanos como garante de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.

La historia de Venezuela ofrece una lección clara. Desde los primeros años de la República, el desequilibrio entre lo civil y lo militar ha sido una de las causas recurrentes de nuestras crisis políticas. Por ello, los constituyentes de 1811 establecieron un principio que conserva plena vigencia: el poder militar debe permanecer subordinado a la autoridad civil.

Ese principio histórico encuentra hoy una formulación inequívoca en el artículo 328 de la Constitución. La norma define a la Fuerza Armada Nacional como una institución “esencialmente profesional, sin militancia política”, organizada para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, y establece que está “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

No se trata de una cláusula meramente declarativa. La prohibición de realizar actividades políticas no disminuye la importancia de la Fuerza Armada; por el contrario, preserva su unidad interna, fortalece su legitimidad y garantiza que pueda ser reconocida por todos los ciudadanos como una institución común, por encima de las diferencias ideológicas.

El sector castrense no existe para custodiar la doctrina de un gobierno, de un partido o de un líder. Su misión es más alta y más exigente: custodiar el legado republicano que dio origen a Venezuela.

Ese legado no pertenece a una parcialidad política. Está integrado por los valores de la independencia, la soberanía popular, la separación de poderes, la alternancia democrática y el respeto a la Constitución. Es el legado de Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yanes, Miguel José Sanz y de tantos civiles y militares que comprendieron que la República solo puede existir cuando la fuerza se somete al derecho.

La experiencia comparada demuestra que las democracias sólidas son aquellas en las que los militares renuncian expresamente a toda función arbitral en la vida política. Su prestigio nace, precisamente, de esa renuncia.

La experiencia reciente de Colombia ofrece una lección valiosa. En vísperas de la segunda vuelta presidencial de 2026, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, recordó que la misión de la institución está definida exclusivamente por la Constitución y la ley. Frente a las controversias surgidas en torno al proceso electoral, afirmó que cualquier actuación de las Fuerzas Militares debía orientarse a garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial, la independencia del Estado y la preservación del orden constitucional. La validación de los resultados —subrayó— corresponde a las autoridades electorales y no a la institución militar.

Sus declaraciones constituyen un recordatorio oportuno: la mayor contribución de las Fuerzas Armadas a la democracia no consiste en intervenir en el debate político, sino en garantizar que ese debate pueda desarrollarse en libertad y dentro del marco constitucional.

La propia historia contemporánea de Venezuela ofrece un ejemplo elocuente. Durante las décadas de los sesenta y setenta, la Fuerza Armada Nacional desempeñó un papel decisivo en la defensa de la democracia frente a las amenazas insurreccionales y a las incursiones promovidas desde el exterior, como la invasión de Machurucuto. Lo hizo bajo la conducción del poder civil y en cumplimiento de su deber constitucional. Esa actuación le granjeó el respeto de amplios sectores de la sociedad venezolana y demostró que el prestigio militar alcanza su mayor expresión cuando las armas de la República se ponen al servicio de la libertad y del orden constitucional, y no de una parcialidad política.

Los acontecimientos recientes vividos por Venezuela obligan, además, a una reflexión autocrítica. Cuando una nación atraviesa episodios traumáticos que comprometen su soberanía y su estabilidad, la primera obligación de sus instituciones no es reafirmar certezas ideológicas, sino examinar con honestidad qué errores permitieron llegar a esa situación.

La politización de las instituciones debilita la capacidad del Estado para proteger eficazmente la soberanía nacional. La grandeza de una institución no reside en su capacidad para negar sus fallas, sino en su disposición para aprender de ellas.

Venezuela necesita una Fuerza Armada unida, profesional y respetada por todos los ciudadanos. Una institución que sea motivo de encuentro y no de división, que recupere el prestigio ganado durante las décadas en que defendió la democracia frente a las amenazas externas y la violencia insurreccional, una Fuerza Armada cuyos integrantes sean reconocidos por todos los venezolanos, sin distinción política, como servidores de la República.

Las democracias necesitan militares comprometidos con la República; los regímenes personalistas necesitan militares comprometidos con un líder. La diferencia entre una y otra lealtad define, en gran medida, el destino de las naciones.

La historia demuestra que la Fuerza Armada venezolana ha sabido estar a la altura de los grandes desafíos nacionales cuando han actuado como instituciones de todos y no de una parcialidad.

Cabe esperar que, una vez más, el sector castrense sepa honrar esa tradición republicana.

Fotografía: 

https://spanish.xinhuanet.com/20260320/da067c59f8234a20a7ff05451d54255c/c.html

23/06/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/la-fuerza-armada-al-servicio-de-la-republica/

Padelirium

IDEARIUM EDUCATIVO Y PADEL

Luis Barragán

Convengamos, la proliferación de clubes de pádel comporta también un fenómeno cultural. Allí se ha paseado un nuevo imaginario del éxito que ya no pasa necesariamente por las aulas, apartando la mención de la indumentaria de una prestigiosa marca comercial.

Una de las grandes e insuperadas conquistas históricas de la era democrática, importa y mucho reconocerlo, fue la de ofrecer y materializar una alternativa para el ascenso personal y social que no fuese delictivo. La educación desde temprana edad hasta sus últimas consecuencias bien lo ilustra, siendo un hecho tan irrefutable como irrepetible de compararlo con la presente centuria.

Por muchos problemas que hubiese, ejemplificado con la falta de presupuesto universitario por el que se podía lidiar, protestar y recibir respuesta oficial, u otro de distinta naturaleza, inmediatamente el asunto remitía a los propios de un vertiginoso crecimiento cuantitativo del aula en Venezuela sin correspondencia con el decidido mejoramiento cualitativo tan obligado antes de finalizar el siglo anterior, añadida una revisión profunda del régimen financiero del Estado. Respuesta que nunca se dio, silenciado y arrodillado el otrora combativo y respetado magisterio nacional, la cuestión no encontró cupo en el socialismo del siglo XXI.

Ahora, se han cerrado todavía más los medios para una legítima promoción individual y familiar, quedando como opción el intento de flotar en un cuadro generalizado de supervivencia, la migración interna y externa hasta el lugar donde sea posible sobrevivir, o la criminalidad de la más variada estirpe, escala y estilo. Contrario a lo que ocurría antes, la tendencia creciente en buena parte de la población es la de asumir que los estudios formales e informales no sirven absolutamente para nada, resultando un gasto inútil y – agregaríamos – pendenciero.

Cierto, sobre todo a partir de los años setenta del XX, importaba y mucho tener un hijo “dotol” y concebir las aulas como una masiva manufacturadora de “dotoles”, equivalente al ascenso rápido del diplomado y de toda su familia. En nuestro imaginario social, sobre todo respecto al médico antes que al abogado o ingeniero, se le creyó automático portador de un encumbramiento que podía ser de clase y con clase gracias a las clases.

A ese imaginario contribuyó inmensamente la novela radiada y televisada, porque los Alberticos Limontas o las Rafaelas de ocasión, estelares de Radio Caracas y Venevisión, poco o nada hubiesen logrado de no gozar de la debida colegiación profesional o, al menos, contar con una certificación de Douglas León Natera, el eterno presidente de la Federación Médica. Parece que la cosa viene de muy atrás, pues, tenemos que hacia 1926 se presentó en el teatro Ayacucho de Caracas una obra de Florencio Sánchez llamada “M´hijo el dotor”, por la compañía Villalona: aunque desconocemos el libreto, es de suponer el motivo de la obra.

Lo cierto es que la realización de toda suerte de estudios en el país de antes fue bien recibida y hasta saludada en los medios escritos de la prensa, tratándose de un secretariado comercial, médico, mecánico automotriz, ingeniero electrónico, maestro de la construcción, psicólogo, contabilista u otras ramas del saber y del hacer, siendo festejada la graduación en los hogares.  Este otro imaginario que arrolló principalmente la televisión, en el que bastaba cualquier oficio o profesión útil para una vida decente y hasta holgada, lo canceló el socialismo añadiendo el fracaso de las llamadas misiones que, al fin y al cabo, no eran políticas públicas tal como universalmente se les entiende.

El idearium educativo de esta hora es otro y quizá prevalezca aún el convencimiento de que no hace falta estudiar para ser alguien y, muchísimo menos, para tener bastantísimo dinero ostentando una envidiable posición gracias a las grandes y pedagógicas hazañas de los boliburgueses y pranes. “Habrá maneras de comprar un título, si es que me lo piden para entrar en el club de pádel”, argüirá alguno.

La transición no es solamente un cambio de gobierno o de régimen, como pueden sugerir los transitólogos de todo momento. Apunta a la reconstrucción de las más nobles expectativas de mérito y movilidad, educación y esfuerzo, sacrificio y recompensa frente al padelirium. 

Ilustración: Jacek Yerka.

Composición gráfica basada en:

Ilustración: David Nemietz:

https://padel-magazine.es/la-contenci%C3%B3n-del-p%C3%A1del-por-david-niemietz/

Reproducción: Aviso de El Universal, Caracas, 12/01/1926.

21/05/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/idearium-educativo-y-padel/

El proceso histórico

EL PUENTE NECESARIO: UNA TRANSICIÓN A LA LIBERTAD RESPONSABLE

Luis Manuel Marcano 

En la reflexión actual sobre el eventual desmoronamiento de este sistema criminal, colofón del llamado socialismo del siglo XXI, que no solo profundizó, sino que maximizó muchos de los errores políticos, económicos e institucionales que Venezuela venía acumulando desde hacía décadas, resulta inevitable formular dos interrogantes fundamentales. Más allá de la caída de un régimen o del agotamiento de un modelo, la verdadera discusión gira en torno a qué hacer después y cómo evitar que la tragedia vuelva a repetirse bajo nuevas formas.

Por ello, deseo centrar esta reflexión en responder dos preguntas que considero esenciales como aporte a ese futuro necesario.

¿Es posible conducir a Venezuela desde un modelo socialista hacia un orden liberal en medio de una pobreza extendida, corrupción estructural y una profunda dependencia ciudadana del Estado, sin vulnerar los derechos humanos ni sacrificar los principios democráticos?

Si ello fuera posible, ¿cuál podría ser el modelo de transición que sirva de puente entre un sistema socialista y un orden liberal mientras se construyen gradualmente las condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para su consolidación?

Estas preguntas no son meros ejercicios académicos. Constituyen probablemente el problema político más importante que enfrentará Venezuela en las próximas décadas. Porque el desafío no será únicamente desplazar a una élite gobernante o recuperar la legalidad constitucional. El verdadero reto consistirá en reconstruir una nación cuyos mecanismos de producción de riqueza, sus instituciones, sus incentivos sociales e incluso buena parte de su cultura política han sido moldeados durante años por la dependencia estatal, la destrucción de la autonomía ciudadana y la erosión progresiva de la confianza en las reglas del juego democrático.

La historia enseña que las sociedades no pasan de un extremo a otro mediante decretos ni mediante consignas ideológicas. Ningún país abandona exitosamente un sistema profundamente intervencionista para convertirse de la noche a la mañana en una democracia liberal plenamente funcional. Las transformaciones sostenibles son procesos históricos complejos que requieren tiempo, liderazgo político, reconstrucción institucional y, sobre todo, una comprensión realista de las condiciones materiales y culturales de la población. Precisamente por ello, la respuesta a estas preguntas exige abandonar tanto las ilusiones revolucionarias como las fantasías de una liberalización instantánea.

La primera respuesta es afirmativa. Sí, es posible transitar desde un modelo socialista hacia un modelo liberal sin violar los derechos humanos ni sacrificar los principios democráticos. De hecho, cualquier transición que aspire a ser legítima debe realizarse precisamente sobre la base del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. El error de muchos procesos históricos ha consistido en asumir que la libertad económica puede construirse mediante mecanismos autoritarios o que la eficiencia puede sustituir a la democracia. La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Allí donde la libertad política fue sacrificada en nombre de reformas económicas, surgieron nuevas formas de exclusión y concentración del poder. Y allí donde la democracia fue preservada, aun en medio de dificultades, las transformaciones tendieron a consolidarse con mayor estabilidad y legitimidad.

Sin embargo, reconocer que la transición es posible no significa ignorar la magnitud de los obstáculos. Un país donde ocho de cada diez ciudadanos viven en condiciones de pobreza no puede ser sometido a experimentos ideológicos ni a terapias de choque concebidas desde laboratorios académicos alejados de la realidad social. La pobreza genera dependencia, incertidumbre y miedo. Quien no sabe si podrá alimentar a sus hijos mañana difícilmente puede asumir los riesgos que exige una economía competitiva. Por ello, el primer deber de cualquier transición responsable consiste en comprender que la libertad económica no puede edificarse sobre el sufrimiento de los más vulnerables. Una sociedad devastada necesita primero recuperar condiciones mínimas de estabilidad para poder emprender el camino hacia mayores niveles de autonomía. Construir la base racional de emprendimiento que facilite capacitar nuevos emprendedores como futuros comerciantes.

Por ello, el problema se vuelve todavía más complejo cuando la pobreza se combina con corrupción estructural. La corrupción no constituye simplemente un fenómeno moralmente reprochable; representa una forma de organización del poder. Cuando la corrupción se convierte en sistema, las instituciones dejan de servir al interés público y pasan a funcionar como instrumentos de extracción de riqueza. En tales circunstancias, las leyes pierden credibilidad, la justicia se transforma en una ficción y la confianza social desaparece. Ningún proyecto liberal puede prosperar sobre semejante terreno porque los mercados requieren reglas estables, tribunales independientes y protección efectiva de los derechos de propiedad. Antes de hablar de crecimiento económico es necesario reconstruir el Estado de derecho y para que ello genere credibilidad social deben castigarse ejemplarmente quienes por acción u omisión contribuyeron a dañar el sistema de credibilidad judicial.

Un tercer elemento particularmente delicado es la dependencia cultural del Estado. Décadas de paternalismo político ha generado en amplios sectores de la sociedad la percepción de que el bienestar depende exclusivamente de decisiones gubernamentales. Esta realidad no puede ignorarse ni despreciarse. Quienes reducen este fenómeno a una supuesta falta de voluntad individual desconocen la profundidad de los procesos históricos. Las personas actúan dentro de los incentivos y estructuras que encuentran. Cuando durante años se castiga la iniciativa privada, se persigue la autonomía económica y se recompensa la subordinación política, terminan desarrollándose hábitos de dependencia que sobreviven incluso cuando el sistema comienza a derrumbarse.

Por esta razón aparece la segunda pregunta, quizás aún más importante que la primera. ¿Cuál es el puente intermedio entre el socialismo y el liberalismo? La respuesta es que dicho puente no puede ser ni la continuidad del modelo socialista ni la implantación inmediata de un liberalismo absoluto. El puente debe ser una etapa de transición institucional basada en una economía social de mercado, una democracia constitucional robusta y un proceso progresivo de empoderamiento ciudadano.

Las grandes transiciones exitosas de la historia moderna rara vez fueron producto de saltos al vacío. España después de Franco, los países de Europa Central tras la caída del comunismo y diversas experiencias latinoamericanas demostraron que los cambios duraderos suelen construirse mediante fórmulas intermedias que combinan estabilidad política, apertura económica gradual y protección social. El objetivo no consiste en destruir de inmediato todo lo existente, sino en transformar progresivamente las estructuras heredadas mientras se construyen nuevas capacidades sociales.

En la Venezuela que pronto habrá de surgir, ese puente de transición deberá comenzar por una profunda reconstrucción institucional y por la recuperación de las carreras públicas como fundamento de un Estado moderno y profesional. Por ello, la convocatoria a concursos públicos de oposición, así como la restitución de aquellos concursos que fueron desconocidos o arbitrariamente desestimados por razones políticas o criterios ajenos al mérito, resultarán indispensables para restablecer la confianza ciudadana y para convertir la capacidad, la experiencia y la excelencia profesional en los verdaderos indicadores del cambio que se avecina.

Como reza el viejo proverbio, “zapatero a su zapato”. La nueva Corte Suprema deberá estar integrada por juristas de reconocida trayectoria, con sólida experiencia judicial, preferiblemente provenientes de la carrera de juez o de las más altas instancias jurisdiccionales, dotados de la formación técnica y la solvencia ética necesarias para asumir la complejidad de la función judicial. Del mismo modo, cada institución del Estado deberá ser ocupada por quienes acrediten las competencias, conocimientos y experiencia requeridos para el ejercicio de sus responsabilidades. La reconstrucción de la República exigirá que el mérito sustituya definitivamente a la lealtad política como criterio de selección, evitando que los cargos públicos se conviertan nuevamente en mecanismos de recompensa partidista o de distribución de cuotas de poder. No existe transición económica posible sin independencia judicial, sin recuperación de la separación de poderes y sin restablecimiento de la seguridad jurídica. Durante años el país ha vivido bajo una lógica donde la ley fue subordinada a la voluntad política. El resultado ha sido devastador: destrucción de la inversión, fuga de talento humano, pérdida de confianza nacional e internacional y erosión de la legitimidad estatal. La reconstrucción de la República debe comenzar precisamente allí donde fue más gravemente herida: en sus instituciones.

Paralelamente, el Estado tendría que abandonar gradualmente su papel de controlador absoluto de la economía para asumir una función distinta: la de garante de oportunidades. Esto implica desmontar monopolios, eliminar privilegios, facilitar la iniciativa privada y abrir espacios para la inversión nacional e internacional. Pero también implica garantizar educación, salud y protección básica para quienes enfrentan mayores dificultades durante el proceso de adaptación. La diferencia es fundamental. Un Estado paternalista administra la dependencia; un Estado liberal crea condiciones para la autonomía.

La educación desempeña aquí un papel decisivo. Ninguna transición será sostenible si las nuevas generaciones continúan reproduciendo esquemas de dependencia política y económica. La verdadera riqueza de una nación no se encuentra en sus recursos naturales ni en sus reservas financieras, sino en la capacidad de sus ciudadanos para crear, innovar y emprender. Por ello, la educación debe convertirse en la gran política de Estado de la transición. No una educación orientada al adoctrinamiento ideológico, sino al pensamiento crítico, la responsabilidad individual, la ciudadanía democrática y la formación para el trabajo productivo.

Del mismo modo, la sociedad civil deberá recuperar espacios que durante años fueron absorbidos por el aparato estatal. Universidades, gremios, asociaciones vecinales, organizaciones profesionales, sindicatos independientes y organizaciones comunitarias tendrán que desempeñar un papel central en la reconstrucción nacional. La democracia no se limita al acto electoral; requiere una ciudadanía organizada capaz de participar activamente en la vida pública y de ejercer control sobre quienes gobiernan.

La transición también exigirá un cambio profundo en la cultura política. Durante demasiado tiempo la política venezolana ha oscilado entre el mesianismo y el personalismo. La expectativa recurrente de encontrar un salvador providencial ha debilitado la construcción institucional. Sin embargo, los países no se reconstruyen mediante hombres providenciales sino mediante instituciones sólidas. El futuro de Venezuela dependerá menos de la figura concreta que ocupe temporalmente el poder y más de la capacidad colectiva para establecer reglas estables que sobrevivan a los gobiernos.

Todo ello conduce a una conclusión esencial. La verdadera discusión no es entre socialismo y liberalismo entendidos como dogmas irreconciliables. La discusión real gira en torno a cómo construir una sociedad donde la libertad y la justicia social dejen de presentarse como objetivos contrapuestos. Una sociedad donde el Estado proteja sin asfixiar, donde el mercado genere prosperidad sin excluir, donde la democracia garantice gobernabilidad sin sacrificar el pluralismo y donde los ciudadanos recuperen progresivamente la confianza en sus propias capacidades.

El puente entre el socialismo agotado y el liberalismo consolidado no será el resultado de un decreto, una elección o una reforma aislada. Será, ante todo, una obra colectiva de reconstrucción nacional, un proceso histórico que exigirá la participación de todos los venezolanos desde el ámbito de sus capacidades, conocimientos y responsabilidades. Solo a través del concurso de nuestra honestidad, nuestro trabajo eficiente, nuestro compromiso con las instituciones y nuestra disposición a servir al bien común será posible edificar una República más libre, más justa y más próspera. Un proceso que exige paciencia, liderazgo, visión estratégica y, sobre todo, una comprensión profunda de que las sociedades no cambian únicamente cuando modifican sus leyes, sino cuando transforman la relación entre el ciudadano, el poder y la libertad. Venezuela necesitará reconstruir simultáneamente sus instituciones, su economía y su cultura política. Solo entonces podrá emerger una República donde la libertad deje de ser una aspiración retórica para convertirse en una experiencia cotidiana.

La gran tarea del futuro no consistirá únicamente en desmontar las estructuras de la llamada revolución del siglo XXI, sino en construir un modelo de país tangible, sostenible y capaz de generar confianza. Un orden político donde el ciudadano vuelva a ser protagonista de su destino, una economía que produzca prosperidad sin privilegios, instituciones donde la ley esté por encima de los gobernantes y una democracia que comprenda que la dignidad humana nace de la libertad responsable y no de la dependencia del poder. Ese camino exigirá paciencia, trabajo y perseverancia, porque los frutos de la reconstrucción no serán inmediatos, pero solo así podrá edificarse el puente entre el país que se extingue y la Venezuela que está por nacer. Ánimo que la tarea aún no comienza y es hasta el final.

Ilustración: Agim Sulaj.

11/06/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/el-puente-necesario-una-transicion-a-la-libertad-responsable/

Casualidad alguna

DE UNA METÁFORA HISTÓRICA

Luis Barragán

"Los males que nacen se curan pronto

cuando se los prevé de lejos; pero cuando,

 por no haberlos advertido, se les deja

crecer, ya no tienen remedio."

Maquiavelo

Por supuesto, cuesta admitirlo, el gobierno de Rómulo Gallegos cayó por una manifiesta incompetencia política a pesar de haber acumulado una importante experiencia años atrás al lidiar con Gómez, ocupar una curul parlamentaria e integrar el gabinete de López Contreras. Además, permitió que las tensiones llegasen a niveles insoportables para el país que, embargado por el miedo y el hastío, no reaccionó con la caída del 24 de noviembre de 1948, fluyendo rápidamente otras fuerzas acordes a las circunstancias.

El presidente se refugió por entero en la autoridad moral que legítimamente ostentó en el país por sus extraordinarios aportes intelectuales catapultado por el reciente y abrumador triunfo electoral obtenido, pero no resultó suficiente la virtud moral cuando no se explicó a través de la capacidad y eficacia política al tratarse de un jefe de Estado. Debió comprender y gestionar adecuadamente las relaciones efectivas de poder apenas iniciado el tan novedoso ensayo democrático que, valga acotar, requería de asesores o de una dirección partidista, no otra que la de AD,  actuando como el príncipe moderno de Gramsci.

La inicial mediación de José Giacopini Zárraga derivó en una negociación de condiciones que involucró a Gallegos y Rómulo Betancourt, así como a Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez, respectivamente, ministro de la Defensa y jefe del Estado Mayor, ejerciendo la vocería de los cuarteles soliviantados por el intervencionismo adeco en la corporación castrense. La diligente actuación del ahora negociador fracasó estrepitosamente porque Gallegos interpretó el solo planteamiento de las diferencias como un acto de sedición militar aferrándose al poder formal  y que la relación cuasi filial con Delgado Chalbaud podía detener.

Quizá desconfió del mensajero, mediador o negociador, creyéndolo parte de la conspiración que Gallegos confrontaría y doblegaría desde su absoluta pureza moral, mientras la compleja vida política del país y sus múltiples expresiones continuaban su curso. Quizá se rindió de antemano, sabiéndose políticamente impotente, prefiriendo el martirologio, sin bregar los hechos exponiendo las habilidades necesarias para abortar, sobrellevar o reconducir la asonada hasta restablecer el orden constitucional, como ocurrió entre 1945 y 1947 con varias escaramuzas.  Por fortuna, a nadie se le ocurrió seriamente plantear la continuidad del frustrado período constitucional de Gallegos en 1958.

Recordamos aquellos hechos aclarando que cualquier parecido con la actualidad, sea en los predios del oficialismo o de la oposición, no es casual. Además, porque está en la estructura narrativa de las cosas.

Reproducción: Procesada por IA, portada de la revista Élite, Caracas, N° 1168 del 21/02/1948.

22/06/2026:

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