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Erika Hernández
La caída de las
universidades autónomas venezolanas en las clasificaciones internacionales no
es un fenómeno reciente. Es el resultado de un deterioro progresivo que se ha
profundizado durante más de una década y que compromete la capacidad de las
instituciones para investigar, formar profesionales y generar conocimiento. Así
lo advirtió Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor de la Universidad Central
de Venezuela (UCV), quien identifica la insuficiencia presupuestaria, la
pérdida de investigadores, los bajos salarios y el debilitamiento de la
autonomía universitaria entre los principales factores de la crisis.
Los resultados de los
rankings internacionales reflejan esa pérdida de capacidades. Aunque
instituciones como la UCV, la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad
de Los Andes (ULA) y la UCAB conservan reconocimiento académico en América
Latina, sus posiciones muestran retrocesos en distintas mediciones.
La consecuencia de esta
situación, alertó, es una cadena que alcanza desde la formación de los maestros
y profesores de educación media hasta las posibilidades de desarrollo
científico, profesional y económico del país.
Una década de retroceso
La pérdida de posiciones de
las universidades venezolanas tiene antecedentes que se remontan a varios años
antes de que las últimas publicaciones de QS y Times Higher Education (THE)
encendieran las alarmas. Un análisis de Elsi Jiménez, profesora de la UCV,
publicado en mayo de 2017 bajo el título "Los rankings universitarios:
Venezuela sigue en caída", ya advertía sobre el deterioro de la presencia
de las instituciones nacionales en las clasificaciones internacionales.
La Universidad Simón Bolívar
también experimentó una caída considerable. En 2017 descendió 44 posiciones respecto
al año anterior, hasta ubicarse en el puesto 78 de América Latina y el 1.538
mundial. La UCAB perdió 285 posiciones en la clasificación mundial y quedó en
el lugar 2.829, mientras que la Universidad Metropolitana retrocedió 287
puestos y terminó en la posición 4.291.
La ULA representó entonces
una excepción, pues en 2017 ascendió ocho posiciones regionales respecto al año
anterior y se convirtió en la institución mejor ubicada de Venezuela, con el
puesto 60 latinoamericano y el 1.425 mundial. Sin embargo, Jiménez también
advirtió en ese entonces que su repositorio institucional Saber ULA había
perdido 22 posiciones mundiales en un año, después de pasar del puesto 38 al
60.
Casi una década después,
buena parte de esos problemas continúa presente. La diferencia es que sus
consecuencias se han acumulado y ahora se expresan en una menor capacidad para
competir por investigadores, sostener proyectos científicos, publicar en
revistas especializadas y establecer alianzas internacionales.
Investigación, la primera
víctima de la crisis presupuestaria
Ramírez señaló que uno de
los indicadores que mejor permite entender la magnitud del deterioro es la
producción científica venezolana. El académico recordó que, alrededor de 2010,
Venezuela ocupaba el quinto lugar en América Latina como productora de
artículos científicos. La posición se sustentaba en una comunidad investigadora
que disponía de mecanismos de financiamiento y estímulos para desarrollar sus
proyectos.
Entre esos instrumentos
estaba el Programa de Promoción del Investigador (PPI), mediante el cual los
científicos recibían incentivos económicos por sus publicaciones. También
funcionaban los consejos de desarrollo científico y humanístico (CDCH) de las
universidades autónomas venezolanas, que financiaban proyectos y permitían a
los profesores dedicarse a la investigación.
Esas condiciones comenzaron
a desaparecer. "Los consejos de desarrollo científico y humanístico de las
universidades autónomas, que eran los que financiaban la investigación de los
profesores, hoy en día son cascarones vacíos porque el presupuesto asignado a
las universidades no deja absolutamente nada para investigación", afirmó
Ramírez a El Nacional.
El profesor considera que la
primera consecuencia de la crisis presupuestaria fue precisamente la
paralización progresiva de la actividad científica. Sin recursos para adquirir
equipos, reactivos, materiales, contratar asistentes, realizar trabajo de campo
o participar en congresos, los investigadores perdieron las condiciones
necesarias para mantener una producción sostenida.
Ramírez indicó que el país
pasó de aportar 4,96% de la producción científica latinoamericana en 1996 a
menos de 0,3% en 2026, lo que llevó a Venezuela a desaparecer de la lista de
los 10 principales países productores de artículos científicos de América
Latina.
El académico relaciona esa
contracción con la pérdida de capacidad de las universidades, responsables de
aproximadamente 80% de la investigación que se realiza en Venezuela.
La cifra es particularmente
significativa porque la investigación constituye uno de los componentes
fundamentales de los rankings internacionales. Las publicaciones científicas,
su impacto, las citas que reciben y la capacidad de generar conocimiento nuevo
permiten medir la contribución de una institución al desarrollo académico.
Cuando una universidad deja
de producir investigaciones, no solo pierde visibilidad, también disminuye su
capacidad para atraer investigadores, establecer colaboraciones, obtener
financiamiento y participar en redes científicas internacionales.
El problema, insistió
Ramírez, no es que los investigadores venezolanos hayan perdido sus capacidades
o abandonado necesariamente su vocación científica. Muchos continúan
trabajando, pero lo hacen desde universidades de otros países.
"Muchos talentos que
eran los autores, los investigadores, aceptaron ofertas de universidades en la
región; siguen escribiendo, siguen investigando, pero ahora su producción se
escribe en estas universidades receptoras", explicó.
Esto significa que parte del
capital intelectual formado en Venezuela termina contribuyendo al
posicionamiento internacional de instituciones extranjeras. Países como
Ecuador, Perú y Colombia han incorporado a investigadores venezolanos que
desarrollan sus actividades en sus respectivos sistemas universitarios.
Éxodo de profesores y la
pérdida de generaciones académicas
La fuga de talento también
compromete la continuidad de los programas de formación, la calidad de la
docencia y la posibilidad de preparar nuevos investigadores.
Ramírez explicó que formar
un profesor universitario requiere años de preparación, experiencia docente,
estudios de posgrado y participación en actividades de investigación. Por eso,
sustituir a un académico que abandona la institución no consiste simplemente en
contratar a alguien que tenga un título profesional.
"Sustituir un profesor
universitario no es un 'vente tú'. No es pasar frente a la universidad, preguntarle
a alguien si tiene un título de médico y decirle que venga a dar clases en
Medicina. Eso no es formar un profesor universitario", señaló.
La pérdida de personal
calificado en las universidades venezolanas deja vacíos difíciles de cubrir,
especialmente en carreras que requieren especialistas, investigadores con
experiencia y docentes dedicados a tiempo completo.
A esto se suma que los
profesores que permanecen en las instituciones deben buscar otras fuentes de
ingreso para sobrevivir. La dedicación exclusiva, que anteriormente permitía
combinar docencia, investigación y formación de estudiantes, se ha vuelto cada
vez más difícil de sostener.
El Observatorio de
Universidades (OBU) indicó que en marzo de 2025 un profesor titular a
dedicación exclusiva recibía apenas 8 dólares mensuales, mientras que para
octubre de 2026 la cifra disminuyó a menos de 2 dólares producto de la
creciente inflación.
Aunque con las diferentes
bonificaciones que ha implementado el Estado algunos docentes pueden llegar a
recibir más de 240 dólares de ingreso integral, representantes del gremio
advierten que la mayoría de estos bonos van aproximadamente de 100 a 170
dólares para profesores de tiempo completo o dedicación exclusiva.
El presidente de la
Asociación de Profesores Universitarios de la UCV, José Gregorio Afonso,
también ha alertado en reiteradas oportunidades que este llamado salario
integral no tiene incidencia en bonificaciones especiales como vacaciones o
aguinaldos, tampoco en jubilaciones o prestaciones.
En junio de 2026, el OBU informó
que había contabilizado 59 protestas y 57 denuncias relacionadas con
reivindicaciones económicas y derechos laborales durante los primeros cinco
meses del año. El observatorio identificó las exigencias de salarios dignos
como el principal motor de la conflictividad universitaria.
La remuneración tiene
consecuencias directas sobre la capacidad de las universidades venezolanas para
conservar a sus trabajadores y atraer nuevos profesionales. Una carrera
académica que no garantiza condiciones mínimas de vida deja de ser una opción
atractiva para los jóvenes con mejores expedientes.
"Tú puedes hacer una
política de formación, puedes hacer una política de estímulo espiritual, tú
puedes hacer lo que quieras, pero si no les tienes un buen sueldo, los docentes
no van a escoger esa carrera", advirtió Ramírez, y señaló que si no se
recupera la carrera docente, las universidades tampoco podrán reconstruir el
capital humano que necesitan para recuperar su excelencia académica.
La USB, una de las
instituciones más golpeadas
La Universidad Simón Bolívar
es uno de los casos más ilustrativos del retroceso de la educación superior
venezolana. Reconocida históricamente por su formación en ciencias, ingeniería
y tecnología, la institución ha perdido posiciones en las clasificaciones
regionales y ha visto reducidas sus capacidades académicas y de investigación.
En la edición regional de QS
2026 —que utiliza una metodología diferente al THE para medir a las
universidades— la USB ocupó el puesto 54, pero en la edición 2027 descendió
hasta el 84, una pérdida de 30 posiciones en un año.
En cuanto a la versión
mundial del ranking QS, la trayectoria de la USB también muestra un retroceso.
La institución pasó del rango 801-1000 en las ediciones de 2021, 2022 y 2023 al
951-1000 en 2024 y al 1001-1200 en 2025. Se mantuvo en ese último rango en las
ediciones 2026 y 2027.
Omar Pérez Avendaño,
presidente de la Asociación de Profesores de la USB, alertó que la institución
presenta precariedad en sus instalaciones, servicios y capacidad académica.
Según declaraciones recientes a medios de comunicación, la matrícula pasó de
aproximadamente 12.000 estudiantes en sus mejores años a unos 3.000, mientras
que el personal docente disminuyó de 1.100 profesores a alrededor de 600.
Gloria Buendía, coordinadora
del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la USB, había advertido
que la investigación se había vuelto prácticamente inviable por la ausencia de
presupuesto universitario. Los recursos oficiales, explicó, apenas alcanzaban
para cubrir las nóminas.
En el pasado, el Decanato de
Investigación disponía de programas y apoyos institucionales para financiar
equipos, proyectos, conferencias y actividades científicas. Esas herramientas
se han reducido considerablemente.
El profesor Alejandro
Gutiérrez, de la ULA, también documentó la reducción del financiamiento de los
consejos de desarrollo científico. En el caso de esa institución, el
presupuesto para investigaciones pasó de aproximadamente 34.791 dólares en 2015
a 400 dólares en 2019. En 2020 no recibió recursos, en 2021 obtuvo 239 dólares
y en 2022 apenas alrededor de 100 dólares.
La UCV conserva el liderazgo
nacional, pero también pierde posiciones
La Universidad Central de
Venezuela, considerada la institución de educación superior más importante y
una de las de mayor trayectoria del país, también ha caído en las
clasificaciones internacionales.
Su situación merece especial
atención porque durante décadas fue uno de los principales centros de
producción científica y formación profesional de Venezuela. Su reconocimiento
no se construyó únicamente a partir de la reputación de sus egresados, sino también
de la actividad de sus facultades, institutos y centros de investigación.
En la edición 2027 del QS
World University Rankings, la UCV aparece en el rango 801-850. La evolución de
sus resultados muestra que estuvo en el rango 751-800 en 2021, ascendió al
701-750 en 2022 y 2023, alcanzó el 631-640 en 2024 y luego retrocedió al
691-700 en 2025, 731-740 en 2026 y 801-850 en 2027.
La trayectoria regional es
diferente. En el QS Latin America & The Caribbean 2027, la UCV se ubicó en
el puesto 38, tres posiciones por debajo del lugar 35 que había alcanzado en
2026. Pese al retroceso, continúa siendo la universidad venezolana mejor posicionada
en esa clasificación.
En el Times Higher
Education, la UCV aparecía en 2018 en el rango 801-1000 del ranking mundial,
pero posteriormente dejó de figurar en algunas de las ediciones y categorías de
esa clasificación.
La UCV todavía conserva fortalezas
que explican su permanencia entre las principales instituciones de América
Latina. Sin embargo, Ramírez advirtió que ese prestigio no puede sostenerse
indefinidamente si no se recuperan las condiciones para enseñar e investigar.
"Ese mito de los profesionales venezolanos de altísima calidad va quedando como leyenda urbana", señaló al explicar que los estudiantes actuales no cuentan necesariamente con las mismas oportunidades de formación que tuvieron generaciones anteriores.
La ULA y la UCAN, entre la resistencia
y las dificultades
La Universidad de Los Andes
también ha experimentado una trayectoria descendente, aunque mantiene una
presencia importante en las clasificaciones internacionales.
En el ranking mundial de QS,
la ULA pasó del rango 801-1000 entre 2021 y 2023 al 1001-1200 en 2024 y 2025, y
al 1201-1400 en las ediciones 2026 y 2027. En la clasificación regional QS 2027
ocupa el puesto 95, después de haber estado en el 84 en la edición anterior.
En Times Higher Education,
la institución también ha perdido posiciones: pasó del rango 41-45 en América
Latina en 2016 al 46-50 en 2017, y posteriormente descendió al 61-70 en 2018 y
2019. En 2020 se ubicó en el puesto 57, pero en 2021 retrocedió al rango
101-125 y en 2022 al 126-150. En la edición mundial 2026 de THE, la ULA aparece
en el rango 1501+.
La UCAB, por su parte, es
una institución privada que ha conseguido mantener una presencia destacada en
los rankings regionales y que ha desarrollado mecanismos de financiamiento
diferentes a los de las universidades públicas.
En el QS Latin America &
The Caribbean 2027 se ubicó en el puesto 81, después de haber ocupado el 78 en
2026. De esta manera, pasó a ser la segunda institución venezolana mejor
posicionada, detrás de la UCV.
Sin embargo, tampoco ha
estado exenta de retrocesos en las mediciones mundiales. Su trayectoria en QS
muestra que pasó del rango 801-1000 en 2021 y 2022 al 751-800 en 2023. En 2024
alcanzó el puesto 582, pero posteriormente descendió al rango 741-750 en 2025,
901-950 en 2026 y 1001-1200 en 2027.
La UCAB conserva fortalezas
importantes en materia de reputación entre empleadores. De hecho, el análisis
de los resultados regionales de 2027 destaca su desempeño en ese indicador, en
el que se encuentra entre las instituciones mejor valoradas de América Latina.
Su experiencia también
permite observar que las fuentes alternativas de financiamiento pueden
contribuir a sostener actividades universitarias, aunque no sustituyen la
responsabilidad estatal de garantizar el funcionamiento de la educación
superior pública, señaló Ramírez.
¿Qué muestran los
rankings más recientes?
La edición 2027 del QS Latin
America & The Caribbean University Ranking, publicada el 1 de octubre de
2026, incluyó 517 instituciones de 27 países. Venezuela consiguió colocar nueve
universidades en la clasificación y cuatro de ellas entre las primeras 100.
La clasificación también
permite observar la distancia entre Venezuela y otros sistemas universitarios
de la región. Chile, por ejemplo, consiguió ubicar 16 instituciones entre las
100 primeras. Brasil, con 137 universidades clasificadas, es el país con mayor
representación en la tabla.
Para evaluar a las
universidades, QS combina aspectos relacionados con la reputación académica, la
opinión de los empleadores, la producción científica, las citas por
publicación, la proporción de profesores con doctorado, la internacionalización
y la colaboración entre instituciones. En su clasificación regional de 2027,
evaluó ocho indicadores, entre ellos la reputación académica, la reputación
entre empleadores, la relación entre profesores y estudiantes, las
publicaciones científicas, las citas y las redes internacionales de
investigación.
En el caso de Times Higher
Education, la edición regional 2026 incluyó 223 instituciones de 16 países.
Venezuela tuvo una representación mucho más reducida: solamente dos
universidades. La UCV fue la mejor ubicada, en el rango 126-150.
Este último ranking modificó
su sistema de evaluación para la edición 2026. En lugar de comparar a las
universidades exclusivamente con sus pares latinoamericanas, comenzó a utilizar
una referencia global, como en su ranking mundial. La organización advirtió que
ese cambio afectaría las puntuaciones y que debía tenerse precaución al
comparar los resultados con años anteriores.
Esta última metodología
aplicada por el estudio contempla 16 indicadores agrupados en cinco pilares:
enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, perspectiva
internacional e industria. Estos criterios permiten evaluar la capacidad de las
instituciones para formar estudiantes, producir investigaciones de impacto,
obtener financiamiento, establecer alianzas internacionales y transferir
conocimientos al sector productivo.
En ese sentido, una
universidad puede conservar una buena reputación entre académicos y empleadores
gracias a su trayectoria y a sus egresados, pero perder posiciones en
investigación si disminuyen sus publicaciones o el impacto de sus trabajos.
Eso ayuda a explicar por qué
algunas universidades venezolanas todavía aparecen en lugares relativamente
destacados de las clasificaciones regionales, pese a las dificultades que
atraviesan sus campus. Los egresados de la UCV, la USB y la ULA continúan
desempeñándose en empresas, centros de investigación y universidades de
distintos países. Ese reconocimiento puede sostener parte de la valoración
internacional de sus casas de estudio.
Una crisis que comienza
antes de llegar a la universidad
La falta de docentes, las
deficiencias de aprendizaje y la pérdida de condiciones para enseñar en
primaria y bachillerato terminan afectando directamente a los estudiantes que
ingresan a la educación superior y, por ende, también influye en el deterioro
de las universidades venezolanas.
Ramírez consideró que
Venezuela enfrenta una crisis educativa estructural que se ha ido extendiendo
desde la formación de los maestros hasta la preparación de los futuros
profesionales.
Uno de los indicadores que
mencionó es la disminución de estudiantes en las carreras de Educación. Según
explicó, en 2026 se registró una reducción de 80% en los graduandos de las
distintas especialidades docentes de la UCV, la UCAB y la UPEL, en comparación
con 2008.
La consecuencia es una
creciente dificultad para conseguir profesores especializados en áreas como
Matemáticas, Física y Química. En numerosos planteles, las asignaturas son
impartidas por docentes que no necesariamente tienen formación específica en
esas disciplinas o que deben cubrir varias materias para garantizar la
continuidad de las clases.
A esto se suma el llamado
horario mosaico, una modalidad en la que los estudiantes reciben clases de
manera fragmentada. Aunque esta modalidad comenzó como una medida para
reincorporarse a las instituciones tras la pandemia, se mantuvo durante varios
años debido a la falta de docentes y la crisis salarial que se ha agudizado.
La pérdida de horas
académicas y la ausencia de especialistas comprometen la adquisición de
conocimientos fundamentales para continuar los estudios. "Cuando un
estudiante te entra así, la universidad, por supuesto, o tiene que emplear buen
tiempo para nivelarlo o tiene que lidiar con esa situación", explicó
Ramírez.
El profesor puso como ejemplo lo ocurrido en 2004 con una cohorte de la Facultad de Ciencias de la UCV. De aproximadamente 560 estudiantes que ingresaron al primer semestre, 60% no aprobó ninguna asignatura al finalizar ese período, una situación que relacionó con las deficiencias en Matemáticas, Química y Física con las que llegaron del bachillerato.
Aunque se trata de un
ejemplo de años anteriores, el académico considera que el problema continúa
vigente y se ha profundizado.
Actualmente, la UCV utiliza
mecanismos de nivelación como el programa Samuel Robinson, cursos propedéuticos
y actividades de inducción para intentar compensar las carencias académicas de
los bachilleres.
En comprensión lectora, 7 de
cada 10 estudiantes presentaron problemas para identificar ideas implícitas en
un texto o formular una opinión crítica sobre lo que leían. Aunque el promedio
de Habilidad Verbal mejoró de 8,78 puntos en 2024 a 10,50 en 2025, sobre 20, el
resultado apenas alcanzó el nivel mínimo aprobatorio.
Estos resultados demuestran
que los estudiantes no siempre tienen las condiciones necesarias para
desarrollar las competencias que exige la educación superior. La consecuencia
es una mayor presión sobre las instituciones, que deben invertir tiempo y
recursos en nivelar a sus estudiantes, al mismo tiempo que enfrentan
dificultades para mantener sus propias actividades académicas.
Ramírez advirtió que esta
situación afecta especialmente a las carreras científicas y tecnológicas, en
las que los conocimientos adquiridos durante el bachillerato son indispensables
para avanzar en los primeros semestres.
Las consecuencias para
Venezuela van más allá de los rankings mundiales
La caída de las
universidades venezolanas en los rankings mundiales no se trata solamente de un
problema de prestigio académico, sus consecuencias alcanzan el desarrollo
económico, la innovación, la formación de profesionales, la investigación
científica y la capacidad del país para responder a sus propios desafíos.
Cuando esas capacidades se debilitan, el país pierde una parte importante de su
infraestructura intelectual.
Ramírez consideró que
Venezuela está comprometiendo precisamente esa función. Las universidades
autónomas han sido responsables de una proporción importante de la
investigación nacional y de la formación de profesionales altamente
especializados. Si pierden sus investigadores y no consiguen reemplazarlos, el
país reduce sus posibilidades de desarrollar conocimiento propio.
Esto tiene consecuencias en
sectores estratégicos como la salud, la ingeniería, la agricultura, la
industria, las ciencias naturales y las tecnologías.
Por ejemplo, la falta de
financiamiento para laboratorios limita la posibilidad de desarrollar
investigaciones médicas, realizar estudios sobre enfermedades, crear nuevos
procedimientos o adaptar tecnologías a las necesidades venezolanas.
En el área agrícola, la
ausencia de recursos para salidas de campo, equipos y proyectos de
investigación reduce las oportunidades de estudiar los suelos, mejorar los
cultivos y desarrollar soluciones para la producción de alimentos.
En las ingenierías y las
ciencias tecnológicas, la pérdida de profesores e investigadores dificulta la
formación de profesionales capaces de impulsar procesos de innovación y
modernización industrial.
El país termina dependiendo
cada vez más de conocimientos, tecnologías y profesionales formados en otros
sistemas educativos.
La migración de
profesionales tiene efectos sobre el mercado laboral venezolano, debido a que
la disminución de especialistas en determinadas áreas puede dificultar la
recuperación de servicios públicos, empresas e instituciones que requieren
personal altamente calificado.
Otro efecto menos visible es
la pérdida de oportunidades para los jóvenes. Una universidad debilitada ofrece
menos posibilidades de participar en proyectos científicos, obtener becas,
establecer intercambios académicos o incorporarse a redes internacionales de
investigación. Esto puede limitar las oportunidades de quienes no tienen
recursos para estudiar fuera del país.
La caída de la calidad
universitaria también puede profundizar las desigualdades sociales. Mientras
las familias con mayores recursos pueden buscar alternativas privadas o
internacionales, los estudiantes que dependen exclusivamente de la educación
pública quedan más expuestos a las deficiencias del sistema.
Además, una universidad con
menor capacidad de investigación pierde posibilidades de atraer financiamiento
internacional, establecer alianzas con empresas y participar en proyectos de
cooperación.
El debilitamiento de la
autonomía universitaria
Ramírez consideró que la
autonomía universitaria se ha debilitado progresivamente, especialmente porque
las instituciones han perdido capacidad para administrar sus recursos y
gestionar directamente las relaciones laborales.
El profesor señaló que los
salarios de los trabajadores universitarios dejaron de ser pagados directamente
por las universidades venezolanas y pasaron a depender del sistema Patria. Esto,
a su juicio, ha limitado la posibilidad de que las autoridades universitarias y
las asociaciones de profesores negocien convenios colectivos y atiendan
directamente las reivindicaciones laborales.
"La universidad recibe
solamente un 2% del presupuesto que solicita. Con ese 2% alcanza para
absolutamente nada", afirmó al describir las limitaciones financieras de
las instituciones.
El Observatorio de Derechos
Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula), en su reporte correspondiente
a enero de 2026, documentó 69 incidentes relacionados con el derecho a la
educación y otros derechos humanos en el ámbito universitario entre el 20 de
diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.
El informe clasificó los
incidentes en agresiones, que representaron 84%; acoso presupuestario, con 14%,
e imposición de normas ilegales, con 2%. También registró vulneraciones
relacionadas con la autonomía universitaria, los derechos laborales y los
derechos estudiantiles.
El documento identifica
entre sus principales áreas de preocupación las restricciones presupuestarias,
las intervenciones administrativas, los impedimentos para elegir autoridades
universitarias y el deterioro de la infraestructura.
Estas circunstancias afectan
la capacidad de las instituciones para desarrollar sus actividades y tomar
decisiones de acuerdo con sus necesidades académicas.
La autonomía, además, tiene
una relación directa con la calidad educativa. Una universidad necesita
libertad para definir sus programas de investigación, establecer alianzas,
contratar personal calificado, administrar recursos y evaluar sus resultados.
Sin esas condiciones, resulta más difícil responder a las transformaciones
científicas, tecnológicas y sociales, advirtió Ramírez.
¿Cómo recuperar la
calidad educativa en las universidades venezolanas?
Aunque el panorama es complejo, Ramírez aseguró que existe la posibilidad de revertir el deterioro. Sin embargo, advierte que no será suficiente con medidas aisladas ni con programas de corto plazo.
A su juicio, el país
necesita reconocer la magnitud de la crisis y construir una política educativa
de Estado que trascienda los períodos gubernamentales.
"Lo primero es darse
cuenta del desastre en el que estamos", señaló.
Ramírez propone recuperar
los salarios, financiar la investigación, garantizar la autonomía y establecer una
política educativa de Estado.
El académico propone diseñar una política de
mediano y largo plazo que establezca qué sistema educativo necesita Venezuela
para los próximos 25 años. Esa estrategia, sostiene, debe involucrar a las
universidades, los profesores, las academias nacionales, el Ministerio de
Educación, los empresarios, los comerciantes y los representantes del
magisterio.
La participación de estos
sectores permitiría establecer objetivos comunes, identificar las necesidades
de cada región y definir las inversiones necesarias para recuperar las
capacidades educativas.
"Si cada gobierno llega
a borrar lo anterior y a improvisar, eso no nos va a ayudar", advirtió.
La propuesta supone
abandonar la práctica de modificar las políticas educativas con cada cambio de
administración y establecer compromisos institucionales que garanticen
continuidad.
Entre las medidas que
considera prioritarias se encuentra una revisión urgente de los sueldos y
salarios de los profesores universitarios, así como una política de estímulos
que reconozca la formación, la experiencia, la productividad científica y el
trabajo académico.
"Tú no puedes esperar
que los docentes, los profesionales de la docencia, asuman su trabajo
profesional como un apostolado", afirmó.
La remuneración adecuada también es indispensable para atraer a jóvenes profesionales a las carreras de Educación y evitar que los académicos que permanecen en el país terminen abandonando las aulas.
También dice que es
necesario restablecer el financiamiento universitario y garantizar que una
parte de los recursos se destine a la investigación. Esto supone recuperar los
presupuestos de los consejos de desarrollo científico y humanístico, financiar
proyectos, adquirir equipos y reactivos, mantener laboratorios y garantizar
recursos para el trabajo de campo.
Una de las propuestas más
importantes de Ramírez es modificar el marco legal para permitir que las
universidades públicas venezolanas puedan obtener recursos adicionales al
presupuesto nacional.
El profesor considera que
las instituciones deben tener mayor libertad para establecer contratos de
consultoría con empresas privadas, nacionales e internacionales, transferir
tecnología, prestar servicios especializados y desarrollar proyectos conjuntos.
"Las universidades del
mundo desarrollado no viven recostadas del presupuesto nacional. El presupuesto
nacional es una parte de sus ingresos", explicó.
En su opinión, las
universidades venezolanas deben contar con mecanismos que faciliten la
captación de recursos privados y la cooperación con sectores productivos.
Puso como ejemplo la
experiencia de la UCV, que en determinados períodos consiguió desarrollar
contratos y proyectos conjuntos con empresas, pero que actualmente enfrenta
trabas burocráticas para gestionar donaciones y establecer acuerdos.
Ramírez considera que la
legislación vigente restringe innecesariamente estas posibilidades y que una
reforma debe permitir a las universidades diversificar sus fuentes de
financiamiento.
Otra de las reformas que
propone es modificar el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades
(CNU). Ramírez indicó que la toma de decisiones está excesivamente centralizada
y que las políticas universitarias deberían responder mejor a las
características y necesidades de cada región.
Propone crear consejos
regionales por áreas geopolíticas, integrados por los rectores de las
universidades y representantes del Ministerio de Educación Universitaria. Estos
organismos tendrían la posibilidad de establecer políticas para sus respectivas
regiones, desarrollar alianzas, definir carreras prioritarias y atender las
necesidades particulares de cada zona del país.
El CNU nacional, en cambio,
tendría una función de coordinación y evaluación general. La descentralización
permitiría, según el académico, tomar decisiones con mayor conocimiento de las
necesidades territoriales y reducir la burocracia que actualmente dificulta la
gestión universitaria.
Ramírez también señaló que
es indispensable establecer un organismo independiente que evalúe
periódicamente la calidad de las universidades venezolanas.
Afirmó que el país carece de
un sistema de acreditación que permita conocer de manera objetiva las fortalezas
y debilidades de las instituciones, supervisar sus programas y establecer
recomendaciones para mejorar.
Propone que ese organismo
esté integrado por representantes de las academias nacionales, el sector
empresarial y otros miembros independientes con experiencia en educación
superior.
El académico considera que
las universidades venezolanas deben ser evaluadas de manera periódica y que sus
programas de pregrado y posgrado deben cumplir requisitos de calidad.
También plantea que los
resultados de esas evaluaciones se utilicen para orientar la distribución de
los recursos públicos.
El profesor indicó que en
cuanto al presupuesto no debería distribuirse exclusivamente de acuerdo con la
cantidad de estudiantes atendidos, sino que también tendría que considerar la
productividad académica, la investigación y la calidad de la formación.
Una universidad que
investiga, produce conocimiento y forma estudiantes con buenos resultados
debería recibir recursos acordes con ese desempeño, indicó.
La propuesta, sin embargo,
tendría que acompañarse de criterios transparentes y mecanismos que eviten
profundizar las desigualdades entre instituciones que parten de condiciones muy
diferentes.
Ramírez destacó que
cualquier reforma universitaria debe garantizar la autonomía de las
instituciones y devolverles capacidad para administrar sus recursos. Esto
incluye recuperar la posibilidad de gestionar directamente sus relaciones
laborales, negociar convenios colectivos y decidir sobre sus necesidades
presupuestarias.
También propone revisar la
situación de las universidades experimentales venezolanas, cuya condición no
debería prolongarse indefinidamente. A su juicio, estas instituciones deben ser
evaluadas periódicamente para determinar si cuentan con las condiciones
necesarias para alcanzar la autonomía.
Además de las reformas
institucionales, Ramírez plantea la necesidad de contar con evaluaciones que
permitan conocer el estado real del sistema educativo venezolano. Cree que es
necesario que el país participe en pruebas internacionales de rendimiento, como
el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA),
coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
También considera necesario
ampliar a escala nacional investigaciones como las que desarrolla la UCAB
mediante el Secel, con el propósito de identificar las deficiencias de
aprendizaje de los estudiantes y establecer políticas para corregirlas.
Para Ramírez, tomar acciones
para recuperar el sistema educativo venezolano no se trata únicamente de
recuperar posiciones en las clasificaciones internacionales, sino de
reconstruir las instituciones que pueden formar a sus profesionales, producir
conocimiento y contribuir al desarrollo de la nación.
Ilustración: lb / IA.
11/11/2026:
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