Las relaciones encrespadas de poder

LA TARA MILITAR

José Rafael Herrera

La discusión sobre la transición política venezolana, después de los acontecimientos del 3 de enero, parece concentrarse en el proceso de reconstrucción de las instituciones jurídico-políticas del país. La reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la renovación del Consejo Nacional Electoral, la restitución de las garantías constitucionales y la convocatoria a elecciones libres figuran entre las prioridades que se anuncian para recuperar la democracia. Sin embargo, existen cuestiones que, en virtud de su importancia, convendría no dejar relegadas. Una de esas cuestiones, quizá la más compleja de todas, se podría formular del siguiente modo: ¿es posible reconstruir la República democrática sin desmantelar previamente, o quizá simultáneamente, el andamiaje económico de la corporación militar que hizo posible su destrucción?

No se trata de una pregunta retórica, sino de comprender que el desmantelamiento de un régimen político no equivale necesariamente a la desaparición de las relaciones de poder que lo han sostenido. Mucho menos cuando esas relaciones han terminado por adquirir una consistencia económica propia, al punto de constituirse en una corporación de intereses que dispone de recursos públicos, controla sectores estratégicos de la producción y tiene bajo su mando los instrumentos de coerción del Estado; cabe decir: las armas de la República. Bajo semejantes circunstancias, el propósito de hacer efectiva la sustitución de los titulares del poder puede terminar produciendo, al modo gatopardiano, la conservación del poder mismo.

El proceso político venezolano tiene antecedentes que convendría examinar con la debida atención. A partir del Plan “Bolívar 2000”, iniciado en 1999, la Fuerza Armada Nacional comenzó a desempeñar funciones que excedían ampliamente sus atribuciones constitucionales. Bajo el argumento de atender necesidades sociales y ejecutar programas de infraestructura, alimentación y asistencia pública, los militares fueron incorporándose a la administración de los recursos económicos del Estado. Lo que inicialmente se presentó como una modalidad de integración cívico-militar fue abriendo un espacio de intervención castrense en actividades propias de la administración civil. Después de 2002 —una vez que Hugo Chávez se convirtió en el “pupilo” predilecto de Fidel Castro—, esa relación adquirió nuevas dimensiones y comenzó a consolidarse una manera de percibir el poder en la que la oficialidad no solo debía garantizar la continuidad del régimen, sino, además, participar de los beneficios materiales de su permanencia.

De este modo, la progresiva conversión del oficial castrense en administrador, empresario y funcionario público a un tiempo fue alterando la naturaleza misma de la institución militar. La disciplina del cuerpo que custodia las armas del Estado, cuya razón de ser consiste, precisamente, en garantizar la defensa de la nación bajo la autoridad constitucional, comenzó a convivir con intereses económicos particulares. El militar dejó de ser exclusivamente el custodio de las armas que sostienen las bases de la República para convertirse, en determinados sectores de la oficialidad, en administrador de empresas, contratista, banquero, intermediario comercial y beneficiario directo de las rentas del Estado.

No se trataba ni de una circunstancia puntual ni de un fenómeno marginal. La expansión de las empresas militares alcanzó las industrias de la alimentación, la construcción, el transporte, la banca, la minería y los hidrocarburos. La creación de CAMIMPEG —léase: Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas— en 2016 facultaba a una empresa adscrita al Ministerio de la Defensa a intervenir en las actividades mineras, petroleras y gasíferas en Venezuela. La investigación periodística de OCCRP —el Organized Crime and Corruption Reporting Project— sobre los vínculos empresariales de los generales venezolanos documentó cómo oficiales del más alto rango participaban en compañías privadas habilitadas para contratar “negocios” con el Estado. La investigación identificó 41 empresas vinculadas a 35 generales y más de 220 contratos públicos. No era, por tanto, una simple extensión de las actividades administrativas de la Fuerza Armada: se estaba formando, como diría Dinorah Figuera, un complejo “enjambre” de intereses económicos alrededor del poder militar que terminaría constituyendo la nueva “colmena” de un poderoso holding empresarial.

Se trataba de una expansión a la que debe agregarse el control de empresas estatales y de instalaciones estratégicas, incluidos puertos, centros de distribución y sectores fundamentales de la industria petrolera. Las empresas expropiadas, las industrias básicas de Guayana, la producción de hierro, aluminio y bauxita, las actividades agroindustriales y la explotación de recursos minerales (oro, coltán, tierras raras, etc.) fueron incorporándose a un entramado en el que la administración pública y los intereses de determinados grupos de oficiales comenzaron a confundirse. La riqueza nacional dejó de ser tratada como patrimonio de la nación para quedar sometida, en una proporción considerable, a relaciones de apropiación y distribución controladas desde el poder.

Por si fuese poco, la cuestión terminó adquiriendo una gravedad todavía mayor cuando a esa estructura corporativa se le añadió una nueva dimensión criminal. Las investigaciones sobre el llamado Cartel de los Soles han documentado redes de funcionarios civiles y militares vinculadas al narcotráfico, el contrabando de combustible, la minería ilegal, la industria del secuestro y la llamada trata de personas. Conviene distinguir las diferentes responsabilidades y no dar por demostrada la existencia de una organización única, perfectamente jerarquizada, allí donde las investigaciones describen redes y facciones. No obstante, la participación de sectores militares en economías ilícitas, así como su articulación con otras estructuras del poder, constituye un problema que no puede ser soslayado, especialmente cuando la opacidad del “negocio” ha logrado empalmar sus inmensas ganancias con los planes de la llamada “guerra asimétrica”, cuyo objetivo principal es —¡nada menos!— la implosión de la civilización occidental.

El manejo de la extracción del oro en el sur del país ofrece un ejemplo particularmente revelador. En lugar de limitarse a custodiar los recursos minerales, determinados sectores militares han intervenido en el control de las explotaciones, las rutas de transporte, la comercialización y las relaciones con grupos armados y redes ilegales. Algo semejante se ha denunciado en el contrabando de combustible y otras actividades fronterizas. De este modo, el poder armado no solo administra una parte de la economía formal: también puede obtener beneficios de circuitos que operan al margen de la legalidad.

Es necesario comprender el alcance de semejante transformación. Una corporación económica ordinaria depende de las leyes del Estado, de sus instituciones y de las condiciones generales de la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando una corporación dispone, además, del poder de fuego de ese mismo Estado? ¿Qué capacidad efectiva tiene el Estado para someterla a la legalidad cuando quienes deben garantizar el cumplimiento de las leyes participan de los negocios que deberían fiscalizar? La contradicción es evidente: el instrumento concebido para preservar la soberanía nacional ha terminado por convertirse en la garantía armada de intereses particulares.

De allí que la expresión “corporación” no deba entenderse como una metáfora destinada a la exageración especulativa. Más bien, designa un problema político concreto: la convergencia de intereses económicos, administrativos, militares y —hay que decirlo— criminales, dentro de una estructura que puede reproducir su poder con independencia de los cambios que ocurran en las esferas del orden político y jurídico. No se trata de una dirección única, a la cabeza de la cual se encuentra un visible CEO —un Chief Executive Officer—, ni de una organización empresarial con estatutos y jerarquías convencionales. Se trata de un sistema de relaciones y complicidades cuya capacidad de supervivencia reside precisamente en la dispersión de sus ramificaciones y en la posesión de recursos materiales y coercitivos.

Por eso mismo, resulta insuficiente pensar la transición venezolana como una operación de simple reacomodo de las formas institucionales. La reforma del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral es, sin duda, indispensable. Pero no suficiente. Una justicia independiente necesita poder actuar sobre los intereses económicos que han prosperado al amparo de la impunidad. Un organismo electoral autónomo necesita condiciones materiales para garantizar que la voluntad popular no quede subordinada a quienes controlan los recursos, los mecanismos de presión y los instrumentos de fuerza. Una república no puede sostenerse sobre la ficción de una separación de poderes cuando una misma estructura de intereses conserva el control de buena parte de la riqueza nacional y de las armas destinadas a defenderla.

La reconstrucción institucional debe acompañarse, por consiguiente, de una profunda reorganización de la economía pública, lo que supone la recuperación del control civil y constitucional de las empresas del Estado, la auditoría de las compañías militares y de sus contratos, la identificación de los beneficiarios reales de las operaciones económicas, la investigación de las redes de corrupción y narcotráfico, la restitución de los mecanismos de contraloría y el sometimiento de los recursos nacionales a reglas transparentes de administración. Supone, pues, garantizar que la Fuerza Armada vuelva a cumplir sus funciones constitucionales, separando radicalmente el ejercicio del mando militar de cualquier forma de apropiación privada de la renta pública. Por cierto, esta pareciera ser la explicación de por qué la mayor cantidad de asesinados, torturados y presos políticos no son civiles, sino militares.

Así pues, no se trata de sustituir una corporación por otra ni de convertir la reconstrucción económica en una nueva distribución de privilegios. Se trata de restituir el carácter público de la riqueza nacional y de establecer una subordinación efectiva del poder armado a la soberanía de la República. La responsabilidad penal debe individualizarse, con garantías procesales y justicia independiente; la reorganización económica, en cambio, debe alcanzar los mecanismos institucionales que hicieron posible la apropiación de los bienes públicos.

La historia política enseña que las formas jurídicas pueden sobrevivir incluso cuando las relaciones sociales que las sustentan han sido profundamente alteradas. También enseña que la restitución de la legalidad no se produce por decreto. Requiere transformar las condiciones materiales de existencia que permiten su realización. Una transición que se limite a reformar las instituciones sin modificar las relaciones de poder económico que las condicionan corre el riesgo de convertirse en una continuidad bajo nuevas apariencias.

La República no es solamente un ordenamiento constitucional, un conjunto de tribunales o una sucesión periódica de elecciones. Es, ante todo, la organización política de una sociedad que se reconoce soberana sobre sus instituciones, sus recursos y su destino. Cuando la riqueza pública queda sometida a los intereses particulares de quienes monopolizan los instrumentos de coerción, la soberanía popular pierde sus condiciones materiales de realización.

A propósito del porvenir, la cuestión que convendría colocar en el centro de la discusión es, entonces, más profunda que la renovación institucional de los poderes públicos: ¿quién controla realmente el país y en beneficio de quién se ejerce dicho control? No puede haber transición republicana mientras la economía y las armas de la nación continúen sometidas a la estructura corporativa, gansteril, que hizo posible la destrucción de la República.

Ilustración: Herold Jean Baptiste.

14/11/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/la-tara-militarista/

¿Por qué el asunto pasa por debajo de la mesa?

ESPOSO GAY REPRESENTA A UN PAÍS QUE NO RECONOCE EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

William Anseume

Aquí se trata de un tema escandaloso, no por lo gay, desde luego, sino por la hipocresía no tan subyacente, por no decir explícita y bidireccional, que, además, involucra a dos países y, por supuesto, a su diplomacia.

El canciller de Venezuela tiene un esposo. No se casaron en Venezuela, por la sencilla razón de ser imposible aquí un hecho como ese. Nuestro país, tan carente de libertades todavía, no reconoce el matrimonio igualitario; es más, en el continente americano es una de las raras excepciones que no lo admiten. Curioso.

El señor consorte acudió a España a una reunión con la reina Letizia en el fabuloso Palacio Real de El Pardo. Nada sería muy significativo hasta ahí, ¿verdad? Después de todo, es el esposo del canciller de nuestra República; aunque en nuestra legislación tal cosa no se reconozca, en buena parte de la Comunidad Europea sí. Le asistía plenamente ese derecho. La cuestión estriba en que la pareja contrajo matrimonio no en Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, Barquisimeto o Betijoque, no. Sus nupcias acontecieron en la deliciosa Portugal. Ahí viene lo problemático, eso que debió causar conmoción diplomática aguda, porque España reconoce oficialmente la unión entre personas del mismo sexo desde julio de 2005. O sea, más de 21 años hace que los españoles posean amplias libertades sexuales, reconocidas oficialmente. En Portugal, en cambio, el matrimonio igualitario se reconoce desde mayo de 2010. Pero en la legislación venezolana tal figura sigue sin existir.

¿Cómo pudo un país como Venezuela enviar oficialmente a la representación del cónyuge de un alto funcionario a una reunión diplomática con la reina Letizia si en su propio territorio el matrimonio igualitario es inexistente?

Y más: ¿cómo pudo España, sin alteración diplomática significativa, aceptar la presencia del consorte en ese acto, a sabiendas de que en Venezuela tal figura no tiene validez legal? Hipocresía doble.

El escándalo debió ser mayúsculo y estrepitoso: diplomático, social y político. Solo espero que quienes se han casado lejos de nuestro territorio, donde a sus coterráneos se les impide el derecho humano de unirse en matrimonio con quien elijan, contribuyan de verdad a ordenar las libertades civiles en nuestro país. Que el reconocimiento oficial no sea solo el fruto de una acartonada visita al Palacio Real, sino que se valore a los venezolanos con todos sus derechos, como bien manda la ONU y como han reconocido casi todos los vecinos del continente y no solo un desliz diplomático para las revistas del corazón.

Oliver y Luis: es excelente que se hayan casado y puedan celebrarlo, pero si no transforman o contribuyen a transformar la realidad social y política a lo interno, habrán fracasado en su lucimiento. Igual mensaje va para la dirigencia política: transformen la realidad para favorecer las libertades que siguen conculcadas. Del resto, esto constituye una burla gigantesca para la comunidad LGBTIQ+ venezolana, por no hablar de la contradicción diplomática de permitir una representación de esta naturaleza en foros internacionales. España y sus instituciones deberían exigir también reciprocidad en derechos humanos, dada la incoherencia de este tipo de situaciones.

Ilustración: Owen Gent.

14/11/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/esposo-gay-representa-un-pais-que-no-reconoce-el-matrimonio-homosexual/

La ineludible crisis del aula civil y superior en Venezuela

CRISIS PRESUPUESTARIA PROVOCA RETROCESO DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS EN RANKINGS MUNDIALES

Erika Hernández

La caída de las universidades autónomas venezolanas en las clasificaciones internacionales no es un fenómeno reciente. Es el resultado de un deterioro progresivo que se ha profundizado durante más de una década y que compromete la capacidad de las instituciones para investigar, formar profesionales y generar conocimiento. Así lo advirtió Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien identifica la insuficiencia presupuestaria, la pérdida de investigadores, los bajos salarios y el debilitamiento de la autonomía universitaria entre los principales factores de la crisis.

Los resultados de los rankings internacionales reflejan esa pérdida de capacidades. Aunque instituciones como la UCV, la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad de Los Andes (ULA) y la UCAB conservan reconocimiento académico en América Latina, sus posiciones muestran retrocesos en distintas mediciones.

Ramírez indicó que el deterioro universitario comenzó a hacerse visible alrededor de 2010, cuando Venezuela empezó a perder posiciones en indicadores de producción científica. Explicó que la crisis presupuestaria fue debilitando primero la investigación y después las condiciones para sostener una docencia universitaria de calidad.

La consecuencia de esta situación, alertó, es una cadena que alcanza desde la formación de los maestros y profesores de educación media hasta las posibilidades de desarrollo científico, profesional y económico del país.

Una década de retroceso

La pérdida de posiciones de las universidades venezolanas tiene antecedentes que se remontan a varios años antes de que las últimas publicaciones de QS y Times Higher Education (THE) encendieran las alarmas. Un análisis de Elsi Jiménez, profesora de la UCV, publicado en mayo de 2017 bajo el título "Los rankings universitarios: Venezuela sigue en caída", ya advertía sobre el deterioro de la presencia de las instituciones nacionales en las clasificaciones internacionales.

El estudio examinó los resultados de Webometrics entre 2014 y 2017 y encontró retrocesos importantes en las principales universidades del país. La UCV, que había ocupado el primer lugar nacional en 2015 y 2016, perdió 46 posiciones en América Latina en 2017 y pasó al segundo puesto venezolano, al 64 regional y al 1.460 mundial.

La Universidad Simón Bolívar también experimentó una caída considerable. En 2017 descendió 44 posiciones respecto al año anterior, hasta ubicarse en el puesto 78 de América Latina y el 1.538 mundial. La UCAB perdió 285 posiciones en la clasificación mundial y quedó en el lugar 2.829, mientras que la Universidad Metropolitana retrocedió 287 puestos y terminó en la posición 4.291.

La ULA representó entonces una excepción, pues en 2017 ascendió ocho posiciones regionales respecto al año anterior y se convirtió en la institución mejor ubicada de Venezuela, con el puesto 60 latinoamericano y el 1.425 mundial. Sin embargo, Jiménez también advirtió en ese entonces que su repositorio institucional Saber ULA había perdido 22 posiciones mundiales en un año, después de pasar del puesto 38 al 60.

Casi una década después, buena parte de esos problemas continúa presente. La diferencia es que sus consecuencias se han acumulado y ahora se expresan en una menor capacidad para competir por investigadores, sostener proyectos científicos, publicar en revistas especializadas y establecer alianzas internacionales.

Investigación, la primera víctima de la crisis presupuestaria

Ramírez señaló que uno de los indicadores que mejor permite entender la magnitud del deterioro es la producción científica venezolana. El académico recordó que, alrededor de 2010, Venezuela ocupaba el quinto lugar en América Latina como productora de artículos científicos. La posición se sustentaba en una comunidad investigadora que disponía de mecanismos de financiamiento y estímulos para desarrollar sus proyectos.

Entre esos instrumentos estaba el Programa de Promoción del Investigador (PPI), mediante el cual los científicos recibían incentivos económicos por sus publicaciones. También funcionaban los consejos de desarrollo científico y humanístico (CDCH) de las universidades autónomas venezolanas, que financiaban proyectos y permitían a los profesores dedicarse a la investigación.

Esas condiciones comenzaron a desaparecer. "Los consejos de desarrollo científico y humanístico de las universidades autónomas, que eran los que financiaban la investigación de los profesores, hoy en día son cascarones vacíos porque el presupuesto asignado a las universidades no deja absolutamente nada para investigación", afirmó Ramírez a El Nacional.

El profesor considera que la primera consecuencia de la crisis presupuestaria fue precisamente la paralización progresiva de la actividad científica. Sin recursos para adquirir equipos, reactivos, materiales, contratar asistentes, realizar trabajo de campo o participar en congresos, los investigadores perdieron las condiciones necesarias para mantener una producción sostenida.

Ramírez indicó que el país pasó de aportar 4,96% de la producción científica latinoamericana en 1996 a menos de 0,3% en 2026, lo que llevó a Venezuela a desaparecer de la lista de los 10 principales países productores de artículos científicos de América Latina.

El académico relaciona esa contracción con la pérdida de capacidad de las universidades, responsables de aproximadamente 80% de la investigación que se realiza en Venezuela.

La cifra es particularmente significativa porque la investigación constituye uno de los componentes fundamentales de los rankings internacionales. Las publicaciones científicas, su impacto, las citas que reciben y la capacidad de generar conocimiento nuevo permiten medir la contribución de una institución al desarrollo académico.

Cuando una universidad deja de producir investigaciones, no solo pierde visibilidad, también disminuye su capacidad para atraer investigadores, establecer colaboraciones, obtener financiamiento y participar en redes científicas internacionales.

El problema, insistió Ramírez, no es que los investigadores venezolanos hayan perdido sus capacidades o abandonado necesariamente su vocación científica. Muchos continúan trabajando, pero lo hacen desde universidades de otros países.

"Muchos talentos que eran los autores, los investigadores, aceptaron ofertas de universidades en la región; siguen escribiendo, siguen investigando, pero ahora su producción se escribe en estas universidades receptoras", explicó.

Esto significa que parte del capital intelectual formado en Venezuela termina contribuyendo al posicionamiento internacional de instituciones extranjeras. Países como Ecuador, Perú y Colombia han incorporado a investigadores venezolanos que desarrollan sus actividades en sus respectivos sistemas universitarios.

Éxodo de profesores y la pérdida de generaciones académicas

La fuga de talento también compromete la continuidad de los programas de formación, la calidad de la docencia y la posibilidad de preparar nuevos investigadores.

Ramírez explicó que formar un profesor universitario requiere años de preparación, experiencia docente, estudios de posgrado y participación en actividades de investigación. Por eso, sustituir a un académico que abandona la institución no consiste simplemente en contratar a alguien que tenga un título profesional.

"Sustituir un profesor universitario no es un 'vente tú'. No es pasar frente a la universidad, preguntarle a alguien si tiene un título de médico y decirle que venga a dar clases en Medicina. Eso no es formar un profesor universitario", señaló.

La pérdida de personal calificado en las universidades venezolanas deja vacíos difíciles de cubrir, especialmente en carreras que requieren especialistas, investigadores con experiencia y docentes dedicados a tiempo completo.

A esto se suma que los profesores que permanecen en las instituciones deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. La dedicación exclusiva, que anteriormente permitía combinar docencia, investigación y formación de estudiantes, se ha vuelto cada vez más difícil de sostener.

El Observatorio de Universidades (OBU) indicó que en marzo de 2025 un profesor titular a dedicación exclusiva recibía apenas 8 dólares mensuales, mientras que para octubre de 2026 la cifra disminuyó a menos de 2 dólares producto de la creciente inflación.

Aunque con las diferentes bonificaciones que ha implementado el Estado algunos docentes pueden llegar a recibir más de 240 dólares de ingreso integral, representantes del gremio advierten que la mayoría de estos bonos van aproximadamente de 100 a 170 dólares para profesores de tiempo completo o dedicación exclusiva.

El presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV, José Gregorio Afonso, también ha alertado en reiteradas oportunidades que este llamado salario integral no tiene incidencia en bonificaciones especiales como vacaciones o aguinaldos, tampoco en jubilaciones o prestaciones.

En junio de 2026, el OBU informó que había contabilizado 59 protestas y 57 denuncias relacionadas con reivindicaciones económicas y derechos laborales durante los primeros cinco meses del año. El observatorio identificó las exigencias de salarios dignos como el principal motor de la conflictividad universitaria.

La remuneración tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las universidades venezolanas para conservar a sus trabajadores y atraer nuevos profesionales. Una carrera académica que no garantiza condiciones mínimas de vida deja de ser una opción atractiva para los jóvenes con mejores expedientes.

"Tú puedes hacer una política de formación, puedes hacer una política de estímulo espiritual, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no les tienes un buen sueldo, los docentes no van a escoger esa carrera", advirtió Ramírez, y señaló que si no se recupera la carrera docente, las universidades tampoco podrán reconstruir el capital humano que necesitan para recuperar su excelencia académica.

La USB, una de las instituciones más golpeadas

La Universidad Simón Bolívar es uno de los casos más ilustrativos del retroceso de la educación superior venezolana. Reconocida históricamente por su formación en ciencias, ingeniería y tecnología, la institución ha perdido posiciones en las clasificaciones regionales y ha visto reducidas sus capacidades académicas y de investigación.

En el análisis de Times Higher Education correspondiente a América Latina, la USB llegó a ocupar el puesto 26-30 en 2017, después de haber estado en el rango 41-45 en 2016. En 2018 se ubicó en el puesto 29 y en 2019 descendió al rango 51-60. En 2020 alcanzó el puesto 72 y posteriormente se situó en el 85. Desde 2022 la institución no ha logrado ingresar nuevamente al ranking.

En la edición regional de QS 2026 —que utiliza una metodología diferente al THE para medir a las universidades— la USB ocupó el puesto 54, pero en la edición 2027 descendió hasta el 84, una pérdida de 30 posiciones en un año.

En cuanto a la versión mundial del ranking QS, la trayectoria de la USB también muestra un retroceso. La institución pasó del rango 801-1000 en las ediciones de 2021, 2022 y 2023 al 951-1000 en 2024 y al 1001-1200 en 2025. Se mantuvo en ese último rango en las ediciones 2026 y 2027.

Omar Pérez Avendaño, presidente de la Asociación de Profesores de la USB, alertó que la institución presenta precariedad en sus instalaciones, servicios y capacidad académica. Según declaraciones recientes a medios de comunicación, la matrícula pasó de aproximadamente 12.000 estudiantes en sus mejores años a unos 3.000, mientras que el personal docente disminuyó de 1.100 profesores a alrededor de 600.

Gloria Buendía, coordinadora del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la USB, había advertido que la investigación se había vuelto prácticamente inviable por la ausencia de presupuesto universitario. Los recursos oficiales, explicó, apenas alcanzaban para cubrir las nóminas.

En el pasado, el Decanato de Investigación disponía de programas y apoyos institucionales para financiar equipos, proyectos, conferencias y actividades científicas. Esas herramientas se han reducido considerablemente.

El profesor Alejandro Gutiérrez, de la ULA, también documentó la reducción del financiamiento de los consejos de desarrollo científico. En el caso de esa institución, el presupuesto para investigaciones pasó de aproximadamente 34.791 dólares en 2015 a 400 dólares en 2019. En 2020 no recibió recursos, en 2021 obtuvo 239 dólares y en 2022 apenas alrededor de 100 dólares.

La UCV conserva el liderazgo nacional, pero también pierde posiciones

La Universidad Central de Venezuela, considerada la institución de educación superior más importante y una de las de mayor trayectoria del país, también ha caído en las clasificaciones internacionales.

Su situación merece especial atención porque durante décadas fue uno de los principales centros de producción científica y formación profesional de Venezuela. Su reconocimiento no se construyó únicamente a partir de la reputación de sus egresados, sino también de la actividad de sus facultades, institutos y centros de investigación.

En la edición 2027 del QS World University Rankings, la UCV aparece en el rango 801-850. La evolución de sus resultados muestra que estuvo en el rango 751-800 en 2021, ascendió al 701-750 en 2022 y 2023, alcanzó el 631-640 en 2024 y luego retrocedió al 691-700 en 2025, 731-740 en 2026 y 801-850 en 2027.

La trayectoria regional es diferente. En el QS Latin America & The Caribbean 2027, la UCV se ubicó en el puesto 38, tres posiciones por debajo del lugar 35 que había alcanzado en 2026. Pese al retroceso, continúa siendo la universidad venezolana mejor posicionada en esa clasificación.

En el Times Higher Education, la UCV aparecía en 2018 en el rango 801-1000 del ranking mundial, pero posteriormente dejó de figurar en algunas de las ediciones y categorías de esa clasificación.

La UCV todavía conserva fortalezas que explican su permanencia entre las principales instituciones de América Latina. Sin embargo, Ramírez advirtió que ese prestigio no puede sostenerse indefinidamente si no se recuperan las condiciones para enseñar e investigar.

"Ese mito de los profesionales venezolanos de altísima calidad va quedando como leyenda urbana", señaló al explicar que los estudiantes actuales no cuentan necesariamente con las mismas oportunidades de formación que tuvieron generaciones anteriores.

La ULA y la UCAN, entre la resistencia y las dificultades

La Universidad de Los Andes también ha experimentado una trayectoria descendente, aunque mantiene una presencia importante en las clasificaciones internacionales.

En el ranking mundial de QS, la ULA pasó del rango 801-1000 entre 2021 y 2023 al 1001-1200 en 2024 y 2025, y al 1201-1400 en las ediciones 2026 y 2027. En la clasificación regional QS 2027 ocupa el puesto 95, después de haber estado en el 84 en la edición anterior.

En Times Higher Education, la institución también ha perdido posiciones: pasó del rango 41-45 en América Latina en 2016 al 46-50 en 2017, y posteriormente descendió al 61-70 en 2018 y 2019. En 2020 se ubicó en el puesto 57, pero en 2021 retrocedió al rango 101-125 y en 2022 al 126-150. En la edición mundial 2026 de THE, la ULA aparece en el rango 1501+.

La disminución de investigadores y grupos de investigación son gran parte de los factores responsables de esta caída. Los datos presentados por Gutiérrez indicaban que la institución tenía 952 investigadores activos, frente a una cifra superior a 1.100 en años anteriores. Asimismo, en una convocatoria reciente se certificaron 82 grupos de investigación, frente a más de 140 registrados anteriormente.

La UCAB, por su parte, es una institución privada que ha conseguido mantener una presencia destacada en los rankings regionales y que ha desarrollado mecanismos de financiamiento diferentes a los de las universidades públicas.

En el QS Latin America & The Caribbean 2027 se ubicó en el puesto 81, después de haber ocupado el 78 en 2026. De esta manera, pasó a ser la segunda institución venezolana mejor posicionada, detrás de la UCV.

Sin embargo, tampoco ha estado exenta de retrocesos en las mediciones mundiales. Su trayectoria en QS muestra que pasó del rango 801-1000 en 2021 y 2022 al 751-800 en 2023. En 2024 alcanzó el puesto 582, pero posteriormente descendió al rango 741-750 en 2025, 901-950 en 2026 y 1001-1200 en 2027.

La UCAB conserva fortalezas importantes en materia de reputación entre empleadores. De hecho, el análisis de los resultados regionales de 2027 destaca su desempeño en ese indicador, en el que se encuentra entre las instituciones mejor valoradas de América Latina.

Su experiencia también permite observar que las fuentes alternativas de financiamiento pueden contribuir a sostener actividades universitarias, aunque no sustituyen la responsabilidad estatal de garantizar el funcionamiento de la educación superior pública, señaló Ramírez.

¿Qué muestran los rankings más recientes?

La edición 2027 del QS Latin America & The Caribbean University Ranking, publicada el 1 de octubre de 2026, incluyó 517 instituciones de 27 países. Venezuela consiguió colocar nueve universidades en la clasificación y cuatro de ellas entre las primeras 100.

La USB protagonizó el retroceso más pronunciado entre las cuatro universidades venezolanas que permanecieron en el top 100, con una pérdida de 30 posiciones. La ULA cedió 11 lugares, mientras que la UCV y la UCAB descendieron tres cada una.

La clasificación también permite observar la distancia entre Venezuela y otros sistemas universitarios de la región. Chile, por ejemplo, consiguió ubicar 16 instituciones entre las 100 primeras. Brasil, con 137 universidades clasificadas, es el país con mayor representación en la tabla.

Para evaluar a las universidades, QS combina aspectos relacionados con la reputación académica, la opinión de los empleadores, la producción científica, las citas por publicación, la proporción de profesores con doctorado, la internacionalización y la colaboración entre instituciones. En su clasificación regional de 2027, evaluó ocho indicadores, entre ellos la reputación académica, la reputación entre empleadores, la relación entre profesores y estudiantes, las publicaciones científicas, las citas y las redes internacionales de investigación.

En el caso de Times Higher Education, la edición regional 2026 incluyó 223 instituciones de 16 países. Venezuela tuvo una representación mucho más reducida: solamente dos universidades. La UCV fue la mejor ubicada, en el rango 126-150.

Este último ranking modificó su sistema de evaluación para la edición 2026. En lugar de comparar a las universidades exclusivamente con sus pares latinoamericanas, comenzó a utilizar una referencia global, como en su ranking mundial. La organización advirtió que ese cambio afectaría las puntuaciones y que debía tenerse precaución al comparar los resultados con años anteriores.

Esta última metodología aplicada por el estudio contempla 16 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza, entorno de investigación, calidad de la investigación, perspectiva internacional e industria. Estos criterios permiten evaluar la capacidad de las instituciones para formar estudiantes, producir investigaciones de impacto, obtener financiamiento, establecer alianzas internacionales y transferir conocimientos al sector productivo.

En ese sentido, una universidad puede conservar una buena reputación entre académicos y empleadores gracias a su trayectoria y a sus egresados, pero perder posiciones en investigación si disminuyen sus publicaciones o el impacto de sus trabajos.

Eso ayuda a explicar por qué algunas universidades venezolanas todavía aparecen en lugares relativamente destacados de las clasificaciones regionales, pese a las dificultades que atraviesan sus campus. Los egresados de la UCV, la USB y la ULA continúan desempeñándose en empresas, centros de investigación y universidades de distintos países. Ese reconocimiento puede sostener parte de la valoración internacional de sus casas de estudio.

Una crisis que comienza antes de llegar a la universidad

La falta de docentes, las deficiencias de aprendizaje y la pérdida de condiciones para enseñar en primaria y bachillerato terminan afectando directamente a los estudiantes que ingresan a la educación superior y, por ende, también influye en el deterioro de las universidades venezolanas.

Ramírez consideró que Venezuela enfrenta una crisis educativa estructural que se ha ido extendiendo desde la formación de los maestros hasta la preparación de los futuros profesionales.

Uno de los indicadores que mencionó es la disminución de estudiantes en las carreras de Educación. Según explicó, en 2026 se registró una reducción de 80% en los graduandos de las distintas especialidades docentes de la UCV, la UCAB y la UPEL, en comparación con 2008.

La consecuencia es una creciente dificultad para conseguir profesores especializados en áreas como Matemáticas, Física y Química. En numerosos planteles, las asignaturas son impartidas por docentes que no necesariamente tienen formación específica en esas disciplinas o que deben cubrir varias materias para garantizar la continuidad de las clases.

A esto se suma el llamado horario mosaico, una modalidad en la que los estudiantes reciben clases de manera fragmentada. Aunque esta modalidad comenzó como una medida para reincorporarse a las instituciones tras la pandemia, se mantuvo durante varios años debido a la falta de docentes y la crisis salarial que se ha agudizado.

La pérdida de horas académicas y la ausencia de especialistas comprometen la adquisición de conocimientos fundamentales para continuar los estudios. "Cuando un estudiante te entra así, la universidad, por supuesto, o tiene que emplear buen tiempo para nivelarlo o tiene que lidiar con esa situación", explicó Ramírez.

El profesor puso como ejemplo lo ocurrido en 2004 con una cohorte de la Facultad de Ciencias de la UCV. De aproximadamente 560 estudiantes que ingresaron al primer semestre, 60% no aprobó ninguna asignatura al finalizar ese período, una situación que relacionó con las deficiencias en Matemáticas, Química y Física con las que llegaron del bachillerato.

Aunque se trata de un ejemplo de años anteriores, el académico considera que el problema continúa vigente y se ha profundizado.

Actualmente, la UCV utiliza mecanismos de nivelación como el programa Samuel Robinson, cursos propedéuticos y actividades de inducción para intentar compensar las carencias académicas de los bachilleres.

Los resultados del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) de la UCAB también han advertido sobre estas deficiencias. Una investigación difundida en octubre de 2026, basada en más de 6.000 pruebas de Matemáticas y casi 5.000 de Habilidad Verbal aplicadas en siete estados, encontró dificultades importantes entre los aspirantes a ingresar a la educación superior.

En comprensión lectora, 7 de cada 10 estudiantes presentaron problemas para identificar ideas implícitas en un texto o formular una opinión crítica sobre lo que leían. Aunque el promedio de Habilidad Verbal mejoró de 8,78 puntos en 2024 a 10,50 en 2025, sobre 20, el resultado apenas alcanzó el nivel mínimo aprobatorio.

Estos resultados demuestran que los estudiantes no siempre tienen las condiciones necesarias para desarrollar las competencias que exige la educación superior. La consecuencia es una mayor presión sobre las instituciones, que deben invertir tiempo y recursos en nivelar a sus estudiantes, al mismo tiempo que enfrentan dificultades para mantener sus propias actividades académicas.

Ramírez advirtió que esta situación afecta especialmente a las carreras científicas y tecnológicas, en las que los conocimientos adquiridos durante el bachillerato son indispensables para avanzar en los primeros semestres.

Las consecuencias para Venezuela van más allá de los rankings mundiales

La caída de las universidades venezolanas en los rankings mundiales no se trata solamente de un problema de prestigio académico, sus consecuencias alcanzan el desarrollo económico, la innovación, la formación de profesionales, la investigación científica y la capacidad del país para responder a sus propios desafíos. Cuando esas capacidades se debilitan, el país pierde una parte importante de su infraestructura intelectual.

Ramírez consideró que Venezuela está comprometiendo precisamente esa función. Las universidades autónomas han sido responsables de una proporción importante de la investigación nacional y de la formación de profesionales altamente especializados. Si pierden sus investigadores y no consiguen reemplazarlos, el país reduce sus posibilidades de desarrollar conocimiento propio.

Esto tiene consecuencias en sectores estratégicos como la salud, la ingeniería, la agricultura, la industria, las ciencias naturales y las tecnologías.

Por ejemplo, la falta de financiamiento para laboratorios limita la posibilidad de desarrollar investigaciones médicas, realizar estudios sobre enfermedades, crear nuevos procedimientos o adaptar tecnologías a las necesidades venezolanas.

En el área agrícola, la ausencia de recursos para salidas de campo, equipos y proyectos de investigación reduce las oportunidades de estudiar los suelos, mejorar los cultivos y desarrollar soluciones para la producción de alimentos.

En las ingenierías y las ciencias tecnológicas, la pérdida de profesores e investigadores dificulta la formación de profesionales capaces de impulsar procesos de innovación y modernización industrial.

El país termina dependiendo cada vez más de conocimientos, tecnologías y profesionales formados en otros sistemas educativos.

También se produce una pérdida económica. Venezuela invirtió durante años en la formación de profesores e investigadores que posteriormente migraron y comenzaron a contribuir al desarrollo de universidades extranjeras. Los países receptores aprovechan ese capital humano sin haber asumido necesariamente los costos de su formación inicial.

La migración de profesionales tiene efectos sobre el mercado laboral venezolano, debido a que la disminución de especialistas en determinadas áreas puede dificultar la recuperación de servicios públicos, empresas e instituciones que requieren personal altamente calificado.

Otro efecto menos visible es la pérdida de oportunidades para los jóvenes. Una universidad debilitada ofrece menos posibilidades de participar en proyectos científicos, obtener becas, establecer intercambios académicos o incorporarse a redes internacionales de investigación. Esto puede limitar las oportunidades de quienes no tienen recursos para estudiar fuera del país.

La caída de la calidad universitaria también puede profundizar las desigualdades sociales. Mientras las familias con mayores recursos pueden buscar alternativas privadas o internacionales, los estudiantes que dependen exclusivamente de la educación pública quedan más expuestos a las deficiencias del sistema.

Además, una universidad con menor capacidad de investigación pierde posibilidades de atraer financiamiento internacional, establecer alianzas con empresas y participar en proyectos de cooperación.

El debilitamiento de la autonomía universitaria

Ramírez consideró que la autonomía universitaria se ha debilitado progresivamente, especialmente porque las instituciones han perdido capacidad para administrar sus recursos y gestionar directamente las relaciones laborales.

El profesor señaló que los salarios de los trabajadores universitarios dejaron de ser pagados directamente por las universidades venezolanas y pasaron a depender del sistema Patria. Esto, a su juicio, ha limitado la posibilidad de que las autoridades universitarias y las asociaciones de profesores negocien convenios colectivos y atiendan directamente las reivindicaciones laborales.

"La universidad recibe solamente un 2% del presupuesto que solicita. Con ese 2% alcanza para absolutamente nada", afirmó al describir las limitaciones financieras de las instituciones.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odhula), en su reporte correspondiente a enero de 2026, documentó 69 incidentes relacionados con el derecho a la educación y otros derechos humanos en el ámbito universitario entre el 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

El informe clasificó los incidentes en agresiones, que representaron 84%; acoso presupuestario, con 14%, e imposición de normas ilegales, con 2%. También registró vulneraciones relacionadas con la autonomía universitaria, los derechos laborales y los derechos estudiantiles.

El documento identifica entre sus principales áreas de preocupación las restricciones presupuestarias, las intervenciones administrativas, los impedimentos para elegir autoridades universitarias y el deterioro de la infraestructura.

Estas circunstancias afectan la capacidad de las instituciones para desarrollar sus actividades y tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades académicas.

La autonomía, además, tiene una relación directa con la calidad educativa. Una universidad necesita libertad para definir sus programas de investigación, establecer alianzas, contratar personal calificado, administrar recursos y evaluar sus resultados. Sin esas condiciones, resulta más difícil responder a las transformaciones científicas, tecnológicas y sociales, advirtió Ramírez.

¿Cómo recuperar la calidad educativa en las universidades venezolanas?

Aunque el panorama es complejo, Ramírez aseguró que existe la posibilidad de revertir el deterioro. Sin embargo, advierte que no será suficiente con medidas aisladas ni con programas de corto plazo.

A su juicio, el país necesita reconocer la magnitud de la crisis y construir una política educativa de Estado que trascienda los períodos gubernamentales.

"Lo primero es darse cuenta del desastre en el que estamos", señaló.

Ramírez propone recuperar los salarios, financiar la investigación, garantizar la autonomía y establecer una política educativa de Estado.

 El académico propone diseñar una política de mediano y largo plazo que establezca qué sistema educativo necesita Venezuela para los próximos 25 años. Esa estrategia, sostiene, debe involucrar a las universidades, los profesores, las academias nacionales, el Ministerio de Educación, los empresarios, los comerciantes y los representantes del magisterio.

La participación de estos sectores permitiría establecer objetivos comunes, identificar las necesidades de cada región y definir las inversiones necesarias para recuperar las capacidades educativas.

"Si cada gobierno llega a borrar lo anterior y a improvisar, eso no nos va a ayudar", advirtió.

La propuesta supone abandonar la práctica de modificar las políticas educativas con cada cambio de administración y establecer compromisos institucionales que garanticen continuidad.

Entre las medidas que considera prioritarias se encuentra una revisión urgente de los sueldos y salarios de los profesores universitarios, así como una política de estímulos que reconozca la formación, la experiencia, la productividad científica y el trabajo académico.

"Tú no puedes esperar que los docentes, los profesionales de la docencia, asuman su trabajo profesional como un apostolado", afirmó.

La remuneración adecuada también es indispensable para atraer a jóvenes profesionales a las carreras de Educación y evitar que los académicos que permanecen en el país terminen abandonando las aulas.

También dice que es necesario restablecer el financiamiento universitario y garantizar que una parte de los recursos se destine a la investigación. Esto supone recuperar los presupuestos de los consejos de desarrollo científico y humanístico, financiar proyectos, adquirir equipos y reactivos, mantener laboratorios y garantizar recursos para el trabajo de campo.

Una de las propuestas más importantes de Ramírez es modificar el marco legal para permitir que las universidades públicas venezolanas puedan obtener recursos adicionales al presupuesto nacional.

El profesor considera que las instituciones deben tener mayor libertad para establecer contratos de consultoría con empresas privadas, nacionales e internacionales, transferir tecnología, prestar servicios especializados y desarrollar proyectos conjuntos.

"Las universidades del mundo desarrollado no viven recostadas del presupuesto nacional. El presupuesto nacional es una parte de sus ingresos", explicó.

En su opinión, las universidades venezolanas deben contar con mecanismos que faciliten la captación de recursos privados y la cooperación con sectores productivos.

Puso como ejemplo la experiencia de la UCV, que en determinados períodos consiguió desarrollar contratos y proyectos conjuntos con empresas, pero que actualmente enfrenta trabas burocráticas para gestionar donaciones y establecer acuerdos.

Ramírez considera que la legislación vigente restringe innecesariamente estas posibilidades y que una reforma debe permitir a las universidades diversificar sus fuentes de financiamiento.

Otra de las reformas que propone es modificar el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Ramírez indicó que la toma de decisiones está excesivamente centralizada y que las políticas universitarias deberían responder mejor a las características y necesidades de cada región.

Propone crear consejos regionales por áreas geopolíticas, integrados por los rectores de las universidades y representantes del Ministerio de Educación Universitaria. Estos organismos tendrían la posibilidad de establecer políticas para sus respectivas regiones, desarrollar alianzas, definir carreras prioritarias y atender las necesidades particulares de cada zona del país.

El CNU nacional, en cambio, tendría una función de coordinación y evaluación general. La descentralización permitiría, según el académico, tomar decisiones con mayor conocimiento de las necesidades territoriales y reducir la burocracia que actualmente dificulta la gestión universitaria.

Ramírez también señaló que es indispensable establecer un organismo independiente que evalúe periódicamente la calidad de las universidades venezolanas.

Afirmó que el país carece de un sistema de acreditación que permita conocer de manera objetiva las fortalezas y debilidades de las instituciones, supervisar sus programas y establecer recomendaciones para mejorar.

Propone que ese organismo esté integrado por representantes de las academias nacionales, el sector empresarial y otros miembros independientes con experiencia en educación superior.

El académico considera que las universidades venezolanas deben ser evaluadas de manera periódica y que sus programas de pregrado y posgrado deben cumplir requisitos de calidad.

También plantea que los resultados de esas evaluaciones se utilicen para orientar la distribución de los recursos públicos.

El profesor indicó que en cuanto al presupuesto no debería distribuirse exclusivamente de acuerdo con la cantidad de estudiantes atendidos, sino que también tendría que considerar la productividad académica, la investigación y la calidad de la formación.

Una universidad que investiga, produce conocimiento y forma estudiantes con buenos resultados debería recibir recursos acordes con ese desempeño, indicó.

La propuesta, sin embargo, tendría que acompañarse de criterios transparentes y mecanismos que eviten profundizar las desigualdades entre instituciones que parten de condiciones muy diferentes.

Ramírez destacó que cualquier reforma universitaria debe garantizar la autonomía de las instituciones y devolverles capacidad para administrar sus recursos. Esto incluye recuperar la posibilidad de gestionar directamente sus relaciones laborales, negociar convenios colectivos y decidir sobre sus necesidades presupuestarias.

También propone revisar la situación de las universidades experimentales venezolanas, cuya condición no debería prolongarse indefinidamente. A su juicio, estas instituciones deben ser evaluadas periódicamente para determinar si cuentan con las condiciones necesarias para alcanzar la autonomía.

Además de las reformas institucionales, Ramírez plantea la necesidad de contar con evaluaciones que permitan conocer el estado real del sistema educativo venezolano. Cree que es necesario que el país participe en pruebas internacionales de rendimiento, como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También considera necesario ampliar a escala nacional investigaciones como las que desarrolla la UCAB mediante el Secel, con el propósito de identificar las deficiencias de aprendizaje de los estudiantes y establecer políticas para corregirlas.

Para Ramírez, tomar acciones para recuperar el sistema educativo venezolano no se trata únicamente de recuperar posiciones en las clasificaciones internacionales, sino de reconstruir las instituciones que pueden formar a sus profesionales, producir conocimiento y contribuir al desarrollo de la nación.

Ilustración: lb / IA.

11/11/2026:

https://www.elnacional.com/2026/11/caida-de-las-universidades-venezolanas-en-los-rankings-mundiales/

Rosini 1 y 2

 https://www.youtube.com/watch?v=e1zLmvlCCfk

https://www.youtube.com/watch?v=Gp1niqjfbaw

Disertaciones referidas por monseñor Munilla:

https://www.youtube.com/watch?v=qFV-IjoevBc

https://www.youtube.com/watch?v=cydJe3PXRvo

https://www.youtube.com/watch?v=G9NAvyJcp1I

El científico Houellebecq

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9GJSJgKCZw

Pensar para actuar, actuar para pensar

EL COMBATE POLÍTICO

Luis Barragán

Insistimos en la necesidad de construir los argumentos indispensables, generar y darle nombre a las alternativas sustanciales, al igual que promover las capacidades de acción colectiva y pedagógica, frente al absurdo convertido en régimen, a la insensatez hecha poder y, en última instancia, al Estado falaz tan desinteresado siempre en explicarse. En las más agudas circunstancias de crisis y de transición, estas exigencias resultan aún mayores, porque no se trata de una mera confrontación con el poder establecido, sino de ir al reencuentro con la tan injustamente desprestigiada política como ejercicio cabal de la libertad, la responsabilidad y el servicio al bien común.

De la insuficiencia dolosa de debate y la degradación del discurso público en los más variados ámbitos, obtiene dividendos el relato oficial que, a pesar de las evidencias, nunca rectifica y, mucho menos, reconoce sus errores. Esa implacable tozudez, sin contra-respuesta alguna, hace de la confusión una regla, dice seguir la Constitución mientras la vulnera, y le permite – clave en la prédica miraflorina -  autovictimizarse a todo trance: así, generalizado el fenómeno en la acera opositora, la tendencia no es a polemizar sobre asuntos específicos y concretos como reflejo de una discusión deficitaria en las direcciones políticas y de la sociedad civil, reprimida y (auto)censurada la prensa, inoperantes las cámaras deliberantes de municipios, consejos legislativos y Asamblea Nacional.

La crisis política es la de su lenguaje, pesando demasiado el anecdotario, las enfermizas consignas, la adulación más descarada y las arengas oportunistas que no equivalen a análisis político alguno. Por cultura política se tiene la ampliación sin límites del chisme de vecindario, la ironía trastocada en morisqueta y la calculada exaltación de los fulanos (o fulanía) de turno.

Tamaña banalización de la política, lo político y los políticos, sustituye el examen de los procesos, la interpretación deviene ocurrencia personal, perdiendo una noción decisiva: la del combate político que ha de darse en los medios escritos, comprendiendo, fundamentando y confrontando para contribuir a la transformación de las realidades. Lo peor es el extravío de la propia noción de oposición, como si esta estuviese excluida del curso de una transición; todo lo contrario: la oposición puede catalizarla cuando cuenta con conducción y concierto.

Sobra el texto panfletario, reiterativo y fatalista, cuando – yendo más allá de la opinión – el análisis político ayuda a razonar, argumentar, denunciar, proponer y convocar, evitando la resignación, sabiendo que los partidos son importantes, pero insuficientes, y las organizaciones de la sociedad civil deben realmente comprometerse. Justamente, en el curso de una gravísima coyuntura que emocionó a las mayorías del país después estafadas, como fueron los meses siguientes a la inmediata detonación política y cultural del 4-F, Ovidio Pérez Morales – a contracorriente -  hizo un corajudo llamado a recuperar la política, revalorizarla al servicio del bien común, generar las más variadas fórmulas de organización societaria en grupos, comunidades y sectores por encima de los lineamientos ideológico-partidistas (https://apuntaje.blogspot.com/2026/11/responsabilidad-civica.html).

La participación ciudadana requiere de organizaciones capaces de canalizarla: no basta con oponerse al poder establecido, pues, hay que pensar, polemizar, acordar y comprometerse con una política que lo es, sencillamente, al realizarse y perfeccionarse. Sería el colmo de lo absurdo, no se trata de reemplazar a los partidos por la sociedad civil, ni de subordinar toda iniciativa ciudadana a las direcciones partidistas, sino de reconocer la existencia, autonomía y complementariedad de ambos espacios para un combate cívico tan propio de la presente etapa histórica.

Lo urgente – hoy más que nunca – es recuperar la capacidad de pensar y de hacer política para no sucumbir en el azar de las emociones, reencontrando el sentido y la direccionalidad que son absolutamente indispensables para toda transición democrática. Convengamos, por una parte, la disposición ciudadana de participar en la vida pública no es garantía, por sí sola, de que haya organizaciones capaces de interpretar, representar y canalizar esa participación; y, por otra, resulta indispensable el combate político, cuando existe esa disposición y los partidos no consiguen traducirla en deliberación, representación y acción sostenida.

La sola y aislada denuncia de las situaciones o la manifestación de una opinión personal, por esmeradas que fuesen, no ayuda a calificar las intervenciones públicas, si no hay testimonio de combate: la búsqueda incesante de una comprensión de la realidad, su urgida argumentación y aporte para impulsar al cambio. La transición – insistimos – no se agota en un relevo de los elencos del poder, proyectándose como un extraordinario desafío histórico de creatividad, consistencia y consecuencia.

La política requiere de ciudadanos y de organizaciones dispuestas a reinventar el país sobre bases muy firmes, responsables, sobrias. Y esto significa pensar, deliberar y actuar.

Ilustraciones: lb / IA.

10/11/2026:

 https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/el-combate-politico/