Cartografía de la irresponsabilidad

LAS TRES FORMAS DOCUMENTALES REQUERIDAS PARA LA TRAZABILIDAD DE LA DEUDA VENEZOLANA ANTES DE REESTRUCTURARLA

Rosana Sosa García

Actualmente, cualquier esfuerzo para reestructurar la deuda soberana de Venezuela se enfrenta a un obstáculo que no puede solucionarse con cálculos financieros. Las sentencias en contra de los oficiales que gestionaron la Oficina Nacional del Tesoro entre 2007 y 2013 están registradas en el Distrito Sur de Florida. Fue cuando se emitieron la mayor parte de las veinticuatro herramientas de deuda pública venezolana (catorce bonos de la República, nueve de Petróleos de Venezuela S.A. y uno de Electricidad de Caracas).

De acuerdo con información de Octus, el total de la deuda pública de Venezuela, una cifra sin auditar ni verificar, es de USD 171.500 millones (USD 102.500 millones por intereses vencidos y USD 69.000 millones por deuda no bonificada).

En un resultado también sin justificar legalmente, el Financial Times aumenta esta cifra a USD 240.000 millones, una suma todavía más cuestionable.

Hasta ahora, hemos abordado para las entregas del pilar 0, el segmento de bonos con fines explicativos.

Esta misma serie, como trabajo analítico se ha alimentado de esta coincidencia temporal. No obstante, coincidir en el calendario no significa necesariamente probar un vínculo. Hay un vacío de imputación entre una condena que afecta a una persona natural y un resultado acerca de un instrumento financiero en particular. Para cerrarla, se necesita un método que pueda verificarse, respaldado por fuentes institucionales que sean contrastables entre sí y no en la inferencia narrativa, por más lógica que parezca.

Tres pilares documentales son la base de la metodología que esta serie ha venido empleando. Cada uno se basa en una fuente institucional que no depende de las otras dos, y solo su combinación permite hacer la pregunta sobre la trazabilidad con la precisión que necesita el proceso de reestructuración, instrumento por instrumento.

Pilar I: La arquitectura conjunta del FMI y el Grupo Egmont

El primer respaldo es institucional, no de periodistas ni de activistas. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y el Fondo Monetario Internacional han desarrollado, desde principios del año 2000, una doctrina compartida acerca del rol que cumplen las unidades de inteligencia financiera en la prevención del blanqueo de dinero. El manual de referencia “Unidades de inteligencia financiera”: La creación de An Overview, que fue lanzada en 2004 por el Departamento Legal del FMI con la ayuda del Banco Mundial, reconoce de manera directa la contribución hecha por el Comité del Grupo Egmont.

Es posible consultarlo en el sitio web del FMI. imf.org: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fiu/fiu.pdf.

El propósito de esta metodología se fundamenta en el origen común que se menciona. La doctrina que hoy en día protege una gran parte de la arquitectura mundial contra el blanqueo de dinero surgió a partir de un trabajo conjunto entre una red colaborativa de agencias y la entidad multilateral responsable de mantener estable la economía global. El Grupo Egmont, de acuerdo con la propia organización, alberga actualmente 182 unidades de inteligencia financiera, incluyendo las de Venezuela y España. La unidad venezolana es miembro del grupo desde 1999.

Sin embargo, el primer pilar trae consigo una limitación doctrinal que es reconocida por el propio sistema. Un estudio realizado por el Grupo Egmont, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Banco Mundial revela que en más de la mitad de las jurisdicciones encuestadas (91 entidades miembros), los datos generados por una unidad de inteligencia financiera solamente pueden utilizarse como insumo reservado para su receptor. Sin embargo, no pueden utilizarse como evidencia dentro de un proceso penal. Si la inteligencia del sistema FMI-Egmont no es, por sí misma, prueba aceptable, entonces cualquier ejercicio de trazabilidad que dependa de ella requiere un estándar probatorio extra. Ese estándar se elabora en el tercer pilar.

Pilar II: El marco normativo del GAFI

El segundo respaldo tiene su origen en el Grupo de Acción Financiera Internacional. Las recomendaciones 24 y 25 se reforzaron con guías de implementación publicadas en marzo de 2023 y actualizadas en marzo de 2024. Estas requieren que los Estados aseguren el acceso inmediato a la información del beneficiario final de estructuras legales y personas jurídicas por las autoridades competentes, sin requerir una condena penal previa. En el contexto de Venezuela, este estándar permite preguntar si quienes organizaron, colocaron o aseguraron cada uno de los veinticuatro instrumentos cumplen con la norma internacional de transparencia, sin importar si hay o no una condena relacionada con un bono específico.

Asimismo, el 16 de noviembre de 2023, el GAFI aprobó modificaciones a las Recomendaciones 4 y 38, que requieren que los países implementen sistemas de decomiso sin condena previa cuando esto sea consistente con los principios fundamentales de su derecho interno.

Una de las veintidós instituciones que se consultaron para la guía de implementación fue el Instituto de Basilea sobre Gobernanza. Ha destacado que este procedimiento permite la recuperación de bienes ilegales, incluso si es improbable que se lleve a cabo el juicio penal contra el culpable original debido a su muerte, fuga o inmunidad. La valoración se puede consultar en el blog del Instituto.

Si el estándar internacional permite la revisión y posible confiscación de un activo sin que exista una condena penal, ya no es un obstáculo analizar la trazabilidad de un bono si no hay una condena asociada. Por el contrario, se vuelve el punto de partida del análisis.

Pilar III: El estándar probatorio del decomiso civil estadounidense

El tercer pilar aborda la restricción que se mencionó en el primero. Si la inteligencia del sistema FMI-Egmont no es suficiente como evidencia independiente, la metodología requiere una norma más rigurosa. En el derecho estadounidense de decomiso civil, codificado en la Sección 981, Título 18 del Código de los Estados Unidos, se encuentra establecido dicho estándar. La normativa establece que no solo deben confiscársele a una operación de lavado los bienes directamente implicados, sino también cualquier propiedad que pueda rastrearse hasta ese bien original. Esta confiscación se extiende a la propiedad localizada en territorio estadounidense y que provenga de ganancias obtenidas a partir de un crimen contra una nación extranjera, según lo estipula la Sección 981(a)(1)(B).

Esta última remite a la Sección 1956(c)(7)(B)(iv), norma que define el desfalco, el robo o la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario extranjero.

Ese estándar existe en el derecho estadounidense de decomiso civil, codificado en la Sección 981, Título 18 del Código de losEstados Unidos. La norma ordena confiscar no solo los bienes involucrados directamente en una operación de lavado, sino también cualquier propiedad rastreable hasta esos activos originales, y la Sección 981(a)(1)(B) extiende esa confiscación a lo que se encuentre en territorio estadounidense y provenga de ganancias obtenidas a partir de un crimen contra una nación extranjera. Remite a la Sección 1956(c)(7)(B)(iv), que tipifica la malversación, el robo o el desfalco de fondos públicos por parte de un funcionario extranjero.

Prácticamente de manera literal, esa remisión legal detalla el procedimiento registrado en las entregas anteriores de esta serie: la permanencia de Andrade Cedeño (2007-2010) y Díaz Guillén (2011-2013) como líderes de la Oficina Nacional del Tesoro. No es una hipótesis jurídica sin antecedentes. De acuerdo con el informe institucional de Transparencia Venezuela, es la misma base legal que habilitó al Departamento de Justicia estadounidense para decomisar 287 bienes en veintiún naciones, por un valor superior a los 1.300 millones de dólares.

Ese informe, titulado El mapa de los decomisos, puede consultarse en el sitio de Transparencia Venezuela y fue presentado públicamente durante el foro “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, recogido por Runrun.es el 17 de junio de 2026.

A este tercer pilar se suma un antecedente arbitral relevante. En World Duty Free Company Limited c. República de Kenia (Caso CIADI No. ARB/00/7), el tribunal aplicó el principio ex turpi causa non oritur actio y la doctrina de clean hands para negar que un contrato obtenido mediante soborno pudiera sustentar una demanda de inversión, porque la corrupción corrompe el instrumento mismo y no solo a quien la ejecutó. El laudo, del 4 de octubre de 2006, está disponible en italaw.com. Es el mismo principio que esta serie sostiene que debe aplicarse, instrumento por instrumento, a la deuda soberana venezolana.

La correlación con los métodos verificados de investigación de lavado de activos

La primera es el análisis de casos en comparación (Comparative Case Analysis), que está documentado en la práctica profesional autorizada del College of Policing británico. Permite identificar patrones entre crímenes o incidentes similares que podrían tener al mismo autor, estableciendo vínculos basados en el modus operandi, los rasgos distintivos y la evidencia forense disponible, sin suponer de antemano que los casos están relacionados y registrando únicamente lo que está respaldado por la documentación.

La segunda es el análisis de tipologías del GAFI (FATF Typology Analysis), que el propio organismo sistematizó desde 2004 a través de su Grupo de Trabajo sobre Tipologías. Su primer informe amplio, Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2004-2005, estableció el estándar que ahora permite analizar cada herramienta financiera según patrones de riesgo que son reconocidos a nivel internacional, sin requerir una condena legal específica sobre esa herramienta.

Estas dos técnicas no reemplazan ninguno de los tres pilares documentales. Son las herramientas que permiten aplicarlo en un caso específico: comparar cada herramienta con el expediente judicial actual, confrontarlo con el estándar de beneficiario final del GAFI y, finalmente, realizar la prueba de rastreo documental que exige la confiscación civil estadounidense.

La conclusión de este ejercicio es la misma que se ha mantenido desde la primera edición de esta serie: no se debe realizar ningún proceso de reestructuración de la deuda soberana de Venezuela sin una auditoría forense previa, instrumento por instrumento. Se propone coordinar la auditoría a través de los canales oficiales del Grupo Egmont y con apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional.

Continuar sin ella pone en peligro que se confirme, bajo la apariencia de una negociación financiera, instrumentos cuya legitimidad de origen nunca se sometió a un estándar verificable.

El peligro de dejar estas normas no es una cuestión teórica o a largo plazo. Cada herramienta que ha sido reestructurada sin trazabilidad corre el riesgo de ser impugnada por los acreedores, tribunales o gobiernos futuros. Por ende, se trata de un fracaso anticipado a corto plazo. Y esa impugnación no es la solución sensata a la auditoría previa. Es una parálisis que sería más costosa y peligrosa, en total oposición a los intereses de la nación.

Fotografías: LB (CCS, 22/03/2022).

26/07/2026:

https://lapatilla.com/2026/07/26/rosana-sosa-garcia-las-tres-formas-documentales-requeridas-para-la-trazabilidad-de-la-deuda-venezolana-antes-de-reestructurarla/

Preservación de las élites autoritarias

 ABC. Madrid, 10/08/2026.

Data: entre-vista

 

https://time.com/article/2026/07/30/venezuelan-president-delcy-rodriguez-interview/

Profesorado y compromiso

 LA TRANSICIÓN QUE NO EXISTE

Alberto Navas (*)

Bastantes de nuestros colegas historiadores de hoy, que ingresamos como estudiantes a la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, en la década de 1970, tuvimos la suerte de tener profesores de máxima categoría académica, no solo por ser doctores y catedráticos titulares en el escalafón, sino, principalmente, por su pulcritud académica y por estar, muchos de ellos, en la plenitud de su madurez intelectual, siendo extraordinarios transmisores de conocimientos sin necesidad de haber pasado por los fastidiosos y actuales cursos de didáctica. Aquellos Profesores formados entre las décadas de 1940 y 1960, se habían graduado antes en la UCV o en universidades de los Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Francia, Japón, Inglaterra y España, ellos casi no necesitaban leer fichas para dar sus clases verdaderamente magistrales. Entre ellos se destacaban los doctores Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, Víctor Sanz, Taide Zavarse, Tula Núñez, José Eliseo López, Miguel Hurtado Leña, Eleazar Córdova Bello, Eduardo Camps, Josefina Gavilá, Josefina Bernal, Pedro Cunill Grau, Gustavo Martín, María Amtonieta Martínez, José Belda Planas, Oscar Abdala y muchos otros más, quienes integraban una de las mejores Escuelas de Historia de América Latina.

Era la asignatura Teoría y Método de la Historia, dictada por el entonces temido Dr. Carrera Damas (hoy un amigo lúcido de 94 años), aprendimos que esa cátedra era la piedra angular de la carrera, donde era posiblemente terminar de entenderla, luego de varios años de ejercer el oficio del historiador, como investigador, como profesor y como crítico de nuestra propia obra. La Escuela contaba con una sólida Biblioteca propia, llamada: “Mario Briceño Iragorry”, que tenía su personal profesional a cargo y una amplia Sala de Lectura adyacente, donde se formaba el conocimiento, el ambiente cultural y político de la Escuela y alguno que otro amor entre jóvenes estudiantes. La mediocridad posterior de un Decano famoso por sus crímenes en el Diván, eliminó de un plumazo nuestra Biblioteca y, una tarde, después de vacaciones nos encontramos sin ese espacio que era el alma de nuestra comunidad estudiantil.

Aprendí, junto a mis colegas estudiantes, Fernando Oduber, Javier Castañon, Ramón Aizpurúa, Pedro Castro, Rosa Elena Cardona (Mafalda), Lucila Anzola y muchos otros más, que la Historia era un proceso de permanente transición, por lo que no podía haber etapas de transición separadas de la propia historia y de su curso como proceso cultural, que los verdaderos cambios en los procesos históricos radicaban en el profundo núcleo de las estructuras socioculturales, lo que no evitaba la posibilidad de estudiar procesos coyunturales, episódicos y personales (biografías), siempre y cuando se tuviese en cuenta los niveles de la causalidad que influían en los procesos desde la profundidad hacia la superficie; también que todo el conocimiento histórico estaba necesariamente conectado a una realidad total como objeto de estudio, tanto desde la superficie del investigador que recogía datos en sus fichas (hoy en su Laptop), hasta la mayor complejidad propia de la interpretación histórica, el conocimiento histórico y la Filosofía de la Historia. Pero no todos ellos egresaron como Licenciados en Historia, algunos se quedaron sin terminar la carrera, otros si bien graduados se desviaron por necesidad a trabajos no propios de su formación profesional, otros, no tan pocos, pudimos completar los estudios de postgrado y hacer carrera en el camino de la investigación histórica, porque entonces el país nos permitía aún esa senda, con trabajos, becas y apoyos institucionales que hoy ya no existen para las personas con méritos reales.

Nuestros estudiantes de hoy, en lo que queda de la Escuela de Historia, se nos quejan de la baja calidad y compromiso académico de profesores, que aunque les pueden haber aumentado la dedicación, solo asisten a clases una vez a la semana, señalan que en la importante asignatura de Teoría y Método de la Historia, un punto fundamental de la carrera profesional del historiador, según nuestros estudiantes el profesor es muy deficiente, estas denuncias nos hacen recordar una canción de Carlos Gardel: con el “Profesor de Cachiporra, Malandrín y Estafador”, quien les manda a hacer un trabajito para evaluar la materia que nunca da. Yo les he podido contestar a ellos que, en parte, la culpa es de los mismos estudiantes y no solamente de un posible “mal profesor”, también mal remunerado, tal vez enchufado y mal formado desde la escuela primaria, pues les advertí, que en nuestro tiempo de estudiantes éramos contestatarios y enfrentábamos los problemas de cara a la Cátedra, el Consejo de Escuela o el Consejo de Facultad. Pero siempre gana hoy la pasividad y el miedo a ser el denunciante frente a directivos más pasivos aún, por no decir otra cosa, ello mata cada día el espíritu crítico y la combatividad que una vez tuvimos los estudiantes de los años sesenta y setenta.

La Universidad está enferma en un país enfermo, nos hacen falta los criterios de un Juan Nuño, de un Carrera Damas, de un Antonio Pascuali, de un García Bacca, quienes deberían reaparecer en las nuevas generaciones para hacer revivir nuestras Humanidades en la UCV. Ello no es imposible, solo basta una honestidad y ética básica, junto a una nueva preocupación por el mérito del estudio superior. Así se acabarían o mejorarían los malos profesores, los concursos de oposición ya preasignados hacia los afines politiqueros, el retraso intencional de trámites académicos, los nombramientos por emergencia sin otra emergencia que los intereses personales, el incumplimiento e incompatibilidad de las dedicaciones, etc. Como ya antes fue nuestra Escuela con profesores presentes y Directores de nivel humano y académico.

De todos modos, ya dijimos que toda Historia es siempre una transición, y que por ello, todo esto deberá de cambiar y, para finalizar, tengo que recordar las palabras de un Alcaide de la Cárcel de la Rotunda de Caracas, a quien le preguntaron un día del siglo XIX, que “por qué no maltrataba a los presos políticos”, a lo que Eliseo Acosta contestó: que a todos lo trataba bien pues: “Los perseguidos de hoy serán los perseguidores del mañana” y, en consecuencia, hay que saber cuidarse de las vueltas que da la Historia.

(*)  ANB Cronista de la UCV.

29/07/2026:

https://www.eluniversal.com/el-universal/238180/la-transicion-que-no-existe

Obra reciente

https://www.youtube.com/watch?v=aJhARBFqVvw 

Puntualidades de un proceso

INVOCACIÓN DEL LIDERAZGO TRANSICIONAL

Luis Barragán

Aceptemos que no toda tertulia equivale a mesa de trabajo y, menos, a un proceso de transición de naturaleza y alcances complejos, por lo que el liderazgo que lo propulse ha de ser distinto para consumarlo eficazmente. El objeto esencial del cambio consiste en recuperar las capacidades del Estado —por no decir el Estado mismo— para hacer posible un esfuerzo de democratización sostenida y, en consecuencia, amerita de una conducción política alternativa muy acorde a las metas, realista con una extraordinaria habilidad para superar incidentes y accidentes del proceso incluyendo facetas inéditas respecto al oficio político de hoy.

Quizá redundante, el sujeto político de la transición ha de generar la confianza necesaria y promover el consenso indispensable para la tarea nada menuda de republicanizarnos, pues no bastará con gobernar, administrar ni competir electoralmente cobrando una creciente importancia la tarea de reconstruir, mediar, consensuar e integrar para restablecer las capacidades mínimas del Estado y rehacer su relación con la sociedad. Concordando con Joel S. Migdal al asumir con sentido realista que el Estado compite, negocia y coexiste con múltiples expresiones sociales generadoras de normas de hecho, lealtades y formas de control, significa también afrontar la resistencia de los grupos e intereses asociados al régimen desplazado o en vías de desplazamiento, es decir, los  poderes salvajes que van más allá del estricto ámbito jurídico.

Por supuesto que debemos partir de la dimensión ética y de los específicos atributos personales, pero una teoría funcional del liderazgo de transición apunta a la cabal operatividad política e institucional para pasar del país de la crisis que todavía amenaza su propia existencia al país que haga de su vocación por la libertad y el ejercicio democrático el fundamento para la reedificación republicana y la reconstrucción estatal de una nueva legitimidad. La cercanía y relación entre sociedad y Estado, por una parte, puede llevar a una limpia reorganización y cooperación para confrontar a los sectores, intereses, fuerzas o agentes nacionales y foráneos que solo lo harán en beneficio propio, algo de sobra ocurrido por estas décadas; y, por otra, además de la sobriedad y el sentido de la responsabilidad que debe caracterizarlo, el liderazgo debe ser relacionante y eficientemente retroalimentario para conseguir nuevos equilibrios que permitan encarar a la delincuencia común políticamente estructurada.

Ciertamente paradójico, la exacerbación autoritaria es directamente proporcional a la debilidad del Estado que  provoca la quiebra de los servicios públicos, eleva la carga (para)fiscal, no regula el mercado ni administra justicia. El desempeño de los consejos comunales y los denominados jefes de calle, por ejemplo, revela cuán ilusorio e interesado es el tal poder popular y cuáles las magnitudes que debe alcanzar el liderazgo natural, local y democrático.

La recuperación de las capacidades del Estado requiere de conductores que generen confianza, legitimidad, identidad, hábitos cívicos, cultura política, integración social: relacionamiento frente a la mitomanía, colegiación frente al narcisismo, civismo frente al foquismo. Sólo así, el liderazgo dejará de concebirse como una empresa personal para convertirse en una capacidad sistémica al servicio de la reconstrucción democrática.

Ilustración:  Şakir Gökçebağ. 

11/08/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/invocacion-del-liderazgo-transicional/

https://www.eastwebside.com/luis-barragan-invocacion-del-liderazgo-transicional.html

Paradójica conclusión

DE UNA BREVE RELACIÓN PARLAMENTARIA DEL PRESENTE SIGLO

Luis Barragán

Historiadores, constitucionalistas y afines tienen y tendrán motivos sobrados para estudiar el inédito fenómeno del parlamentarismo venezolano en el presente siglo, luego de la irresponsable demolición política e institucional que se hizo del Congreso de la República. Cualquier observador con los más elementales criterios científicos y también ciudadanos podrá apreciar las altas cotas de improvisación del socialismo de la centuria que, además, infló el artificio de un poder popular concebido según los intereses de Miraflores.

Una breve relación apunta a la Asamblea Nacional electa en 2000, después del apogeo de una constituyente de mayoría insincera lograda de nuevo a favor del oficialismo mediante la fórmula electoral de las “morochas”. Veníamos de una profunda tradición parlamentaria que hizo presencia inevitable en la estrenada unicameralidad, pero debió soportar las arbitrariedades de un gobierno que siguió aterrorizando con sus huestes, por entonces “círculos bolivarianos” y “guerreros de la Vega”, toda disidencia y oposición, atravesando los acontecimientos de 2002 que arrojaron el informe caprichoso de una dizque Comisión de la Verdad sobre los sucesos de abril.

Por lo demás, renunciando de antemano a sus atribuciones más acusadas, la mayoría oficialista comenzó la costumbre después muy arraigada de aprobar leyes habilitantes, sin que ninguna emergencia lo justificase, conduciendo a una absurda dislocación institucional que ha pasado su factura ya por dos décadas. La oposición no asistió a las elecciones parlamentarias de 2005, por lo que el dominio gubernamental fue total: siquitrilló toda tradición parlamentaria y produjo una enorme lesión republicana en una población que perdió incluso la noción misma del Parlamento, confundiéndolo con el espectáculo casi a diario de Hugo Chávez en las cadenas radiotelevisivas junto a sus ministros.

Otra vez, en 2010, aplicando las maniobras electorales del caso, a pesar de ganar la oposición con poca diferencia la votación popular, el socialismo se alzó con una mayoría simple en el período más aterrador de todo el historial parlamentario venezolano, aún por encima del siguiente, cuando perdió la sede física. La oposición, sin embargo, no se dejó amilanar y con mucho coraje resistió los embates, la violencia y los abusos de esa mayoría in situ, sin huir de las curules y afrontando todas y cada una de las circunstancias.

Baste recordar la habilitante-exprés, los recurrentes ataques violentos y salvajes contra los opositores al entrar y salir de las cámaras, el manejo discrecional del Reglamento de Interior y Debates, las golpizas en varias sesiones que produjeron diputados malheridos dentro del hemiciclo, así como el allanamiento y la destitución “administrativa” de parlamentarios opositores y la aprobación de leyes destinadas a criminalizar la disidencia. A nuestro juicio, aunque la etapa entre 2010 y 2016 comportó un mayor riesgo cotidiano para la integridad física de los integrantes de la oposición, la dislocación socialista adquirió toda su franqueza con el resultado electoral de 2015 hasta consumarse la trampa en 2020.

De manera evidente y contundentemente ganadora la oposición en los comicios de 2015, sobrevinieron hechos indecibles en nuestra historia republicana, como la invención de un tal desacato del Parlamento y la constituyente fraudulenta de 2017, que no hizo ninguna otra Carta Magna pero dictó leyes a su leal antojo y “allanó” arbitrariamente la inmunidad de diputados. Luego vinieron el asalto y secuestro en  el Palacio Legislativo en julio de 2017, también con lesiones propinadas al garete a los diputados, el asalto de enero de 2020 para imponer una directiva igualmente a realazos y las sesiones de la legítima Asamblea Nacional en espacios públicos y privados diferentes de su sede natural.

Reincide el fraude oficialista en las elecciones de 2020 y la denominada AN del 2015 extiende su mandato por un lapso razonable, producidos los comicios que configuraron luego, bajo el control gubernamental, la AN de 2025. Así, una institución constitucionalmente destinada a expresar la representación nacional terminó convertida en el escenario de una disputa prolongada acerca de la legitimidad, la inmunidad, la sede, la elección y hasta la existencia misma del Parlamento.

Ahora asistimos a otro fenómeno sin precedentes: la constitución de una mesa de diálogo bajo tutelaje estadounidense, en la que se sienta una representación de la AN de 2015 y otra de la AN de 2025, con un mutuo reconocimiento de acuerdo la probable salida realista a una crisis demasiado prolongada. Valga acotar que dicha crisis comenzó a cuajar desde principios de 2001 en todos los sentidos, reventando con la derrota del chavismo en la consabida reforma constitucional, expandida y agudizada con el desastre humanitario y la más abierta represión de la última década.

En los dos siglos anteriores, con todos los percances que sufrió la institución parlamentaria en Venezuela, jamás había ocurrido algo semejante, ni siquiera bajo los más atroces regímenes de fuerza. La paradoja acaso consista en que, después de haber sido sistemáticamente demolido, desconocido y perseguido, el Parlamento vuelva ahora a aparecer como una referencia inevitable para cualquier entendimiento sobre la salida de la crisis nacional.

Fotografías: LB, Caracas (22/02 y 02/03/23)

10/08/2026:

https://opinionynoticias.com/opinionpolitica/44773--de-una-breve-relacion-parlamentaria-del-presente-siglo