martes, 17 de noviembre de 2026

Propicia la coyuntura


TRANSICIÓN, PRESUPUESTO Y UNIVERSIDAD

Luis Barragán

 

A mi hermano Roger Izquierdo J.,

experto en presupuesto público,

in memoriam

 

La transición, entendida como proceso, ha de orientarse democráticamente a la recuperación y elevación de las capacidades institucionales del Estado: la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 ofrece una oportunidad propicia para avanzar en esa dirección. Ejercicio antaño frecuente de deliberación nacional, debe significar la ampliación y canalización legislativa de la consulta con todos los sectores del país, sin discriminación alguna, para actualizar el diagnóstico de nuestros problemas, establecer las prioridades impostergables y formalizar un compromiso consensuado sobre la distribución responsable de los recursos disponibles.

Olvidada durante años la especialidad presupuestaria, sus principios constitucionales y legales reclaman hoy más que nunca el debido respeto, tanto por parte del órgano legislativo encargado de recibir, debatir y sancionar la ley, como del Ejecutivo y de las instancias de control y fiscalización; aceptemos que la vigencia formal de tales principios no ha significado el acatamiento de la normativa que los contempla, suficientemente demostrado por el ejercicio fiscal arbitrario y prácticamente clandestino de todos estos años. Por consiguiente, la rectificación gubernamental exige transparencia, información pública, responsabilidad y rendición de cuentas, condiciones indispensables para recuperar la gobernabilidad y la gobernanza que una maniobra de reacomodo, por esmerada que fuese, jamás podrá garantizar.

El presupuesto público venezolano ha sido materia de decisión exclusiva y discrecional de las fracciones políticas dominantes del oficialismo, en detrimento incluso de las restantes representaciones parlamentarias, privadas de información sobre las estadísticas más sensibles del país. La estratagema presupuestaria se evidencia en la subestimación de los ingresos anuales, el manejo monopólico de la renta petrolera, arbitrariamente destinada a fondos gubernamentales sin control efectivo, y la creciente presión tributaria, mientras persiste una prestación ineficiente de los servicios públicos: se trata de una distorsión fiscal que compromete la responsabilidad del Estado y agrava la crisis social.

Aceptemos, la transición responde a una crisis muy aguda de gobernabilidad y gobernanza que, como demuestra la experiencia, puede agravarse con el uso de la fuerza, por ello, resulta recomendable hacer de la discusión presupuestaria una experiencia concreta de negociación política e institucional, capaz de ampliar las posibilidades democráticas. Esto no supone convertir la mesa de entendimiento, diálogo o negociación en una coalición de gobierno, sino alcanzar acuerdos parciales que permitan atender la insólita emergencia social y económica que nos embarga, sin sacrificar las diferencias políticas.

Las organizaciones político-partidistas tienen la responsabilidad de formular alternativas, proponer políticas públicas, representar intereses y disputar democráticamente el poder, mientras que la sociedad civil organizada, por su parte, aporta conocimientos, experiencias y demandas sectoriales indispensables. La concurrencia de ambas en una deliberación presupuestaria de carácter pluralista permitiría identificar urgencias, concertar soluciones y establecer compromisos verificables para el presente y el futuro; además, no se trata de sustituir las competencias de los órganos del Poder Público, sino de recuperar la discusión, calidad y  responsabilidad institucional en el ejercicio de esas competencias.

El complejo problema universitario requiere de una instancia institucional adecuada para ventilarse sobria, responsable y convincentemente, encarando sus múltiples dimensiones como materia de las deliberaciones que puede suscitar el proyecto presupuestario. Antes que distraer la atención con una reforma de la Ley de Universidades de la que no se conoce siquiera un papel de trabajo oficial, corresponde al ministerio del ramo formular sus planteamientos y someterlos a consideración de las comunidades académicas. Empero, es el proceso presupuestario, cuyo plazo de sanción es perentorio, el que ofrece una oportunidad inmediata para que la comisión de diálogo, entendimiento o negociación evacúe una amplia consulta y procure acuerdos susceptibles de instrumentación legislativa, indicando prioridades, compromisos de asignación de recursos y mecanismos de seguimiento y fiscalización.

Se trataría de una experiencia de concertación que contribuiría a la recuperación inicial de la gobernabilidad y la gobernanza, particularmente en lo concerniente al aula civil y superior en Venezuela, porque el consenso que necesitamos no puede limitarse a una distribución circunstancial de recursos: debe comprender el diagnóstico, el método, las soluciones y el seguimiento de un asunto tan complejo. Presupuestar responsablemente nuestras casas de estudio exige abandonar la campaña de distracción en torno a una reforma universitaria que, sin formulación oficial conocida, parece servir de cobertura a la pretensión de imponer una universidad comunal, desnaturalizada y vinculada a un modelo rentista históricamente agotado.

Especialistas han señalado los Pactos de la Moncloa, suscritos en la España de 1977, como referencia de acuerdos que incorporaron compromisos económicos, fiscales, salariales y de gasto público, articulando a sectores empresariales y laborales; e, igualmente, cabe examinar las experiencias latinoamericanas de concertación vinculadas a la discusión presupuestaria, como la chilena de 1996. No se trata de trasladar mecánicamente fórmulas ajenas, sino de reconocer que la negociación política puede adquirir contenido material mediante compromisos económicos verificables. Indispensable acotación, en nuestro caso, no reduzcamos el drama universitario a las deficiencias salariales o infraestructurales, ya que la polémica debe comprender las condiciones de estudio y trabajo, la docencia, la investigación, los servicios y la autonomía institucional: las comunidades universitarias, agremiadas o no, han de participar en la definición de las demandas y prioridades que permitan recuperar la excelencia académica y la responsabilidad ética y sociopolítica de la universidad.

Alcanzamos a asistir y a participar en el debate celebrado el pasado día 5 en la antigua Sala E de la Universidad Central de Venezuela, con la notable ausencia de la ministra de Educación Universitaria, y, en el lugar,  pudimos constatar el rechazo a una reforma legal atípica, sin que exista un proyecto oficial conocido ni conste la deseable y responsable ponderación y respaldo del Consejo de Ministros.  Resulta más razonable para el oficialismo atender la iniciativa presupuestaria efectivamente consignada y procurar mayores recursos para las universidades, en lugar de prolongar una discusión sobre una reforma fantasma, cuyo contenido y propósito siguen sin esclarecerse.

La discusión presupuestaria no resolverá por sí sola la crisis universitaria ni sustituirá las transformaciones legislativas e institucionales pendientes, aunque puede inaugurar una práctica democrática distinta: reconocer los problemas, acordar prioridades, comprometer recursos y someter – fundamentalísimo -  los resultados al escrutinio público. La universidad podría ser un punto de partida para extender semejante ejercicio a otros sectores y políticas públicas, haciendo de la negociación presupuestaria una experiencia anticipada de transición y reconstrucción de las capacidades del Estado.

No subestimemos a una ciudadanía que, al reclamar una mejoría inmediata de sus condiciones y calidad de vida, también puede comprender y asumir la importancia de una controversia nada banal sobre los recursos capaces de sostener, a mediano y largo plazo, cuanto pueda alcanzarse. Recuperar la universidad como espacio de movilidad social, bajo otro modelo de desarrollo, contribuiría igualmente a ordenar las expectativas y prioridades presupuestarias del país.

Ilustración: lb / IA.

Video: Segmento tomado por José Luis García (Viva la UCV), en el debate sobre la reforma de la Ley de Universidades (Sala E/UCV, 05/11/2026).

17/11/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/transicion-presupuesto-y-universidad/

https://www.eastwebside.com/nota-editorial-universidades.html

lunes, 16 de noviembre de 2026

Entrevista en la UNIMET

Concluyendo la jornada, los ponentes sobre el caso del Esequibo siendo entrevistados en los jardines de la Universidad Metropolitana (Caracas, 29/05/2026): Claudio Briceño, José Alberto Olivar, Luis Barragán y Rajik Morillo.

En cualquier momento ... ¿Oferta de armas?

 

EL PAÍS. Madrid, 16/11/2026.

¿Llegó la hora de echar cuentas?

DE LA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Luis Barragán

La transición, entendida como proceso, ha de orientarse democráticamente a la recuperación de las capacidades institucionales del Estado, encontrando en la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 una oportunidad necesaria de aprovechar. Un ejercicio antaño frecuente de deliberación nacional permitiría actualizar el diagnóstico de nuestros problemas, establecer las prioridades largo rato atrás impostergables y concertar la distribución responsable de los recursos disponibles con urgida equidad social, sin discriminación política alguna.

Olvidada durante años la especialidad presupuestaria, sus principios constitucionales y legales han cedido ante un ejercicio fiscal arbitrario y prácticamente clandestino, caracterizado por la subestimación de los ingresos, el manejo discrecional de la renta petrolera y una creciente presión tributaria sin la prestación eficiente de los servicios públicos. La rectificación exige transparencia, información, responsabilidad y rendición de cuentas, pero también recuperar la gobernabilidad y la gobernanza que una maniobra de reacomodo, por esmerada que fuese, jamás podrá garantizar.

El debate presupuestario puede convertirse así en una experiencia concreta de negociación política e institucional, sin que la mesa de entendimiento entre gobierno y oposición suponga una coalición gubernamental ni el sacrificio de las diferencias. Corresponde a los partidos formular alternativas y representar intereses, mientras la sociedad civil aporta conocimientos, experiencias y demandas sectoriales, procurando acuerdos parciales, verificables y traducibles en prioridades presupuestarias, compromisos de recursos y mecanismos de seguimiento y fiscalización.

La universidad constituye un ámbito especialmente propicio para semejante ejercicio, pues su crisis no se reduce a las deficiencias salariales o infraestructurales, sino que compromete las condiciones de estudio y trabajo, la docencia, la investigación, los servicios y la propia autonomía institucional. Antes que distraernos con una reforma de la ley universitaria sin proyecto oficial conocido, convoquemos a las comunidades académicas y gremiales a precisar el diagnóstico, consensuar soluciones y presupuestar responsablemente la recuperación de nuestras casas de estudio, frente a la pretensión de imponer una universidad comunal vinculada a un modelo rentista históricamente agotado.

Bajo el feroz autoritarismo de casi tres décadas que desembocó en un comunalismo artificial e inconstitucional, resulta imposible subestimar a la ciudadanía que defiende el derecho a reclamar mejores condiciones para alcanzar un nivel de vida superior y que es capaz de comprender y asumir la polémica sobre la distribución de los recursos que puedan darle soporte a esa mejoría a mediano y largo plazo, así como contribuir a recuperar la universidad como promotora de la movilidad social. La controversia presupuestaria entraña una dimensión institucional, política y social que, extendida a todos los sectores, puede convertir la negociación en una experiencia anticipada de transición pacífica y democrática, orientada a reconstruir el Estado.

Ilustraciones: lb / IA.

16/11/2026:

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/45226--de-la-negociacion-presupuestaria

domingo, 15 de noviembre de 2026

Caza de citas

 “La aflicción, el dolor y las enfermedades se han convertido en las nociones más impensables de la ideología laica moderna, y han llegado a ocupar la poco envidiable posición de residuos en una sociedad que avanza hacia el futuro: acontecimientos fuera de juego, interdictos de palabra o de obra con los que cada cual tiene que arreglárselas a su manera. Sin embargo, lo que ha desaparecido no es el sufrimiento; se ha prohibido su manifestación pública (salvo, lo repetimos, en la literatura), Hay que fingir dinamismo y buen humor, con la esperanza de que al abrir ese grifo la aflicción termine desapareciendo por sí sola”

Pascal Brucker

(“La euforia perpetua. Sobre el deber de ser feliz”, EpubLibre, 2000, 136)

Ilustración: Kenne Grégoire.

Noticiero retrospectivo

-  David de los Reyes. “El derecho a la vida de los barí y de los yukpas”. Economía Hoy, Caracas, 21/08/92.

- Humberto Cuenca. “La crisis de la administración de justicia”. Qué Pasa en Venezuela, Caracas, N° 54 del del 27/02/65.

- Gustavo Tarre pidió pasar al tribunal disciplinario de COPEI a Agustín Berríos (regional), Juan José Caldera, Humberto Calderón Berti (nacional). Economía Hoy, 08/08/89.

- Ricardo Escalante entrevista a Oswaldo Alvarez Paz. El Universal, Caracas, 16/07/84.

- Manuel Malaver. “El auge de la cuestión militar”. El Diario de Caracas, 07/06/81.

Reproducción: El periodista Vásquez Figueroa entrevista a Rafito Cedeño, apoderado de Carlos "Morocho" Hernández, en el aeropuerto de Barcelona. El Nacional, Caracas, 20/10/59.

Una coyuntura favorable

DE UN PROYECTO DE LEY A OTRO

Luis Barragán

Buena parte del país ignora la pretensión ministerial de reformar la Ley de Universidades y, en contraste con remotas épocas, la discusión del Presupuesto para 2027. En este último caso, resulta interesadamente escasa la referencia, noticia, publicidad o incluso rumor sobre su contenido, por más que se trate de los recursos previstos para el venidero año; en aquel, simplemente, no hay nada formulado en torno a la universidad venezolana.

En efecto, se ha llamado a discutir una reforma de la Ley de Universidades sin que exista un texto articulado, aunque sea un esbozo de la postura oficial. Paradójicamente, el ministerio de Educación Universitaria tampoco dice nada sobre el instrumento presupuestario consignado ante la Asamblea Nacional.

El pasado día 5 de los corrientes, durante el debate realizado en la UCV sobre la materia, manifestamos nuestra preocupación ante el alto funcionario que acudió en representación de la ministra de Educación Universitaria. Su respuesta fue que existe un importante repositorio de planteamientos, del cual cabría deducir que sobran los insumos para una reforma legal con circulación restringida para un momento – deducimos – estelar que está a punto de llegar portador de la revelación.

Visto lo anterior, peor aún, ¿qué sentido tiene priorizar la prolongada discusión de una reforma que requiere, ante todo, de un mayor sentido de responsabilidad ministerial para sistematizar responsablemente una propuesta inequívoca y definitiva? La ausencia de una formulación oficial no significa que la improvisación sea necesariamente cierta y, como en otras ocasiones, terminarán alegando haber evacuado todas las opiniones posibles para presentar a última hora un documento que inexorablemente impondrán con la postergada fórmula de una universidad comunal. Vale decir, inconfundiblemente explicada por el rentismo que ha de encadenar  - enroscándose - a nuestras casas de estudios.

Llaman a debatir donde no hay texto, pero donde existe una iniciativa concreta y específica, nada dicen. Privilegia el gobierno la reforma fantasma de la Ley de Universidades, mientras  nada dice del  proceso presupuestario que tiene un plazo perentorio, desdeñando así la consideración del instrumento que cobrará vigencia desde el primer día de enero de 2027.

El mencionado ministerio debe bregar de día y de noche por mejorar las cifras relacionadas con las universidades contempladas en el presupuesto, aunque presumimos su conformidad en el caso de haber sido consultado para la versión definitiva u oído quizá en la sesión correspondiente del Consejo de Ministros. En lugar de distraer la atención con una reforma fantasma, debería convocar a jornadas de deliberación en el medio universitario sobre el diagnóstico y las prioridades presupuestarias, permitiéndole a la universidad autónoma defenderse frente al ogro filantrópico de sus tormentos.

Luce favorable la coyuntura política e institucional para que el oficialismo pruebe su disposición a la rectificación y al cambio, aceptando una transición hecha proceso que garantice la gobernabilidad y la gobernanza para el país, la educación pública y privada, y, particularmente, la universitaria. Sin duda, es buena la ocasión.

Ilustración: lb / IA.

15/11/2026:

https://lapatilla.com/2026/11/15/luis-barragan-de-un-proyecto-de-ley-a-otro/


Propicia la coyuntura

TRANSICIÓN, PRESUPUESTO Y UNIVERSIDAD Luis Barragán   A mi hermano Roger Izquierdo J., experto en presupuesto público, in memoriam...