jueves, 22 de octubre de 2026

Carne y hueso

Inaceptable que la transición que se espera pretenda eliminar las prestaciones sociales en Venezuela

“No puede haber una transición sin el venezolano de carne y hueso”, expresó el dirigente político y exparlamentario Luis Barragán en el programa radial Termómetro Social, conducido por Freddy Marcano a través de Fe y Alegría 1390 AM.

Precisó que “en el curso de lo que es todavía un proceso hacia la transición, hay intereses, propuestas e iniciativas encontradas que ameritan de la constante búsqueda de un consenso, pero ello no ha de significar la aceptación de los riesgos y peligros latentes que acarreé el sacrificio definitivo de las prestaciones sociales, por ejemplo”.

Agregó Barragán que “no podemos incurrir en una transición socialmente costosa, capaz de desconocer las grandes conquistas históricas en materia laboral que, en lugar de eliminar el sistema llamado Patria, todo un exabrupto, lo haga con los derechos y garantías de un inconfundible rango constitucional”.

Terminante apreciación, agregó finalmente que “es imposible aceptar un cambio que no sea tal, pues, como los cubanos, los venezolanos vivimos una radical flexibilización de hecho en materia laboral que ha elevado astronómicamente la deuda social contraída con las grandes mayorías ciudadanas”.

22/10/2026:

https://www.opinionynoticias.com/noticiasnacionalesyglobales/45113-ex-diputado-barragan-pide-consenso-y-proteccion-social-frente-a-propuestas-de-cambio-en-el-pais

Posterremoto

 

https://www.youtube.com/shorts/yArB85RbVrc

https://www.youtube.com/watch?v=Fy82xayMBmo

Cfr. 

Una institución profundamente impactada

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Fwlvln0C8

Tomar la ruta correcta y a la hora exacta

BLOQUEO DE LA SOBERANÍA

Luis Manuel Marcano Salazar 

La soberanía es el poder originario del pueblo para decidir su destino. No es una concesión de los gobernantes, una propiedad de los partidos políticos ni mucho menos una facultad que pueda administrarse desde las oficinas de una potencia extranjera. Es la expresión más profunda de la libertad colectiva, el derecho de una sociedad a equivocarse, a rectificar sus errores y a escoger, sin tutelas ni imposiciones, a quienes habrán de conducirla. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente y de manera indirecta, mediante el sufragio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa voluntad se expresa, pero quienes controlan el poder impiden que produzca consecuencias? Allí comienza lo que pudiéramos denominar el bloqueo de la soberanía, una categoría política y constitucional que propongo para explicar la neutralización de la voluntad popular mediante decisiones institucionales, intereses económicos, imposiciones extranjeras o acuerdos entre élites que terminan sustituyendo al verdadero titular del poder, que es el ciudadano.

 Venezuela conoce demasiado bien esa tragedia. La soberanía no comenzó a desdibujarse el 3 de enero de 2026, ni puede afirmarse que hubiera desaparecido porque una estructura autoritaria consiguiera secuestrar sus instituciones. El pueblo continuó ejerciéndola, incluso en las circunstancias más adversas. Lo hizo el 16 de julio de 2017, cuando millones de venezolanos participaron en una consulta popular de profundo significado constitucional, que contó fundamentalmente con la protección de aquella fracción parlamentaria denominada 16 de Julio, cuando la adversidad y los intereses tocaron la puerta de la legitimidad. Volvió a hacerlo el 28 de julio de 2024, cuando expresó su voluntad de cambio, mediante el respaldo electoral a Edmundo González Urrutia. Son acontecimientos distintos, pero unidos por una misma tragedia que se dibuja en vidas humanas que miden la distancia entre la expresión de la soberanía y su realización efectiva. Porque votar no puede convertirse en un ejercicio ceremonial, ni la manifestación de la voluntad popular puede quedar reducida a una fotografía histórica que los dirigentes exhiben mientras otros deciden qué hacer con ella.

Hay un episodio de nuestra historia reciente sobre el cual tendremos que volver, inevitablemente, con la severidad que exige la memoria y la rudeza de la pluma de la historia. Me refiero a la consulta del 16 de julio de 2017 y a la posterior designación, el 21 de julio, de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional. Aquella decisión representaba un esfuerzo por recuperar la independencia judicial y responder institucionalmente a la fractura constitucional venezolana. Sin embargo, quienes recibimos aquella responsabilidad terminamos enfrentando persecución, desconocimiento y exilio, mientras la propia dirigencia política que había impulsado nuestra designación fue dejando aquella institucionalidad sin el reconocimiento y la continuidad que necesitaba. Nueve años después permanece una pregunta que no podemos eludir: ¿Por qué se convoca al pueblo a ejercer su soberanía si luego sus consecuencias son abandonadas? La historia tendrá que escribir ese capítulo con toda su crudeza, porque también existe responsabilidad política cuando se permite que una decisión soberana termine sepultada por las conveniencias del momento.

Desde el 3 de enero sospeché que ingresar verdaderamente en una transición democrática sería muchísimo más complejo de lo que algunos imaginaban. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar a la justicia constituyeron un acontecimiento extraordinario, pero no significaban, por sí mismos, la recuperación de la República. La salida de un gobernante autoritario no equivale necesariamente al desmontaje del sistema que lo sostuvo. Menos todavía cuando alrededor de la transición comienzan a gravitar intereses petroleros, financieros, comerciales y geopolíticos que pueden terminar subordinando la democratización a una agenda de conveniencias. Estados Unidos tiene intereses legítimos como cualquier nación; lo que no puede considerarse legítimo, desde nuestra perspectiva constitucional, es que esos intereses sustituyan la voluntad del pueblo venezolano. Una cosa es contribuir a la recuperación de la democracia y otra, profundamente diferente, administrar políticamente el destino de una sociedad sin devolverle su capacidad de decidir.

Por eso resulta tan inquietante la situación de María Corina Machado. Su permanencia fuera de Venezuela, las dificultades para concretar su retorno y su exclusión de determinadas negociaciones políticas respaldadas por Washington obligan a formular preguntas infelices. Si existe un proceso encaminado hacia la transición democrática, ¿por qué la principal dirigente de la oposición venezolana no ocupa el lugar que corresponde a su representación política? ¿Acaso sus adversarios democráticos utilizan la agenda de Estados Unidos para pretender desmontar su popularidad? ¿Qué intereses se encuentran detrás de una negociación que parece avanzar con mayor facilidad en materia económica que en la restitución de los derechos políticos: presos políticos, exiliados, desaparecidos? No afirmo que exista una conspiración cuya documentación desconozcamos, pero tampoco podemos pedirle a una sociedad maltratada durante tantos años que renuncie a interrogar a quienes administran nuestro futuro. El bloqueo de la soberanía también puede producirse cuando se posterga indefinidamente la devolución del poder popular bajo el argumento de que primero deben resolverse los intereses de quienes negocian.

Aquí aparece otro problema de enorme gravedad: la justicia. No habrá transición verdadera si quienes participaron en la persecución política, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos encuentran en los nuevos acuerdos una vía para garantizar su impunidad. Han circulado versiones sobre entendimientos relacionados con los organismos de inteligencia, incluido el Sebin, y sobre posibles arreglos destinados a preservar espacios de poder. Tales informaciones deben ser investigadas y comprobadas, no convertidas apresuradamente en verdades. Sin embargo, el principio que está en discusión es irrenunciable: la justicia no puede ser una mercancía de negociación política. Todos tienen derecho al debido proceso, incluso quienes ejercieron el poder arbitrariamente, pero nadie puede reclamar que la estabilidad de un país se construya sobre el olvido obligatorio de sus víctimas. La impunidad podrá comprar silencios temporales, lo que jamás podrá comprar es una paz verdadera.

Necesitamos reconstruir Venezuela, desde luego. Necesitamos inversiones, recuperar la industria, restablecer la seguridad jurídica, fortalecer las universidades y devolver a la educación su papel central en la formación de ciudadanía. Recomiendo, en ese sentido, la lectura de las reflexiones del diputado Luis Barragán sobre la institución universitaria y su significado para el porvenir nacional. Pero todo ese esfuerzo será precario si no resolvemos antes el problema del origen y la legitimidad del poder. ¿De qué sirve ofrecer garantías a los inversionistas si los ciudadanos carecen de garantías para elegir a sus gobernantes? ¿Cómo construir seguridad jurídica sin jueces independientes? ¿Cómo hablar de reconciliación cuando permanecen presos políticos, miles de venezolanos continúan en el exilio y tantas familias siguen soportando las consecuencias de la persecución? La renovación judicial no constituye un asunto secundario de la transición, es una de sus condiciones esenciales.

La soberanía, además, exige algo que los venezolanos debemos asumir con madurez: tenemos derecho a equivocarnos. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos entregado nuestra confianza a dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias y hemos permitido que las divisiones debilitaran nuestras posibilidades de recuperación. Pero ese derecho a escoger, incluso equivocadamente, no puede ser confiscado por gobiernos extranjeros, organismos internacionales ni grupos políticos nacionales que se atribuyan una superioridad moral sobre la sociedad. El pueblo venezolano no necesita que otros le seleccionen su destino. Necesita instituciones que respeten sus decisiones, elecciones auténticamente libres y un sistema judicial capaz de impedir que la voluntad expresada en las urnas vuelva a ser neutralizada.

Por eso considero que el gran desafío venezolano no consiste únicamente en sustituir autoridades, celebrar acuerdos económicos o diseñar una nueva arquitectura administrativa. Consiste en desbloquear la soberanía, devolverle al ciudadano la facultad efectiva de determinar quién gobierna, bajo qué reglas y con cuáles responsabilidades. Las elecciones libres, acompañadas de garantías verificables, independencia institucional y justicia, constituyen el camino indispensable para esa recuperación. Venezuela no podrá reconstruirse sobre una nueva tutela, por sofisticada que parezca, ni sobre una transición que conserve los mecanismos de dominación cambiándoles solamente el nombre.

La historia nos ha dado una lección terrible y todavía estamos a tiempo de comprenderla. No basta con sacar del poder a quienes lo usurparon si el poder continúa lejos de su verdadero dueño. No basta con abrir las puertas de la economía si permanecen cerradas las de la libertad, no basta con hablar de paz si la justicia sigue esperando afuera, con las manos atadas y no es suficiente que confiemos en que llegará la transición si no hay una fecha establecida para devolverle al ciudadano su derecho a elegir. Antes que el petróleo, antes que los contratos, antes que las negociaciones y antes que cualquier proyecto de reconstrucción, está la soberanía. Porque Venezuela no será verdaderamente libre cuando otros decidan por ella, sino cuando los venezolanos recuperemos, sin intermediarios ni tutores, el derecho de decidir nuestro propio destino.

22/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/bloqueo-de-la-soberania/

¡Hay que excederse!

UNIVERSIDAD Y CRISIS REPUBLICANA

José Rafael Herrera

El itinerario conceptual que ha caracterizado a la Universidad Central de Venezuela, permite reconocer una continuidad de ideas y valores que conviene no confundir con una sucesión lineal de doctrinas ni con la identificación mecánica de sus respectivos contenidos. No obstante, el predominio en la formación ilustrada —“la Casa que vence la sombra”— ha sido característica de la institución. En su transmisión tuvo un papel fundamental la Compañía de Jesús. De hecho, los jesuitas abrieron el horizonte del iluminismo que, más tarde, el positivismo reelaboraría bajo el signo del cientificismo, el orden y las leyes del desarrollo social. Un ideario que dejó abierto el camino para que determinadas corrientes del marxismo soviético radicalizaran su pretensión de explicar la historia desde una concepción materialista del mundo, haciendo de ella su expresión más acabada.  

Es verdad que iluminismo, positivismo y sovietismo no son doctrinas idénticas. Pero a través de sus distinciones se puede rastrear una sorprendente continuidad conceptual: la aspiración de comprender la realidad como un proceso de racionalidad susceptible de explicación mediante “leyes universales”. Esa representación del conocimiento contiene, como telón de fondo, una concepción materialista que convierte sus propias categorías en preceptos inmutables de la historia, lo que, tal vez, constituya uno de los problemas fundamentales de semejante genealogía.

De hecho, tal continuidad no excluye las rupturas. Más bien, las presupone. Cada corriente responde a condiciones históricas diferentes. Cada una desplazó los límites de la anterior y produjo nuevas formas de interpretar y justificar la realidad venezolana. De ahí que el problema no resida en que la Universidad acogiera como sus doctrinas históricas al iluminismo, al positivismo o al sovietismo, sino en preguntarse hasta qué punto logró someter a crítica los presupuestos de dichas doctrinas, a objeto de reconocer sus propias limitaciones históricas. Si la UCV fue uno de los lugares privilegiados donde la sociedad venezolana elaboró las ideas valores con las que interpretó, justificó y disputó su devenir, también debe examinarse si esa elaboración estuvo a la altura de la realidad que pretendía comprender. La responsabilidad histórica de la Universidad no consiste en haber transmitido determinadas doctrinas, sino en la relación que estableció entre ellas, la conciencia crítica de sus límites y la praxis efectiva de la sociedad. Ahí donde el pensamiento renuncia a interrogar sus propios fundamentos, la explicación de la historia corre el riesgo de convertirse en justificación de lo existente o en promesa dogmática de una redención futura.

La Universidad Central de Venezuela es más antigua que la República. La afirmación, aparentemente elemental, contiene una clave de comprensión de la historia política, moral e intelectual del país. Antes de que existiera Venezuela como República, ya existía una institución en cuyo seno habrían de debatirse, confrontarse y adquirir consistencia las ideas que hicieron posible la ruptura con el orden colonial. Si la República fue el resultado de una transformación de la conciencia histórica, la Universidad de Caracas fue la causa de ese proceso.

Es verdad que la independencia venezolana no fue la obra exclusiva de una institución académica. Pero conviene señalar que las grandes transformaciones políticas no se producen al margen de las ideas con las cuales una sociedad interpreta su realidad, imagina su porvenir y procura darle una forma consciente a sus aspiraciones. Y la Universidad fue el espacio principal en el que esas ideas encontraron condiciones para su elaboración y difusión. De su seno surgieron hombres que participaron en la emancipación y en la construcción republicana; en sus aulas se hicieron presentes las tensiones que acompañaron el nacimiento de la nueva nación.

La Ilustración, con su confianza en la razón, en la educación y en la capacidad humana para transformar el mundo, fue decisiva en la formación del horizonte intelectual de aquella ruptura. La independencia no fue solamente una separación política de la monarquía española. Fue además la expresión de una nueva concepción de la sociedad y de la legitimidad del poder. La aspiración republicana exigía pensar al hombre como sujeto de derechos, a la comunidad como fuente de legitimidad y a la educación como instrumento para la autonomía. En ese sentido, la tradición ilustrada no fue un adorno ideológico de la República: formó parte de sus condiciones históricas de posibilidad.

La Universidad Central de Venezuela heredó esa tensión entre conocimiento y emancipación. Su lema, «La Casa que vence la sombra», puede leerse como una condensación simbólica de semejante aspiración: la lucha contra la ignorancia, la oscuridad y las formas de sometimiento que impiden a una sociedad reconocerse como autora de su propia historia. Solo que ni la historia de las ideas es una marcha ascendente ni las instituciones permanecen fieles a una única orientación. Las mismas aspiraciones que animaron una época pueden llegar a adquirir sentidos diferentes cuando cambian las condiciones sociales y políticas en las que se desarrollan.

La República venezolana conoció muy pronto la contradicción. La independencia política no produjo una sociedad capaz de sostener sus instituciones ni de resolver los conflictos heredados del orden colonial. Las guerras civiles, el caudillismo y las revoluciones federales pusieron de manifiesto la distancia entre la proclamación de los principios republicanos y la realidad efectiva del poder. La libertad política convivía con la fragilidad institucional; el ideal de ciudadanía, con las relaciones personales de subordinación; la soberanía de la nación, con la concentración del mando en figuras que pretendían encarnar por sí solas la voluntad colectiva.

Y fue entonces cuando adquirió su mayor influencia el positivismo. Su confianza en la ciencia, en el orden y en la identificación de las regularidades sociales ofrecía una interpretación de la inestabilidad venezolana que parecía responder a las exigencias de la época. Si la sociedad era concebida como un organismo sometido a determinadas leyes de evolución, el problema político podía formularse en términos de orden, autoridad y progreso. La prioridad dejaba de ser la realización inmediata de los ideales republicanos y pasaba a ser la consolidación de un poder capaz de contener las fuerzas de una barbarie que amenazaban la estabilidad.

De esa matriz intelectual surgió la justificación del llamado «gendarme necesario», del «César democrático»: la idea de que un poder personal fuerte podía garantizar el orden indispensable para alcanzar el progreso. No era una simple renuncia a la política, sino una determinada representación de ella. La sociedad, considerada todavía incapaz de gobernarse a sí misma, debía ser conducida por un tutor que se presentaba como intérprete de sus necesidades históricas, mientras la promesa de estabilidad y prosperidad justificaba la subordinación de la ciudadanía.

La Universidad no permaneció al margen de este cambio: lo propició. Las diversas corrientes positivistas que se desarrollaron en ella expresaron, más allá de las diferencias, la convicción de que la nueva doctrina era la solución a los problemas de la sociedad venezolana. Y es que el positivismo no fue solo una doctrina importada o una moda académica: su semilla encontró terreno fértil en una República que buscaba explicar sus fracasos y superar sus recurrentes crisis de autoridad. Su influencia se hizo ideología y se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, cuando nuevas corrientes —sus herederas legítimas— comenzaron a disputarle la interpretación de la historia, la sociedad y el poder.

Una de ellas fue la doctrina materialista rusa, identificada con el marxismo. Porque si bien es cierto que el marxismo no puede reducirse a una variante del positivismo ni identificarse sin más con el materialismo ilustrado, ciertas lecturas de la filosofía de Marx privilegiaron su dimensión materialista —como si esta consistiera en una explicación unilateral de la realidad a partir de factores económicos—, y encontraron en esa reducción una forma de certidumbre doctrinaria. La historia parecía quedar sometida a leyes inexorables, y la política fue convertida en instrumento de su cumplimiento.

El marxismo universitario venezolano debe comprenderse dentro de ese contexto, no como un cuerpo extraño que hubiera penetrado súbitamente en las aulas para corromper la conciencia de sus estudiantes. Su presencia respondió a un proceso de conflictos sociales, luchas políticas y debates que encontraron en la Universidad un espacio de recepción, elaboración y confrontación. Y como en los tiempos de iluminismo y positivismo, hubo militancia, propaganda y enfrentamientos ideológicos, como también los hubo en otras instituciones y sectores de la sociedad. Pero de ello no se desprende que la formación intelectual de varias generaciones pueda explicarse mediante la imagen de una universidad «penetrada» ab extra.

Esa imagen resulta demasiado cómoda y simplista: permite atribuir a un agente identificable la responsabilidad por un proceso que compromete a la sociedad entera. También impide comprender por qué determinadas ideas encontraron acogida, por qué pudieron ejercer influencia durante décadas y qué necesidades históricas contribuyeron a satisfacer. Ninguna corriente política alcanza una influencia duradera por el simple hecho de infiltrarse en una institución. Para arraigarse necesita interlocutores, condiciones de recepción, conflictos hermenéuticos e intereses. La historia de las ideas exige examinar esas mediaciones.

Lo anterior conduce a una cuestión más incómoda. Si la Universidad contribuyó a elaborar los lenguajes con los que Venezuela interpretó sus sucesivos momentos de crisis, también participó en la conformación de las categorías mediante las cuales se justificaron determinadas respuestas. No se trata de establecer mecánicamente una continuidad doctrinaria entre Ilustración, positivismo, marxismo y populismo. Pero “hay razón en esa locura”. La historia intelectual de la Universidad constituye un terreno indispensable para comprender la historia política del país, incluidas las condiciones culturales e ideológicas que hicieron posible el ascenso del populismo chavista que degeneró en gansterato.

En efecto, el chavismo no fue una creación exclusiva de la Universidad Central de Venezuela. Surgió de una crisis más amplia: el agotamiento de las mediaciones políticas, el descrédito de los partidos, el deterioro de la representación, las frustraciones sociales acumuladas y la incapacidad de las élites para renovar el pacto republicano. Pero esas condiciones no actuaron en un vacío intelectual. Las tradiciones ideológicas que circulaban en la sociedad venezolana, las concepciones del poder, las interpretaciones de la historia y las promesas de redención política formaron parte del horizonte en el que el fenómeno chavista pudo constituirse y legitimarse. La Universidad fue uno de los espacios donde ese horizonte se discutió, se transmitió y, en ocasiones, se reprodujo sin suficiente examen crítico.

Por eso resulta insuficiente denunciar una supuesta “infiltración comunista” como explicación del deterioro de la vida académica. El problema no consiste en decidir qué doctrina “contaminó” las aulas, sino en investigar qué relación establecieron las instituciones del saber con el poder político y con las necesidades efectivas de la sociedad. Una universidad puede defender su autonomía y, sin embargo, no interrogar suficientemente los supuestos que orientan su vida intelectual. Puede resistir la intervención de un gobierno y, al mismo tiempo, reproducir presuposiciones que debilitan su capacidad crítica. La autonomía institucional es indispensable, pero no sustituye la responsabilidad histórica.

La Universidad Central de Venezuela ha sido víctima de las crisis de la República, pero también ha sido parte de su historia. No cabe confundir ambas afirmaciones ni deducir de ellas una responsabilidad exclusiva. Las instituciones universitarias no gobiernan por sí solas un país, no determinan mecánicamente las decisiones de sus actores políticos ni pueden responder por cada consecuencia de las ideas que circulan en sus aulas. Pero tampoco pueden reclamar una exterioridad absoluta frente a los procesos que contribuyeron a formar. Su condición de institución pública, su autoridad intelectual y su papel en la formación de generaciones de dirigentes y profesionales comportan una responsabilidad que no desaparece cuando la historia toma un rumbo adverso.

La crisis venezolana no puede comprenderse únicamente como el resultado de la perversión de ciertos gobernantes, de la traición de tales partidos o de la expansión de cierta doctrina. Una crisis orgánica compromete las formas de representación, los hábitos políticos, las instituciones y los lenguajes mediante los cuales una sociedad se comprende a sí misma. Cuando el deterioro alcanza semejante profundidad, ninguna institución decisiva puede limitarse a señalar culpables fuera de sí. También debe examinar su propia trayectoria, sus silencios, sus errores y las insuficiencias de su pensamiento.

La Universidad Central de Venezuela tiene una tarea que excede la defensa de su patrimonio material y de su autonomía. Le corresponde someter a examen crítico la historia de las ideas y valores de la que forma parte, distinguiendo las promesas emancipadoras de sus deformaciones autoritarias, y recuperar la capacidad de pensar la República como una realidad todavía inconclusa. No basta con preservar la institución: es necesario comprender qué hizo de ella una protagonista de la historia nacional y qué le impidió, en determinados momentos, reconocer las consecuencias de las concepciones que contribuyó a estructurar y difundir.

No se vence “la sombra” atribuyendo toda la oscuridad a fuerzas exteriores. Conviene interrogar a la larga sombra que la propia historia ha ido depositando intra muros. Porque una universidad que se niega a examinar críticamente su participación en la formación de la crisis renuncia a una parte esencial de su propia razón de ser. Y es que la reconstrucción de la República, si alguna vez ha de ser algo más que una consigna, requiere que sus instituciones académicas asuman la historia no como una sucesión de culpas, sino como el terreno propicio para forjar las posibilidades de la libertad.

Composición: IA/lb. Jardines de la Universidad Católica Andrés Bello (LB, Caracas, 06/05/23), con el reloj diseñado por Carlos Raúl Villanueva.

22/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/universidad-y-crisis-republicana/

martes, 20 de octubre de 2026

Una propuesta específica

FUERZA ARMADA, PROFESIONALIZACIÓN Y TRANSICIÓN REPUBLICANA

Luis Barragán

Todavía insuficientemente debatida por la opinión pública y la especializada, a pesar de su indiscutible importancia y trascendencia, la transición democrática - algo no tan obvio - trastocada en proceso, necesita problematizarse para alcanzar la mayor exactitud posible. Al darla por sobrentendida, tendemos a decretarla donde no la hay y a concebir sus fases cuando ni siquiera ha culminado el preámbulo, con el riesgo de darla por sentada pese a la escasa o nula consideración de las propuestas que habría de colocar y proyectar desde una mesa formal de discusión, intercambio o negociación.

Quizá el cambio pueda ganar varios apotegmas en el esfuerzo natural de las distintas corrientes políticas e ideológicas por monopolizarlo, pero la mejor garantía para impedir una genuina transformación es generar las más variadas consignas que encubran una realidad versionada a conveniencia. La táctica, tan frecuente que ha devenido estrategia para ambas aceras en el presente siglo, ha sido la autovictimización inmediata y dramática, capaz de prometer un regreso heroico a la arena pública, como ocurre en los filmes de acción.

Tratándose de los últimos días del presente, ¿qué nos proponemos hacer sustancialmente con el país, con quiénes y en cuáles plazos? La pregunta constituye una premisa indispensable para la polémica necesaria en torno a lo que pudimos hacer y no hicimos, así como a lo que debemos emprender u omitir si de futuro se trata. A modo de ilustración, la Fuerza Armada Nacional (FAN) constituye un asunto fundamental, no para conducirla, sino para examinarla a la luz de los frutos de una indispensable transición orientada a la reconstrucción republicana en democracia y libertad; ésta última supone elevar las capacidades del Estado hasta dotarlo de dimensiones más justas y adecuadas.

Circula un significativo aporte del sector civil en esta materia: el planteamiento de David Morán Bohórquez, conciso y directo, en “De una Fuerza Armada politizada a una institución profesional. La Fuerza Armada que necesita la Venezuela del siglo XXI. La reconstrucción institucional de la defensa nacional en la era de la inteligencia artificial, los drones y la guerra multidominio” (edición digital del autor, Caracas, 2026). Sus subtítulos esclarecen de inmediato el desarrollo del tema, abordado con la colaboración de un equipo de oficiales retirados de la FAN, entre ellos – aclara - varios de la más alta graduación.

La meritocracia, la delimitación de funciones, las auditorías y la exigencia de responsabilidades, la educación militar y la reorganización acompañada de una pronta modernización permiten pasar de una declaración general de principios a una propuesta específica, articulada en una agenda susceptible de debate. Se trata de áreas mutuamente complementarias que requieren de sendas decisiones políticas, la adecuación estrictamente constitucional de normas y procedimientos, una capacidad administrativa óptima y transparente, y el reencuentro efectivo con una ciudadanía que intuye y reconoce la especificidad del ámbito militar.

A las propuestas que David ha formulado recientemente en materia petrolera, campo en el que es especialista, y sobre la reconstrucción del estado Vargas, se suma la relativa a la institución castrense: por una parte, plantea aspectos muy concretos, como las evaluaciones y los ascensos profesionales, la restitución de responsabilidades civiles actualmente asumidas por las autoridades militares, el ejercicio de una contraloría confiable y transparente, la reforma de la enseñanza militar, el financiamiento alternativo de la institución y la incorporación de nuevas tecnologías. Y, por otra, apunta a facetas diversas, pero interconectadas, que no deben quedar exclusivamente supeditadas a los mandos castrenses, sino responder a decisiones constitucionales y a la subordinación a un poder civil que debe actualizarse y bregar, con destreza y sólida convicción, con las relaciones de poder, los intereses y las resistencias que el cambio ha de provocar, como enseña la experiencia universal.

La transición democrática pendiente exige que la FAN asuma con humildad el papel que le corresponde frente a una civilidad que desea reivindicarla desde una perspectiva republicana y democrática. Quizá no pudo preverlo el alto mando que tanto presumió de garante y eventual árbitro de una crisis prolongada cuyo desenlace se anunciaba: el tutelaje lo ejerce - así de simple - una potencia extranjera que lo derrotó el 3-E.

La cuestión estriba en determinar si el tránsito en el que nos empeñamos avanza o retrocede, qué trámites y etapas se han cumplido efectivamente y cuáles certezas o dudas persisten respecto a las condiciones mínimas e indispensables. Nadie espera - en su sano juicio - una experticia absoluta del liderazgo social y político en la materia, aunque sí un conocimiento suficiente y un buen despliegue cartográfico para ir más allá de la coyuntura. 

Las propuestas en consideración permiten deducir la aspiración y la posibilidad de una interlocución directa de la mesa de negociación con el alto mando militar, reforzando la institucionalidad de una instancia de encuentro y diálogo entre el gobierno y la oposición. Una reforma estructural de estricto apego constitucional obliga a determinar políticamente la naturaleza y las características del proceso en curso, los actores que lo condicionan y las instituciones republicanas que se pretende reivindicar, para evitar que queden sometidas a una tutela militar, nacional o extranjera.

Ilustraciones: 

https://apuntaje.blogspot.com/2026/09/ejercicios-graficos-para-un-par-de.html

20/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/fuerza-armada-profesionalizacion-y-transicion-republicana/

https://lapatilla.com/2026/10/20/luis-barragan-fuerza-armada-profesionalizacion-y-transicion-republicana/

https://www.costadelsolfm.org/2026/10/luis-barragan-fuerza-armada-profesionalizacion-y-transicion-republicana/

https://www.eastwebside.com/nota-editorial-fuerza-armada-profesionalizacion-y-transicion-republicana.html

Carne y hueso

Inaceptable que la transición que se espera pretenda eliminar las prestaciones sociales en Venezuela “No puede haber una transición sin el...