Luis
Barragán
El
régimen hace lo que le viene en gana, sintiendo el inevitable rechazo de la
opinión pública nacional que sobrevive a sus censuras y bloqueos al mismo
tiempo que los medios internacionales tienden a escandalizarse por las
novedosas facetas que exhibe. Y es que echando por el suelo todos los ardides
que condujeron a la última y difícil designación del directorio del Consejo
Nacional Electoral, cuyo período constitucional aún no concluye, decide
ahora rebarajar el juego político que le da alcance a los propios que se
suponen por siempre distintos a los extraños.
Deslealtad
y ventajismo, son dos de las características más sonoras en los tiempos
comiciales de esta centuria. La llamada
democracia participativa y protagónica ha redundado en aquellas arbitrariedades
descaradamente sostenidas que visaron la construcción teórica de la autocracia competitiva ya de aparente agotamiento: consultas, como las presidenciales de
2018 y las parlamentarias de 2020, incurrieron en un franco, simple y abierto fraude
electoral que dejaron atrás las anteriores y exitosas jornadas plebiscitarias
que supieron de toda suerte de maniobras y persecuciones hasta alcanzar su
mejor momento con el retiro de los candidatos opositores en las parlamentarias
de 2005.
Actualmente,
la Comisión Nacional de Primarias ha intentado ser consecuente no sólo con la
normativa vigente, sino con los dispositivos institucionales del madurismo,
pero éstos no lucen diseñados para su más amplia aceptación, ni sus conductores
entrenados para faenas medianamente competitivas. Por ello, desde los predios
miraflorinos ha bajado la orden para que renuncien los militantes del
oficialismo, acaso, sopesando qué elementos llevará a los dos restantes rectores y sus
suplentes, a imitarlos tarde o temprano.
La
desconfianza y poca estima política respecto a los propios, celebrados hasta no
hace mucho, fuerza a Miraflores a reemplazarlos por otros que considera más
sagaces y obedientes para la causa continuista. Prácticamente, la elegante
destitución los equipara un poco al tratamiento que se ha dado a los extraños,
generando la convicción de que acá, absolutamente nadie, tiene garantizada la vida política por muchos méritos
que logre acumular, afectando dramáticamente la narrativa del poder
establecido.
La
más grande y verdadera de las mentiras es que haya respeto por todos lo que
abracen la causa socialista, porque aun conviniendo apasionadamente en la
existencia de las instituciones bolivarianas, ninguno de sus titulares cuenta con
posibilidades reales de estabilidad y desarrollo político. Por ejemplo, invocada
la omisión legislativa o no, designados por el Tribunal Supremo de Justicia o
la Asamblea Nacional, por demasiados comprometidos que se encuentren, los
rectores pueden verse y se ven relevados repentinamente, ni siquiera más adelante
compensados por la tremenda bofetada disciplinaria.
Quedan
fracturadas las necesarias pautas, o reglas expresas y tácitas de convivencia
en el sector oficialista, todavía recordada la reciente razzia experimentada
por un notable de sus grupos económicos. El poder no alcanza para todos, y el
autoritarismo que ya no simula un mínimo de competencia, reclama un superior y más grave estadio de
realización.
De
modo que tampoco los bolivarianos y socialistas disponen de las instituciones que
niegan al resto de los venezolanos: los mecanismos mínimos, reglados y eficaces
para la promoción y el ascenso político, les están crecientemente vedados. Y,
faltando, por debajo de la realidad aparente, está la más cierta de todas, como la del viaje regresivo de todos los venezolanos hacia la barbarie tan urgido de
revertir.
