Luis Barragán
Sobran los eufemismos y triquiñuelas,
subterfugios y emboscadas, ardides y excusas, como método y tarea sustancial de
gobierno. Suelen contar con una eficacia
solamente comprensible al tratarse de sofisticados laboratorios políticos que
los idean y materializan reforzando la ingenuidad de sus víctimas, aun las que
tienen por oficio los asuntos públicos, e intentan el desarrollo de una
oposición confiable y, además, estratégica.
Hay
sectores de opinión alarmados porque la participación del estudiantado de
secundaria tenga rango legal, intentando una polémica que tampoco conseguirá solución
de continuidad en el medio forense, tan lejos del Estado Constitucional del que
expresa o tácitamente presumen. Convencidos
de su legitimidad, tampoco cuestionan la instancia que sancionó o dijo
sancionar el instrumento, pero despachan
en las redes digitales los más sesudos comentarios, incluso, indicando que en
parte alguna de la ley está contemplado hacer de los bachilleres, o de los que
les falte poco para titularse, profesores de los más noveles cursantes.
De
modo que los expertos tuiteros se dan a la tarea de
desenmascarar a los mal pensantes y peores intencionados que dudan del noble y
loable propósito de convertir a los estudiantes en cabales defensores del
proceso educativo, tendiendo un puente de comprensión de la oposición con el
gobierno, no faltaba más, convincentemente democrático y harto participativo. Por más de veinte años padeciéndolo, tampoco
alcanzan a comprender la técnica legislativa del régimen socialista y los modos
de interpretación que lo caracteriza.
Las
normas en cuestión constituyen una absoluta novedad para la mayoría de los que están
forzados a aprobarlas, no resultando de
una discusión libre, espontánea y abiertamente macerada por un tiempo
prudencial, en los ámbitos que les atañe directamente y, menos, en la opinión
pública. Sobran los ejemplos, pero
convengamos que los más consumados se vieron en la farsa constituyente de 2017
que despachó sendas y sobrevenidas leyes denominadas constitucionales de las
que se tuvo apenas noticia a última hora, en materia militar, fiscal,
presupuestaria, etc.; sumemos la táctica de filtrar en los medios de opinión una normativa contra
el odio, ponderando su impacto, hasta aparecer con los rituales
correspondientes en la cámara para su festejada aprobación.
Comprobado
igualmente con el repertorio de leyes francamente inconstitucionales impuestas
después de fracasar la consabida reforma constitucional de 2007, el modelo es el de siempre: neciamente
reiterativas al enunciar derechos y garantías ya establecidos en el todo el
ordenamiento jurídico, abriendo una regulación lo más etérea posible sobre la
materia que, suponemos, requeriría de especificidad, dejando, si fuere el caso,
que en el futuro un juez – harto lógico, políticamente afín - decida. O, el camino más expedito, auspiciando
la reglamentación del Ejecutivo que consagre la interpretación literal de la
norma que pregone sus más exactos intereses, pues, un dato inadvertido, por
esta vía, Nicolás Maduro podría cambiar hasta la letra del Himno Nacional si fuese de
su antojo.
Mal
nos entretendríamos con la ley en cuestión, profundizando en sus aspectos
formales, avalada una jugada de
laboratorio para la coyuntura tan pintada de protestas por doquier, en lugar de evidenciar el claro propósito
político de comunalizar a los niños y adolescentes, con la excusa de la participación,
como no lo permitiría la LOPNA, así como la jurisprudencia y las prácticas administrativas
que ha generado, cuyas alteraciones acarrean un determinado costo político. Cuales pioneros de la Cuba sojuzgada, inequívocamente reglamentada la llamada Ley de
Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, facilitaría la continuidad ideológica y
partidista del régimen, abonando al culto de la personalidad con total
franqueza, y, asimismo, al empleo de una mano de obra buena, bonita y barata
que se alza como el objetivo estelar de todo voluntarismo socialista que se respete,
aunque estamos de regreso de la enorme estafa: a modo de ilustración, todas las
paredes estallaban en 2013 con la intensa propaganda de los beneficios del
régimen que hizo a los nuevos venezolanos más altos y vigorosos, camino a un
2014 de masivas, espontáneas y pacíficas protestas.
Dizque
en defensa de los derechos a la educación que los propios socialistas
conculcan, nada impediría el entrenamiento y la movilización premilitar de los
más jóvenes, cuya faena la completarían como brigadistas y combatientes en la
universidad, o sus equivalentes; y
tampoco habría obstáculo para que impartieran clases, ahorrándose el Estado la
satisfacción de los derechos sociales y económicos del profesorado. Luego, el
asunto no es tan intrascendente, como deducimos de las variaciones idiomáticas
de los peritos del oportunismo, verbalizando la displicencia, comodidad y sorna.
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