EL RÉGIMEN PRETENDE CRIMINALIZAR LA LEGÍTIMA PROTESTA SOCIAL DESDE EL PROPIO
ÁMBITO MUNICIPAL
Para el
diputado Luis Barragán, miembro de la dirección nacional de Encuentro
Ciudadano, la muy reciente aprobación de una reforma de la Ordenanza Sobre
Convivencia Ciudadana aprobada por los concejales del municipio Sucre del
estado Miranda, coincide con la reaparición de la protesta generada por las pésimas
condiciones de vida del país, “pretendiendo criminalizarla desde el propio
ámbito municipal”.
“En efecto,
por infeliz que fuese, no es una mera coincidencia que la municipalidad
mirandina de Sucre pretenda prohibir y criminalizar la protesta genuina,
pacífica y espontáneamente social y urbana, tratando de marcar una pauta para
el resto del país de acuerdo a los intereses, pero también a las angustias que
siente el régimen que cruelmente castiga a la población con la precaria e
inexistente prestación de los servicios públicos, el precio elevadísimo e
inalcanzable de los bienes y servicios, y la precarísima la atención
médico-asistencial y sanitaria”.
En efecto, la
reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana planteada por el alcalde y
sancionada por el Concejo Municipal, es
para todo el que habite, transite o ejerza alguna actividad en esa entidad que
constituye en la práctica una extensión de Caracas y, por cierto, excluyendo
inconstitucionalmente a las asociaciones de vecinos o cualesquiera otras formas
libres y legítimas de organización de la
sociedad civil. A juicio del parlamentario, “constituye un ensayo de la
definitiva cubanización de los mecanismos de defensa del régimen que tan
inmenso miedo tiene a una libre consulta electoral”.
Indicó el
diputado Barragán: “La normativa es contradictoria con los principios
constitucionales que invoca o dice invocar, excediéndose la Ordenanza del ámbito de las competencias municipales y,
lo que es peor, so pretexto de una obstaculización del libre tránsito y
circulación los espacios públicos, afectando de cualquier modo los servicios
públicos y el patrimonio cultural, prohíbe las protestas o la incitación a
protestar, sin menoscabo de otra norma aplicable de ámbito nacional”.
Ampliando sus
observaciones, manifestó: “Por cierto, sanciona a quienes echen los más variados
residuos al alcantarillado, generando obligaciones solamente al usuario,
dejando impune la conducta negligente de las autoridades públicas, por decir lo
menos, que ni siquiera saben dónde están las alcantarillas, ni exhortan al uso del tapa-bocas en los espacios
más concurridos o el empleo del casco para los motorizados. Valga acotar, al referirse a los juegos pirotécnicos, la pretendida norma
municipal olvida que son los enchufados
del régimen los que acostumbran a perturbar la tranquilidad pública según su
libérrima gana, porque siendo tan altos los precios, además, dolarizados, en
los sectores populares y medios de la población, no se emplean, evitando
derrochar el dinero que tanta falta les hace para comer, medicarse y pagar los
costosísimos servicios precariamente prestados, como el de agua, electricidad y
recolección de basura”.
Finalmente,
acotó que esa “tan temerosa manía u obsesión de evitar a todo trance el
ejercicio constitucional de la protesta, llevará más adelante al régimen a
ensayar el control ultradigital de la población, como ocurre en China, aunque tengan que
hipotecar aún mucho más al país por el elevado costo de una tecnología tan sofisticada”.
16/09/2022:
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