Tareas pendientes

CORRE SANGRE VENEZOLANA POR NUESTRAS VENAS

Luis Barragán

“¿Cómo lo que surgió como una alianza

 entre bandas en el centro de Venezuela

                               se convirtió en una de las organizaciones    

criminales más temidas de América Latina?”

Rona Rísquez (*)

Ineludibles, hay tópicos que sorprenden constantemente y temas de una respetable profundidad que se quedan a medio camino, dando paso a otros en ese infernal y vicioso círculo de más de dos décadas trastocado en sistema político.  Ojalá no ocurra algo semejante con la consabida deportación de los venezolanos a El Salvador, dándole también soporte a una interesada e inaceptable satanización del gentilicio.

Por supuesto, nada inocente el fenómeno, solemos no apuntar a sus orígenes y desarrollos, prefiriendo la espectacularidad de sus consecuencias. Y muchos se juran estupefactos por la propia existencia de sendas megabandas delincuenciales que, faltando poco, supieron y saben de un serísimo esfuerzo de investigación e interpretación periodística y académica, prontamente olvidado a favor de las consignas de uso y desuso de acuerdo al momento.

Nadie niega la conformación de un tren – vaya acepción que ha ganado el término – hamponil desde el estado Aragua, extendido y transnacionalizado en breve tiempo para asombro de legos y especialistas, así como el derecho de las autoridades estadounidenses de adoptar medidas para proteger a sus conciudadanos. Sin embargo, y es lo que ha llamado la atención del reciente comunicado de la Plataforma Unitaria, el problema estriba en el cabal respeto de los derechos humanos y, particularmente, el derecho a la defensa y el debido proceso (https://apuntaje.blogspot.com/2025/03/justos-y-pecadores.html).

De un lado, resulta imposible callar ante la razia sufrida por los nuestros y la concreta denuncia en torno a las personas inocentes que, además, fueron deportadas a El Salvador (por ejemplo: https://www.tiktok.com/@alessandramartin_tv/video/7469114268114324767?_t=ZS-8usz8C3JmRc&_r=1). Es posible que incurrieran en graves errores para la deportación, más allá, en el norte, colocando a justos y pecadores en un mismo saco, como pudiera igualmente sugerirse la falsedad de alguna campaña que se empeña en la inocencia de la gente que, más acá, con estancia en Guantánamo, está en la megaprisión centroamericana, aunque la más cruel o sofisticada manipulación no es suficiente para ocultar la cruda y terrible verdad.

La cuestión está en que nadie – por lo menos – informa de paraderos e imputaciones, quedando dudas sobre el proceder del gobierno estadounidense, y, respecto al salvadoreño que ha arrendado su centro penitenciario, ni siquiera los dirigentes venezolanos que le colaboran comercial y políticamente, gozando de una atractiva contratación, tampoco indagan al respecto, mínimo, por el más elemental sentimiento patriótico en defensa de los inocentes.

De otro lado, cobra interés la conflictividad interna que traduce las más de 130 demandas y otras acciones contras las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump que quizá recuerden el cuestionamiento judicial de las resoluciones del presidente Franklin Delano Roosevelt, sobre todo en materia económica. Una de esas acciones ante el caso venezolano, propulsada por una organización de la sociedad civil, American Civil Liberties Union (ACLU), a propósito de la aplicación de una ley de finales del siglo XVIII.

A pesar de la decisión adoptada por James E. Boasberg, presidente del Tribunal estadounidense de Distrito para Columbia (Chief justice for the U.s. District Court for the District of Columbia), prohibiendo o suspendiendo provisionalmente la medida implementada por la Casa Blanca, ésta despachó a más de cien venezolanos a El Salvador sin una audiencia o evaluación técnica, como refiere The Washington Post del 22 de los corrientes. En el mismo diario, Perry Stein informa que el Departamento de Justicia solicitó al tribunal de apelaciones la destitución del juez federal que igualmente resolvió un plazo para que la administración precíse la información en relación a las deportaciones ponderando la vigente legislación sobre el secreto de Estado. Agreguemos, se ha dicho de una inusual declaración de John Glover Roberts Jr., presidente de la Suprema Corte, enfatizando que a la objeción de la decisión adoptada por el juez Boasberg, solo tiene pendiente un proceso de apelación y no de destitución.

Luego, es necesario apreciar el compromiso de una sociedad civil activa,  capaz de actuar con el correspondiente recurso, ejemplificado por la ACLU, en medio de una prensa libre, e importa y mucho, valorar una dinámica judicial orientada a esclarecer el problema y sentar un precedente para ésta o futuras deportaciones que impliquen exactamente a los delincuentes, salvaguardando a los inocentes. Significa que hay un trabajo que hacer por los venezolanos que viven fuera del país; y, específicamente por los dirigentes políticos, o que aspiran a serlo, en Estados Unidos o cualesquiera otro países que reciben generosamente a nuestros paisanos.

Comentario nada personal, es ocasión para aquellos que sólo están o estuvieron pendientes del itinerario de Edmundo González, o de la supuesta invitación a numerosos líderes para visitar la Casa Blanca con miras a la inauguración del segundo mandato del presidente Trump: probar que efectivamente les interesa la suerte de nuestros compatriotas, atentos a las vicisitudes administrativas y jurisdiccionales de marras.  Nadie habla de proteger a delincuentes, pero sí de hacerlo con los inocentes porque corre sangre venezolana por nuestras venas.

 (*) “El tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, Editorial Dahbar, Caracas, 2023: 76.

23/03/2025:

https://www.lapatilla.com/2025/03/23/luis-barragan-corre-sangre-venezolana-por-nuestras-venas/

Ilustración: Tomada de la red. 

Captura de pantalla: https://www.youtube.com/watch?v=wycjWgsG9Mw