Guido Sosola
Recientemente,
supimos de una denuncia sostenida en torno a la privatización de las playas por
los lados de La Guaira (https://www.lapatilla.com/2024/01/28/denuncian-la-privatizacion-de-las-playas/amp/). Nada extraña que ocurra en esta
era del socialismo del siglo XXI, aunque sí ha de extrañar a las más recientes
generaciones que hubo un liberador de nuestras costas absolutamente
insospechado: Diego Arria, otrora popular gobernador del Distrito Federal.
De hacer caso
al discurso marxista, jamás él hubiese decidido que todas las playas del
Departamento Vargas, bajo su jurisdicción, fuesen real y efectivamente públicas,
auspiciando el libre acceso de la población a las áreas de las que se
apropiaron aquellas personas naturales y jurídicas que las disfrutaban
exclusivamente, como una extensión de sus inmuebles, incluyendo a clubes y
hoteles de élite. E, igualmente,
recordemos que el mandatario prohibió la publicidad colgante e invasiva aún de
los locales comerciales más prestigiosos, capaces de generar confusión y angustia
de los transeúntes.
Ambas medidas
afectaron determinados intereses, y fueron replicadas en el resto del país,
imposibilitada la privatización de las playas por razones de seguridad y de
defensa nacionales. Y fueron adoptadas e implementadas por alguien que solía
aparecer de vez en cuando en las crónicas sociales, como aquella gráfica en la
que está parado al lado de su abuela materna de mediados de los sesenta para
Pedro J. Díaz y su conocida sección del diario El Nacional, si mal no recuerdo.
Polémica
aparte, a la curiosa e irónica condición de liberador de nuestras playas,
sumamos otra: Arria, después, personalmente gestionó y logró la liberación del
socialista chileno Orlando Letelier, arrancándolo de las garras de la dictadura
de Pinochet, aunque éste le dio alcance más adelante con un bombazo. Y
permítanme una acotación: creo que también Diego, debe escribir y publicar sus
memorias.
Reproducción: Diego Arria, según Jorge Pineda / Hontanar. Resumen, Caracas, n° 67del 10/02/1975.
31/01/24:
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Quienes tuvimos la misión de gestionar instituciones capitalinas luego del período CAP I-Arria, esto es, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, nos conseguimos con un imperdonable desorden administrativo y técnico con el cual hubo que convivir durante todo el período, al tiempo que se intentaba con cierto éxito revertir esa situación; fue el caso del Centro Simón Bolívar, la Lotería de Caracas, o el Instituto Metropolitano de Transporte colectivo, entidades donde entre otros factores hubo que lidiar con una componente sindical que había deformado su misión institucional. El caso de los autobuses que se menciona en el post -de marca Leyland, como información complementaria-, refleja que para Arria, como para la inmensa mayoría de los gobernantes de todo el planeta, el no ocuparse de los "detalles" que conlleva la concreción de sus decisiones -nótense las comillas-, trae malas consecuencias a pesar de la buena voluntad. Los Leyland servían para un Londres plano, no para una topográfica Caracas cual montaña rusa, y en consecuencia se reventaba su caja de velocidades. Por otra parte, a Arria nunca le importó el mantenimiento de la infraestructura a su cargo -ascensores, autobuses, camiones de recolección de basura, etc.- confirmando que él se limitaba a tomar decisiones sin el debido seguimiento. El resultado fue una gobernación colapsada. Fue un pésimo gobernador, porque ese tipo de responsabilidades no responden a su perfil, cuyo talento se debe desarrollar en otras áreas. Peor fue CAP, que lo nombró sin considerar que Arria le habría sido más útil al país en otra posición.
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