De una suficiente claridad
conceptual y precisión jurídica en su más reciente y extraordinario texto para
El Nacional, el profesor Héctor Faúndez nos evita reiterar las específicas
consideraciones técnicas que suscita el actual proceso escenificado en la Corte
Internacional de Justicia a propósito de la Guayana Esequiba. Importa que
Venezuela se haya reincorporado, aunque tardíamente, a un litigio imposible de
eludir como lo advirtió con suficiente antelación el eximio académico frente a
la baratura política y leguleya de muchos de los abstencionistas en la materia.
El oficialismo recibió como
legado una vasta elaboración histórica, jurídica y diplomática construida por
la República Civil en medio de un natural, libre e intenso debate público. Por
ello, la consternación que produjo toda reducción del legítimo y complejo
reclamo histórico a una maniobra táctica de legitimación interna, a un discurso
anti-imperialista que no condujo a alianza alguna y que paradójicamente desembocó
en una subordinación a Washington que ha apoyado las posturas guyanesas por
años como igualmente lo ha hecho Cuba.
La comparecencia a La Haya
desaprovechó una excepcional oportunidad de promover el mínimo consenso
nacional en torno a una política que ha de ser de Estado que coadyuve a una
transición con la que Caracas se ha comprometido a cumplir luego de las etapas
llamadas de estabilización institucional y de recuperación económica.
Prisioneros de la lógica gubernamental, ignoraron que las diferencias políticas
no impiden el contacto y las coincidencias fundamentales como ocurrió en 1966,
cuando la delegación que suscribió el Acuerdo de Ginebra tuvo un irrefutable
carácter plural, añadida la presencia del Partido Revolucionario de Integración
Nacionalista (PRIN) que de un modo u otro le dio cobertura a determinados
sectores de la insurrección armada de entonces.
La sola reconstrucción de la
institucionalidad del Estado o, mejor, como gustamos de aseverar, la
reestatización de un Estado artificiosamente agigantado como ineficaz,
permitiría recobrar nuestra credibilidad
exterior y redefinir el papel venezolano en los difíciles equilibrios
geopolíticos de la región. El referido agigantamiento ha amenazado la noción
misma de territorialidad, cuya integridad corre peligro en los estrados
internacionales por no citar la situación de hecho que acaeció en la madrugada
del 3-E.
La pretensión de capitalizar
una eventual victoria judicial que, en rigor, correspondería a una causa
histórica de la nación, o la de transferir los costos políticos de una derrota
a la población que todavía desconoce los resultados y pormenores de la compleja
consulta oficial que se le hizo, nos parece una doble necedad gubernamental
agravada por la posibilidad de una decisión que postergue infinitamente la
solución de fondo gracias a un artificio. Por consiguiente, probado hasta la
saciedad por el caso esequibano, no podemos escapar de la relación entre
soberanía, institucionalidad y reconstrucción republicana que nos sintonice con
la presente centuria.
Fotografía: LB, avenida Baralt (CCS, 16/05/26).
Cfr. HF; 15/05/26: https://www.elnacional.com/columnas/2026/05/las-perspectivas-del-caso-del-esequibo-en-la-cij/ No escribía en el periódico desde el 27/1023: https://www.elnacional.com/columnas/2023/10/el-esequibo-el-caricom-y-cinco-preguntas-irrelevantes/
LB. Sobre HF: 06/06/23. https://www.elnacional.com/columnas/2023/06/de-la-controversia-interna-del-esequibo/
19/05/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/05/esequibo-territorialidad-y-transicion/
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