A los
venezolanos y al mundo
De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a solicitar información y a obtener respuesta oportuna por parte de los funcionarios públicos e igualmente el artículo 58 nos confiere el derecho a obtener información veraz y oportuna.
Desde 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto, contraviniendo claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución.
En efecto, el artículo 313 es taxativo al establecer que “La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley”. Por su parte, el Texto Constitucional en el artículo 314 es explícito al contemplar que “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto”. De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial no existe ley de presupuesto valida y por ello los funcionarios a cargo de la Administración Pública presumiblemente han estado incursos en actos reñidos con la ley.
En lo relativo a la Ley de Presupuesto de 2022 aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y solamente se pudo conocer su Exposición de Motivos la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas. No obstante ello, en esa Exposición de Motivos se aprecia una subestimación manifiesta de los ingresos ordinarios, los cuales son la base para el cálculo del Situado Constitucional.
Las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, los resultados de la actividad económica (PIB) están publicadas hasta el primer trimestre de 2019 al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza hasta 2013. Esta situación constituye unaviolación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas.
(17 de febrero de 2022)
Pedro Palma, Profesor Emérito IESA
Ronald Balza, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales UCAB y
Profesor Economía UCV
Iván Cañizales, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales LUZ
Leonardo Vera, Profesor de Economía UCV y miembro de
la Academia Nacional de
Ciencias Económicas
José Guerra, Profesor de Economía UCV y Observatorio
Venezolano de Finanzas
Rodrigo Cabeza, Profesor de Economía LUZ
Leonardo Palacios, Profesor UCAB
Edison Morales, Profesor Economía LUZ
José A Chirinos, ex Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas Sociales LUZ
Blanca Zambrano, Profesora de Economía Universidad
Experimental Rafael María
Baralt
Eduardo Labrador, Profesor de Economía Universidad Experimental
Rafael María
Baralt
Douglas Romero, Profesor de Economía LUZ
José Santeliz, Profesor de Economía UNIPAP
Manuel Paredes, Economista
Douglas Becerra, Profesor Economía UCV
Luis Crespo, Profesor de Economía UCV
Oscar Rodríguez, Economista, ex funcionario del BCV
Livia Portillo, Economista, ex funcionaria del BCV
Pavel Gómez, Profesor de Economía, Universidad del
Desarrollo, Chile
Misael Díaz, Economista, ex funcionario del BCV
Roberto Casanova, Economista
José Luis Carias, Profesor de Economía UCV
Ángel Alvarado, Profesor Economía Universidad Monte
Ávila
Alejandro Padrón, Profesor, Sociología UCV
Manuel Suherland, Economista, Centro de Formación
Obrera
Rafael Angulo, Profesor Sociología LUZ
Oly Millán, Economista
Morelba Brito, Profesora
Fotografía: Miguel Gutiérrez (EFE).
Fuente:
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