Luis Barragán (*)
Los problemas fundamentales del país requieren de un sostenido y libre debate público, institucionalizado a través de los órganos deliberantes del Estado, los medios académicos y de comunicación social, además de las más variadas expresiones societales. Obviamente, el histórico y legítimo reclamo venezolano sobre el territorio esequibano, esequibense o esequibenio, ilustra no sólo la intensa y afortunada búsqueda de las pruebas documentales que respaldan nuestra pretensión, sino también la formidable construcción de alegatos elaborados por distintas generaciones que, confluyendo en una amplia discusión de legos y especialistas, han permitido robustecer una causa de inequívoco interés nacional. Por ello, las etapas más fructíferas de dilucidación del problema suelen coincidir con aquellas de mayor apertura política y ejercicio de las libertades públicas, aun cuando bajo las dictaduras el grave asunto no dejó de manifestarse de uno u otro modo a lo largo de los siglos precedentes.
A pesar de la dura y
accidentada vida política de la Venezuela caudillista del XIX, y aun
considerando la inevitable parcialidad política de buena parte de la prensa, esta
tendió a ofrecer un vigoroso testimonio de atención y sensibilidad patriótica,
además de una efectiva conciencia de los peligros territoriales que afrontaba
la República, en contraste con no pocos gobernantes de la época [1]. Con la cobertura
democrática del XX, especialmente durante los años sesenta, la cuestión alcanzó
dimensiones inéditas para actualizar el compromiso nacional con el reclamo. Por
una parte, heredamos una tradición y una sentimentalidad vinculadas al
territorio despojado que, desde antiguo, daban ocasión a manifestaciones
populares e incluso a juegos infantiles orientados a defenderlo [2]; por otra, desde
los inicios de aquella década se retomó la reclamación con renovada firmeza y,
particularmente, el parlamento se convirtió en un magnífico escenario para una
viva polémica nacional en la Venezuela modesta que fuimos, irreductiblemente
plural y pluralista, bajo una democracia severamente amenazada desde los extremos
ideológicos, y que ostentaba – importa acentuarlo - una cancillería diligente y
eficaz [3].
Ese otro país que fuimos
puede advertirse en cualquier primera plana de los periódicos de entonces: por ejemplo,
las ediciones de El Nacional correspondientes al 17 y 18 de febrero de 1966
destacaron tanto la resistencia británica a discutir el laudo arbitral de 1899
como la suscripción, al día siguiente, del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo,
aquellas noticias tenían por contexto y competían con otras preocupaciones,
controversias y responsabilidades gubernamentales de interés para una
ciudadanía diversa. Al comparar esa experiencia con las últimas décadas,
encontramos un panorama muy distinto, pues han predominado la (auto)censura, el
bloqueo informativo y la persecución, mientras que un temario complejo y
multifacético ha cedido espacio a una simplificación radical a favor del
discurso polarizante.
En la presente centuria
ocurre algo muy distinto cuando examinamos el tratamiento parlamentario de la
materia esequibana. Con excepción de la Asamblea Nacional electa en 2015, el parlamento
perdió progresivamente autonomía deliberativa en el contexto del deterioro
institucional del Estado venezolano, afectando directamente la defensa de la
soberanía nacional [4]. Bastaría analizar los debates, omisiones y
confrontaciones políticas de las últimas décadas para advertir la crisis del
parlamentarismo, la concentración del poder y la necesidad de una cada vez más
urgente reconstrucción republicana mediante un eventual proceso de transición
democrática.
Las posturas de la
oposición, al menos en relación con los parlamentos electos en 2010 y 2015, han
sido suficientemente claras al llamar la atención sobre la política oficial
—oficialista y oficiosa— y, especialmente, acerca del desempeño de la
cancillería y de la representación diplomática ante las Naciones Unidas [5]. Y
aunque no es éste el momento oportuno para pormenorizar los detalles del
referéndum consultivo de 2023, vale recordar que, en la práctica, se promovió
una consulta cuyos efectos e implicaciones jurídicas resultaron profundamente
ambiguos. Paradójicamente, el mismo gobierno que la impulsó compareció
posteriormente ante la Corte Internacional de Justicia, evidenciando una
conducta política difícilmente compatible con la claridad estratégica que exige
una controversia de semejante magnitud.
Guillermo O'Donnell
reflexionó sobre la ciudadanía de baja intensidad, trunca e impotente frente a
un Estado incapaz de imponer plenamente la legalidad, describiendo un fenómeno
frecuente en América Latina [6]. Empleando analógicamente la expresión, cabría
preguntarse si no enfrentamos también un Estado de baja intensidad: un aparato
institucional crecientemente erosionado, incapaz de ejercer plenamente sus
competencias, estimular la cohesión nacional y responder adecuadamente a los
desafíos derivados de las migraciones, internas y externas, así como a una
vulnerabilidad territorial que agrava las dificultades de una transición
política aún pendiente.
La sola lectura de dos obras
eminentemente jurídicas, como las de Allan R. Brewer-Carías y Rafael Badell
Madrid [7], ambas publicadas en 2023, permite inferir —aun sin proponérselo
expresamente los autores— la necesidad de reconstruir una auténtica política de
Estado en torno a la controversia territorial. La continuidad jurídica
expresada en el uti possidetis juris,
la búsqueda de legitimación internacional, la construcción de consensos
estratégicos duraderos, una política exterior prudente y la consolidación de
una narrativa nacional coherente aparecen como elementos indispensables de
cualquier esfuerzo futuro. La vasta literatura dedicada a la cuestión
territorial ofrece, además, numerosos correctivos y enseñanzas susceptibles de
ser incorporados a una política pública de largo alcance. No obstante, la
reestatización del Estado que es algo más profundo que una simple reinstitucionalización
administrativa, la territorialidad y la soberanía forman parte de una misma
ecuación histórica para los venezolanos de esta hora.
Valga acotar, finalmente, el
desplazamiento de contingentes cada vez más numerosos de compatriotas hacia el
oriente continental, impulsados por necesidades elementales de subsistencia.
Difícilmente podrá prosperar una nueva orientación política para la
controversia territorial sin considerar también la situación de quienes,
empujados por la desesperación económica y social, han terminado estableciendo
vínculos de vida y trabajo en el vecino país. La cuestión esequibanense no
remite únicamente a la geografía, la diplomacia o el derecho internacional;
remite, asimismo, a la capacidad de la República para reconstruirse a sí misma.
Referencias:
[1] Estrada Bracho, I. R. (2024) “Aproximación
histórica a la ´Cuestión Guayana´ en la hemerografía venezolana (1890-1899)”.
Trabajo de grado. Escuela de Historia, Universidad Central de Venezuela,
Caracas.- No obstante, prevaleciente un imaginario del abandono, columnistas
aseguraron que “hubo un silencio general de la prensa” en 1899, como: Ramos, J.
(1981) “Páez, Pérez Jiménez y la cuestión de Guyana”. El Nacional,
Caracas, 17/06, en:
https://apuntaje.blogspot.com/2026/05/notas-esequibanas.html.
[2] Misle, C. E. {Caremis} (2000) “Hasta
los niños reclamaron el Esequibo”. El Universal, Caracas, 03/06:
https://apuntaje.blogspot.com/2026/05/notas-esequibanas.html.
[3] En
efecto, hubo también cuestionamientos del Acuerdo de Ginebra en el parlamento
(sesiones de marzo de 1966, añadida una secreta), academia y opinión pública,
reflejando la naturaleza y características del sistema político de entonces.
Vid. Barragán J., L. (2016) “Esequib(v)o: enunciados para una discusión”,
en: Briceño Monzón, C. A. – Buttó, L. A. – Olivar, J. A. [Coordinadores] “La
cuestión Esequibo: Memoria y soberanía”. Universidad Metropolitana,
Caracas: 283 ss.
[4]
Barragán J., L. (2021) “El Esequibo y el parlamento venezolano del
siglo XXI: los pasos perdidos”. Aldea Mundo, Universidad de Los Andes,
Núcleo Táchira, N° 52 (26) de julio-diciembre:
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/view/18120
[5] (2023) “10.554.000 de votos en el referendo por el
Esequibo en Venezuela, según CNE”, en:
[6] ¿Alguien puede desmentir que sea este el
caso venezolano?: “El estado de derecho,
corolario y soporte de la ciudadanía y, por lo tanto, elemento central de la
democracia, sólo rige de manera intermitente en nuestros países. La violencia
generalizada, la ineficiencia, si no la venalidad, de la justicia y el abuso
impune de toda clase de poderes, públicos y privados, aumenta la
imprevisibilidad y las penurias del cotidiano de muchos”. Vid. O´Donnell,
G. (2015) “Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización”.
Prometeo Libros, Buenos Aires: 282.
[7] Brewer-Carías, A. R. (2023) “Derechos
de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, la nulidad del laudo arbitral de
1899 y las falsedades en la Memoria de Guyana ante la Corte Internacional de
Justicia”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales – Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas; y Badell Madrid, R. (2023) “La reclamación de Venezuela sobre
el Territorio Esequibo”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas.
- - - - -
(*) Ponencia para el XIV° Congreso de Investigación y Creación Intelectual: Pasado y presente de la Guayana Esequiba desde una perspectiva multidimensional, Universidad Metropolitana, Caracas, 29 de mayo de 2026.
Cfr.
https://www.unimet.edu.ve/expertos-abordaron-disputa-sobre-el-esequibo/
02/06/2026:
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