María Gabriela Mata
"La verdadera generosidad
para con el futuro
consiste en entregarlo
todo al presente"
Albert Camus
Cuando la tierra se abre
bajo tus pies y las paredes que te
protegían de la intemperie se derrumban sobre tus seres queridos, las emociones
se desbordan y el corazón se abre al prójimo. ¡Qué pena que el Estado pretenda
controlar ese impulso! Venezuela ya
aprendió, a un costo humano enorme, que en las grandes tragedias la solidaridad
no debería quedar atrapada por la lógica del poder.
Basta pensar en el deslave
de Vargas en 1999. La primera asistencia llegó de iglesias que abrieron sus
puertas, de universidades que organizaron brigadas, de empresas que donaron
insumos, de organizaciones sociales que crearon centros de acopio y de miles de
ciudadanos que, sin preocuparse por ideologías, simplemente salieron a dar una
mano. El Gobierno, en cambio, rechazó
ofertas de asistencia internacional, entre ellas la de los Estados Unidos,
invocando razones de soberanía. Aquella decisión generó un intenso debate sobre
los límites entre la conducción política de una emergencia y la protección
efectiva de las víctimas.
La verdad es que la
solidaridad de la gente común constituye uno de los mayores recursos de una
nación en tiempos de desastre. El deber del Estado no es reemplazarla o
represarla, sino gestionar su despliegue de manera ordenada, segura y eficaz.
Más de veinticinco años
después, el terremoto del 24 de junio de 2026 vuelve a plantear el mismo
desafío. A diferencia de lo ocurrido en Vargas, el actual gobierno no puede
permitirse rechazar la ayuda internacional, especialmente la procedente de
Estados Unidos. Sin embargo, han surgido denuncias sobre obstáculos impuestos a
algunos centros de acopio organizados por sectores de la sociedad civil, en
particular por Vente Venezuela. Más allá de las circunstancias concretas de
cada caso, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta dónde puede llegar el
Estado en la dirección de una emergencia sin transformar su deber de
coordinación en un monopolio político de la ayuda humanitaria?
El Derecho Internacional
ofrece una respuesta clara.
La Resolución 46/182 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, piedra angular del sistema
internacional de asistencia humanitaria, establece:
"Cada Estado tiene la
responsabilidad primordial de atender a las víctimas de los desastres naturales
y otras emergencias ocurridas en su territorio. En consecuencia, el Estado
afectado desempeña el papel principal en la iniciación, organización, coordinación
y ejecución de la asistencia humanitaria dentro de su territorio."
Pero la misma resolución añade un límite
importante:
"La asistencia
humanitaria deberá prestarse de conformidad con los principios de humanidad,
neutralidad e imparcialidad".
La primera disposición
reconoce el liderazgo del Estado. La segunda establece cómo debe ejercerse ese
liderazgo.
Los principios de humanidad
e imparcialidad protegen, ante todo, a las víctimas. Exigen que la ayuda tenga
como único propósito aliviar el sufrimiento y que se distribuya exclusivamente
según las necesidades de las personas afectadas. El principio de neutralidad,
en cambio, protege la propia acción humanitaria frente a la instrumentalización
política. Impide que la asistencia sea utilizada para favorecer o perjudicar a
determinados actores por razones ideológicas o partidistas. En consecuencia, si
la posibilidad de organizar centros de acopio o canalizar ayuda depende de la
identidad política de quienes la promueven, deja de discutirse un problema de coordinación
administrativa y surge un serio interrogante sobre el respeto del principio de
neutralidad de la acción humanitaria.
En otras palabras, según el
Derecho Internacional el Estado conserva la responsabilidad primaria de dirigir
la respuesta frente a una emergencia, pero esa responsabilidad no le confiere
el monopolio sobre la ayuda. Aunque el "derecho a ser solidario" no
aparezca expresamente en ningún tratado, puede sostenerse como una expresión de
la libertad de asociación, de participación ciudadana y del propio sistema de
coordinación humanitaria, que organiza la ayuda por sectores especializados
(como salud o alimentos) incorporando por diseño tanto a las agencias globales
como a las organizaciones locales en un ejemplo de articulación.
La solidaridad de la que
hemos sido testigos en las horas posteriores a esta tragedia nos permite creer
que una nueva Venezuela es posible.
La solidaridad es el
cimiento más firme sobre el que puede reconstruirse una nación.
Fotografías: The New York Times, NY, 27/06/26.
28/06/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/el-derecho-a-ser-solidario/
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