Luis Manuel Marcano
En la reflexión actual sobre
el eventual desmoronamiento de este sistema criminal, colofón del llamado
socialismo del siglo XXI, que no solo profundizó, sino que maximizó muchos de
los errores políticos, económicos e institucionales que Venezuela venía
acumulando desde hacía décadas, resulta inevitable formular dos interrogantes
fundamentales. Más allá de la caída de un régimen o del agotamiento de un
modelo, la verdadera discusión gira en torno a qué hacer después y cómo evitar
que la tragedia vuelva a repetirse bajo nuevas formas.
Por ello, deseo centrar esta
reflexión en responder dos preguntas que considero esenciales como aporte a ese
futuro necesario.
¿Es posible conducir a
Venezuela desde un modelo socialista hacia un orden liberal en medio de una
pobreza extendida, corrupción estructural y una profunda dependencia ciudadana
del Estado, sin vulnerar los derechos humanos ni sacrificar los principios
democráticos?
Si ello fuera posible, ¿cuál
podría ser el modelo de transición que sirva de puente entre un sistema
socialista y un orden liberal mientras se construyen gradualmente las
condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para su
consolidación?
Estas preguntas no son meros
ejercicios académicos. Constituyen probablemente el problema político más
importante que enfrentará Venezuela en las próximas décadas. Porque el desafío
no será únicamente desplazar a una élite gobernante o recuperar la legalidad
constitucional. El verdadero reto consistirá en reconstruir una nación cuyos mecanismos
de producción de riqueza, sus instituciones, sus incentivos sociales e incluso
buena parte de su cultura política han sido moldeados durante años por la
dependencia estatal, la destrucción de la autonomía ciudadana y la erosión
progresiva de la confianza en las reglas del juego democrático.
La historia enseña que las
sociedades no pasan de un extremo a otro mediante decretos ni mediante
consignas ideológicas. Ningún país abandona exitosamente un sistema
profundamente intervencionista para convertirse de la noche a la mañana en una
democracia liberal plenamente funcional. Las transformaciones sostenibles son
procesos históricos complejos que requieren tiempo, liderazgo político,
reconstrucción institucional y, sobre todo, una comprensión realista de las
condiciones materiales y culturales de la población. Precisamente por ello, la
respuesta a estas preguntas exige abandonar tanto las ilusiones revolucionarias
como las fantasías de una liberalización instantánea.
La primera respuesta es
afirmativa. Sí, es posible transitar desde un modelo socialista hacia un modelo
liberal sin violar los derechos humanos ni sacrificar los principios
democráticos. De hecho, cualquier transición que aspire a ser legítima debe
realizarse precisamente sobre la base del respeto irrestricto a los derechos
fundamentales. El error de muchos procesos históricos ha consistido en asumir
que la libertad económica puede construirse mediante mecanismos autoritarios o
que la eficiencia puede sustituir a la democracia. La experiencia demuestra
exactamente lo contrario. Allí donde la libertad política fue sacrificada en
nombre de reformas económicas, surgieron nuevas formas de exclusión y
concentración del poder. Y allí donde la democracia fue preservada, aun en
medio de dificultades, las transformaciones tendieron a consolidarse con mayor
estabilidad y legitimidad.
Sin embargo, reconocer que
la transición es posible no significa ignorar la magnitud de los obstáculos. Un
país donde ocho de cada diez ciudadanos viven en condiciones de pobreza no
puede ser sometido a experimentos ideológicos ni a terapias de choque
concebidas desde laboratorios académicos alejados de la realidad social. La
pobreza genera dependencia, incertidumbre y miedo. Quien no sabe si podrá
alimentar a sus hijos mañana difícilmente puede asumir los riesgos que exige
una economía competitiva. Por ello, el primer deber de cualquier transición
responsable consiste en comprender que la libertad económica no puede
edificarse sobre el sufrimiento de los más vulnerables. Una sociedad devastada
necesita primero recuperar condiciones mínimas de estabilidad para poder
emprender el camino hacia mayores niveles de autonomía. Construir la base
racional de emprendimiento que facilite capacitar nuevos emprendedores como
futuros comerciantes.
Por ello, el problema se
vuelve todavía más complejo cuando la pobreza se combina con corrupción
estructural. La corrupción no constituye simplemente un fenómeno moralmente
reprochable; representa una forma de organización del poder. Cuando la
corrupción se convierte en sistema, las instituciones dejan de servir al
interés público y pasan a funcionar como instrumentos de extracción de riqueza.
En tales circunstancias, las leyes pierden credibilidad, la justicia se
transforma en una ficción y la confianza social desaparece. Ningún proyecto
liberal puede prosperar sobre semejante terreno porque los mercados requieren
reglas estables, tribunales independientes y protección efectiva de los
derechos de propiedad. Antes de hablar de crecimiento económico es necesario
reconstruir el Estado de derecho y para que ello genere credibilidad social
deben castigarse ejemplarmente quienes por acción u omisión contribuyeron a
dañar el sistema de credibilidad judicial.
Un tercer elemento
particularmente delicado es la dependencia cultural del Estado. Décadas de
paternalismo político ha generado en amplios sectores de la sociedad la
percepción de que el bienestar depende exclusivamente de decisiones
gubernamentales. Esta realidad no puede ignorarse ni despreciarse. Quienes reducen
este fenómeno a una supuesta falta de voluntad individual desconocen la
profundidad de los procesos históricos. Las personas actúan dentro de los
incentivos y estructuras que encuentran. Cuando durante años se castiga la
iniciativa privada, se persigue la autonomía económica y se recompensa la
subordinación política, terminan desarrollándose hábitos de dependencia que
sobreviven incluso cuando el sistema comienza a derrumbarse.
Por esta razón aparece la
segunda pregunta, quizás aún más importante que la primera. ¿Cuál es el puente
intermedio entre el socialismo y el liberalismo? La respuesta es que dicho
puente no puede ser ni la continuidad del modelo socialista ni la implantación
inmediata de un liberalismo absoluto. El puente debe ser una etapa de transición
institucional basada en una economía social de mercado, una democracia
constitucional robusta y un proceso progresivo de empoderamiento ciudadano.
Las grandes transiciones
exitosas de la historia moderna rara vez fueron producto de saltos al vacío.
España después de Franco, los países de Europa Central tras la caída del
comunismo y diversas experiencias latinoamericanas demostraron que los cambios
duraderos suelen construirse mediante fórmulas intermedias que combinan
estabilidad política, apertura económica gradual y protección social. El
objetivo no consiste en destruir de inmediato todo lo existente, sino en
transformar progresivamente las estructuras heredadas mientras se construyen
nuevas capacidades sociales.
En la Venezuela que pronto
habrá de surgir, ese puente de transición deberá comenzar por una profunda
reconstrucción institucional y por la recuperación de las carreras públicas
como fundamento de un Estado moderno y profesional. Por ello, la convocatoria a
concursos públicos de oposición, así como la restitución de aquellos concursos
que fueron desconocidos o arbitrariamente desestimados por razones políticas o
criterios ajenos al mérito, resultarán indispensables para restablecer la
confianza ciudadana y para convertir la capacidad, la experiencia y la
excelencia profesional en los verdaderos indicadores del cambio que se avecina.
Como reza el viejo
proverbio, “zapatero a su zapato”. La nueva Corte Suprema deberá estar
integrada por juristas de reconocida trayectoria, con sólida experiencia
judicial, preferiblemente provenientes de la carrera de juez o de las más altas
instancias jurisdiccionales, dotados de la formación técnica y la solvencia
ética necesarias para asumir la complejidad de la función judicial. Del mismo
modo, cada institución del Estado deberá ser ocupada por quienes acrediten las
competencias, conocimientos y experiencia requeridos para el ejercicio de sus
responsabilidades. La reconstrucción de la República exigirá que el mérito
sustituya definitivamente a la lealtad política como criterio de selección,
evitando que los cargos públicos se conviertan nuevamente en mecanismos de
recompensa partidista o de distribución de cuotas de poder. No existe
transición económica posible sin independencia judicial, sin recuperación de la
separación de poderes y sin restablecimiento de la seguridad jurídica. Durante
años el país ha vivido bajo una lógica donde la ley fue subordinada a la
voluntad política. El resultado ha sido devastador: destrucción de la
inversión, fuga de talento humano, pérdida de confianza nacional e
internacional y erosión de la legitimidad estatal. La reconstrucción de la
República debe comenzar precisamente allí donde fue más gravemente herida: en
sus instituciones.
Paralelamente, el Estado
tendría que abandonar gradualmente su papel de controlador absoluto de la
economía para asumir una función distinta: la de garante de oportunidades. Esto
implica desmontar monopolios, eliminar privilegios, facilitar la iniciativa
privada y abrir espacios para la inversión nacional e internacional. Pero
también implica garantizar educación, salud y protección básica para quienes
enfrentan mayores dificultades durante el proceso de adaptación. La diferencia
es fundamental. Un Estado paternalista administra la dependencia; un Estado
liberal crea condiciones para la autonomía.
La educación desempeña aquí
un papel decisivo. Ninguna transición será sostenible si las nuevas
generaciones continúan reproduciendo esquemas de dependencia política y
económica. La verdadera riqueza de una nación no se encuentra en sus recursos
naturales ni en sus reservas financieras, sino en la capacidad de sus
ciudadanos para crear, innovar y emprender. Por ello, la educación debe
convertirse en la gran política de Estado de la transición. No una educación
orientada al adoctrinamiento ideológico, sino al pensamiento crítico, la
responsabilidad individual, la ciudadanía democrática y la formación para el
trabajo productivo.
Del mismo modo, la sociedad
civil deberá recuperar espacios que durante años fueron absorbidos por el
aparato estatal. Universidades, gremios, asociaciones vecinales, organizaciones
profesionales, sindicatos independientes y organizaciones comunitarias tendrán
que desempeñar un papel central en la reconstrucción nacional. La democracia no
se limita al acto electoral; requiere una ciudadanía organizada capaz de
participar activamente en la vida pública y de ejercer control sobre quienes
gobiernan.
La transición también
exigirá un cambio profundo en la cultura política. Durante demasiado tiempo la
política venezolana ha oscilado entre el mesianismo y el personalismo. La
expectativa recurrente de encontrar un salvador providencial ha debilitado la
construcción institucional. Sin embargo, los países no se reconstruyen mediante
hombres providenciales sino mediante instituciones sólidas. El futuro de
Venezuela dependerá menos de la figura concreta que ocupe temporalmente el
poder y más de la capacidad colectiva para establecer reglas estables que
sobrevivan a los gobiernos.
Todo ello conduce a una
conclusión esencial. La verdadera discusión no es entre socialismo y
liberalismo entendidos como dogmas irreconciliables. La discusión real gira en
torno a cómo construir una sociedad donde la libertad y la justicia social
dejen de presentarse como objetivos contrapuestos. Una sociedad donde el Estado
proteja sin asfixiar, donde el mercado genere prosperidad sin excluir, donde la
democracia garantice gobernabilidad sin sacrificar el pluralismo y donde los
ciudadanos recuperen progresivamente la confianza en sus propias capacidades.
El puente entre el
socialismo agotado y el liberalismo consolidado no será el resultado de un
decreto, una elección o una reforma aislada. Será, ante todo, una obra
colectiva de reconstrucción nacional, un proceso histórico que exigirá la
participación de todos los venezolanos desde el ámbito de sus capacidades,
conocimientos y responsabilidades. Solo a través del concurso de nuestra
honestidad, nuestro trabajo eficiente, nuestro compromiso con las instituciones
y nuestra disposición a servir al bien común será posible edificar una
República más libre, más justa y más próspera. Un proceso que exige paciencia,
liderazgo, visión estratégica y, sobre todo, una comprensión profunda de que
las sociedades no cambian únicamente cuando modifican sus leyes, sino cuando
transforman la relación entre el ciudadano, el poder y la libertad. Venezuela
necesitará reconstruir simultáneamente sus instituciones, su economía y su
cultura política. Solo entonces podrá emerger una República donde la libertad
deje de ser una aspiración retórica para convertirse en una experiencia
cotidiana.
La gran tarea del futuro no
consistirá únicamente en desmontar las estructuras de la llamada revolución del
siglo XXI, sino en construir un modelo de país tangible, sostenible y capaz de
generar confianza. Un orden político donde el ciudadano vuelva a ser
protagonista de su destino, una economía que produzca prosperidad sin
privilegios, instituciones donde la ley esté por encima de los gobernantes y
una democracia que comprenda que la dignidad humana nace de la libertad
responsable y no de la dependencia del poder. Ese camino exigirá paciencia,
trabajo y perseverancia, porque los frutos de la reconstrucción no serán
inmediatos, pero solo así podrá edificarse el puente entre el país que se
extingue y la Venezuela que está por nacer. Ánimo que la tarea aún no comienza
y es hasta el final.
Ilustración: Agim Sulaj.
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