Jesús Rondón Nucete
El 24 de junio se conmemoraba la victoria
obtenida en Carabobo (1821) por las tropas de Colombia-La-Grande, conducidas
por El Libertador-Presidente, sobre las del Imperio Español del Capitán General
Miguel de la Torre. Selló la independencia del gran Estado suramericano y
permitió su reconocimiento internacional. En 1949 se fijó como día del Ejército
de Venezuela, aunque este realmente no fuera –¡y no es!– sucesor de quienes en
aquel campo consolidaron la emancipación política. Lo demostró su conducta
insólita el 3 de enero pasado en Fuerte Tiuna. En verdad, sus soldados
–“chavistas y antimperialistas”– no tienen motivo para celebrar este día.
Más de 90% de los
venezolanos aplaudieron la acción de fuerzas norteamericanas que, en una
operación ejecutada con precisión de reloj (que supuso la muerte de agentes
cubanos y venezolanos de seguridad), se apoderaron del “usurpador” del mando (y
de su esposa, con funciones importantes) y los trasladaron a territorio de
Estados Unidos para que fueran juzgados por graves delitos (algunos definidos
por el Derecho Internacional) en un Tribunal de Nueva York. Una acción de ese
tipo no es siempre contraria al derecho, como comúnmente se cree. Está prevista
–bien que excepcionalmente– ante determinadas circunstancias. Más recientemente,
encuentra sustento en la tesis del deber de proteger que corresponde a todos
los estados ante los crímenes cometidos contra una población civil, así como en
aquella otra de la jurisdicción internacional, ya admitida no solo en la
doctrina sino en la legislación de al menos once estados (Argentina, entre
ellos).
La mayoría de los
venezolanos también ha manifestado su oposición al ejercicio del poder por
oficiales de Estados Unidos. Nada lo justifica. A la intervención militar ha
seguido el establecimiento de un protectorado de facto, sin fundamento
jurídico. Se desconoce la soberanía del país: no solo se imponen desde
Washington decisiones que corresponden a las autoridades locales, sino que
dentro del territorio nacional se cumplen actos que les son propios (incluso de
tipo militar). Pareciera que (aunque no formalmente) se ha agregado a la
Constitución (1999) una enmienda (similar a la de Platt en la constitución
cubana de 1901), según la cual “Estados Unidos puede ejercitar el derecho de
intervenir” para “estabilizar la situación, recuperar la producción económica y
restablecer la democracia”. Los venezolanos, por su parte, se sienten
capacitados para asumir la administración de su país y recuperar su régimen de
democracia y libertades. Lo hicieron en ocasiones anteriores.
En esta columna se ha
recordado que los venezolanos han sabido superar graves crisis, sin recurrir a
“protectores” que cumplieran esas tareas. También pudieron, en el siglo
anterior, llevar adelante dos procesos de transición de regímenes dictatoriales
hacia sistemas democráticos (en 1936 y 1958) que sirvieron de referencia para
experiencias similares en otros lugares. Precisamente, con el último se inició
uno de los períodos de mayores éxitos en su historia: era por entonces la democracia
más estable y dinámica de América Latina. Eso dio enorme prestigio al país, no
solo en la región sino en otras, incluso lejanas. Conviene decir también que en
todos sus años de independencia solo ha sido invadida por tropas extranjeras en
dos oportunidades: breve y escandalosamente durante el bloqueo de los puertos
(1902-1903) por Inglaterra, Alemania e Italia y, sigilosamente, por efectivos
cubanos en apoyo de guerrillas comunistas (1966-1967) y al gobierno
chavista-madurista (desde 2003).
Sin embargo, el sistema
democrático venezolano no supo enfrentar algunas viejas tendencias internas que
a la larga causarían su ruina. Dotó al país de una infraestructura muy
completa, extendió los servicios de salud y educación abiertos a todos (lo que
permitió mejorar las condiciones de vida), afianzó la igualdad social y recibió
millones de inmigrantes que se integraron plenamente. Promovió el desarrollo
económico: el PIB llegó a ser el 4.º de la región. La pobreza disminuyó (aunque
en los años finales volvió a aumentar). Pero, la voluntad republicana de los
inicios se debilitó con la riqueza fácil (derivada del petróleo). El espíritu
de partido sustituyó a la idea del servicio, el populismo se impuso como
instrumento de control social, el intervencionismo estatal invadió las áreas
propias de la iniciativa privada y dio mayor poder a los órganos públicos. En
tales condiciones, floreció la corrupción que animó el militarismo nunca
calmado.
Después de la dictadura
militar de M. Pérez Jiménez las Fuerzas Armadas se transformaron. Antes había
comenzado su modernización, visible en la formación de sus oficiales, la
adquisición de nuevos equipos, la construcción de instalaciones adecuadas.
Pero, a partir de 1958 dejaron de ser soporte de un caudillo. Se institucionalizaron.
Fueron el brazo armado de la República (no de partido o persona). Y se
comprometieron con la voluntad democrática del pueblo. Su doctrina de acción se
modificó y su preparación mejoró. Fueron equipadas para atender la seguridad
interna y externa, sin pretender entrar en el juego de las potencias.
Derrotaron la insurrección promovida desde Cuba. Tuvieron el reconocimiento de
la comunidad internacional: participaron en varias misiones de paz, bajo la
bandera de las Naciones Unidas. En India y Paquistán (1966), Namibia (1989),
Centro-América (1990), Iraq y Kuwait, Sahara Occidental y El Salvador (1991) y
Croacia y Bosnia Herzegovina (1992).
Desde comienzos de los años
80 algunos advirtieron señales de una crisis política mayor (sistémica), pero
el asunto no se discutió en los ambientes en los que correspondía. Los
dirigentes (especialmente de partidos) estaban más interesados en las
pequeñeces inmediatas y pensaban que las reformas (que pedían los adelantados)
podían limitarse (a elecciones regionales) o esperar. Sin embargo, el tema si
interesó mucho en los cuarteles y en los grupos económicos. También en la
Iglesia. Por su parte, al finalizar la lucha armada, algunos de sus promotores
concluyeron que para lograr sus objetivos debían contar con apoyo entre los
oficiales: decidieron incorporar militantes “revolucionarios” en unidades
militares para difundir ideas y captar partidarios. Las Fuerzas Armadas fueron,
así, penetradas lentamente. Al comienzo fueron pocos los comprometidos (solo 4
en 1982), luego su número aumentó. En verdad, la mayoría mantuvo su formación y
talante democráticos. En 1992 derrotaron a los infiltrados.
Durante décadas los cuerpos
militares –a los que se agregaron la aviación (1920) y la guardia nacional
(1937)– se presentaron como herederos de aquellos que lograron en los campos de
batalla la independencia decretada por los congresos de varios pueblos
americanos. Se decían “forjador(es) de libertades”. No era exacto desde el
punto de vista histórico. El Ejército Libertador –como se le llamó en la
epopeya– integrado desde 1813 por venezolanos y neogranadinos, a los que
posteriormente se sumaron quiteños, peruanos y argentinos (y oficiales de
origen europeo), se disolvió al final del proceso emancipador. Después,
especialmente desde el asalto de J.T. Monagas (1848), cada caudillo hacía de
las tropas o “montoneras” (normalmente de su mismo origen regional) con las que
había conquistado o se sostenía en la capital, el instrumento armado del poder
nacional. Los presidentes de Estado hacían lo propio en el interior. No había,
pues, ejército único y permanente.
Fue así hasta que Juan
Vicente Gómez creo un verdadero ejército nacional a partir de 1910 (apertura de
la Escuela Militar en La Planicie), con asesoría del chileno Samuel McGill
(nombrado Instructor General), experimentado y aventurero, de formación
prusiana. Comprendió el Benemérito, veterano de guerras, la necesidad de
preparar a los oficiales y equipar a las tropas para asegurar la tranquilidad
de la Patria. Comenzó entonces un proceso de mejoramiento, crecimiento y
modernización, en el que un paso importante ocurrió (1958) cuando las fuerzas
armadas se convirtieron en institución al servicio del Estado (y no de persona
o parcialidad), sujeta a la Ley. Ese proceso se interrumpió cuando Hugo Chávez,
“caudillo” de una revolución atrasada, utilizó aquella institución para
sustentar su poder, le confió tareas impropias y toleró su corrupción. El
resultado fue el desprestigio y su incapacidad para responder a las exigencias
de los tiempos. ¡Como en Guyana o Fuerte Tiuna!
El futuro de las fuerzas
militares en Venezuela es un tema tabú. Su conexión con el régimen chavista les
hizo perder la confianza de los ciudadanos: 74,77% siente ahora (febrero.2026)
“vergüenza y disgusto” hacia ellos. De otro lado, las condiciones impuestas por
las nuevas circunstancias exigen cambios, como en muchos países. Las guerras
recientes (en Ucrania o Irán), muestran la necesidad de adaptarse. Sobreviven
los más inteligentes, no los más fuertes. En nuestro caso, debe prohibirse su
participación en las luchas partidistas, así podrán dedicarse a las tareas que
les encomienda la Constitución, que no son pocas.
Fotografía: Venezuela se prepara con antelación para una invasión estadounidense:
Cfr. Texto de Paola Badaracco sobre el autor:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/humanista-y-catedratico/
24/06/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/de-carabobo-a-fuerte-tiuna/
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