Los terremotos del pasado 24 de junio no solo
destruyeron edificios. También revelaron una realidad que Venezuela lleva años
arrastrando: el progresivo debilitamiento del Estado. Frente a la fuerza de la
naturaleza desaparecen las consignas, la propaganda y las explicaciones
ideológicas. Solo permanece una pregunta decisiva: ¿está el Estado en
condiciones de proteger eficazmente a sus ciudadanos?
No sorprende, entonces, que The Economist, en su
edición del 25 de junio de 2026, titulara su análisis “Venezuela sufre el peor
terremoto de un siglo”. En ese mismo artículo resumió la principal lección
institucional con una frase elocuente: “La debilidad del Estado se hace
dolorosamente visible”. Las catástrofes naturales revelan en pocos segundos
aquello que los discursos oficiales pueden ocultar durante años: la calidad de
las instituciones, la eficacia de los servicios públicos y la eficiencia del
Estado frente a las emergencias.
Los terremotos no distinguen entre oficialistas y opositores,
entre simpatizantes del gobierno y sus críticos. Todos experimentan el mismo
temor y todos esperan que las instituciones funcionen. Por eso la propaganda,
las consignas y los lugares comunes pierden toda utilidad. Lo que importa es
que los hospitales permanezcan operativos, que existan equipos de rescate
preparados, que las comunicaciones funcionen, que la población reciba
información oportuna y confiable y que la libertad no se convierta en una
víctima más de la tragedia.
Existe, sin embargo, una diferencia importante con la
tragedia de Vargas de 1999. En aquella ocasión el gobierno rechazó buena parte
de la ayuda internacional ofrecida por los Estados Unidos. Ahora,
afortunadamente, decidió aceptarla, junto con la de otros países que han
expresado su solidaridad con Venezuela. Ningún Estado moderno debería
considerar la cooperación internacional como un signo de debilidad cuando la
protección de la vida exige sumar experiencia y conocimientos.
Pero aceptar ayuda no basta. La verdadera fortaleza de
un Estado reside en disponer de instituciones capaces de prevenir, coordinar y
responder eficazmente antes de que la ayuda exterior resulte indispensable.
Durante años se privilegió la expansión de los
aparatos de control político, la concentración del poder y el fortalecimiento
de las estructuras militares y policiales, mientras se debilitaban los
hospitales, las universidades, la infraestructura, la investigación científica
y los organismos de protección civil. Los terremotos pusieron dolorosamente de
manifiesto el resultado de esas prioridades. La fortaleza de un Estado no se
mide por el poder que concentra para reprimir, sino por la protección que
ofrece a sus ciudadanos. Un gobierno puede conservar el poder; solo un Estado puede
proteger a la sociedad.
La experiencia de estos días deja otra enseñanza. La
legitimidad de un Estado no depende únicamente de su capacidad para ejercer
autoridad, sino, sobre todo, de su eficacia para proteger a la población cuando
más lo necesita. Cuando las instituciones conservan su independencia y
fortaleza, los conflictos políticos encuentran cauces institucionales. Si las
instituciones venezolanas hubiesen mantenido esas condiciones, probablemente
muchos de los episodios más críticos de nuestra historia reciente —entre ellos
los acontecimientos del 28 de julio de 2024— habrían tenido un desenlace
distinto.
Esa reflexión conduce inevitablemente a una evaluación
del modelo político de las últimas décadas. Más allá de las diferencias
ideológicas, los hechos invitan a una conclusión difícil de eludir: la
revolución bolivariana no fue capaz de construir un Estado con instituciones
independientes, servicios públicos eficientes y mecanismos eficaces para
proteger a los ciudadanos. El terremoto no creó esa realidad; simplemente la
hizo visible.
La historia venezolana demuestra, además, que existe
otra manera de actuar. Tras el terremoto de Caracas de 1967, el presidente Raúl
Leoni —con la autoridad que le daba su prestigio— encomendó la coordinación de
las operaciones de rescate a un civil, el ingeniero Leopoldo Sucre Figarella,
ministro de Obras Públicas, cargo que desempeñaba desde el gobierno de Rómulo
Betancourt. La respuesta fue rápida y eficiente. Como recordó recientemente un
editorial de El Nacional, aquella decisión expresó una concepción republicana
del Estado: en las grandes emergencias, el interés general exige convocar a los
mejores, estén o no en el gobierno.
Esa lección conserva hoy plena vigencia. Venezuela
dispone todavía de un extraordinario capital humano. Las academias nacionales,
las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones humanitarias
y numerosas asociaciones científicas reúnen a ingenieros, médicos, geólogos,
arquitectos, urbanistas y especialistas en gestión de riesgos cuya única
preocupación consiste en proteger a la población. Sobre ese capital humano debe
apoyarse la cooperación internacional, para que el esfuerzo conjunto responda a
criterios técnicos y al interés general.
Esa tarea exige también un clima de libertad. En una
catástrofe, la información constituye uno de los principales instrumentos de
protección civil. Una sociedad bien informada identifica mejor los riesgos,
facilita las labores de rescate, combate la desinformación y permite que la
ayuda llegue con mayor rapidez a quienes la necesitan.
De ahí que el gobierno deba levantar la censura que
pesa sobre los medios de comunicación nacionales e internacionales y facilitar
el trabajo de periodistas, organizaciones humanitarias y especialistas. En una
emergencia, la censura deja de ser únicamente un problema de libertad de
expresión. También se convierte en un problema de protección civil.
Sin embargo, la reconstrucción de Venezuela exige
también un nuevo pacto republicano. No un acuerdo para distribuir cuotas de
poder ni un entendimiento circunstancial entre dirigentes políticos. El país
necesita un consenso sobre las funciones esenciales del Estado y sobre aquellas
instituciones que ninguna mayoría política debería volver a debilitar.
Ese nuevo pacto debería colocar en el centro la
independencia de la justicia, la educación, la salud, la investigación
científica, la protección civil, la libertad de información, la
profesionalización de la administración pública, la recuperación de la infraestructura
y la subordinación de la Fuerza Armada al poder civil.
Pero también debería asumir una convicción más
profunda: el Estado existe para servir a la sociedad, no para someterla.
Ilustración: Alfred Kubin.
30/06/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/06/gobierno-sin-estado/
https://opinionynoticias.com/opinionpolitica/44582-gobierno-sin-estado
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario