Eppur si muove

SISMICIDAD Y ESTADO

Luis Barragán

Frecuentemente, la supervivencia consciente a un desastre natural de regulares o extraordinarias dimensiones, entraña una radical experiencia humana. Y lo es tanto que no puede comprenderse sin una adecuada perspectiva del Estado y de sus capacidades, lejos de la tentación de una ciega defensa o ataque al gobierno, aunque es evidente que, en el caso reciente del estado Vargas, los efectivos de la Fuerza Armada han tardado o tardaron demasiado en actuar, como ejemplo de lo más o menos organizado que queda del Estado.

Una somera revisión de la vieja prensa nos muestra aquellos fenómenos naturales como el terremoto que vivimos de muy niños en julio de 1967, con particularidades como el temprano vaticinio hecho por mentalistas y otros oficiantes del sortilegio; la previa advertencia de los especialistas en torno a las consecuencias sociales, jurídicas y políticas para la ciudad que celebró el cuatricentenario de su fundación. Hubo errores y limitaciones de un Estado que cumplía con sus funciones más elementales, aunque respondió diligente e inmediatamente en términos de información y orientación pública, prevención y protección civil, coordinación y memoria institucional, normas de (re)construcción y rendición de cuentas a juzgar por el libre ejercicio de los medios y las exigencias de los cuerpos deliberantes parlamentarios y edilicios.

Casi sesenta años después, en un contexto completamente desfavorable, repetida la tragedia del litoral central de casi tres décadas atrás, nos azotan dos terremotos en el centro norte costero con las nefastas consecuencias para una población inocente, sorprendida y desentrenada para estos menesteres de la supervivencia que la sobrepasan material y anímicamente. Desde hace más de una década, de un modo u otro, estuvo planteada la posibilidad de un fortísimo movimiento telúrico, incluso, desde los órganos del Poder Público [1], pero – creyéndonos en una perpetua estabilidad – nos confiamos irresponsablemente y a esto contribuyó el poderoso imaginario de un estado Vargas de condiciones tan estables como para los nuevos desarrollos urbanos en lugares antes trágicamente afectados, susceptibles de una serísima investigación administrativa y penal.

Importa comprender cabalmente la situación para superarla, en relación a las capacidades estatales, los protocolos de seguridad, la inmediata búsqueda y hallazgo de las personas desaparecidas, y hasta la posibilidad de un debate público necesario, sereno y convincente en la materia. Mayor razón al tratarse de una eventual transición política que requiere de la recuperación efectiva del Estado democrático que está más acá y más allá de un relevo de sus elencos de conducción.

El problema no se resuelve con el solo desplazamiento del régimen autoritario y la celebración de los comicios democráticos y ni siquiera con una nueva Constitución, manteniéndose en pie la cultura de la fuerza, pues la reconstrucción institucional exige cambios en la praxis política, confianza en las instituciones y una relación alternativa entre la ciudadanía y el Estado. Por consiguiente, es urgente reconocer que urgimos de una transición cultural que escape a todo mesianismo clientelar tan arraigado en este siglo, al que pudieran aportar los actores políticos de un proceso no lineal de cambio previa revisión de aquel equipaje espiritual y ético que puede retardar la transición entre marchas y contramarchas, diagnósticos y correcciones, metas y prácticas de una ineludible competencia que la deseamos leal, honesta y constructiva.

Es significativo que un científico social, como H.C. F. Mansilla, confirme nuestros supuestos, pues, aunque no escribió una obra abundante y directamente relacionada con la materia, en un breve y específico ensayo – criticando el enfoque exclusivamente institucional de las transiciones – insistió en que era insuficiente el empleo de la ingeniería política, los cambios institucionales y una economía de libre mercado, preservando prácticas cotidianas premodernas, particularistas y hasta irracionales. La urgencia es la de construir una cultura democrática que le dé una vigorosa sustentación al Estado de Derecho a mediano y largo plazo, fundado en el bien común [2].

Los desastres naturales no distinguen entre generaciones, posiciones ideológicas y regímenes político-económicos, sino entre la capacidad o incapacidad de una sociedad para protegerse, estabilizarse y rehacerse al emerger la ciudadanía por encima de la victimidad reductora de las autoridades. Venezuela necesitará reconstruir viviendas, infraestructuras y comunidades al igual que la confianza en un Estado dispuesto a prevenir y actuar, coordinar e informar, orientar y responder: tarea inseparable de la transición hacia una libre y duradera democracia.

[1]  A modo de ilustración:

http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/6290-de-una-catastrofe-previa

https://lapatilla.com/2016/06/13/luis-barragan-sismicidad/

https://lapatilla.com/2016/06/28/diputado-barragan-la-mania-protagonica-de-maduro-se-impone-ante-las-emergencias-que-el-ha-creado/

[2] H.C.F. Mansilla (2000) “Los límites de la democracia contemporánea y de las teorías de la transición”, en: Nueva Sociedad, Caracas, N° 166 de marzo-abril: 62-75.

Reproducción: Portada de la revista Élite, Caracas, 1967.

Fotografía: Catia La Mar. Federico Parra (AFP). La Vanguardia 26/06/26.

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