Luis Barragán
Persiste la
confusión: en Venezuela, la gratuidad de la educación pública no significa que
no tenga costo por el solo hecho de pagarla el Estado. Y cuando éste no lo hace, cobrándole más o
menos sistemáticamente a padres y representantes (PR), denota clara, precisa y
contundentemente que no es gratuita, por lo menos, en los términos establecidos
por la Constitución de la República.
Lo que es
peor, el cobro no traduce sólo la violación del texto constitucional, sino una
realidad: la ciudadanía subsidia directamente a un gobierno que no cumple con
los deberes más elementales pautados por el constituyente, comenzando con la
ejecución de un presupuesto anual sincero, exacto y transparente. Y la
representación parlamentaria, o, si fuere el caso, edilicia que lo aprueba,
incumple con las tareas esenciales que hacen la vida republicana, como la
discusión, el control y la denuncia de toda anomalía.
Hay
instituciones públicas de educación básica que piden una contribución mensual de
PR tasada en dólares para mantener abierta la propia sede, colaborar con la
transportación del docente, o sufragar los gastos inherentes al desempeño
educativo. Constituye un fenómeno
relativamente comprensible, porque tal desempeño es de un costo cada vez más
elevado sin que haya o tenga suficiente publicidad el reporte de sendos observatorios
escolares, algo más que astronómicos, como lo han tenido otros en el área del
consumo alimentario, la gestión económica, o de la conflictividad social, bajo
la responsabilidad de una confiable instancia de la sociedad civil organizada.
Diferente a la
cancelación de un monto muy antes simbólico de la inscripción, u otros gastos
sobrevenidos, extraordinarios o urgentes, no es posible que se haga costumbre
el pago regular en bolívares o en divisas, formalizándolo de hecho, en
planteles de los que también se sirven los colectivos armados, u otras
organizaciones afines que no son del Estado. Además, radicalmente empobrecida
la población, no se le puede imponer
semejante carga parafiscal junto a otras que la depredan.
El pago por la
impresión de una boleta escolar, la que tradicionalmente contiene las
calificaciones para la notificación o firma de conformidad por PR, no puede ser
más elevado en el plantel de compararlo con el precio de establecimientos
comerciales. Sin embargo, debe escandalizarnos que el plantel lo cobre al igual
que otros servicios inherentes al desempeño educativo, añadida la adquisición
de los recursos pedagógicos fundamentales.
Días atrás, un
amigo nos hizo llegar algunos de los requerimientos del liceo público donde
tiene a sus hijos para carnetizarlos. Un combo (SIC) consiste en dos insignias
con código QR, cuyo escaneo informa del estado de salud del alumno, sumado a un
porta-carnet y una camisa de educación física por $ 15; y, el otro, sin la
camisa, por $ 6, por no mencionar el donativo “voluntario” de cebolla, cebollín,
ajo y ajíes, como de cucharillas y tenedores para la preparación del almuerzo
de los educados obstinados de los escasos carbohidratos de pésima calidad.
El asunto
apunta al deshonesto régimen educativo que prevalece en el país a favor de un
orden socialista que evita a todo trance la discusión de un modelo fracasado,
faltando poco, amparado en numerosos e interesados prejuicios respecto a la
educación pública y a la privada en Venezuela. So pretexto de la supervivencia tan extrema
que afecta a las grandes mayorías, el problema presupuestario pasa inadvertido,
pues, por una parte, increíble que no
haya las partidas correspondientes para la adquisición de impresoras, o de
lápices u otros útiles de oficina que, por cierto, presumimos que todo
funcionario público debe pagar de su bolsillo para laborar; y, por otra, recurrente,
probablemente prosperará a la sombra alguna forma de “rebusque”, venezolanismo
que explica muy bien que los sueldos y salarios no alcanzan para cubrir las
mínimas necesidades en el hogar de los educadores.
Existe un
deslizamiento del Estado hacia modos errados, distorsionados y hasta malévolos
de una forzada privatización. Demasiado parecido ocurre en los hospitales
públicos que no cobran por las intervenciones quirúrgicas, pero exigen del
paciente el aporte de todos los insumos, añadidos las sábanas, productos de
limpieza, etc.
Existen
numerosos observatorios en el campo educativo, pero se nos antoja necesario que
los haya también de estricto carácter escolar a todos los niveles, partiendo de
cada parroquia. Importa documentar y mucho lo que acontece con la vista puesta
en el futuro, agotado evidentemente el Estado Docente.
13/11/2023:
https://www.lapatilla.com/2023/11/12/luis-barragan-observatorios-escolares/
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