Todo parece caber y, al
mismo tiempo, sobrar y faltar en una transición que dice haber comenzado al
compás de varios episodios que requieren un tiempo razonable para que las
partes lleguen a ser definitivamente representativas. Después del reciente y
doble terremoto que irradió su dolor a todo el país, quedó demasiado claro que
no bastarán los acuerdos políticos, la legitimación de los negociadores o el
relevo parcial o total de los elencos del poder, siendo indispensable la
recuperación de la noción misma del Estado y de sus capacidades.
La fortaleza del Estado
depende de las capacidades institucionales que logra desarrollar para ejercer
cabalmente sus funciones, aunque - aleccionados por todo el recorrido que hemos
hecho en la presente centuria - reparamos en otra dimensión que ha sido menos
visible: su capacidad civilizatoria. Y ésta no se refiere a la propaganda ni al
adoctrinamiento forzado, el tozudo empeño de imponer la ideología oficial, o el
enfermizo propósito de actualizar el pasado a través del aparato estatal.
En efecto, se trata de la aptitud
de las instituciones para formar ciudadanos, transmitir normas compartidas de
convivencia, sostener una inevitable y perfectible tradición republicana, generar
confianza en el orden jurídico y en la realización de un destino
venezolanísimamente compartido. Hablamos de un Estado cuya pedagogía nos hace
pertinentemente históricos y diferenciados, capaz de resistir al poder
despótico que ha desconocido los esenciales principios y valores
constitucionales, presentes desde hace más de 200 años debidamente
reinterpretados.
La capacidad civilizatoria
se ejerce precisamente mediante esos recursos materiales y simbólicos. Un
Estado capaz no sólo administra, recauda impuestos o garantiza la seguridad,
sino que también difunde una memoria a compartir, preserva el sentido del
servicio público y convierte la ley en una referencia cotidiana antes que en
una amenaza eventual.
La crisis venezolana
consiste en que el deterioro del Estado no ha sido únicamente administrativo,
económico o coercitivo, sino que también ha afectado su capacidad para producir
confianza pública. Numerosas instituciones fueron vaciadas de sentido, la
Constitución perdió autoridad práctica, la opacidad de las estadísticas
oficiales hizo de la incertidumbre un maligno recurso político, la escuela
perdió el protagonismo como formadora de ciudadanía y la promoción justa del
crecimiento personal y social.
Al mermar las capacidades
materiales del Estado, el poder despótico intenta compensar la pérdida con una
creciente exhibición e inflación de los recursos simbólicos que pronto pierden
valor, consistencia y validez. Ninguna condecoración, despliegue protocolar u
oropel de ocasión logra reemplazar la genuina y absolutamente reconocible
eficacia institucional, como nos aleccionó la tragedia del estado Vargas.
Las transiciones no se
definen por sus enunciados, sino por sus resultados. La capacidad del Estado no se reduce a imponer
la obediencia legítima, sino que consiste en inspirar confianza, pues, sin
ella, no hay República y solo queda el poder al desnudo.
Fotografía: Inicial, tomada de la red, vista del Palacio de Miraflores a principios del siglo XX, procesada a través de ChatGPT.
04/08/2026:
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