Luis Barragán
Demasiado evidente resulta ya la discapacidad
creciente del Estado venezolano en el contexto internacional, consecuencia de
la pretendida autosuficiencia de un poder político devenido despótico y de la devastación
de sus capacidades infraestructurales,
destacando las especializadas en política exterior. La pérdida
progresiva de esa capacidad estatal ha comprometido a lo largo del presente
siglo, la independencia republicana, fenómeno iniciado con el ascenso de Hugo
Chávez y perfeccionado por sus sucesores – subrayemos – desde muy antes del
consabido 3-E.
Siguiendo a Michael Mann, conviene distinguir entre el
poder despótico del Estado, referido a la autonomía de quienes lo dirigen para
adoptar decisiones, y su poder infraestructural, relativo a la capacidad de
hacerlas efectivas de manera organizada y sostenida en la sociedad. El chavismo
llevó a extremos la hipertrofia del primero mientras devastaba el segundo hasta
convertir la voluntad política circunstancial en sustituto de las capacidades
institucionales que requerían de especialización, continuidad y
profesionalización.
En materia exterior, la política del Estado terminó
haciéndose inseparable de la personalidad presidencial y de sus intereses
políticos al mismo tiempo que se confundía adrede con las relaciones
internacionales y se apelaba a fórmulas como la llamada “diplomacia de los
pueblos”. De allí provinieron iniciativas insostenibles de integración
continental, alianzas con actores extrahemisféricos y hasta compromisos
contraproducentes en materia territorial, mientras la República perdía la
posibilidad de sostener una política exterior propia, profesional y permanente.
Tamaño esfuerzo, ocupado el Ejecutivo en diligenciarlo
todo, golpeó severamente las capacidades políticas y técnicas de la
cancillería, partidizándola hasta desprofesionalizarla y desestabilizar la
propia carrera diplomática. Bastaba así el activismo político del canciller
para suplir lo que antes correspondía a una institucionalidad especializada,
como puede ilustrarlo, con particular nitidez, la prolongada gestión de Nicolás
Maduro al frente de la cartera.
No deja de resultar paradójico que algunos de quienes
durante larguísimo tiempo ocuparon posiciones privilegiadas de poder clamen
ahora a los cielos con estridencia contra la influencia extranjera, señalando
casi exclusivamente hacia el norte. Más paradójico todavía es que semejante
denuncia provenga de quienes, después de debilitar deliberadamente las
capacidades republicanas, terminaron entregando importantes espacios de
decisión precisamente a intereses externos que hoy dicen repudiar. Sin embargo,
la cuestión no está en sustituir una dependencia por otra.
Así las cosas, resulta imposible que escurran sus
responsabilidades quienes nos hicieron decididamente dependientes, colonizables
y, en definitiva vulnerables: criticaron décadas muy atrás como vende-patrias a
los que lograron nacionalizar la industria petrolera e hicieron de PDVSA una de
las transnacionales más importantes del mundo, dejando como resultado de casi tres
décadas e socialismo la desnacionalización práctica de una industria quebrada y
endeudada. Importa reconocer, sobre todo, que un Estado sin capacidades propias
queda expuesto a las presiones externas, cualquiera sea su procedencia, y
pierde margen para defender con eficacia sus intereses nacionales, como la
lección más dramática no nos arroja en la cara el interinato presidencial.
Nada ocioso sería, por ello, que legos y entendidos, en la opinión pública, los círculos gremiales y, esencialmente, los académicos, así como las direcciones partidistas, impulsen un debate abierto sobre la política internacional venezolana dentro de un proceso que conduzca finalmente a la transición. Recuperar la credibilidad republicana exige reequilibrar las complejas relaciones exteriores y fortalecer los mecanismos permanentes del Estado mediante un capital humano de calificada trayectoria y solvencia moral.
Deberá rescatarse la experiencia institucional que alguna vez permitió disponer de una cancillería confiable, junto con mecanismos como el Consejo Asesor de Relaciones Exteriores (CARE) y otras iniciativas susceptibles de actualización, sin caer por ello en nostalgias institucionales ni en la simple restauración del pasado. Por lo pronto, lucen prioritarias la despartidización de la política exterior, la recuperación de una diplomacia profesionalizada y la atención sostenida a la inmensa diáspora venezolana.
Una futura transición no puede limitarse a realinear a
Venezuela con los principios y valores occidentales, por legítima que sea su
recuperación, sino que debe reconstruir la capacidad del Estado para idear,
diseñar e implementar una política exterior propia. Se trata, en definitiva, de
recobrar la independencia republicana mediante instituciones capaces de
sostener nuestros legítimos intereses, ejercer la soberanía y honrar
responsablemente los compromisos internacionales contraídos.
Ilustración: IA/lb
31/08/2026:
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