Luis Barragán
Quizá el escepticismo y la
cautela sean los términos que mejor expresen el clima del país político en la
actualidad, mientras la desconfianza continúa corriendo por las veredas del
país nacional. Tal circunstancia reclama una paciente y sostenida labor de
orientación cívica que, desde luego, no puede ser encabezada por un gobierno
carente de la autoridad moral indispensable para hacerlo: corresponde, más
bien, a la oposición genuinamente democrática, a los partidos políticos, a las
organizaciones de la sociedad civil y a los centros de pensamiento explicar,
con ponderación, qué significa una transición política, cuáles son sus límites
y cuáles sus propósitos.
No deja de sorprender la
rapidez con la que comienza a consolidarse un imaginario según el cual la
reciente instalación de una mesa de diálogo equivale a la conformación de una
coalición de gobierno y, por consiguiente, cualquier asunto nacional e incluso
local deba ventilarse y resolverse en esa instancia. De prosperar semejante
percepción, terminará por deformar las expectativas ciudadanas sobre el difícil
proceso en curso y por atribuirle responsabilidades que simplemente no le
corresponden.
Toda negociación política
parte de un objeto determinado y de una finalidad específica. Las legítimas
aspiraciones al cambio democrático, pacífico y verificable, no pueden
confundirse con la conformación de un equipo llamado a sustituir el
funcionamiento ordinario del Estado ni a asumir atribuciones propias de los
órganos del Poder Público. Semejante interpretación constituye un error
conceptual y un evidente absurdo político.
La dirección del Estado
continúa ejerciendo responsabilidades inherentes e intransferibles. La atención
de las emergencias nacionales, la conducción de la administración pública, la
ejecución del presupuesto, la seguridad ciudadana, la política exterior y la
defensa de la soberanía territorial permanecen bajo esa responsabilidad, sin
que una mesa de negociación pueda reemplazarla ni compartirla.
La transición democrática
tampoco constituye una fórmula providencial capaz de resolver, simultáneamente,
todas las vicisitudes nacionales. La negociación representa un instrumento
extraordinario para hacer posible la recuperación institucional del país, pero
no sustituye el ejercicio regular del poder ni exonera al gobierno de las
obligaciones que constitucionalmente le incumben. Confundir ambos planos solo
contribuye a incrementar la frustración ciudadana y a erosionar la credibilidad
del propio proceso.
Conviene recordar, además,
que la finalidad de la transición consiste en restablecer las capacidades
institucionales del Estado, devolver la legitimidad al Poder Público y reabrir
los cauces de la vida democrática. Todo aquello que exceda ese propósito deberá
ser atendido por las autoridades legítimamente constituidas, una vez culminada
la etapa inicial del proceso.
La mayor contribución que
hoy pueden ofrecer los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad
civil y los sectores académicos consiste en desarrollar una paciente pedagogía
de la transición. Resulta indispensable explicar que una mesa de negociación no
representa una asociación permanente entre gobierno y oposición, ni una
coalición destinada a compartir el ejercicio del poder. Constituye, antes bien,
un mecanismo excepcional para acordar las condiciones que hagan posible la
recuperación de la institucionalidad democrática. Solo desde esa comprensión
será posible evitar falsas expectativas y preservar el verdadero sentido del
proceso político en curso.
Fotografía: El Nacional (07/08/26).
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