¿UNA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN?
Un modo de eludir, subestimar o decididamente adversar la transición y el proceso cívico que genera, es el de simular el normal desarrollo de los problemas políticos. Sin embargo, el período tan excepcional que afrontamos los venezolanos permite dudar de la propia vigencia de la Constitución, incumplida por razones de una emergencia institucional que tiene de todo menos la gratuidad: los eventos del 3-E pusieron en evidencia el dramático colapso de un sistema que, a pesar de los costos ocasionados, pretendió prolongar la agonía.
Aceptemos que las adversidades y los adversarios constituyen un fenómeno natural de resistencia al cambio, pero también que un índice confiable de la inhabilidad política es dejar al descubierto tamaña intención. Así las cosas, luce muy razonable que el solo anuncio oficial de un proyecto de ley de universidades, provoque toda suerte de sospechas, entre otras cosas, porque la titular del despacho ministerial del ramo al mismo tiempo integra la consabida mesa de negociaciones; y, en consecuencia, despunta como una táctica más que como una estrategia de distracción sobre el objeto mismo que obligó a representantes del gobierno y de la oposición a sentarse.
La primera constatación es que basta con aplicar todas las previsiones constitucionales para iniciar el camino de reconstrucción de la institucionalidad universitaria en nuestro país, por lo que el asunto no estriba en una nueva ley por la claridad y precisión que caracterizaron al constituyente de 1999 respecto a la autonomía universitaria, la inviolabilidad del recinto, la libertad de cátedra, el régimen presupuestario, entre otras facetas. Huelga comentar que la violación sostenida de la Constitución en la materia ha contribuido a suscitar la tragedia en nuestras casas de estudios, además de la pretendida creación de la universidad comunal, cosa que no se resuelve con el dictado de otra ley a destiempo.
A modo de ejemplo, el 16 de los corrientes cumple cinco años en el ejercicio de sus responsabilidades rectorales el equipo interventor de la Universidad Simón Bolívar que, originalmente, en 180 días debió convocar a elecciones, pero no sólo permitió la destrucción del laberinto cromo-vegetal, sino la ruina del galpón de biología, el déficit alarmante de profesores (incluso, especialmente de matemáticas), hizo de la piscina olímpica el hogar de un caimán, liquidó en la práctica el transporte estudiantil. El bloqueo económico ha servido de pretexto para justificar la monumental crisis de un siglo XXI que aún no comienza y, no faltaba más, ¿por qué no utilizarlo para las universidades como la brillante contribución de las recurrentes constituyentes universitarias que decretaban según el reporte meteorológico del momento?
De tratarse de una ley para las universidades, en los archivos de la Asamblea Nacional debe encontrarse el proyecto elaborado años atrás por la ONG Aula Abierta que tuvimos a bien diligenciar e introducir, pero el punto no es ese: el objetivo es el de retrasar la apertura convincente de un proceso de transición para que devenga reacomodo, algo estratégico antes que táctico. Significa comprar todo el tiempo posible para operar políticamente la frustración de un cambio en casa, pues, según las estimaciones de los aún más desavisados, sobrevivir a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses con una derrota republicana, supondrá el retorno envalentonado de ese viejo chavismo con nuevos voceros para pasar factura a propios y extraños, haciendo más duradera la debacle.
Concluyamos, por una parte, que toda actualización legislativa habrá de explicar la dinámica transicional en marcha, pero no al revés; y, por otra, no siendo cosa de un absurdo academicismo, importa tener consciencia de la posibilidad, naturaleza, características y alcances de la transición democrática aspirada por las grandes mayorías. Parece imperdonable que la dirigencia política no sepa del momento histórico que atravesamos a favor de las veleidades y el espectáculo digital que la consume.
Sobre todo, cuando no se tiene idea de la
competencia (pre)transicional, con el sabotaje político siempre rondando. Son
variopintos los adversarios del cambio, agregados los atosigados por el
silencio. ¿O prescindiremos del cambio como solución?
15/09/2026:
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