Estado y cultura del odio

DE LA ODIADA MEMORIA COLECTIVA

Luis Barragán

Nada inocente resulta la reforma en curso de una llamada ley constitucional que ostenta apellidos nada modestos: Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la espuria Asamblea Nacional Constituyente de 2017. En su momento, y en medio de otras tantas vicisitudes, el país expresó su rechazo a este instrumento y pudo advertir las consecuencias de su cínica e innecesaria existencia que, a la postre, resultaron aún peores.

En nombre de la sacrosanta verdad cultivada por los más altos estamentos del poder establecido, la persecución y la represión efectiva desbordaron el ámbito estrictamente político hasta convertirse, incluso, en un recurso de supervivencia para ciertos funcionarios públicos cuyos precarios ingresos salariales parecían encontrar un complemento en la extorsión. El ciudadano más inocente e, incluso, quien pregonaba su neutralidad política, podía verse repentinamente imputado por delitos antes inimaginables. Así, una diferencia con un agente policial a propósito de la colisión entre dos automóviles podía terminar convertida en una acusación de traición a la patria o terrorismo, al amparo de una ley manifiestamente cuestionable desde el punto de vista constitucional.

Nueve largos años atrás, en este mismo portal noticioso (*) y en un par de ruedas de prensa, ventilamos una materia cuyo origen desconocen las nuevas generaciones y que las mayores parecen haber olvidado. Mediante una técnica legislativa muy característica del oficialismo, todo comenzó con la circulación de un texto clandestino que sirvió para explorar hasta dónde podía llegar la opinión pública en su rechazo, en un contexto en el que las elecciones regionales ejercían una presión política considerable. La ley en cuestión, abiertamente repudiada por sus críticos, terminó emanando de la espuria constituyente bajo la consabida monserga oficialista, sin que se produjera el debate libre que los chavistas de la nueva ola jamás se atrevieron a propiciar y que ahora parecen descubrir, indignados, como si acabaran de descubrir a América.

El asunto, replanteado en las actuales circunstancias, nos permite asomar dos consideraciones que merecen nuestra atención: la política - la odiada, pero ineludible política democrática - exige, ante todo, sensatez … política. Y, en lugar de las insufribles majaderías digitales que nos inundan, hay situaciones y conjeturas que merecen ser examinadas antes de adoptar una posición, dejando que el transcurso de las horas y los días aporte nuevos elementos para el juicio.

Así las cosas, el ciudadano común debe preguntarse, por una parte, cuál es el propósito de la iniciativa. Para ello, bien puede propiciar un intercambio de opiniones con las personas de su entorno, intervenir en las redes e interpelar a la dirigencia social y política cada vez que se presente la oportunidad.

Por ejemplo, no podemos dejar de dudar de la sinceridad de una supuesta rectificación gubernamental que, de ser auténtica, tendría que conducir a la más amplia de las rectificaciones: la transición democrática. Sin embargo, el Gobierno parece conformarse con corregir la cacareada  aplicación de la ley, como si esta fuese de una claridad admirable y meridiana y el problema radicara exclusivamente en los jueces, muchos de ellos provisionales. De este modo, la responsabilidad política por el diseño y el contenido de la norma corre el riesgo de diluirse en una cuestión de interpretación judicial.

Entonces, ¿para qué la reforma? A falta de mayor ingenio, podemos aventurar la hipótesis de que se pretenda inventar algún requisito adicional para excarcelar al resto de los presos políticos o proporcionar una justificación suplementaria a las medidas cautelares. Si tal fuese el caso, los venezolanos tendrían que agradecer el gesto gubernamental como si se tratara de una concesión extraordinaria, incluso si la reforma no pasara de ser un retoque ornamental. Al fin y al cabo, el relato oficialista tiene por fundamento la desmedida generosidad del chavismo y, naturalmente, la de sus herederos ante el egoísmo de los feroces opositores.

Preocupa, por otra parte, la interesada desmemoria colectiva que ha contribuido a afianzar el socialismo del siglo XXI con una eficacia extraordinaria. En ambas aceras políticas, a muchos les fastidia buscar y recordar - a modo de ilustración -  los antecedentes de la ley que nos ocupa; en su lugar, improvisan las más variadas posiciones y desorientan a la opinión pública, mientras juran que están haciendo política.

La pereza y la improvisación no explican por sí solas esa desmemoria, pues también cuentan las condiciones materiales que dificultan el acceso a las fuentes: la escasez de hemerotecas y bibliotecas públicas, su significativo deterioro allí donde todavía existen y las consecuencias de ese prolongado terremoto político e institucional. Para colmo, las llamadas superredes, que podrían contribuir a preservar y difundir documentos del pasado, se han convertido también en un vasto cementerio de información dispersa, difícil de localizar y susceptible de desaparecer; y, a ello,  se suma la frecuente distorsión informativa cuando se trata de reconstruir lo ocurrido.

De allí que la memoria colectiva no pueda reducirse a una evocación sentimental del pasado ni a una disputa de relatos entre adversarios. Requiere documentos, investigación, contraste de fuentes y voluntad de someter las propias convicciones a la prueba de los hechos.

De lo contrario, la desmemoria seguirá siendo un terreno fértil para que las viejas prácticas se presenten como novedades, los responsables de ayer se disfracen de rectificadores y la sociedad vuelva a discutir, sin antecedentes suficientes, problemas que ya ha padecido. ¡Qué vaina!

Ilustración: Do Ho Sout.

12/10/2026:

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/45050-de-la-odiada-memoria-colectiva

(*) Puede verse:

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/28715-luis-barragan

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/30895-de-la-tal-ley-contra-el-odio

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/31307-de-la-tal-ley-constitucional