William Anseume
Andan apuraditos en el
ministerio universitario, emocionados, buscando gestar una nueva Ley de
Universidades. Lo primero que debo decir al respecto es que, viniendo de donde
viene y en el momento actual, nada bueno puede traer una nueva ley. ¿Con este
interinato, continuación de los gobiernos rojos destructivos de la universidad?
¿Ahora, cuando nos aproximamos, con sobrada lentitud, a una transición iniciada
a trancas y barrancas? Es decir: ¿vamos a apoyar una ley favorable a quién o a
quiénes? ¿Al interinato?
Hace cinco años inició este
mismo cuento legal y me opuse rotundamente. ¿Son los mismos gestores u otros?
Son los mismos. El afán controlador de la ciudadanía pasa y pesa por y en las
universidades. ¿No nos hemos dado cuenta de que detestan el pensamiento libre y
crítico? ¿Dónde radica ese pensamiento? ¿Por qué odian la autonomía? Cualquier
autonomía la odian: la de los individuos y la de las instituciones. Son los
propiciadores del pensamiento único; el de ellos. ¿Dónde se va a aprobar el
proyecto de ley? ¿En esa Asamblea? Yo no voté por esa Asamblea; por lo tanto,
no me representa. No nos representa.
Pero no es solo eso el tema
político de fondo. ¿Para qué necesitamos una nueva ley si la que tenemos sirve
bien, como bien dijo antes el rector de la UCV? El argumento de que la ley es
vieja no se sustenta en la lógica. Más vieja es la Constitución de los Estados
Unidos, del siglo XVIII, y ahí sigue sirviendo. El pésimo argumento de que la
universidad debe actualizarse se lo pueden tragar con soda, si quieren. Las
universidades cuentan internamente con todos los mecanismos para su
actualización y, para ello, no requieren ninguna ley.
¿Cuál es el propósito de un
cambio allí, en este momento? Es el tema electoral nacional y el tema electoral
universitario; no seamos pendejos. Quienes detentan actualmente el poder
piensan en sobrevivir en él para siempre. No planteo solamente el problema
electoral universitario que tanto les preocupa —la derrota universitaria que
tienen marcada en la frente monstruosa—, sino el electoral nacional, insisto.
Saben que la universidad los mata políticamente. Pensamiento único y
pensamiento libre son chocantes por naturaleza. En la ULA ya lo advirtieron un
exrector y el rector Bonucci: no quieren elecciones sin una nueva ley; sin una
ley controladora, posesiva y destructiva del espíritu universitario.
La universidad lo que
requiere es un gobierno nacional plural. Esa es la ley: un gobierno que la
atienda, la respete y la respalde. No por casualidad la autonomía universitaria
se acentuó con la democracia, ni por casualidad se perdió casi completamente
con la dictadura. Caramelo de violador no es caramelo, es carnada. Lo que debe
reorientarse es la política pública universitaria. Eso de las becas
estudiantiles controladas por el Sistema Patria, centralizadas por el gobierno
y expropiadas a la universidad, ¿no nos da una idea?
Si se necesita una ley nueva
—no lo creo—, que venga con un gobierno libre y una Asamblea libre y plural. Si
finalmente imponen una ley a su medida, como acostumbran, espero que sea
derogada entre las primeras por esa indispensable nueva Asamblea: digna, libre
y plural. Como debe ser derogada la Ley contra el Odio, inventada no por otros,
sino por estos mismos. ¿O no?
Invito a todos los
universitarios del país a oponerse de frente a ese adefesio capturador de las
universidades que se está gestando desde el Ministerio de Educación
Universitaria, y a no participar, so pena de colaboracionismo destructivo, en
esa discusión. Aquí estoy de nuevo, contra la idea de controlar legalmente la
universidad por parte de los rojos, quienes no se cansan de destruirla. Vean la
USB.
24/10/2026:
Luis Emilio Torres-Núñez
La desconfianza es el
principal talón de Aquiles de esta consulta sobre una nueva Ley de
Universidades. Hay razones suficientes para actualizar la legislación y no
tengo ninguna dificultad en reconocerlo. Lo que merece discutirse es cómo se
pretende conducir esa transformación cuando el gobierno todavía rechaza
reconocer aspectos fundamentales de la crisis y su responsabilidad en ella. Las
comunidades universitarias necesitan saber qué cambiará en la relación con el
Estado, porque una convocatoria al diálogo no permite suponer que ahora serán
respetadas las obligaciones que durante años han reclamado. De allí la
importancia de conocer la posición de la ministra frente a las políticas que
han conducido al sistema a sus condiciones actuales y las decisiones que está
dispuesta a promover para modificarlas.
El pasado mes de marzo,
frente a los reclamos estudiantiles en la UCV, la ministra Ana María Sanjuán
negó la asfixia presupuestaria y afirmó que podía mostrar los presupuestos
universitarios desde 1999. Pues bien, sería muy sano para la comunidad universitaria
que los publicara, con sus modificaciones, transferencias y ejecución. Saber
que el gobierno asignó dinero no demuestra por sí solo que haya financiado
suficientemente a las universidades, ni explica qué ocurrió con los mecanismos
que debían distribuirlo entre sus funciones académicas. Para empezar esta
discusión, hace falta conocer los planes operativos de las instituciones,
comparar los recursos solicitados con los aprobados y efectivamente recibidos,
identificar sus destinos y examinar —sobre todo en una economía inflacionaria—
las fechas de las transferencias y qué pudo financiarse con esos recursos. El
sistema digital de ejecución presupuestaria anunciado por el Ministerio en
septiembre debería permitir ese examen. Responder al reclamo sobre el deterioro
con la afirmación de que sí hubo presupuesto desplaza el sentido de la
discusión y lo deja sin evaluar las consecuencias de la política económica
aplicada. A la ministra le corresponde informar cuáles de las políticas del
gobierno que representa contribuyeron al deterioro y cuáles propone modificar.
La información necesaria
para esta discusión también comprende las condiciones académicas del sistema.
El Ministerio continúa sin publicar de manera sistemática las estadísticas del
sector, aunque ha divulgado algunas cifras de ingreso estudiantil y otros datos
en sus balances. La comunidad académica que desea participar con seriedad
necesita consultar series estadísticas comparables sobre profesores,
estudiantes, investigación y posgrados, conocer sus metodologías y acceder a
los documentos que permitan contrastarlas. Esa información es indispensable
para elaborar un diagnóstico de la situación actual de las universidades y
fundamentar el análisis de los alcances y las limitaciones de la legislación
vigente, así como de los desafíos, las tendencias y los escenarios que debería
atender la nueva ley. La ministra debería precisar cuándo estarán disponibles
esas series y cómo podrán consultarse. Después de tantos reclamos, la
transparencia tendría que ser una condición efectiva de la consulta, en lugar
de permanecer como otra promesa.
La autonomía ofrece una
prueba igualmente concreta. El artículo 109 de la Constitución establece que
las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía conforme a
la ley; el artículo 10 de la Ley de Universidades ya reconocía una autonomía
ajustada a las condiciones de experimentación educativa. La ministra debería
explicar cómo se propone cumplir ese mandato y qué competencias de las
comunidades académicas se compromete a respetar el gobierno, porque la reforma
tendría que hacer efectiva esa garantía y no dar cobertura legal a las
intervenciones con las que el propio gobierno ha vulnerado la autonomía. La
experimentalidad fue concebida para ensayar nuevas orientaciones y estructuras
académicas, una finalidad que requiere capacidad institucional para decidir y
que difícilmente puede desarrollarse bajo la tutela permanente de un gobierno y
mucho menos de un partido político. Por cierto, en septiembre el propio Ministerio
insinuó que la reforma legal debía preceder a las renovaciones electorales de
universidades autónomas o experimentales. Esa posición exige identificar qué
disposiciones vigentes impiden avanzar en esos procesos y cuáles dificultades
provienen de decisiones gubernamentales que podrían revisarse desde ahora, con
procedimientos y plazos definidos. El problema alcanza al propio CNU, donde
también sería conveniente examinar la independencia de las autoridades que lo
integran frente al gobierno y su partido, particularmente de aquellas cuyo
nombramiento ha sido impuesto por el mismo gobierno, porque quienes participan
en ese organismo colegiado necesitan garantías para discutir y contradecir
razonadamente los planteamientos gubernamentales sin que la discrepancia
comprometa su permanencia en el cargo.
En materia financiera, el
tema es demasiado amplio para ser abordado en un solo artículo; sin embargo,
señalamos con precisión que la ley vigente tampoco está vacía de obligaciones.
Su artículo 13 establece una asignación global para las universidades
nacionales no inferior al 1,5 % del total de las rentas presupuestadas. Por eso
es importante —como ya se señaló— que la ministra publique los presupuestos,
sus modificaciones y su ejecución, para que la comunidad universitaria pueda
verificar el cumplimiento y la suficiencia económica de esa disposición y,
además, estudiar qué recursos recibieron las instituciones y qué necesidades
quedaron sin atender. Junto con esa rendición de cuentas, corresponde que la
ministra y su gobierno reconozcan la magnitud de la crisis universitaria y
asuman la responsabilidad económica mediante la presentación de un plan de
recuperación acordado con las universidades. Ese plan debe acompañar la
consulta porque permitiría a la comunidad universitaria evaluar si el gobierno
está dispuesto a corregir las prácticas que han debilitado la confianza en sus
compromisos. El gobierno difícilmente puede esperar que las comunidades
universitarias del país crean en las garantías financieras de una nueva ley
mientras se desconozca qué ocurrió con las existentes y con cuáles recursos se
propone atender las necesidades actuales.
Finalmente, la política de
desalarización exige una definición que no puede seguir diluyéndose en
declaraciones sobre aumentos de ingresos mediante bonificaciones que no se
incorporan al salario. La FAPUV, sus asociaciones y otros gremios de
trabajadores universitarios han denunciado las consecuencias de esa sustitución
sobre los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, incluso en
aquellas que el propio gobierno impuso para desplazar las Normas de
Homologación. El trabajador necesita dinero para vivir hoy y también que se
respeten los derechos derivados de sus años de servicio, sus vacaciones, sus
prestaciones y su jubilación. Nadie propone quitarle los bonos para dejarlo con
menos; lo que se exige es conocer cómo se recuperará el salario sin reducir su
ingreso inmediato. Presentar el aumento de las bonificaciones como recuperación
de la carrera académica deja fuera precisamente las condiciones laborales que
la han debilitado y que hacen cada vez más difícil dedicarse a ella. La
ministra debería explicar si el gobierno está dispuesto a revertir esta
política y presentar una propuesta sobre escalas salariales, dedicación,
formación, antigüedad, jubilaciones y mecanismos de ajuste que pueda negociarse
con las organizaciones gremiales y cuente con respaldo presupuestario.
Todo esto explica por qué la
propuesta de reformar la Ley de Universidades y la consulta convocada en estas
circunstancias pueden percibirse como una política de contención de la crisis
del sector por parte del gobierno, con un patrón que sigue este curso: se abre
una expectativa, se invita a participar y se desplazan hacia el futuro
respuestas que deberían comenzar a ejecutarse ahora. La ministra tiene una
manera concreta de aminorar esa sospecha: presentar rectificaciones financiadas
y permitir que su ejecución sea examinada públicamente, en lugar de volver a
solicitar paciencia con cada anuncio. La credibilidad del proceso no puede
descansar exclusivamente en la palabra de los representantes del gobierno que
defienden las políticas cuestionadas y desestiman los reclamos de quienes han
sufrido sus consecuencias. Yo espero que las universidades participen con toda
su capacidad crítica, sin excluir del debate las responsabilidades
gubernamentales. Los acuerdos que surjan necesitan garantías que permitan
exigir su cumplimiento tanto a las autoridades actuales como a las que habrán
de sucederlas, para que el funcionamiento universitario no vuelva a depender de
la disposición circunstancial de quienes ejercen el poder. No son las
comunidades universitarias las que deben justificar su desconfianza una vez
más; es el gobierno el que tiene que ofrecer motivos verificables para comenzar
a superarla.
Ilustraciones: IA/lb.
24/10/2026:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario