Mediante un acuerdo parlamentario presentado por el G4, la Delegada creó el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero. Los partidos minoritarios de la AN2015 salvaron el voto y acusaron el acuerdo de inconstitucional. De las cuatro observaciones presentadas por la Procuraduría Especial, solo se acogieron dos.
Maru Morales P.
Caracas. Con el voto salvado de los partidos minoritarios y pese a las objeciones de la Procuraduría Especial, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 aprobó un acuerdo que crea el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero.
Aunque el acuerdo no lo dice expresamente, por sus atribuciones parece que este Consejo viene a sustituir y ampliar las funciones que cumplía desde 2019 el Comisionado Presidencial para la Protección de Activos.
A finales del año pasado, Primero Justicia propuso crear un fideicomiso gerenciado por organismos internacionales que administrara los activos en el exterior hasta que volviera la democracia; sin embargo, este Consejo está muy lejos de esa propuesta. Veamos.
Como un ornitorrinco
Según el acuerdo aprobado en la sesión virtual de este martes por la Delegada, el Consejo estará adscrito a la Presidencia Encargada e integrado por tres miembros con una duración en el cargo de dos años –lo cual deja entrever que el gobierno encargado no prevé culminar sus funciones en el corto ni mediano plazo.
Para escoger a los integrantes del Consejo, la Comisión Delegada contratará una empresa cazatalentos (aunque no tiene competencias para hacer contrataciones), que presentará a Juan Guaidó una terna de nombres y éste someterá el listado a la votación de la Delegada, que decidirá por el voto de dos tercios de sus integrantes.
El Consejo tendrá entre sus funciones:
- Supervisar y orientar a las juntas directivas ad hoc, proponer cambios en su composición y estatutos, acceder a toda la información financiera y operativa y “promover medidas estratégicas para la conducción de los negocios”.
- Diseñar estrategias legales para la protección y recuperación de activos en el extranjero y trabajar en esa materia con la Procuraduría Especial.
- Velar por la recuperación y protección de activos y la transparencia en el manejo de los mismos.
Las tareas inmediatas
Además, apenas instalado este Consejo, se le ordena cumplir con las siguientes tareas:
- Solicitar auditorías externas y supervisar las auditorías en marcha en las empresas recuperadas.
- Realizar una revisión exhaustiva de las juntas ad hoc y las juntas directivas de las empresas recuperadas y activos en el extranjero.
- Llevar a cabo la reestructuración de las juntas ad hoc para lo cual “serán ratificados o nombrados nuevos miembros en un plazo de 90 días”.
- A través de una empresa de cazatalentos que será contratada por la Comisión Delegada, el Consejo tendrá 60 días para presentarle a los diputados la lista de candidatos que cumplan el perfil para integrar las juntas ad hoc que corresponda. La Delegada decidirá sobre estos nombramientos.
El acuerdo aprobado este martes aclara que se ordena iniciar la “revisión y actualización de todas las juntas administradoras ad hoc y juntas directivas de las empresas del Estado y sus filiales”, excepto la del BCV ad hoc.
Asimismo, se ordena iniciar un proceso de evaluación de los activos en el extranjero recuperados y crear una comisión especial de seguimiento al cumplimiento del acuerdo (cuyos miembros no han sido informados).
Los votos salvados
La diputada Delsa Solórzano salvó el voto en nombre de su partido, Encuentro Ciudadano, y de Proyecto Venezuela. Foto cortesía
En una práctica parlamentaria muy inusual, la presidencia dio la palabra a los diputados que iban a salvar su voto o votar en contra, antes de que se diera lectura al acuerdo e incluso se produjera el debate. Tradicionalmente este derecho se ejerce al final de la votación. Pero hoy no fue así, sino que se les dio la palabra de primeros.
Los diputados de La Causa R, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y los que integran la Fracción 16-J (ABP, Vente Venezuela, Cuentas Claras, entre otros), decidieron salvar su voto por considerar que el acuerdo viola aspectos de la Constitución y del Estatuto que rige la Transición.
Por La Causa R, José Prat dijo que no conocían el acuerdo con antelación y que adicionalmente encuentran contradicciones y “asuntos que podrían estar reñidos con la Constitución y el Estatuto”, razones por las cuales salvaron el voto.
Edwin Luzardo, en nombre de la Fracción 16-J, dijo que el acuerdo es inconstitucional porque “deja en duda la institucionalidad y la lucha contra la corrupción”; la Fracción 16-J salvó el voto y se retiró de la sesión virtual en protesta.
La diputada Delsa Solórzano, que habló en nombre de Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela, dijo que conocieron el documento sin ninguna antelación, que es inconstitucional y además que “disfraza una intención que no es la reestructuración de Monómeros, sino crear un organismo supra juntas ad hoc, para intervenirlas todas, un organismo político partidista”. Por tal motivo expresó el voto negativo de esas dos toldas.
La frustración de Guaidó
En este punto, llamó la atención que el presidente de la AN2015, Juan Guaidó, en su calidad de director del debate, dijo para el registro que el acuerdo no era presentado por ningún diputado ni partido: “Un acuerdo que no tiene ponente. Simplemente se deja para que el Secretario le dé lectura”.
Crónica.Uno solicitó a Prensa de la AN2015 informar de manera oficial quiénes eran los proponentes pero no hubo respuesta. Dos diputados consultados aparte, confirmaron que fue presentado por las fracciones de AD, UNT, PJ y VP, es decir, el G4.
Luego de aprobado, en un tono de evidente frustración y descontento, Guaidó dijo que era un acuerdo “insuficiente” producto de una negociación política: “Una cosa es el control parlamentario y otra el sobrecontrol parlamentario, al cual ha sido sujeto el gobierno encargado. Es un acuerdo genérico que no va al corazón de la situación”.
Recalcó que desde octubre de 2021 ha pedido la reestructuración de la Monómeros y que ello no ha sido posible por la negativa de la Comisión Delegada a apoyar su decreto de reestructuración y por la negligencia de la junta ad hoc de Pequiven.
Sin embargo, Juan Guaidó admitió que en el caso de Monómeros y Pequiven ad hoc, y la licencia que está por vencerse, “lo urgente es subsanar, luego del informe de la OFAC (que pidió la reestructuración de las directivas), para la solicitud de renovación de la licencia”.
Luego de aprobado el acuerdo, Guaidó solicitó a la comisión de Contraloría que investigue la presunta contratación de una empresa de lobby internacional propiedad del diplomático estadounidense Otto Reich, por parte de Monómeros, tal como lo había mencionado este portal la semana pasada.
La votación
Algunos diputados, como Gilber Caro, no son integrantes de la Comisión Delegada; aunque votó, su voto no cuenta. Foto captura de pantalla.
Aunque en la sesión estaban conectados más de 70 diputados entre principales y suplentes, solo los 18 integrantes de la Comisión Delegada (15 presidentes de las comisiones permanentes y los tres integrantes de la junta directiva) tenían derecho a voto.
Al momento de la votación alzaron su mano 18 parlamentarios, pero de esos, Crónica.Uno pudo captar que solo 9 eran integrantes de la Delegada con derecho a voto (porque eran presidentes de comisiones o vicepresidentes en ausencia del presidente).
Ninguno de los tres integrantes de la directiva de la AN2015 votó: Guaidó y el segundo vicepresidente Carlos Berrizbeitia estaban en desacuerdo con el documento. Mientras el primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa (PJ), no estaba conectado al momento de la votación.
Procuraduría rechaza que metan a todos en el mismo saco
La Procuraduría advirtió que de todas las juntas ad hoc con que cuenta el gobierno encargado, solo una, la de Pequiven, ha sido cuestionada en su accionar. Foto captura de pantalla reunión de la Comisión de Contraloría, vía Zoom
Primero, la Procuraduría Especial recomendaba que no se declarara la reorganización de todas las juntas ad hoc tomando en cuenta que de todas las existentes, solo una tiene “irregularidades graves de diferente naturaleza”.
En su comunicación número PER-P-414, el Procurador Especial Enrique Sánchez Falcón advierte a la AN2015 que solo a Monómeros y a Pequiven ad hoc se le “imputan actuaciones indebidas desde distintos ángulos”, por parte de distintos organismos (Supersociedades, la Comisión Permanente de Contraloría, la Procuraduría Especial y la OFAC), no así al resto de las juntas ad hoc.
En tal sentido advierte que medida generalizada contra todas las juntas ad hoc somete al “escarnio internacional” a entes dependientes del gobierno encargado y los pone al “mismo nivel de ineficacia y corrupción” que los administrados por Maduro.
En segundo lugar, la Procuraduría presentó una serie de objeciones de forma y fondo respecto al Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero. Al respecto dice:
- La decisión va en contra del conjunto normativo contenido en el Estatuto que rige la Transición, irrespetando el principio de jerarquía de las normas;
- “Interfiere indebida e innecesariamente” en los procesos administrativos de entes que funcionan correctamente;
- “Excluye a las Juntas Administradoras ad hoc y al Presidente Encargado” de esos procesos administrativos;
- “Crea duplicidades e incluso conflictos entre autoridades, sea que concurran dos o más de ellas a un mismo asunto, sea que no se ocupe ninguna de este”;
- Y “sobre todo genera ineficacia y desmotivación en todos los niveles del aparato público interino”.
Por otro lado, la Delegada sí habría atendido las otras dos recomendaciones de la Procuraduría. En ese sentido se ajustó el texto final para evitar que los acreedores internacionales invocaran la figura del alter ego en sus demandas contra las empresas del Estado; y se dejó explícitamente por fuera de este acuerdo a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela.
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