De sus 74 años ha dedicado más de 40 a la Universidad Central de Venezuela. De ganar, el profesor activo de la Escuela de Antropología, de la que fue director, espera poner en marcha un plan estricto para renovar el régimen académico
Erika Hernández
Para Víctor Rago Albujas la autonomía universitaria es mucho más que solo un principio. Constituye una garantía para la libertad de pensamiento dentro de las instituciones de educación superior. El antropólogo y doctor en Lingüística por la Sorbonne-Paris IV es candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un espacio desde el que espera hacer todo lo posible para que la enseñanza en esta casa de estudios pueda ofrecerse sin interferencias externas que impidan su libre desarrollo.Aunque reconoce que la autonomía de la UCV está en riesgo, Rago considera necesario establecer un diálogo con el gobierno nacional para solucionar la crisis presupuestaria de la institución. «Hay que hacerle ver que restringir los recursos no solo perjudica a la institución, a la larga también perjudica al país. Las universidades son instituciones al servicio del país, no del gobierno», dice.
De convertirse en rector en las próximas elecciones universitarias del 26 de mayo, el profesor activo de la Esuela de Antropología, de la que fue director, espera poner en marcha un plan estricto para renovar el régimen académico de la UCV, con el objetivo de lograr que la institución tenga la capacidad de contribuir con el desarrollo del país y de insertarse en el mundo contemporáneo para hacerle frente a los desafíos que la escala mundial le plantea.
De sus 74 años de edad ha dedicado más de 40 a la UCV. Rago fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UCV) y presidente del órgano evaluador de la Convención del Patrimonio Cultural Intangible (Unesco).
—¿Qué le llevó a postularse como rector de la UCV? ¿Cuál fue su motivación?
—Me motivó el hecho de que los universitarios estamos en la obligación de contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para la recuperación de nuestra institución académica.
—Desde hace más de una década no se realizaban comicios dentro de la universidad debido a un conflicto jurídico. ¿Qué espera de estas elecciones en la UCV?
—Estamos seguros de que el solo cambio de autoridades no va a resolver los problemas de la institución. Pero abre una posibilidad interesante para que los grandes inconvenientes de la agenda universitaria puedan debatirse y así alcanzar algunos consensos que lleven a la solución de los mismos. Por otra parte, hay problemas, por ejemplo, que se derivan como consecuencia de las políticas restrictivas del gobierno en materia presupuestaria, que no tienen una solución al alcance de la voluntad y el deseo de la comunidad universitaria. Sin embargo, al haber nuevas autoridades universitarias se genera cierto grado de apertura para que se planteen soluciones al gobierno nacional por medio de un diálogo que puede permitir concretar acuerdos importantes para la universidad.
—La universidad sufrió durante años el deterioro de sus instalaciones debido a la falta de presupuesto por parte del Estado. Ahora, el gobierno ha implementado un plan para su recuperación. ¿Qué percibe?
—El gobierno está en la obligación, a raíz de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el año 2000, de contribuir con todo aquello que sea necesario para que dicha declaratoria se mantenga. Con eso el Estado no ha cumplido debidamente al negarle a la universidad un presupuesto que le permita mantener sus instalaciones de forma adecuada. Ahora el gobierno pretende convencer a la opinión universitaria y nacional, a través una campaña propagandística, que es un benefactor generoso de la universidad que está haciendo el trabajo que las autoridades universitarias no cumplieron. Esto no es cierto. Aunque a la gestión saliente se le puede atribuir cierta ineficiencia, no son los responsables principales del deterioro en que se encontraba el campus físico de la UCV.
Entonces, el gobierno simplemente está cumpliendo con su obligación. Por otra parte, sigue sin asignar los recursos necesarios a la universidad. Esto refleja una especie de perversidad y eso hay que denunciarlo. La comunidad universitaria, que en estos momentos por razones comprensibles se encuentra satisfecha y contenta de que haya un proceso de recuperación física de la institución, debe entender que lo que el gobierno está haciendo no es más que cumplir con su obligación, aunque debió colocar todos esos recursos en el presupuesto universitario para que la propia institución realizara reparaciones correspondientes.
—¿Qué opina de la presencia del gobierno en el campus universitario?
—Hay una situación confusa porque podría decirse que la autonomía está puesta en tensión. Algunos episodios, particularmente, podrían considerarse violaciones a la autonomía universitaria. Por ejemplo, la circulación de miembros de organismos de seguridad del Estado por los recintos de la universidad, no siempre identificados.
No habría ningún problema con que el gobierno estuviera colaborando con la universidad para la recuperación física de sus espacios si ese proceso fuese el resultado de un acuerdo explícito con las autoridades y con los órganos técnicos, como el consejo de preservación y desarrollo. Pero a veces da la impresión de que estas obras se están realizando bajo un plan que no es del conocimiento de la comunidad universitaria y tampoco de las autoridades.
Pareciera que se persigue el objetivo de asegurar una presencia permanente del gobierno en la universidad, al menos en lo que se refiere a la preservación de la planta física. Si eso fuese así, hay que ver cómo se enfrenta la situación, pues representaría un escenario inédito para la institución y va a requerir de parte de los miembros de la comunidad y las autoridades una respuesta clara y firme.
—Mencionaba que hay presencia de órganos de seguridad del Estado en las instalaciones, a veces no identificados, ¿cree que es una especie de vigilancia o una forma de presión hacia la comunidad universitaria?
—No es fácil saber cuál es el propósito que finalmente se quiere conseguir con esto. Como la universidad se vio forzada a abrir las puertas para que se produjera esa presencia masiva de compañías que el gobierno ha contratado para que realicen trabajos en diferentes puntos de la ciudad universitaria, también entraron con ellos los cuerpos del orden público. Esto ha producido una situación un poco confusa y rara dentro de la universidad.
Es eso lo que necesita ser puesto en claro por las autoridades. Hay que exigirle al gobierno una explicación sobre lo que significa esa presencia inhabitual de estos funcionarios que, cabe destacar, no han contribuido en lo más mínimo a garantizar la seguridad dentro del campus universitario. Este año se han producido algunos delitos, incluso algunas agresiones de tipo sexual contra estudiantes, de manera que no parecen estar allí para brindar seguridad a la comunidad universitaria.
Es una situación que debe aclararse. Las autoridades universitarias deben exigir al gobierno que aclare cuáles son las intenciones que tienen con la presencia de estos funcionarios, para poder informar adecuadamente a la comunidad universitaria.
—¿Defenderá la autonomía universitaria de ganar las elecciones en la UCV?
—La autonomía universitaria hay que defenderla contra todo pronóstico. No debe haber ninguna vacilación en cuanto a la defensa del principio autónomo de la universidad, que es vital. La autonomía universitaria es un principio, una garantía para la libertad de pensamiento, es eso que llaman la libertad de cátedra para que la enseñanza pueda producirse sin interferencias externas que impidan su libre desarrollo.
Sin embargo, ya la autonomía universitaria se encuentra parcialmente intervenida. Por ejemplo, en el plano administrativo y financiero la universidad tiene limitaciones para su desenvolvimiento conforme a su propio criterio. Las nóminas de la universidad son pagadas a través de la plataforma Patria. La universidad, a través del vicerrector administrativo, no hace sino algunas operaciones que proporcionan alguna información para que los salarios puedan ser cancelados quincenalmente. Eso constituye una violación a la autonomía financiera de la universidad. De modo que quien sea que llegue a las posiciones de más alta dirección institucional debe tener en mente que la defensa de la autonomía es una necesidad impostergable y hay que reclamar con toda firmeza y energía.
—De ganar, ¿cómo enfrentaría la creciente delincuencia dentro de la universidad?
—Es un problema complejo. No es nuevo en la universidad, y no es de fácil solución. El campus universitario constituye una especie de recinto relativamente diferenciado en el seno del espacio urbano de la ciudad, por lo que el incremento de la delincuencia en el exterior de la institución ha encontrado por momentos refugio en el interior de la universidad. Por ejemplo, los delincuentes entran a la universidad confundidos con la gente y era difícil diferenciarlos porque no hay ninguna restricción para que la ciudadanía ingrese. Una situación compleja que es de difícil solución para la propia institución, porque los vigilantes no se encuentran armados. Tampoco se trata de resolver el problema armando al cuerpo de vigilantes.
La seguridad dentro de la universidad va a mejorar cuando la seguridad en los alrededores mejore. Para que la universidad sea un sitio seguro, la ciudad y sus alrededores deben ser sitios seguros.
Hay que ver cómo se alcanzan acuerdos con las fuerzas del orden público para que el entorno inmediato del campus universitario sea seguro. De forma que los delincuentes que cometen delitos fuera de la universidad no encuentren refugio en el campus.
—¿Tiene planes para mejorar y actualizar la educación universitaria?
—La educación universitaria forma parte del conjunto de la educación en general, y ya sabemos que todos los segmentos del sistema educativo atraviesan una crisis. De manera que proponerse alcanzar mejoras razonables y factibles debe hacerse de forma consciente con la magnitud de la crisis educativa. Sin embargo, algunas iniciativas probablemente estén al alcance de las universidades, especialmente las autónomas. Las autoridades deben crear planes para nivelar a los estudiantes que vienen de bachillerato y desean ingresar a la educación superior, porque vienen pésimamente preparados.
En lo que respecta a la propia educación universitaria, nuestro propósito es realizar una revisión completa del régimen académico de la UCV para examinar el sentido que tienen cada una de las carreras que se ofrecen y para introducir cambios que ayuden a mejorar las oportunidades de formación profesional. Por ejemplo, se tiene que estudiar la posibilidad de salidas tempranas, anteriores a los 10 semestres o 5 años que duran algunas carreras para que los jóvenes puedan entrar en el mercado de trabajo antes de obtener el título de licenciatura. Asimismo, implementar procedimientos de acreditación de la experiencia que puedan traducirse en ventajas para los estudiantes de las carreras, y tratar de actualizar los planes de estudio para que respondan a las necesidades del mundo contemporáneo.
Todo esto tendrá que formar parte de un plan estricto para renovar el régimen académico, así como también a lo que a la carrera académica se refiere, es decir, a la carrera que los profesores de la universidad deben hacer en la institución. Esa carrera, que ha dejado de ser atractiva porque los sueldos que se perciben en la universidad no son suficientes para vivir, ha llevado a una deserción de profesores importantes.
Es difícil imaginar que la universidad se va a convertir en un polo de atracción para la gente que quiere hacer carrera académica si los sueldos son insuficientes. Estos son problemas vinculados a la deficiencia presupuestaria, pero también ponen de manifiesto la conveniencia de que la universidad desarrolle unas capacidades propias, de que se dote de instrumentos institucionales que le permitan producir ingresos propios y acudir a la dura competencia internacional que hay por los fondos con los que se financian proyectos en la educación superior. Esas capacidades, esas pericias institucionales, la universidad no las ha cultivado en el pasado por su dependencia del presupuesto de origen fiscal. Ahora que el gobierno restringe esos recursos como una manera de presionar a las instituciones, la universidad tendrá que desarrollar esas destrezas y habilidades para convertirse en una institución productiva. Siempre dejando claro que no es posible que la universidad alcance la autosuficiencia presupuestaria o económica. Por otra parte, el gobierno está en la obligación de proporcionar ese financiamiento y no lo vamos a exonerar de su deber. Pero sí, la universidad debe ser más productiva, y eso va a depender de las alianzas que se puedan hacer con sectores productivos públicos y privados.
—¿Sería esta una forma para enfrentar el éxodo de profesores, justamente por el contexto de bajos salarios?
—Esto solo sería una medida parcial. Que la UCV produzca algunos recursos no implica que vayan a tener impacto en los sistemas remunerativos de la institución. Sin embargo, puede que lo tenga en alguna medida. Por ejemplo, si se crea una iniciativa de producción de ingresos propios en alianza con algún sector público o privado para que la universidad dicte cursos de formación especializados en empresas o coloque en manos de algunos sectores productos o tecnología que le ayude al funcionamiento de esas compañía, es razonable pensar que el equipo académico detrás de ese proyecto reciba una remuneración adicional con los recursos que se obtengan. Sin embargo, es difícil pensar que eso como funcionamiento general de la universidad pueda establecerse. Es posible que ocurra en algunos espacios de formación específicos, pero es difícil pensar que la universidad, en su conjunto, pueda generar los suficientes ingresos para tener impacto en la remuneración de los profesores y otros trabajadores.
El presupuesto fiscal del Estado es una necesidad y hay que procurar que el gobierno entienda la importancia de darle recursos a las universidades. Hay que hacerle ver que restringir los recursos, no solo perjudica a la institución, a la larga también perjudica al país. Las universidades son instituciones al servicio del país, no del gobierno. Tanto las universidades como el gobierno comparten un interés fundamental que es trabajar para la sociedad venezolana. De modo que si el gobierno le dificulta el funcionamiento a las universidades, lo que está haciendo es impidiendo que lleven a cabo su función principal para con el país. Ojalá el gobierno entendiera esto y pudiesen alcanzarse con las universidades acuerdos concretos, respetuosos, de beneficios recíprocos para fortalecer la situación de la sociedad venezolana en general.
—¿Cuál cree que es el papel que juega una universidad tan importante en la sociedad venezolana como la UCV en la política del país?
—La UCV es una institución académica y no política. La política como actividad humana tiene cabida en la universidad y puede repercutir en la vida interna de la institución, pero la universidad no es un instrumento directo de la lucha política nacional. Nadie puede, ni siquiera las máximas autoridades, arrastrar a la universidad en su conjunto en dirección del campo en el que se juegan los intereses políticos del país.
La participación de la universidad en la vida política es menos directa de lo que algunos han supuesto. Hay que hacer una distinción entre la actividad política como tal y algunos valores sobre los cuales reposa la existencia de la institución académica. Por ejemplo, uno de esos valores es la democracia, los principios en los que se basa el comportamiento democrático de los ciudadanos, eso es un valor fundamental para la universidad, que además, practica una forma particular de democracia en su propio seno.
Si el gobierno nacional o cualquier otra parcialidad externa a la universidad pretendiera aleccionar los principios democráticos de la nación, la universidad puede hacer sentir su voz en defensa de los valores democráticos, pero eso es muy diferente a que se convierta en el instrumento de algunos intereses políticos particulares. Eso no es posible.
Incluso, el liderazgo de la institución, es decir el rector de la universidad, no es un político, es un académico. Porque la universidad es una institución concebida para crear conocimientos, para la creación intelectual. No se puede dirigir una institución como la UCV si las autoridades no asumen un liderazgo netamente académico. Aunque la máxima autoridad está en contacto con el medio político, esto no le convierte en político propiamente.
Esto también tiene que ver con el diálogo necesario que se tiene que establecer con el gobierno. Este proceso debe darse entre un interlocutor político por definición, que es el gobierno, y un interlocutor académico, que es la universidad. No es un diálogo entre dos actores políticos, pero esto es lo que va a permitir mejorar las relaciones que hasta ahora son casi escasas.
—¿Cómo es la universidad que aspira ver en algunos años?
—En primer lugar una institución que esté en la capacidad de contribuir con el desarrollo del país, con la solución de problemas para todos los sectores de la sociedad, tanto públicos como privados. Por otra parte, una institución arraigada en el seno de la nación, una institución sentida como propia por la sociedad. Una institución que se sienta legítima.
Una UCV que tenga la capacidad de insertarse en el mundo contemporáneo para hacerle frente a los desafíos que la escala mundial le plantea. No una universidad que se adapte pasiva y sumisa a las presiones del exterior, sino que tenga presencia activa en el debate público mundial. Una buena parte de los problemas que la universidad tiene que enfrentar son aquellos que afectan a la humanidad en su conjunto: desigualdad, equidad, género, ambientales, democracia, convivencia pacífica. Todos esos son problemas generales constituyen una problemática mundial, por lo que la universidad debe estar en capacidad de formar gente que pueda hacer frente a estos inconvenientes y para participar de forma real y orientar procesos. A la universidad no solo le basta con conocer al mundo cómo se va construyendo, sino que también debe poder decir qué está bien y qué no está bien. Ser una institución crítica, pero con espíritu constructivo.
Fotografía: Ezequiel Carías.
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