En medio de la prolongada
crisis institucional del país y aún de las más imprevistas dificultades como la
reciente tragedia sísmica, circula - pertinente y necesaria - una obra que
también nos trae de vuelta a las otras realidades imposibles de postergar: “El
territorio, la frontera y los mapas en el derecho internacional. El caso Guyana
c. Venezuela” de Héctor Faúndez Ledesma (Academia de Ciencias Políticas y
Sociales / Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2026). Indudable, es un
valioso testimonio de la constancia y de la responsabilidad ciudadanas asumidas
sin ambages y tan requeridas en la hora actual.
Integrante de la Academia
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales que constituye igualmente una
expresión del Estado, puede decirse que el autor manifiesta una capacidad
civilizatoria, aquella que debe proporcionarle sentido y orientación, aunque
esté contraproducentemente menoscabada por el poder político trastocado en
despótico que terminó erosionando severamente el poder infraestructural. Vale
decir, la corporación académica despliega asimismo funciones simbólicas,
pedagógicas, investigativas y deliberantes convincentemente especializadas y
plurales, que en esta centuria se han visto minimizadas presupuestariamente por
el gobierno central que la teme al tiempo que la desprecia.
En otras épocas, las
corporaciones académicas recibían mayor atención de los órganos del Poder
Público, así contradijeran las directrices y políticas emanadas del Ejecutivo
Nacional. Y, en el caso de la controversia con Guyana, aquellas celebraban
sendas jornadas en las que los partidarios y adversarios del Acuerdo de Ginebra
intentaban zanjar sus diferencias con una segura proyección en las aulas y en
toda la opinión pública, desde los años sesenta del pasado siglo. Huelga
comentar la situación actual, siendo muy justo el reconocimiento a la terca
preocupación y ocupación de profesores como Faúndez Ledesma que no exageramos
en calificarlos de hombres de Estado en medio de la desolación.
Su obra es sucesora legítima
de las generaciones que le dieron sustento, profundidad y precisión a los
alegatos del Estado venezolano frente al vecino oriental. A pesar de las
vicisitudes, con voz autorizada, perfeccionando y actualizando esos alegatos, las
generaciones posteriores persisten en sus planteamientos con el riesgo que
supone cuestionar las posturas oficiales, oficialistas y oficiosas en la
materia, todavía por un tiempo más.
El académico mira con
acierto hacia la Corte Internacional de Justicia como el espacio estratégico
para abordar en términos exclusivamente jurídicos el caso esequibano y, en
consecuencia, su actitud es, en sí misma, arraigadamente republicana. El
interés nacional se defiende mediante razones, pruebas y procedimientos
eficaces, en lugar de las explosiones emocionales, las consignas de ocasión o
las evasiones varias veces repetidas: la fortaleza de la posición venezolana
depende de la consistencia de sus argumentos jurídicos y documentales.
El mérito de la obra
trasciende el examen jurídico del diferendo territorial, siendo – ante todo –
la evidencia de un compromiso sostenido con los principios y valores
republicanos, con una tradición académica que se niega a abdicar de sus responsabilidades,
en horas tan aciagas. Debilitado el Estado en muchas de sus capacidades, la
perseverancia es ejemplo y legado de una vocación civilizatoria todavía
indispensable.
28/07/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/07/una-causa-de-estado/
https://www.elnacional.com/columnas/2026/07/una-causa-de-estado/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario