Luis Barragán
Es en este siglo cuando el Capitolio Federal y los
espacios aledaños han sido vedados a la ciudadanía. Antes, hubo esmero en
programar la visita de todo interesado al interior de lo que hoy se conoce como
el Palacio Legislativo, especialmente los escolares, y en garantizar el
tránsito vehicular y después peatonal por sus alrededores.
El derecho de acceder a la casa guzmancista y de
merodearla para cualquier conversación ocasional, entrevistarse con los
parlamentarios y el personal administrativo, o hacer toda diligencia de
interés, permitía incluso llevar la
protesta hasta las propias rejas del siglo XIX que en ocasiones trataron de derribar.
Vale decir que, de un modo u otro, se parlamentaba en el sitio que muy bien
cubría la prensa libre.
En efecto, sobran los viejos testimonios de la prensa,
ni siquiera en la época de las guerrillas se impidió que la gente visitara o se
aproximara a un lugar que se hizo tan cotidiano al punto de bulevarizarse para
que todo aquel que lo deseara, circulara libre y despreocupadamente aun cuando
el centro histórico de la ciudad tenía el congestionamiento natural al servir
de escenario principal de la Corte Suprema de Justicia y de todos los
tribunales de la ciudad, así como de los ministerios, por no mencionar a las
empresas privadas. No obstante, a partir de 2005 el Capitolio fue tragándose
paulatinamente sus esquinas, avenidas y calles, a través de un enrejado
insólito que acabó con el libre paso entre las esquinas de Monjas a San
Francisco, por más que ahí esté la cámara municipal de Libertador; de Monjas a
Padre Sierra, cuya anchura alguna vez prometió un hermoso paseo para entrar al
Salón Elíptico; ahora, de Capitolio a Padre Sierra, obstaculizando una arteria
alterna a la avenida Baralt y, por supuesto, respecto a la avenida Universidad,
tiene un canal privativo y ocioso.
Historiadores y cronistas coinciden en caracterizar
las décadas de los sesenta y setenta de la centuria anterior como de una
desembozada violencia que no llevaron a amurallar las edificaciones de los
diferentes órganos del Poder Público y despachos administrativos, como ha
ocurrido por toda esta época. Incluso, obras de un estilo brutalista pierden
toda vistosidad con rejas que desmienten a sus arquitectos, como ocurre con las
sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Teatro Teresa Carreño, a pesar de
estar bajo la custodia permanente de la Guardia Nacional.
Durante diez años asistimos a las sesiones
parlamentarias y comisiones de trabajo,
apreciando la literal captura de esos espacios perimetrales de un
oficialismo amurallador. Faltando poco, militarizado el parlamento en la casa que
ha de ser de la civilidad, añadidos los servicios policiales ordinarios, por
siempre nos expusimos a los consabidos colectivos armados con sendas patentes
de corso.
Valga aclarar que, en la avenida Universidad y calles
adyacentes, incluyendo la riesgosa sede administrativa de Pajaritos para todo
diputado opositor, eran de antemano insuficientes para las multitudes que
protestaban al gobierno. Por ello, tuvieron por natural domicilio las
autopistas de entradas bien retiradas del parlamento.
Ya es tiempo que las fuerzas de seguridad despejen y liberen los espacios físicos de la corporación legislativa, igualmente ocupados para estacionar los vehículos oficiales, devolviéndolos a la ciudadanía para el ejercicio del derecho constitucional al libre tránsito. Por supuesto que entendemos la necesidad de un mínimo de seguridad, pero fueron peores las circunstancias que vivió muy antes el centro histórico de Caracas, garantizado el orden público por la vía ordinaria, prudente y convincente.
Ilustración y breve nota LB: Propuesta de ChatGPT
no solicitada. Sin embargo, la acogemos a pesar de la curiosa interpretación
que tiene del texto del paisaje de una plaza que creemos sea la Bolívar y sus
paseadores con una versión del patio del Capitolio Federal. Toda una
exageración sobre la liberación de los espacios físicos que significa la
pérdida de la sede e institucionalidad del parlamento.
23/08/26:
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