Jonatan Alzuru Aponte
¿Elecciones para qué? Esta
pregunta me la hice con un dolor en el alma. Imagino la escena: una multitud
frente a mi escritorio me grita al unísono que la respuesta es obvia, que se
trata de derrotar a la autocracia, de restituir la democracia. La masa se impacienta,
me interpela con agresión y me acusa de infiltrado por el solo hecho de
preguntar.
La escena no es ficticia; es
el mapa exacto de las redes sociales. Ese no es un espacio de diálogo, sino de
reafirmación de lo que piensa y del linchamiento de la discrepancia: la soledad
disfrazada de multitud. Una interacción cacofónica, incapaz de concierto, donde
se invalida la pluralidad. Rechazo ese no-lugar por una razón estética y
política: entiendo la comunidad como un concierto de voces, una trama heterogénea
de historias e intereses diversos y opuestos que se encuentran para responder
cómo convivir, concibiendo el país como una obra de arte colectiva en
permanente gestación.
No escribo desde la
distancia de un espectador ajeno: escribo para comprender la comunidad que me
constituye. Mi cuerpo no es independiente de la tierra donde nací; el azar me
arrojó a ella, pero con conciencia la elijo y, aun marcando mi diferencia, me
habita. Comprender mi sociedad es comprender mi propia existencia. Por eso la pregunta
no es una provocación vacía, nos va la vida en ella: ¿Qué deseamos realmente
cuando pedimos elecciones?
Deseamos la aplicación de
una regla de juego, un procedimiento para dirimir quién ejercerá el poder
público. Sin embargo, suponer que la mera mecánica electoral generará, por sí
sola, una transformación sociocultural es puro pensamiento mágico. La elección
es una herramienta, no una virtud moral. No se es demócrata por acudir a las
urnas; se acude a las urnas y se acata el resultado porque previamente se ha
asumido una forma de ser y estar en el mundo centrada en la celebración de la
diferencia y en el debate riguroso de las ideas para construir un horizonte de
sentido colectivo, asumiendo las discrepancias, los disensos y los consensos.
El voto no transforma la
realidad; lo que transforma a una sociedad es el cambio en sus prácticas
políticas y en la acción de sus ciudadanos. Quien deposita toda su fe en el
acto comicial muestra una credulidad ciega que supera incluso a la fe
religiosa. En el cónclave papal, antes de la votación, los cardenales deliberan
de manera racional, jerarquizan las necesidades de la institución y fijan los
compromisos que el electo deberá asumir. No delegan el destino de la comunidad
a la divinidad, ni a la voluntad individual de los electores... ni de quien
será electo. Se hacen corresponsables del destino de la institución: aun desde
la fe, se trata de una acción de razón y de Gracia.
En la Venezuela actual, la
transformación exige comprender que el procedimiento electoral es estéril sin
una deliberación previa. La reconstrucción del país no deriva del triunfo de un
nombre, sino del acuerdo de la nación; un pacto republicano gestado en espacios
reales de discusión pública, cuyo cumplimiento sea el marco vinculante para quien
resulte electo. Lo que afirmamos para el futuro electoral aplica con mucha más
razón para el proceso de transición.
Entender que la
transformación exige deliberación implica abordar los verdaderos nudos
gordianos del país, comenzando por la reestructuración de la institución
militar.
Este no es un asunto técnico
para especialistas o conciliábulos de antiguos generales. La Fuerza Armada
padece una deformación estructural: a la hipertrofia de una alta oficialidad
desproporcionada se suma, junto al monopolio de la violencia, un vasto poder
económico que administra mediante decretos hidrocarburos, minería, finanzas,
alimentos y medios. Al deliberar políticamente y acumular tal escala de poder,
el estamento militar se convirtió en el factor decisivo para estabilizar o
descarrilar cualquier cambio, actuando como árbitro fáctico en el despojo de la
soberanía popular y en la negociación de la soberanía nacional frente a
potencias como Estados Unidos. Es inexplicable el régimen de Delcy Rodríguez
sin la bendición de la institución armada.
Precisamente porque
custodian las armas de la nación, la reforma militar es el debate político de
primer orden. Exige un acuerdo nacional donde las fuerzas políticas, económicas
y la sociedad pacten la subordinación del poder militar al civil. Lo propio
ocurre con el sistema de salud o el modelo educativo: su colapso no se resuelve
con promesas de campaña ni con la llegada de un nuevo gobierno, sino fijando de
forma deliberada las prioridades de su reconstrucción y el modo de ejecutarla.
Sin este debate y sin una conciencia colectiva sobre los fines del país, la
sociedad abdica de su soberanía: cualquier elección no será más que un cambio
de rostro bajo la misma tutela de las armas, el mismo desamparo institucional y
la misma disposición al vasallaje. Una comunidad que renuncia a discutir su
propio destino está condenada a la sumisión.
La gran ausencia venezolana
no es técnica, sino propiamente política: la renuncia deliberada al debate
público. Cuando la dirigencia política —de cualquier signo— asume que la
sociedad no está capacitada para participar en la discusión de los fines
nacionales, la condena a una perpetua minoría de edad en sentido kantiano.
Menospreciar la madurez de la comunidad bajo el pretexto de sus urgencias o su
fragilidad, y erigirse en el gendarme ilustrado o el tutor necesario, no es más
que una práctica aristocrática que reproduce exactamente la lógica que se
pretende transformar. Quien niega la deliberación no busca ciudadanos, sino
menores de edad necesitados de tutelaje. La verdadera democratización no
consiste en cambiar la mano que sostiene las riendas, sino en devolver a la
sociedad su condición de sujeto político soberano, capaz de dictar las reglas y
los fines de su propia convivencia.
Ilustración: El Nacional.
29/08/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/ciudadania-o-vasallaje/
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