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Luis Barragán
Buena parte del país ignora la pretensión ministerial
de reformar la Ley de Universidades y, en contraste con remotas épocas, la
discusión del Presupuesto para 2027. En este último caso, resulta
interesadamente escasa la referencia, noticia, publicidad o incluso rumor sobre
su contenido, por más que se trate de los recursos previstos para el venidero
año; en aquel, simplemente, no hay nada formulado en torno a la universidad
venezolana.
En efecto, se ha llamado a discutir una reforma de la
Ley de Universidades sin que exista un texto articulado, aunque sea un esbozo
de la postura oficial. Paradójicamente, el ministerio de Educación
Universitaria tampoco dice nada sobre el instrumento presupuestario consignado
ante la Asamblea Nacional.
El pasado día 5 de los corrientes, durante el debate
realizado en la UCV sobre la materia, manifestamos nuestra preocupación ante el
alto funcionario que acudió en representación de la ministra de Educación
Universitaria. Su respuesta fue que existe un importante repositorio de
planteamientos, del cual cabría deducir que sobran los insumos para una reforma
legal con circulación restringida para un momento – deducimos – estelar que
está a punto de llegar portador de la revelación.
Visto lo anterior, peor aún, ¿qué sentido tiene
priorizar la prolongada discusión de una reforma que requiere, ante todo, de un
mayor sentido de responsabilidad ministerial para sistematizar responsablemente
una propuesta inequívoca y definitiva? La ausencia de una formulación oficial
no significa que la improvisación sea necesariamente cierta y, como en otras
ocasiones, terminarán alegando haber evacuado todas las opiniones posibles para
presentar a última hora un documento que inexorablemente impondrán con la
postergada fórmula de una universidad comunal. Vale decir, inconfundiblemente
explicada por el rentismo que ha de encadenar - enroscándose - a nuestras casas de estudios.
Llaman a debatir donde no hay texto, pero donde existe
una iniciativa concreta y específica, nada dicen. Privilegia el gobierno la
reforma fantasma de la Ley de Universidades, mientras nada dice del proceso presupuestario que tiene un plazo
perentorio, desdeñando así la consideración del instrumento que cobrará
vigencia desde el primer día de enero de 2027.
El mencionado ministerio debe bregar de día y de noche
por mejorar las cifras relacionadas con las universidades contempladas en el
presupuesto, aunque presumimos su conformidad en el caso de haber sido
consultado para la versión definitiva u oído quizá en la sesión correspondiente
del Consejo de Ministros. En lugar de distraer la atención con una reforma
fantasma, debería convocar a jornadas de deliberación en el medio universitario
sobre el diagnóstico y las prioridades presupuestarias, permitiéndole a la
universidad autónoma defenderse frente al ogro filantrópico de sus tormentos.
Luce favorable la coyuntura política e institucional para
que el oficialismo pruebe su disposición a la rectificación y al cambio,
aceptando una transición hecha proceso que garantice la gobernabilidad y la
gobernanza para el país, la educación pública y privada, y, particularmente, la
universitaria. Sin duda, es buena la ocasión.
Ilustración: lb / IA.
15/11/2026:
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