José Rafael Herrera
La discusión sobre la
transición política venezolana, después de los acontecimientos del 3 de enero,
parece concentrarse en el proceso de reconstrucción de las instituciones
jurídico-políticas del país. La reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la
renovación del Consejo Nacional Electoral, la restitución de las garantías
constitucionales y la convocatoria a elecciones libres figuran entre las
prioridades que se anuncian para recuperar la democracia. Sin embargo, existen
cuestiones que, en virtud de su importancia, convendría no dejar relegadas. Una
de esas cuestiones, quizá la más compleja de todas, se podría formular del
siguiente modo: ¿es posible reconstruir la República democrática sin
desmantelar previamente, o quizá simultáneamente, el andamiaje económico de la
corporación militar que hizo posible su destrucción?
No se trata de una pregunta
retórica, sino de comprender que el desmantelamiento de un régimen político no
equivale necesariamente a la desaparición de las relaciones de poder que lo han
sostenido. Mucho menos cuando esas relaciones han terminado por adquirir una
consistencia económica propia, al punto de constituirse en una corporación de
intereses que dispone de recursos públicos, controla sectores estratégicos de
la producción y tiene bajo su mando los instrumentos de coerción del Estado;
cabe decir: las armas de la República. Bajo semejantes circunstancias, el
propósito de hacer efectiva la sustitución de los titulares del poder puede
terminar produciendo, al modo gatopardiano, la conservación del poder mismo.
El proceso político
venezolano tiene antecedentes que convendría examinar con la debida atención. A
partir del Plan “Bolívar 2000”, iniciado en 1999, la Fuerza Armada Nacional
comenzó a desempeñar funciones que excedían ampliamente sus atribuciones
constitucionales. Bajo el argumento de atender necesidades sociales y ejecutar
programas de infraestructura, alimentación y asistencia pública, los militares
fueron incorporándose a la administración de los recursos económicos del Estado.
Lo que inicialmente se presentó como una modalidad de integración
cívico-militar fue abriendo un espacio de intervención castrense en actividades
propias de la administración civil. Después de 2002 —una vez que Hugo Chávez se
convirtió en el “pupilo” predilecto de Fidel Castro—, esa relación adquirió
nuevas dimensiones y comenzó a consolidarse una manera de percibir el poder en
la que la oficialidad no solo debía garantizar la continuidad del régimen,
sino, además, participar de los beneficios materiales de su permanencia.
De este modo, la progresiva
conversión del oficial castrense en administrador, empresario y funcionario
público a un tiempo fue alterando la naturaleza misma de la institución
militar. La disciplina del cuerpo que custodia las armas del Estado, cuya razón
de ser consiste, precisamente, en garantizar la defensa de la nación bajo la
autoridad constitucional, comenzó a convivir con intereses económicos
particulares. El militar dejó de ser exclusivamente el custodio de las armas
que sostienen las bases de la República para convertirse, en determinados
sectores de la oficialidad, en administrador de empresas, contratista,
banquero, intermediario comercial y beneficiario directo de las rentas del
Estado.
No se trataba ni de una
circunstancia puntual ni de un fenómeno marginal. La expansión de las empresas
militares alcanzó las industrias de la alimentación, la construcción, el
transporte, la banca, la minería y los hidrocarburos. La creación de CAMIMPEG
—léase: Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas—
en 2016 facultaba a una empresa adscrita al Ministerio de la Defensa a
intervenir en las actividades mineras, petroleras y gasíferas en Venezuela. La
investigación periodística de OCCRP —el Organized Crime and Corruption
Reporting Project— sobre los vínculos empresariales de los generales
venezolanos documentó cómo oficiales del más alto rango participaban en
compañías privadas habilitadas para contratar “negocios” con el Estado. La
investigación identificó 41 empresas vinculadas a 35 generales y más de 220
contratos públicos. No era, por tanto, una simple extensión de las actividades
administrativas de la Fuerza Armada: se estaba formando, como diría Dinorah
Figuera, un complejo “enjambre” de intereses económicos alrededor del poder
militar que terminaría constituyendo la nueva “colmena” de un poderoso holding
empresarial.
Se trataba de una expansión
a la que debe agregarse el control de empresas estatales y de instalaciones
estratégicas, incluidos puertos, centros de distribución y sectores
fundamentales de la industria petrolera. Las empresas expropiadas, las
industrias básicas de Guayana, la producción de hierro, aluminio y bauxita, las
actividades agroindustriales y la explotación de recursos minerales (oro,
coltán, tierras raras, etc.) fueron incorporándose a un entramado en el que la
administración pública y los intereses de determinados grupos de oficiales
comenzaron a confundirse. La riqueza nacional dejó de ser tratada como
patrimonio de la nación para quedar sometida, en una proporción considerable, a
relaciones de apropiación y distribución controladas desde el poder.
Por si fuese poco, la
cuestión terminó adquiriendo una gravedad todavía mayor cuando a esa estructura
corporativa se le añadió una nueva dimensión criminal. Las investigaciones
sobre el llamado Cartel de los Soles han documentado redes de funcionarios
civiles y militares vinculadas al narcotráfico, el contrabando de combustible,
la minería ilegal, la industria del secuestro y la llamada trata de personas.
Conviene distinguir las diferentes responsabilidades y no dar por demostrada la
existencia de una organización única, perfectamente jerarquizada, allí donde
las investigaciones describen redes y facciones. No obstante, la participación
de sectores militares en economías ilícitas, así como su articulación con otras
estructuras del poder, constituye un problema que no puede ser soslayado,
especialmente cuando la opacidad del “negocio” ha logrado empalmar sus inmensas
ganancias con los planes de la llamada “guerra asimétrica”, cuyo objetivo
principal es —¡nada menos!— la implosión de la civilización occidental.
El manejo de la extracción
del oro en el sur del país ofrece un ejemplo particularmente revelador. En
lugar de limitarse a custodiar los recursos minerales, determinados sectores
militares han intervenido en el control de las explotaciones, las rutas de
transporte, la comercialización y las relaciones con grupos armados y redes
ilegales. Algo semejante se ha denunciado en el contrabando de combustible y
otras actividades fronterizas. De este modo, el poder armado no solo administra
una parte de la economía formal: también puede obtener beneficios de circuitos
que operan al margen de la legalidad.
Es necesario comprender el
alcance de semejante transformación. Una corporación económica ordinaria
depende de las leyes del Estado, de sus instituciones y de las condiciones
generales de la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando una corporación dispone,
además, del poder de fuego de ese mismo Estado? ¿Qué capacidad efectiva tiene
el Estado para someterla a la legalidad cuando quienes deben garantizar el
cumplimiento de las leyes participan de los negocios que deberían fiscalizar?
La contradicción es evidente: el instrumento concebido para preservar la
soberanía nacional ha terminado por convertirse en la garantía armada de
intereses particulares.
De allí que la expresión
“corporación” no deba entenderse como una metáfora destinada a la exageración
especulativa. Más bien, designa un problema político concreto: la convergencia
de intereses económicos, administrativos, militares y —hay que decirlo—
criminales, dentro de una estructura que puede reproducir su poder con
independencia de los cambios que ocurran en las esferas del orden político y
jurídico. No se trata de una dirección única, a la cabeza de la cual se
encuentra un visible CEO —un Chief Executive Officer—, ni de una organización
empresarial con estatutos y jerarquías convencionales. Se trata de un sistema
de relaciones y complicidades cuya capacidad de supervivencia reside
precisamente en la dispersión de sus ramificaciones y en la posesión de
recursos materiales y coercitivos.
Por eso mismo, resulta
insuficiente pensar la transición venezolana como una operación de simple
reacomodo de las formas institucionales. La reforma del Tribunal Supremo de
Justicia y del Consejo Nacional Electoral es, sin duda, indispensable. Pero no
suficiente. Una justicia independiente necesita poder actuar sobre los
intereses económicos que han prosperado al amparo de la impunidad. Un organismo
electoral autónomo necesita condiciones materiales para garantizar que la
voluntad popular no quede subordinada a quienes controlan los recursos, los
mecanismos de presión y los instrumentos de fuerza. Una república no puede
sostenerse sobre la ficción de una separación de poderes cuando una misma
estructura de intereses conserva el control de buena parte de la riqueza
nacional y de las armas destinadas a defenderla.
La reconstrucción
institucional debe acompañarse, por consiguiente, de una profunda
reorganización de la economía pública, lo que supone la recuperación del
control civil y constitucional de las empresas del Estado, la auditoría de las
compañías militares y de sus contratos, la identificación de los beneficiarios
reales de las operaciones económicas, la investigación de las redes de
corrupción y narcotráfico, la restitución de los mecanismos de contraloría y el
sometimiento de los recursos nacionales a reglas transparentes de
administración. Supone, pues, garantizar que la Fuerza Armada vuelva a cumplir
sus funciones constitucionales, separando radicalmente el ejercicio del mando
militar de cualquier forma de apropiación privada de la renta pública. Por
cierto, esta pareciera ser la explicación de por qué la mayor cantidad de asesinados,
torturados y presos políticos no son civiles, sino militares.
Así pues, no se trata de
sustituir una corporación por otra ni de convertir la reconstrucción económica
en una nueva distribución de privilegios. Se trata de restituir el carácter
público de la riqueza nacional y de establecer una subordinación efectiva del
poder armado a la soberanía de la República. La responsabilidad penal debe
individualizarse, con garantías procesales y justicia independiente; la
reorganización económica, en cambio, debe alcanzar los mecanismos
institucionales que hicieron posible la apropiación de los bienes públicos.
La historia política enseña
que las formas jurídicas pueden sobrevivir incluso cuando las relaciones
sociales que las sustentan han sido profundamente alteradas. También enseña que
la restitución de la legalidad no se produce por decreto. Requiere transformar
las condiciones materiales de existencia que permiten su realización. Una
transición que se limite a reformar las instituciones sin modificar las
relaciones de poder económico que las condicionan corre el riesgo de convertirse
en una continuidad bajo nuevas apariencias.
La República no es solamente
un ordenamiento constitucional, un conjunto de tribunales o una sucesión
periódica de elecciones. Es, ante todo, la organización política de una
sociedad que se reconoce soberana sobre sus instituciones, sus recursos y su
destino. Cuando la riqueza pública queda sometida a los intereses particulares
de quienes monopolizan los instrumentos de coerción, la soberanía popular
pierde sus condiciones materiales de realización.
A propósito del porvenir, la
cuestión que convendría colocar en el centro de la discusión es, entonces, más
profunda que la renovación institucional de los poderes públicos: ¿quién
controla realmente el país y en beneficio de quién se ejerce dicho control? No
puede haber transición republicana mientras la economía y las armas de la
nación continúen sometidas a la estructura corporativa, gansteril, que hizo
posible la destrucción de la República.
Ilustración: Herold Jean Baptiste.
14/11/2026:
https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/la-tara-militarista/
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