William Anseume
Aquí se trata de un tema
escandaloso, no por lo gay, desde luego, sino por la hipocresía no tan
subyacente, por no decir explícita y bidireccional, que, además, involucra a
dos países y, por supuesto, a su diplomacia.
El canciller de Venezuela
tiene un esposo. No se casaron en Venezuela, por la sencilla razón de ser
imposible aquí un hecho como ese. Nuestro país, tan carente de libertades
todavía, no reconoce el matrimonio igualitario; es más, en el continente
americano es una de las raras excepciones que no lo admiten. Curioso.
El señor consorte acudió a
España a una reunión con la reina Letizia en el fabuloso Palacio Real de El
Pardo. Nada sería muy significativo hasta ahí, ¿verdad? Después de todo, es el
esposo del canciller de nuestra República; aunque en nuestra legislación tal cosa
no se reconozca, en buena parte de la Comunidad Europea sí. Le asistía
plenamente ese derecho. La cuestión estriba en que la pareja contrajo
matrimonio no en Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, Barquisimeto o
Betijoque, no. Sus nupcias acontecieron en la deliciosa Portugal. Ahí viene lo
problemático, eso que debió causar conmoción diplomática aguda, porque España
reconoce oficialmente la unión entre personas del mismo sexo desde julio de
2005. O sea, más de 21 años hace que los españoles posean amplias libertades
sexuales, reconocidas oficialmente. En Portugal, en cambio, el matrimonio
igualitario se reconoce desde mayo de 2010. Pero en la legislación venezolana
tal figura sigue sin existir.
¿Cómo pudo un país como
Venezuela enviar oficialmente a la representación del cónyuge de un alto
funcionario a una reunión diplomática con la reina Letizia si en su propio
territorio el matrimonio igualitario es inexistente?
Y más: ¿cómo pudo España,
sin alteración diplomática significativa, aceptar la presencia del consorte en
ese acto, a sabiendas de que en Venezuela tal figura no tiene validez legal?
Hipocresía doble.
El escándalo debió ser
mayúsculo y estrepitoso: diplomático, social y político. Solo espero que
quienes se han casado lejos de nuestro territorio, donde a sus coterráneos se
les impide el derecho humano de unirse en matrimonio con quien elijan,
contribuyan de verdad a ordenar las libertades civiles en nuestro país. Que el
reconocimiento oficial no sea solo el fruto de una acartonada visita al Palacio
Real, sino que se valore a los venezolanos con todos sus derechos, como bien
manda la ONU y como han reconocido casi todos los vecinos del continente y no
solo un desliz diplomático para las revistas del corazón.
Oliver y Luis: es excelente
que se hayan casado y puedan celebrarlo, pero si no transforman o contribuyen a
transformar la realidad social y política a lo interno, habrán fracasado en su
lucimiento. Igual mensaje va para la dirigencia política: transformen la
realidad para favorecer las libertades que siguen conculcadas. Del resto, esto
constituye una burla gigantesca para la comunidad LGBTIQ+ venezolana, por no
hablar de la contradicción diplomática de permitir una representación de esta
naturaleza en foros internacionales. España y sus instituciones deberían exigir
también reciprocidad en derechos humanos, dada la incoherencia de este tipo de
situaciones.
Ilustración: Owen Gent.
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