La capacidad de hacer política

DEL RETORNO A LA VIDA PÚBLICA

Luis Barragán

Derrocado Pérez Jiménez, en horas de la madrugada, todo el país se enteró de la verdadera identidad de los miembros de la Junta Patriótica encabezada por Fabricio Ojeda y por representantes de los principales partidos políticos. Inmediatamente salieron de la clandestinidad y de la cárcel la mayoría de quienes bregaron amargamente contra la dictadura y regresaron cuanto antes numerosos líderes que no dejaron de contribuir con sus esfuerzos allende las fronteras, algunos perseguidos y amenazados de muerte en el exterior y, otros, en vilo en el territorio nacional.

Antes de cumplirse un mes del derrocamiento, estaban en la calle los dirigentes más noveles con los más experimentados ayudando a reencaminar el debate y las acciones políticas para contribuir al sostenimiento de la Junta de Gobierno, al igual que las más variadas expresiones de una sociedad civil organizada que supo comprometerse a fondo con la tarea de reconquistar las libertades públicas. Por entonces, no había manual alguno para hacer la infalible transición democrática, y quizá nunca lo haya, por lo que a punta de sensatez, humildad, madurez, ideales, pero también realismo creador,  la nación salió adelante en medio de las contradicciones, marchas y contramarchas hasta que felizmente celebró las elecciones que la conspiración pudo sabotear.

Aceptemos que no hubo tampoco una póliza literalmente de vida y, menos, de vida política para los millares de venezolanos que bregaron esa transición afortunada, arriesgado el pellejo propio y el porvenir personal en la tarea de no regresar al pasado. Y, frente al derroche de las emociones que varias veces obnubilan, todos concertaron una tregua en la pugna interpartidista, acordaron poner fin al canibalismo político y prestar mayor atención a los problemas fundamentales del país.

Ninguno de los disímiles líderes políticos que volvieron de la clandestinidad, la cárcel y el exilio, incluidos quienes permanecieron afrontando públicamente las circunstancias, estuvo exento de los altísimos riesgos de una etapa en la que la Junta de Gobierno confrontó peligros que también los alcanzaban. Entre las amenazas más conocidas y documentadas destacan las asonadas de julio y la muy sangrienta de septiembre de 1958, que ejemplifican los peligros que continuaban acechando a la Junta y que, lejos de desaparecer, se prolongarían en el golpismo y la insurrección de la siguiente década.

El retorno a la vida pública de aquellos líderes, recibidos multitudinariamente en cada ocasión hasta quedarles pequeña la llamada plaza aérea de las torres de El Silencio, significó trabajar rápida e intensamente por la reorganización política de las fuerzas democráticas; además, coincidió ese retorno con la recuperación de los cuadros medios que ampliaron el campo de acción de las organizaciones. Era legítimo el afán de articularlas socialmente, elevar las capacidades de representación y de respuestas concretas a las demandas ciudadanas, entre otras ocupaciones concernientes a la dirección del Estado y que no podían realizar los empresarios, sindicatos, gremios profesionales, la academia, los clubes deportivos y recreacionales, especializados en sus propios menesteres.

Que sepamos, Pompeyo Márquez, Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt o Rafael Caldera, por citar a los referentes de aquel estelar momento, no se distraen consigo mismos frente al espejo, sino que reaparecen en los incontables caminos de la geografía nacional para reconstruir la institucionalidad partidista y distribuir el liderazgo, conformando sendos equipos y alentando la unidad de todas las fuerzas democráticas. No por casualidad, desde la primera campanada de 1958, hay un rico pluralismo ideológico y dirigencial que supo (auto)organizarse para abortar las conspiraciones postreras con la contundencia de los libres comicios realizados en diciembre.

Después de largos años de sometimiento a una situación de fuerza, la progresiva normalización de las actividades cívicas permitió la valoración, recuperación y el protagonismo de los vitales cuadros medios partidistas. El regreso no fue para gozar del reconocimiento de sus seguidores, sino para dar testimonio de un crecimiento cualitativo que permitiera reorganizar las fuerzas, ampliar el liderazgo y atender el llamado de la ciudadanía. Y es que la transición no consiste únicamente en conseguir el poder político, sino en recobrar la capacidad de hacer política.

Ese crecimiento fortalece el propósito de reconstruir las capacidades políticas e institucionales de una sociedad que, escarmentada, aviva su memoria y se compromete nuevamente a no repetir los errores.  Se trata en definitiva de convertir las vivencias personales y grupales en experiencias compartidas por la sociedad.

Sería una estupidez negar el carácter inédito de la actual coyuntura venezolana, aunque no es manía de historicistas volver sobre etapas que supusimos por siempre superadas. El retorno a la vida pública como prueba de responsabilidad política y oportunidad para convertir la memoria histórica en experiencia colectiva adquiere, precisamente ahora, toda su significación.

Fotografías: Jóvito Vilalba y Rafael Caldera reciben a Rómulo Betancourt en el aeropuerto internacional de Maiquetía. El Universal, Caracas, 10&02/1958. Procesadas por IA. .

03/11/2026:

 https://www.elnacional.com/columnas/2026/11/del-retorno-a-la-vida-publica/

https://www.costadelsolfm.org/2026/11/luis-barragan-del-retorno-a-la-vida-publica-en-venezuela/

Trazo e ingenio

DE LAS ABSTRACCIONES ELOCUENTES

Luis Barragán

Quisiera contar con la ironía suficiente para referirme a la pérdida de humor político entre los venezolanos que, por cierto, modestos, nos tenemos por insignes jodedores de alto e inspirado vuelo. Empero, hay que andar con el único equipaje disponible y observar, por una parte, que el país que padeció las grandes y prolongadas dictaduras militares, supo de publicaciones como Fantoches, El Morrocoy Azul y, hasta en la era democrática, El Gallo Pelón, El Sádico Ilustrado y El Camaleón en el siglo XX; y, por otra, tuvimos o, mejor, ostentamos un elenco de ingeniosos ilustradores tanto  en el terreno de las ideas como en el del trazo mismo, cuya disminución en los medios públicos habla de la sostenida y eficaz represión y (auto)censura de la presente centuria.

Esto, lo que nos ha ocurrido en casi tres décadas, remite a un fenómeno del cual muy pocos se percatan: la febril banalización y simplificación de nuestros problemas que igualmente apuntan a la banalidad y simplicidad de las respuestas, disminuyendo en propiedad la capacidad colectiva de abstracción en nombre de la más grosera y baladí concreción. Todo tiende a reducirse a la maldad infinita de los actores políticos, por ejemplo, siempre con piedra en mano en lugar de la comprensión de aquellas condiciones objetivas y subjetivas que permitirían una mejor perspectiva para apreciar las realidades que vivimos y sus probables salidas.

El discurso chavista maniqueo y estigmatizador que, en el fondo, atribuimos a una terca resistencia frente a la quiebra del rentismo petrolero, llegó al reino de la caricatura política para ridiculizar procazmente al enemigo, perdiendo toda la capacidad simbólica, todo el poder metafórico, toda señal espontáneamente creadora, para definitivamente perder la ilustración misma como género artistico de opinión y debate. Lo peor es que la influencia se ha sentido en los predios de la oposición, pues, con las excepciones de rigor, la tendencia es hasta la de explicar textualmente la escena y de hacerla lo más figurativamente que sea posible: ¿anteriormente, cuántos códigos perdurables no crearon nuestros ilustradores o caricaturistas en el diario trajinar de la interpretación noticiosa y humorística?

Hoy, existe la ventaja de la IA que podría hacer el trabajo de una mayor abstracción para una concreta representación de lo que ocurre, pero no lo logra porque requiere del insustituible concurso creador del usuario.  El dispositivo digital es plásticamente demasiado convencional y, a menos que se pueda sostener una cuenta espaciosa y constantemente alimentada, la ocurrencia personal más o menos novedosa a aportar puede arribar a resultados gráficos impecables.

Se nota demasiado en las diarias publicaciones que emplean la IA para atrapar la atención de lector con una imagen determinada que lo conduzca al texto de opinión: la inclinación es a lo figurativo, a veces, bizantino, explícito, directo de la imagen.  Al hacer la prueba con una columna que versaba  en torno a la decisión reiterada del gobierno para adelantar las festividades navideñas, pidiéndole un poco de sarcasmo, la IA propuso alternativas como colocar a las principales figuras de liderazgo venezolano de gobierno y oposición alrededor de un gigantesco árbol con San Nicolás saludando, estilo dibujos animados, siendo lo más complejo que aportó. Y, poco después, le pedí algunas variaciones de una ilustración de Andrei Popov, cuya personalísima ocurrencia artística, tradujo en distintos formatos plásticos.

En otros ejercicios gráficos orientados a alcanzar una pieza que se refiriera a la Fuerza Armada, pendiente de dos o tres textos de una serie que la vinculase a la transición política deseada, le pedí una escena ajedrecística y el ensamblaje de un rompecabezas. No me satisfizo alternativa alguna hasta que recordé las viejas, meritorias e irrepetibles portadas o cubiertas de los libros de Alianza Editorial, hallando una en particular: la del libro de José Ortega y Gasset sobre Mirabeau que superaba con creces mi propuestas de peones y alfiles (https://apuntaje.blogspot.com/2026/09/ejercicios-graficos-para-un-par-de.html) .

La editorial, reconocida por diseñadores tan legendarios como Daniel Gil, Ángel Uriarte, Roberto Turégano, Lynda Bozarth Manuel Estrada de quien tomé una composición hecha sobre una fotografía de Javier Ayuso: suficientemente sugestiva, tenía en juego varias piezas de dominó, incluyendo las fichas ocultas, junto a una pluma fuente. Jugamos con la magnífica composición, añadiéndole unos blindados de guerra, una bandera de Venezuela, una cuerda, la referencia a un folleto de David Morán, y  le dimos – demás – una valoración matemática diferente a una ficha.

Por supuesto, hay límites de tiempo y de talento para graficar cada texto de opinión que, en ocasiones, va más allá de un esfuerzo meramente complementario. La ventaja es que la IA técnicamente puede traducir cada ocurrencia en una pieza fotográfica, pictórica o escultórica de una escuela artística hasta desconocida, aunque jamás ideará lo que el usuario no aporte, insinúe, sugiera u ordene.

Respeto a las secciones digitales de opinión, hay textos ilustrados que parecen ejercer una mayor atracción del lector y, cuando ocurre, apreciamos que  la atracción es por un natural convencionalismo plástico propio de una sociedad (auto)censurada, reprimida, desescolarizada, a caballo entre lo gótico y pop-art, decididamente y militantemente figurativa. Quizá, por citar un remoto periódico, hoy sería intragable una ilustración de Alonso, Eneko, Ernesto, Peli, Palacios para Economía Hoy de los años noventa del veinte, sumándole el dibujo de un paquete de variadas presentaciones, estilos y contenidos, asociado a las otrora medidas de ajuste económico y reforma estructural: una abstracción necesaria, rica en sugerencias, implícita respecto a las políticas implementadas esde la dirección del Estado.

Ilustración: Andrei Popov.

02/11/2026:

La urgencia gubernamental

EL PRETEXTO DE UNA LEY PARA RETARDAR LA TRANSICIÓN EN Y DESDE LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA

Luis Barragán

Aceptemos, no requerimos de una superespecialidad para intuir y saber de los problemas de ingobernabilidad y falta de gobernanza que padecemos. Precisamente, problemas que obligan a una transición pacífica y democrática, aspirada por las grandes mayorías, frente al reacomodo gatopardiano de la terca minoría continuista con casi treinta años consecutivos en el poder.

Ha surgido la ministerial idea y línea política de una presunta reforma de la ley de universidades que corrobora la justificada desconfianza generada: presunta, porque hay que hacerle el trabajo al ministerio de Educación Universitaria que no tiene proyecto alguno que proponer, y, en nombre de la participación protagónica o de lo que fuere, el aparato partidista que llaman constituyente universitaria exclusivamente se encargará de conseguir la fórmula química, alquímica u homeopática para intentar correr la arruga lo más que se pueda. Sin embargo, así ha sido siempre el estilo legislativo, el gobierno sacará de la vieja chistera el papel de trabajo de todas sus conveniencias y, prometiendo hacer lo que nunca ha hecho, jurará también resolver con el bullicio un problema ineludible, inmediato, real y de fondo que tiene: la transición con todas sus letras.

Nada tan significativo que la titular de la cartera ministerial sea, al mismo tiempo, parte de la consabida mesa de diálogo o negociación. Sin embargo, su prioridad es empujar lo más lejos que se pueda el inoportuno debate de una ley en lugar de enderezar el barco hacia la transición que es para el más rancio oficialismo secundaria y prescindible, faltando toda humildad para reconocer sus errores.

Los famosos tanques de pensamiento del oficialismo, cuales constituyentes universitaria, laboral o de lo que se les ocurra, constituyen un extraordinario recurso de propaganda así nunca hayan partido una idea aunque fuese mediamente novedosa.  Resaltan dos experiencias que arrojaron importantes lecciones sobre la incapacidad, incluso, de gobernar: la Ley de Educación Superior de 2010 que, colosalmente cuestionada, aún entre los suyos, forzó a Hugo Chávez a sacarla de circulación, y la Constitución de 2017 o 2018 que nunca se hizo, pues el interés suficientemente demostrado era el de reforzar el madurato cuestionado masivamente en las calles..

De modo que, tratándose de democracia participativa y protagónica, si la idea es la de dar e intensificar el debate, es preferible que el ministerio propulse uno que hable de gobernabilidad y de gobernanza para ayudar a la transición que tarde o temprano llegará, o, por lo menos, al reacomodo que les urge. Y no es otro que la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de 2027 que ha consignado el Ejecutivo Nacional en el - o su – parlamento un par de semanas atrás, en lo referente a la educación y, específicamente, educación superior. Huelga comentar que la costumbre, no otra que la de polemizar, se ha perdido justo en este siglo, cuando se muy antes supimos de las cifras presupuestarias planteadas, de los sectores interesados – aunque no los convocaran – en una materia tan crucial, de los propósitos explícitos e implícitos y, disculpen que lo expresemos, de la existencia de los propios integrantes de un parlamento plural capaces de  suscitar el interés de la opinión pública respecto a los reales del Estado, al gasto público, a la calificación y verificación de ese gasto, etc.

Lo hemos referido en ocasiones anteriores, el foro parlamentario puede ayudar y ayuda a sincerar y actualizar un diagnóstico de todos y cada uno de los sectores involucrados, añadida la evaluación objetiva de las capacidades o discapacidades alcanzadas por el Estado. Los especialistas en la materia, los gremios, sindicatos, empresarios, ¡todos!, tienen algo que decir sobre un asunto que trasciende la mera coyuntura de nuestros tormentos.

En lugar de la minusculizada ley de universidad que la pretenden un asunto de urgencia, dos debates resultan impostergables para salir del círculo vicioso de la ingobernabilidad que se traga al gobierno y este desea que se trague al resto del país con él: la transición y la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027. Concretamente, ¿el estudiantado y el profesorado del aula superior en Venezuela pueden ser indiferente recreándose en lo insustancial, o se atreven a meterle el diente al gravísimo asunto que padecen junto a todo el país?

Fotografías: LB (CCS, 13/11/2023).

Composición: lbIA

01/11/2026:

https://lapatilla.com/2026/11/01/el-pretexto-de-una-ley-para-retardar-la-transicion-en-y-desde-la-universidad-venezolana/

No-proyecto para la sí-ley de educación universitaria

UNIVERSIDAD, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA TRANSICIONAL

Luis Barragán

A nadie debe asombrar la profunda y largamente sostenida irresponsabilidad gubernamental de todo el presente siglo respecto a la universidad, sobre todo en lo concerniente a la autonomía convertida en una bandera histórica tan traicionada como la del precio barato de la gasolina. Y no es casual la pretensión de una reforma de la ley de universidades encaminada a neutralizar u obstruir la transición democrática, por cierto, eludida como proceso, en el marco de una ya consabida “técnica” legislativa: aparentemente ausente el debido proyecto creyendo estúpidos a los destinatarios, sorpresivamente aparecerá y se impondrá en nombre de una constituyente tan universitaria como ha sido y aún lo es la laboral,  con la misma gente que ha prestado y presta su nombre para la vulgar maniobra.

Gobernar no es anunciar que se va a hacer lo que simplemente no se hizo en casi tres décadas, como si no fuese suficientemente clara e inequívoca la normativa constitucional y legal vigente, por lo que la reforma constituye un pretexto para eludir la transición política como proceso, intentando torpedearla. El deliberadamente crónico déficit financiero del aula superior y, además, civil en Venezuela; la desalarización y la precariedad de los ingresos reales del profesor universitario, que lo empujan a abandonar las aulas, incluso, porque no puede costear el transporte; la deserción estudiantil, la precariedad de la planta física, la vandalización de las casas de estudio y la pérdida sistemática de oportunidades académicas pudieron afrontarse con el ordenamiento jurídico vigente: vale decir, gobernando y, como no se hizo, los problemas alcanzan ahora tal gravedad que peligra la noción misma de universidad en Venezuela

A modo de ilustración, el debate inmediato que hoy está planteado para el sector universitario va en dos direcciones: por una parte, según lo establecido por la Constitución y las leyes en la materia, introducido el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2027, en fecha reciente, es necesario sincerarlo y revelarlo en toda su amplitud pública como no se ha hecho en los últimos años, propiciando la discusión, lo que fuerza a hacer y compartir un diagnóstico honesto de la realidad del sector, concebir y acertar con el financiamiento de una consensuada política pública, específica y concreta, en lugar de improvisar con la citada reforma legal como si se tratara de alcanzar una fórmula alquímica. Por la otra, la persistencia y agudización de los problemas comprometen inexorablemente la gobernabilidad y la gobernanza (G&G) universitarias, en sintonía con la crisis del país. De ahí que la transición democrática se plantee como la posibilidad de un proceso pacífico e histórico de cambio político.

Valga el ejemplo, el mismo día que sesionó y decidió el Consejo Nacional de Universidades la discusión de la reforma en cuestión,  debió adoptar una decisión que esperó la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, cuyas autoridades interventoras ostentan un pésimo desempeño de cinco años consecutivos aun cuando debieron convocar a elecciones rectorales en 180 días contados a partir de su nombramiento; las autoridades interventoras no fueron reemplazadas ni siquiera por otros profesores de la órbita oficialista, lo que habría permitido - al menos -  presentar la decisión como una señal de humilde rectificación y una muestra de destreza política que solemos extrañar. Acotemos la circunstancia, la ministro de Educación Universitaria simultáneamente pertenece a la élite gobernante que se sienta en la mesa de diálogo o negociación que la presumimos orientada a resolver el generalizado, presente y futuro problema de G&G.

El esfuerzo por controlar políticamente todas nuestras casas de estudios, a la postre se tradujo en una mayor incapacidad política para procesar los conflictos, tomar decisiones, ejecutar políticas, alcanzar la legitimidad y la estabilidad tan indispensables. La represión y la violencia de Estado no han sido la solución correcta, careciendo de pautas para la distribución de responsabilidades, la participación de las comunidades universitarias, la transparencia, la rendición de cuentas, y teniendo por regla, procedimiento y relación las decisiones arbitrarias, sumada su negligencia manifiesta, que le hizo perder capacidad infraestructural.

Luego de permitir que las condiciones materiales, académicas e institucionales llegasen al quizá peor nivel histórico en nuestro país, aunque la presente centuria reportó una de sus más visibles bonanzas petroleras, el gobierno no puede presentarse ahora como el impecable y ejemplar reformador que fracasó con el Estado Comunal y el inolvidable propósito de una universidad tanto o más comunal. Fracaso que no es imputable al peregrino alegato de las sanciones internacionales como causal, comprensible únicamente a la luz de una propaganda de extemporáneo cuño leninista.

Aceptemos, nos encontramos en un período excepcional de la vida republicana que no debe perder de vista el aula venezolana gracias al no-proyecto para una sí-ley de universidades. Convengamos, la G&G durante la transición y, luego, con su consolidación, es la que contribuirá a salvar la universidad venezolana, evitándole las más ociosas tempestades.

Ilustraciones: IA/lb.

27/10/2026: 

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/universidad-gobernabilidad-y-gobernanza-transicional/

https://www.costadelsolfm.org/2026/10/luis-barragan-universidad-gobernabilidad-y-gobernanza-transicional/

Vándalos

DE LA LOCALIDAD VANDALIZADA

Luis Barragán

Digamos que no hay ciudad, pueblo y caserío que no registre las huellas de la vandalización. Pudiera parecer redundante al calificarla de ociosa, pero la hay como un motivo accidental de distracción y como un oficio inadvertido de destrucción que bien sabrá distinguir el profesional de la psicología como travesura o manía perniciosa, ocurrencia o vocación.

Relativamente nuevas y fabricadas de material resistente a la intemperie y, a la vez,  flexible y de color variado y llamativo, las tanquillas de las empresas de transmisión digital constituyen un modesto detalle estético de la localidad venezolana que se incorpora a la interconectividad universal. No obstante, puede contribuir y contribuye a la fealdad de la ciudad capital cuando resultan no sólo destrozadas por los peatones que la patean y los indigentes que la escudriñan, sino que cuentan con la mirada negligente de las autoridades públicas.

Nada difícil de imaginar esas tanquillas de hebras deshilachadas, con tapas partidas, que le dan alcance a las bolsas de basura en las pugnas de menesterosos, igualmente destrozadas en la alcaldía del municipio Libertador, por ejemplo, la han convertido en paisaje emblemático de la Caracas de día y de noche.  Pueden pasar los días, semanas y hasta meses, sin que haya inteligencia policial alguna para evitar destrozos que, a veces, son sistemáticos de acuerdo a la ocurrencia o vocación expuesta y que jamás puede considerarse un talento creador en lo artístico o destructor en lo militar.

Por lo visto, el vandalaje (el término vandalidad no cuenta con registro académico en el DRAE), ya no es una excepción y un detallazo, sino parte del deterioro, la agresión, el desconcierto, la rebelión, la frustración, o la seña como expresión identitaria y colectiva del malestar urbano, de la escasa o nula calidad de vida de los antes vanidosos petrolandeses venezolanos. Incluso, aquel que deambula por las calles en busca de trabajo, es y dice ser portador de los valores de una clase media venida a menos, que tiene el “derecho” de robar la señal internetiana al vecino o pasearse por los bancos o taburetes de un supermercado de libre Wi-Fi, puede ser incapaz de destruir los bienes públicos, pero se siente algo o mucho reivindicado si alguien lo hace por él y todavía más si alguien puede hacerlo en una urbanización o barriada impenetrable y exclusiva por exceso o por defecto.

¿Nos acostumbramos al hábitat por siempre vandalizado y tolerado por un Estado que ya ha sido víctima del flagelo? ¿O nos rebelamos desde una perspectiva creadora, aceptándola como promesa de unasuperior calidad de vida a construir en el marco de la transición pacífica y democrática pendiente?

No todos los peatones, indigentes o autoridades públicas son culpables,pues, significaría una estigmatización injusta y cómoda. Hablamos de una cierta tendencia que puede crecer y, en efecto, crece.

El vandalismo no es la causa de nuestros males, sino uno de los síntomas más nítidos del fracaso. Y que sepamos, en la conducción del Estado no están representadas las grandes mayorías. 

Fotografías: LB, El Paraíso (Caracas, 25&10/26).

26/010/2026:

https://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/45136-de-la-localidad-vandalizada

De la experiencia histórica

LA PELÍCULA DE CARLOS OTEYZA

Luis Barragán

La más reciente obra de Carlos Oteyza es el documental “1936: el año en que se perdió el miedo al poder”, relacionado con el inmediato inicio de la transición que Juan Vicente Gómez autorizó con su esperada muerte. No es casual la feliz relación de los acontecimientos, a las que se añaden escenas que nos parecen inéditas, constituyendo un llamado urgente a la reflexión y a la sincronización con una realidad de características inadvertidas por la dirigencia social y política que hoy presume que toda transformación histórica se decreta y anda sola; vale decir, no hay que desplegar inteligencia y destrezas para que se produzca llevada por una suerte de piloto automático.

Desde la particular interpretación del afamado director, a veces, forzadas las coincidencias, podemos apreciar la perspectiva y la dinámica transicionales en la Venezuela del siglo XXI que todavía no han arrancado, a diferencia de lo que ocurrió prontamente con aquellas experiencias ciertas y definidas de cambio en la centuria anterior. Antes, en apenas días y meses, todos los presos políticos estuvieron en la calle, el reconocimiento de la situación ameritó de rápidas medidas a favor de una población desnutrida y enferma, hubo un programa de gobierno específico y concreto, hubo aceptación de las luchas por las libertades públicas; y, ¿ahora?, es la pregunta demasiado obvia que nos hacemos frente a la sagaz y fiera voluntad política de un continuismo inaudito que está unido por el espanto y lo que va quedando del presupuesto público.  

De acuerdo o no con la mirada y versión del autor, lo importante es que el valioso documental genere la discusión y que ésta acrezca en el ánimo de una ciudadanía dispuesta a pensar y a comprometerse políticamente, e, incluso, a convertirse en parte actora en total rechazo a las tendencias precisamente antipolíticas que prosperan al rescoldo de los más absurdos y caprichosos cálculos de poder. A nadie se le pide una sobrevenida experticia transitológica, ni que traiga a Eleazar López Contreras y a toda aquel liderazgo social y político de los rebeldes años treinta, para sentarlos con la consabida comisión de intercambio, diálogo o negociación y los sectores unitaristas de la oposición actual; solamente exigimos un poco más de maceración de los eventos, de lucidez e imaginación, de audacia y a la vez de prudencia, y ante todo de una extraordinaria humildad que todavía echamos en falta.

El suscrito no tiene ningún interés comercial o publicitario en una película que Oteyza no logró hacerla tan amena como otros de sus títulos anteriores, pero se está consciente de un magnífico aporte para el debate necesario con su difusión y consideración. Nada más le interesa el silencio y el desprecio del filme al poder establecido: nada casual que fuimos apenas dos los espectadores en la sala de un exitoso circuito cinematográfico, dándonos la increíble ocasión para comentar a viva voz los detalles de un bien informado documental.

De nuevo Oteyza contribuye con la causa democrática, avisándonos de la existencia de otros viejos procesos de transición que, estamos claros, no ha comenzado todavía en la Venezuela de los días que corren. Así, con el cineasta, aún sin proponérselo, hay una escuela política indispensable porque en eso consiste el arte y la riqueza de sus perspectivas.

Ilustraciones: IA/lb.

25/10/2026: 

https://lapatilla.com/2026/10/25/luis-barragan-la-pelicula-de-carlos-oteyza/

Tempestad en las aulas

¿UNA LEY DE UNIVERSIDADES, AHORA? ¿PARA QUÉ? ¿BUENA PARA QUIÉNES?

William Anseume

Andan apuraditos en el ministerio universitario, emocionados, buscando gestar una nueva Ley de Universidades. Lo primero que debo decir al respecto es que, viniendo de donde viene y en el momento actual, nada bueno puede traer una nueva ley. ¿Con este interinato, continuación de los gobiernos rojos destructivos de la universidad? ¿Ahora, cuando nos aproximamos, con sobrada lentitud, a una transición iniciada a trancas y barrancas? Es decir: ¿vamos a apoyar una ley favorable a quién o a quiénes? ¿Al interinato?

Hace cinco años inició este mismo cuento legal y me opuse rotundamente. ¿Son los mismos gestores u otros? Son los mismos. El afán controlador de la ciudadanía pasa y pesa por y en las universidades. ¿No nos hemos dado cuenta de que detestan el pensamiento libre y crítico? ¿Dónde radica ese pensamiento? ¿Por qué odian la autonomía? Cualquier autonomía la odian: la de los individuos y la de las instituciones. Son los propiciadores del pensamiento único; el de ellos. ¿Dónde se va a aprobar el proyecto de ley? ¿En esa Asamblea? Yo no voté por esa Asamblea; por lo tanto, no me representa. No nos representa.

Pero no es solo eso el tema político de fondo. ¿Para qué necesitamos una nueva ley si la que tenemos sirve bien, como bien dijo antes el rector de la UCV? El argumento de que la ley es vieja no se sustenta en la lógica. Más vieja es la Constitución de los Estados Unidos, del siglo XVIII, y ahí sigue sirviendo. El pésimo argumento de que la universidad debe actualizarse se lo pueden tragar con soda, si quieren. Las universidades cuentan internamente con todos los mecanismos para su actualización y, para ello, no requieren ninguna ley.

¿Cuál es el propósito de un cambio allí, en este momento? Es el tema electoral nacional y el tema electoral universitario; no seamos pendejos. Quienes detentan actualmente el poder piensan en sobrevivir en él para siempre. No planteo solamente el problema electoral universitario que tanto les preocupa —la derrota universitaria que tienen marcada en la frente monstruosa—, sino el electoral nacional, insisto. Saben que la universidad los mata políticamente. Pensamiento único y pensamiento libre son chocantes por naturaleza. En la ULA ya lo advirtieron un exrector y el rector Bonucci: no quieren elecciones sin una nueva ley; sin una ley controladora, posesiva y destructiva del espíritu universitario.

La universidad lo que requiere es un gobierno nacional plural. Esa es la ley: un gobierno que la atienda, la respete y la respalde. No por casualidad la autonomía universitaria se acentuó con la democracia, ni por casualidad se perdió casi completamente con la dictadura. Caramelo de violador no es caramelo, es carnada. Lo que debe reorientarse es la política pública universitaria. Eso de las becas estudiantiles controladas por el Sistema Patria, centralizadas por el gobierno y expropiadas a la universidad, ¿no nos da una idea?

Si se necesita una ley nueva —no lo creo—, que venga con un gobierno libre y una Asamblea libre y plural. Si finalmente imponen una ley a su medida, como acostumbran, espero que sea derogada entre las primeras por esa indispensable nueva Asamblea: digna, libre y plural. Como debe ser derogada la Ley contra el Odio, inventada no por otros, sino por estos mismos. ¿O no?

Invito a todos los universitarios del país a oponerse de frente a ese adefesio capturador de las universidades que se está gestando desde el Ministerio de Educación Universitaria, y a no participar, so pena de colaboracionismo destructivo, en esa discusión. Aquí estoy de nuevo, contra la idea de controlar legalmente la universidad por parte de los rojos, quienes no se cansan de destruirla. Vean la USB.

24/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/una-ley-de-universidades-ahora-para-que-buena-para-quienes/

 

NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES

Luis Emilio Torres-Núñez

La desconfianza es el principal talón de Aquiles de esta consulta sobre una nueva Ley de Universidades. Hay razones suficientes para actualizar la legislación y no tengo ninguna dificultad en reconocerlo. Lo que merece discutirse es cómo se pretende conducir esa transformación cuando el gobierno todavía rechaza reconocer aspectos fundamentales de la crisis y su responsabilidad en ella. Las comunidades universitarias necesitan saber qué cambiará en la relación con el Estado, porque una convocatoria al diálogo no permite suponer que ahora serán respetadas las obligaciones que durante años han reclamado. De allí la importancia de conocer la posición de la ministra frente a las políticas que han conducido al sistema a sus condiciones actuales y las decisiones que está dispuesta a promover para modificarlas.

El pasado mes de marzo, frente a los reclamos estudiantiles en la UCV, la ministra Ana María Sanjuán negó la asfixia presupuestaria y afirmó que podía mostrar los presupuestos universitarios desde 1999. Pues bien, sería muy sano para la comunidad universitaria que los publicara, con sus modificaciones, transferencias y ejecución. Saber que el gobierno asignó dinero no demuestra por sí solo que haya financiado suficientemente a las universidades, ni explica qué ocurrió con los mecanismos que debían distribuirlo entre sus funciones académicas. Para empezar esta discusión, hace falta conocer los planes operativos de las instituciones, comparar los recursos solicitados con los aprobados y efectivamente recibidos, identificar sus destinos y examinar —sobre todo en una economía inflacionaria— las fechas de las transferencias y qué pudo financiarse con esos recursos. El sistema digital de ejecución presupuestaria anunciado por el Ministerio en septiembre debería permitir ese examen. Responder al reclamo sobre el deterioro con la afirmación de que sí hubo presupuesto desplaza el sentido de la discusión y lo deja sin evaluar las consecuencias de la política económica aplicada. A la ministra le corresponde informar cuáles de las políticas del gobierno que representa contribuyeron al deterioro y cuáles propone modificar.

La información necesaria para esta discusión también comprende las condiciones académicas del sistema. El Ministerio continúa sin publicar de manera sistemática las estadísticas del sector, aunque ha divulgado algunas cifras de ingreso estudiantil y otros datos en sus balances. La comunidad académica que desea participar con seriedad necesita consultar series estadísticas comparables sobre profesores, estudiantes, investigación y posgrados, conocer sus metodologías y acceder a los documentos que permitan contrastarlas. Esa información es indispensable para elaborar un diagnóstico de la situación actual de las universidades y fundamentar el análisis de los alcances y las limitaciones de la legislación vigente, así como de los desafíos, las tendencias y los escenarios que debería atender la nueva ley. La ministra debería precisar cuándo estarán disponibles esas series y cómo podrán consultarse. Después de tantos reclamos, la transparencia tendría que ser una condición efectiva de la consulta, en lugar de permanecer como otra promesa.

La autonomía ofrece una prueba igualmente concreta. El artículo 109 de la Constitución establece que las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía conforme a la ley; el artículo 10 de la Ley de Universidades ya reconocía una autonomía ajustada a las condiciones de experimentación educativa. La ministra debería explicar cómo se propone cumplir ese mandato y qué competencias de las comunidades académicas se compromete a respetar el gobierno, porque la reforma tendría que hacer efectiva esa garantía y no dar cobertura legal a las intervenciones con las que el propio gobierno ha vulnerado la autonomía. La experimentalidad fue concebida para ensayar nuevas orientaciones y estructuras académicas, una finalidad que requiere capacidad institucional para decidir y que difícilmente puede desarrollarse bajo la tutela permanente de un gobierno y mucho menos de un partido político. Por cierto, en septiembre el propio Ministerio insinuó que la reforma legal debía preceder a las renovaciones electorales de universidades autónomas o experimentales. Esa posición exige identificar qué disposiciones vigentes impiden avanzar en esos procesos y cuáles dificultades provienen de decisiones gubernamentales que podrían revisarse desde ahora, con procedimientos y plazos definidos. El problema alcanza al propio CNU, donde también sería conveniente examinar la independencia de las autoridades que lo integran frente al gobierno y su partido, particularmente de aquellas cuyo nombramiento ha sido impuesto por el mismo gobierno, porque quienes participan en ese organismo colegiado necesitan garantías para discutir y contradecir razonadamente los planteamientos gubernamentales sin que la discrepancia comprometa su permanencia en el cargo.

En materia financiera, el tema es demasiado amplio para ser abordado en un solo artículo; sin embargo, señalamos con precisión que la ley vigente tampoco está vacía de obligaciones. Su artículo 13 establece una asignación global para las universidades nacionales no inferior al 1,5 % del total de las rentas presupuestadas. Por eso es importante —como ya se señaló— que la ministra publique los presupuestos, sus modificaciones y su ejecución, para que la comunidad universitaria pueda verificar el cumplimiento y la suficiencia económica de esa disposición y, además, estudiar qué recursos recibieron las instituciones y qué necesidades quedaron sin atender. Junto con esa rendición de cuentas, corresponde que la ministra y su gobierno reconozcan la magnitud de la crisis universitaria y asuman la responsabilidad económica mediante la presentación de un plan de recuperación acordado con las universidades. Ese plan debe acompañar la consulta porque permitiría a la comunidad universitaria evaluar si el gobierno está dispuesto a corregir las prácticas que han debilitado la confianza en sus compromisos. El gobierno difícilmente puede esperar que las comunidades universitarias del país crean en las garantías financieras de una nueva ley mientras se desconozca qué ocurrió con las existentes y con cuáles recursos se propone atender las necesidades actuales.

Finalmente, la política de desalarización exige una definición que no puede seguir diluyéndose en declaraciones sobre aumentos de ingresos mediante bonificaciones que no se incorporan al salario. La FAPUV, sus asociaciones y otros gremios de trabajadores universitarios han denunciado las consecuencias de esa sustitución sobre los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, incluso en aquellas que el propio gobierno impuso para desplazar las Normas de Homologación. El trabajador necesita dinero para vivir hoy y también que se respeten los derechos derivados de sus años de servicio, sus vacaciones, sus prestaciones y su jubilación. Nadie propone quitarle los bonos para dejarlo con menos; lo que se exige es conocer cómo se recuperará el salario sin reducir su ingreso inmediato. Presentar el aumento de las bonificaciones como recuperación de la carrera académica deja fuera precisamente las condiciones laborales que la han debilitado y que hacen cada vez más difícil dedicarse a ella. La ministra debería explicar si el gobierno está dispuesto a revertir esta política y presentar una propuesta sobre escalas salariales, dedicación, formación, antigüedad, jubilaciones y mecanismos de ajuste que pueda negociarse con las organizaciones gremiales y cuente con respaldo presupuestario.

Todo esto explica por qué la propuesta de reformar la Ley de Universidades y la consulta convocada en estas circunstancias pueden percibirse como una política de contención de la crisis del sector por parte del gobierno, con un patrón que sigue este curso: se abre una expectativa, se invita a participar y se desplazan hacia el futuro respuestas que deberían comenzar a ejecutarse ahora. La ministra tiene una manera concreta de aminorar esa sospecha: presentar rectificaciones financiadas y permitir que su ejecución sea examinada públicamente, en lugar de volver a solicitar paciencia con cada anuncio. La credibilidad del proceso no puede descansar exclusivamente en la palabra de los representantes del gobierno que defienden las políticas cuestionadas y desestiman los reclamos de quienes han sufrido sus consecuencias. Yo espero que las universidades participen con toda su capacidad crítica, sin excluir del debate las responsabilidades gubernamentales. Los acuerdos que surjan necesitan garantías que permitan exigir su cumplimiento tanto a las autoridades actuales como a las que habrán de sucederlas, para que el funcionamiento universitario no vuelva a depender de la disposición circunstancial de quienes ejercen el poder. No son las comunidades universitarias las que deben justificar su desconfianza una vez más; es el gobierno el que tiene que ofrecer motivos verificables para comenzar a superarla.

Ilustraciones: IA/lb.

24/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/nueva-ley-de-universidades-cual-es-la-posicion-de-la-ministra/   

LA UNIVERSIDAD NO PUEDE SER UNA CAJA NEGRA

Freddy Marcano

La propuesta de una nueva Ley de Universidades en Venezuela trasciende la actualización de una legislación vigente desde 1970. En un país que intenta reorganizar sus instituciones y recuperar su economía, la educación superior es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo. Sin embargo, mientras el Gobierno anuncia consultas y modernización académica, persisten la pérdida de autonomía, los presupuestos insuficientes y los salarios que condenan a profesores y trabajadores a condiciones indignas. La pregunta es si existe voluntad política para resolver esta crisis o si estamos ante otro anuncio que posterga las verdaderas prioridades.

El antecedente de 2010 obliga a mantener una mirada crítica. La Ley de Educación Universitaria aprobada en aquel año por la Asamblea Nacional no entró en vigencia tras el rechazo firme de amplios sectores académicos y la decisión de Hugo Chávez de objetarla. Hoy se propone una metodología participativa; no obstante, convocar consultas no garantiza consenso. Es necesario conocer quiénes participan, qué propuestas se reciben y cuánto influirán en el texto definitivo. De lo contrario, la participación podría terminar siendo un mecanismo para legitimar decisiones previamente tomadas.

Cualquier pretensión de modernización universitaria pierde sentido si no comienza por atender las carencias materiales. No hay excelencia académica con salarios deteriorados, laboratorios inoperativos e investigación sin financiamiento. La nueva legislación debe garantizar el cumplimiento del artículo 109 constitucional, que reconoce la autonomía universitaria, y establecer mecanismos transparentes de asignación presupuestaria y rendición de cuentas. Si bien el Estado debe fiscalizar el uso de recursos públicos, dicha facultad jamás debe utilizarse para someter las instituciones al control político.

Esta discusión también forma parte de la reinstitucionalización que Venezuela necesita. Si se pretende recuperar la industria energética, atraer inversiones y promover un desarrollo sostenible, resulta contradictorio debilitar las universidades que forman profesionales y producen conocimiento. Así como los acuerdos energéticos deben conocerse y someterse al escrutinio público, la reforma universitaria exige transparencia sobre sus objetivos, alcances y consecuencias. No podemos aceptar que decisiones estratégicas para el país se desarrollen sin información suficiente ni debate real.

La experiencia reciente obliga a desconfiar de las promesas que no se traducen en resultados. La nueva ley no puede convertirse en una caja negra, donde se desconozcan los acuerdos, se excluyan voces críticas y se presenten decisiones consumadas como consensos nacionales. Deben publicarse el cronograma, las versiones del proyecto y las observaciones recibidas, con garantías para las universidades autónomas, los gremios y los estudiantes. Hasta conocer el texto y sus mecanismos de aplicación, hablar de una reforma consensuada sería anticipar una legitimidad todavía no demostrada.

Venezuela necesita una universidad autónoma, financiada y comprometida con el desarrollo nacional. Para ello, el Gobierno debe pasar de los anuncios a los compromisos verificables: recuperar presupuestos, dignificar salarios y garantizar una discusión plural. Estados Unidos, dada su influencia en el proceso de estabilización, también debería prestar atención a la transparencia y la calidad institucional, sin sustituir la voluntad democrática venezolana. La reinstitucionalización no se mide por las leyes que se anuncian, sino por los derechos que se respetan y los problemas que se resuelven. Una universidad sometida y empobrecida no puede ser fundamento de una Venezuela democrática ni de una economía sostenible.

26/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/la-universidad-no-puede-ser-una-caja-negra/

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA VERSUS LEY DE UNIVERSIDADES

Genis Miranda

El mayor perjudicado ante una propuesta de cambio de la Ley de Universidades sería la Autonomía Universitaria, entre las últimas municiones que le queda al régimen autocrático de Venezuela para cubrirse las espaldas, está la mala intención de imponer un nuevo instrumento jurídico a la medida de su poder porque saben que van de salida. El conocimiento siempre ha sido y será enemigo de las tiranías, ya que de esa manera por la ignorancia es que manipulan a las masas populares. Mucha casualidad que desde el momento que se decretó esta Ley en el año 1970 la educación superior en todo el país fue excelente con calidad internacional hasta la llegada al poder de Hugo Chávez Frías.

Es lamentable el estado físico que sufren todas la Universidades venezolanas desde el momento que el régimen atacó a la Autonomía Universitaria, las edificaciones están en un estado de destrucción que parece que hubiesen sido bombardeadas, el estado de abandono e indigencia que presentan las instituciones ha hecho que la actitud deprimente afecte a la sociedad educativa de la actualidad, más grave aún, es la infraestructura didáctica para los estudios regulares, casos donde los estudiantes deben llevar material educativo de forma voluntaria para imprimir los exámenes y recibir las clases. Con todo esto es admirable la resiliencia del estudiante y el docente para cumplir con sus objetivos y metas.

La Ley de Universidades vigente en Venezuela es la publicada en la Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario del 8 de septiembre de 1970, bajo el período presidencial del Doctor Rafael Caldera. Contiene artículos se suma importancia como su naturaleza que define a las universidades como comunidades de intereses espirituales y al servicio de la Nación; la Autonomía que las clasifica por la autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera de las universidades nacionales; la inviolabilidad donde declara el recinto universitario como inviolable, salvo en casos de delitos o por orden de los tribunales; el presupuesto donde se establece una asignación presupuestaria no menor al 1,5% de las rentas presupuestadas de la Nación; y su forma  de Gobierno donde su máximo órgano es el Consejo Universitario (integrado por el Rector, Vicerrectores, Secretario, Decanos y representantes).

Daba gusto recorrer toda la arquitectura educativa, deportiva y cultural que disponían las instituciones oficiales, aunado a las alternativas que aportaban para toda la sociedad venezolana, aparte de los pactos científicos con organismos oficiales y privados de la época a través de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Oriente (UDO), y otras más que servían de aporte para mantener al país a la par de las regiones desarrolladas en la sociedad mundial. Era un orgullo decir en un profesional que se había graduado en alguna Universidad venezolana.

No se puede confiar en unas personas que su único interés es querer mantenerse en el poder eternamente, el hecho de querer cambiar la Ley de Universidades de 1970 es porque es el instrumento jurídico donde se define que las Universidades se pueden autogobernar con la Autonomía Universitaria, esta Ley vigente en su artículo 9 define que Las Universidades son autónomas; dentro de las previsiones la presente Ley y su Reglamento, y dispone de:

1.- Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas;

2.- Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines;

3.- Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo.

4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio.

También la Autonomía Universitaria es reconocida como principio y jerarquía en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 109.

Un gobierno interino con todas sus instituciones ilegítimas no debería dedicarse a decretar leyes, y las que están mal diseñadas como la “Ley del Odio” deberían ser derogadas. Alguna mala intención tienen en cambiar el ordenamiento jurídico para el momento que abandonen el poder, si el país ha funcionado mal en lo largo de veinte y siete años es por su mala gestión, inventado leyes a su medida el país no va a mejorar porque nunca pensaron en el beneficio del prójimo, ni en el mantenimiento de valores, ni la ética, el único objetivo fue mantenerse en el poder. Es imposible quererse imponer cuando un gobernante ha perdido la confianza del pueblo.

28/10/2026:

https://www.opinionynoticias.com/opinioneducacion/45144-autonomia-universitaria-versus-ley-de-universidades

Carne y hueso

Inaceptable que la transición que se espera pretenda eliminar las prestaciones sociales en Venezuela

“No puede haber una transición sin el venezolano de carne y hueso”, expresó el dirigente político y exparlamentario Luis Barragán en el programa radial Termómetro Social, conducido por Freddy Marcano a través de Fe y Alegría 1390 AM.

Precisó que “en el curso de lo que es todavía un proceso hacia la transición, hay intereses, propuestas e iniciativas encontradas que ameritan de la constante búsqueda de un consenso, pero ello no ha de significar la aceptación de los riesgos y peligros latentes que acarreé el sacrificio definitivo de las prestaciones sociales, por ejemplo”.

Agregó Barragán que “no podemos incurrir en una transición socialmente costosa, capaz de desconocer las grandes conquistas históricas en materia laboral que, en lugar de eliminar el sistema llamado Patria, todo un exabrupto, lo haga con los derechos y garantías de un inconfundible rango constitucional”.

Terminante apreciación, agregó finalmente que “es imposible aceptar un cambio que no sea tal, pues, como los cubanos, los venezolanos vivimos una radical flexibilización de hecho en materia laboral que ha elevado astronómicamente la deuda social contraída con las grandes mayorías ciudadanas”.

22/10/2026:

https://www.opinionynoticias.com/noticiasnacionalesyglobales/45113-ex-diputado-barragan-pide-consenso-y-proteccion-social-frente-a-propuestas-de-cambio-en-el-pais

Tomar la ruta correcta y a la hora exacta

BLOQUEO DE LA SOBERANÍA

Luis Manuel Marcano Salazar 

La soberanía es el poder originario del pueblo para decidir su destino. No es una concesión de los gobernantes, una propiedad de los partidos políticos ni mucho menos una facultad que pueda administrarse desde las oficinas de una potencia extranjera. Es la expresión más profunda de la libertad colectiva, el derecho de una sociedad a equivocarse, a rectificar sus errores y a escoger, sin tutelas ni imposiciones, a quienes habrán de conducirla. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente y de manera indirecta, mediante el sufragio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa voluntad se expresa, pero quienes controlan el poder impiden que produzca consecuencias? Allí comienza lo que pudiéramos denominar el bloqueo de la soberanía, una categoría política y constitucional que propongo para explicar la neutralización de la voluntad popular mediante decisiones institucionales, intereses económicos, imposiciones extranjeras o acuerdos entre élites que terminan sustituyendo al verdadero titular del poder, que es el ciudadano.

 Venezuela conoce demasiado bien esa tragedia. La soberanía no comenzó a desdibujarse el 3 de enero de 2026, ni puede afirmarse que hubiera desaparecido porque una estructura autoritaria consiguiera secuestrar sus instituciones. El pueblo continuó ejerciéndola, incluso en las circunstancias más adversas. Lo hizo el 16 de julio de 2017, cuando millones de venezolanos participaron en una consulta popular de profundo significado constitucional, que contó fundamentalmente con la protección de aquella fracción parlamentaria denominada 16 de Julio, cuando la adversidad y los intereses tocaron la puerta de la legitimidad. Volvió a hacerlo el 28 de julio de 2024, cuando expresó su voluntad de cambio, mediante el respaldo electoral a Edmundo González Urrutia. Son acontecimientos distintos, pero unidos por una misma tragedia que se dibuja en vidas humanas que miden la distancia entre la expresión de la soberanía y su realización efectiva. Porque votar no puede convertirse en un ejercicio ceremonial, ni la manifestación de la voluntad popular puede quedar reducida a una fotografía histórica que los dirigentes exhiben mientras otros deciden qué hacer con ella.

Hay un episodio de nuestra historia reciente sobre el cual tendremos que volver, inevitablemente, con la severidad que exige la memoria y la rudeza de la pluma de la historia. Me refiero a la consulta del 16 de julio de 2017 y a la posterior designación, el 21 de julio, de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional. Aquella decisión representaba un esfuerzo por recuperar la independencia judicial y responder institucionalmente a la fractura constitucional venezolana. Sin embargo, quienes recibimos aquella responsabilidad terminamos enfrentando persecución, desconocimiento y exilio, mientras la propia dirigencia política que había impulsado nuestra designación fue dejando aquella institucionalidad sin el reconocimiento y la continuidad que necesitaba. Nueve años después permanece una pregunta que no podemos eludir: ¿Por qué se convoca al pueblo a ejercer su soberanía si luego sus consecuencias son abandonadas? La historia tendrá que escribir ese capítulo con toda su crudeza, porque también existe responsabilidad política cuando se permite que una decisión soberana termine sepultada por las conveniencias del momento.

Desde el 3 de enero sospeché que ingresar verdaderamente en una transición democrática sería muchísimo más complejo de lo que algunos imaginaban. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York para enfrentar a la justicia constituyeron un acontecimiento extraordinario, pero no significaban, por sí mismos, la recuperación de la República. La salida de un gobernante autoritario no equivale necesariamente al desmontaje del sistema que lo sostuvo. Menos todavía cuando alrededor de la transición comienzan a gravitar intereses petroleros, financieros, comerciales y geopolíticos que pueden terminar subordinando la democratización a una agenda de conveniencias. Estados Unidos tiene intereses legítimos como cualquier nación; lo que no puede considerarse legítimo, desde nuestra perspectiva constitucional, es que esos intereses sustituyan la voluntad del pueblo venezolano. Una cosa es contribuir a la recuperación de la democracia y otra, profundamente diferente, administrar políticamente el destino de una sociedad sin devolverle su capacidad de decidir.

Por eso resulta tan inquietante la situación de María Corina Machado. Su permanencia fuera de Venezuela, las dificultades para concretar su retorno y su exclusión de determinadas negociaciones políticas respaldadas por Washington obligan a formular preguntas infelices. Si existe un proceso encaminado hacia la transición democrática, ¿por qué la principal dirigente de la oposición venezolana no ocupa el lugar que corresponde a su representación política? ¿Acaso sus adversarios democráticos utilizan la agenda de Estados Unidos para pretender desmontar su popularidad? ¿Qué intereses se encuentran detrás de una negociación que parece avanzar con mayor facilidad en materia económica que en la restitución de los derechos políticos: presos políticos, exiliados, desaparecidos? No afirmo que exista una conspiración cuya documentación desconozcamos, pero tampoco podemos pedirle a una sociedad maltratada durante tantos años que renuncie a interrogar a quienes administran nuestro futuro. El bloqueo de la soberanía también puede producirse cuando se posterga indefinidamente la devolución del poder popular bajo el argumento de que primero deben resolverse los intereses de quienes negocian.

Aquí aparece otro problema de enorme gravedad: la justicia. No habrá transición verdadera si quienes participaron en la persecución política, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos encuentran en los nuevos acuerdos una vía para garantizar su impunidad. Han circulado versiones sobre entendimientos relacionados con los organismos de inteligencia, incluido el Sebin, y sobre posibles arreglos destinados a preservar espacios de poder. Tales informaciones deben ser investigadas y comprobadas, no convertidas apresuradamente en verdades. Sin embargo, el principio que está en discusión es irrenunciable: la justicia no puede ser una mercancía de negociación política. Todos tienen derecho al debido proceso, incluso quienes ejercieron el poder arbitrariamente, pero nadie puede reclamar que la estabilidad de un país se construya sobre el olvido obligatorio de sus víctimas. La impunidad podrá comprar silencios temporales, lo que jamás podrá comprar es una paz verdadera.

Necesitamos reconstruir Venezuela, desde luego. Necesitamos inversiones, recuperar la industria, restablecer la seguridad jurídica, fortalecer las universidades y devolver a la educación su papel central en la formación de ciudadanía. Recomiendo, en ese sentido, la lectura de las reflexiones del diputado Luis Barragán sobre la institución universitaria y su significado para el porvenir nacional. Pero todo ese esfuerzo será precario si no resolvemos antes el problema del origen y la legitimidad del poder. ¿De qué sirve ofrecer garantías a los inversionistas si los ciudadanos carecen de garantías para elegir a sus gobernantes? ¿Cómo construir seguridad jurídica sin jueces independientes? ¿Cómo hablar de reconciliación cuando permanecen presos políticos, miles de venezolanos continúan en el exilio y tantas familias siguen soportando las consecuencias de la persecución? La renovación judicial no constituye un asunto secundario de la transición, es una de sus condiciones esenciales.

La soberanía, además, exige algo que los venezolanos debemos asumir con madurez: tenemos derecho a equivocarnos. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos entregado nuestra confianza a dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias y hemos permitido que las divisiones debilitaran nuestras posibilidades de recuperación. Pero ese derecho a escoger, incluso equivocadamente, no puede ser confiscado por gobiernos extranjeros, organismos internacionales ni grupos políticos nacionales que se atribuyan una superioridad moral sobre la sociedad. El pueblo venezolano no necesita que otros le seleccionen su destino. Necesita instituciones que respeten sus decisiones, elecciones auténticamente libres y un sistema judicial capaz de impedir que la voluntad expresada en las urnas vuelva a ser neutralizada.

Por eso considero que el gran desafío venezolano no consiste únicamente en sustituir autoridades, celebrar acuerdos económicos o diseñar una nueva arquitectura administrativa. Consiste en desbloquear la soberanía, devolverle al ciudadano la facultad efectiva de determinar quién gobierna, bajo qué reglas y con cuáles responsabilidades. Las elecciones libres, acompañadas de garantías verificables, independencia institucional y justicia, constituyen el camino indispensable para esa recuperación. Venezuela no podrá reconstruirse sobre una nueva tutela, por sofisticada que parezca, ni sobre una transición que conserve los mecanismos de dominación cambiándoles solamente el nombre.

La historia nos ha dado una lección terrible y todavía estamos a tiempo de comprenderla. No basta con sacar del poder a quienes lo usurparon si el poder continúa lejos de su verdadero dueño. No basta con abrir las puertas de la economía si permanecen cerradas las de la libertad, no basta con hablar de paz si la justicia sigue esperando afuera, con las manos atadas y no es suficiente que confiemos en que llegará la transición si no hay una fecha establecida para devolverle al ciudadano su derecho a elegir. Antes que el petróleo, antes que los contratos, antes que las negociaciones y antes que cualquier proyecto de reconstrucción, está la soberanía. Porque Venezuela no será verdaderamente libre cuando otros decidan por ella, sino cuando los venezolanos recuperemos, sin intermediarios ni tutores, el derecho de decidir nuestro propio destino.

22/10/2026:

https://www.elnacional.com/columnas/2026/10/bloqueo-de-la-soberania/